La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.

Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.

Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.

El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.

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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.

La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.

Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.

El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.

Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.

Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.

Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.

• Fuente: AFP

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Un trágico caso de violencia que conmociona a la ciudad de Lambaré dio sus primeros pasos procesales en el ámbito judicial. La agente fiscal de dicha localidad, Amelia Bernal Jara, formuló la imputación formal contra un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso, en relación a la muerte violenta de Deisy Paola Giménez, una joven de apenas 22 años.

El trágico suceso se registró el pasado jueves 8 de octubre de 2026. Tras las primeras diligencias e investigaciones encabezadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, las autoridades lograron la localización y aprehensión del sospechoso durante la noche del viernes 9 de octubre, alrededor de las 23:20, momento en que fue puesto a disposición de la Justicia.

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Durante la mañana de este sábado 10 de octubre, el procesado fue trasladado hasta la sede fiscal para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria, trámite previsto en el artículo 84 y siguientes del Código Procesal Penal. Acompañado por el defensor público de turno, el hombre hizo uso de su derecho constitucional y optó por abstenerse de declarar ante la representación fiscal.

Tras el acto, la representación del Ministerio Público presentó formalmente el requerimiento de imputación con los antecedentes correspondientes ante el Juzgado de Atención Permanente de San Lorenzo. Desde la Fiscalía confirmaron que las investigaciones prosiguen intensamente a fin de acopiar elementos de convicción, esclarecer en detalle las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales definitivas.

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Tras su detención de anoche en Villeta, Aldo Alexis Duarte, autor confeso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, fue trasladado a la sede de la Fiscalía de Lambaré para su comparecencia. A su llegada, un grupo de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona detuvieron su marcha para repudiar al agresor con gritos e insultos, exigiendo justicia para la joven de 22 años y cuestionando con firmeza el tardío accionar de las autoridades tras las denuncias por violencia de género presentadas por la víctima.

Durante la manifestación espontánea frente al edificio del Ministerio Público, los indignados ciudadanos expresaron su profundo malestar por el estricto dispositivo de seguridad desplegado para resguardar al detenido. Los presentes criticaron la severa desproporción entre la custodia otorgada al criminal y el total desamparo e inacción que sufrió Deisy Paola antes de ser brutalmente asesinada, el jueves pasado por la noche, cuando iba a su trabajo en un minimercado de Lambaré.

“Que se pudra en la cárcel. A cualquier pelotudo se le da seguridad y a una chica con un futuro prometedor no. Esta joven tenía que tener seguridad a cualquier pelotudo se le da y no a una chica que está haciendo un sacrificio, pero este bandido tiene una alta protección y a cara cubierta”, detalló un ciudadano, en Telefuturo, en alusión a que la víctima estudiaba derecho.

El entrevistado casual afirmó que todo esto le duele mucho a la ciudadanía y que como padre de familia no puede imaginar el dolor de la familia. “Como paraguayo me siento muy mal y todo esto es una vergüenza. Esta persona es un bandido, un asesino y no hay seguridad, por favor esto no hay que perdonar esto”, apuntó.

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Una automovilista identificada como Monserrat García manifestó al medio televisivo que se dio cuenta de que Duarte estaba llegando a la sede Fiscal y que decidió detener la marcha de su rodado para demostrarle que todo el país repudia su actuar y que piden fuertemente que se haga justicia por Deisy.

“No le podemos llamar persona porque es un asesino y criminal, yo también fue víctima de violencia y me duele muchísimo esta situación que las mujeres tengamos que pasar. No puede ser que sigamos así de desprotegidas, pido a la Justicia que nos puedan acompañar, en mi caso hoy, después de tres años, el papá de mi hija fue imputado”, comentó.

García pidió a las autoridades tomar con seriedad las denuncias presentadas por las mujeres que son víctimas de violencia y que actúe con celeridad. “Nadie puede arrebatarle la vida a nadie, otra persona no tiene derecho sobre una. Que este hombre vaya a la cárcel y que se le caiga todo el peso de la ley. Las mujeres víctimas de violencia necesitamos más respaldos”, concluyó.

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Ecuador anunció el jueves que empezará a usar los letales drones de ataque estadounidenses MQ-9 Reaper en la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Washington ya ha desplegado soldados y naves militares aéreas y marítimas en Ecuador, convertido en uno de sus principales aliados en el combate al tráfico de drogas.

Serán dos los drones con los que Ecuador reforzará las operaciones en la convulsa frontera con Colombia. “¡Drones Reaper: los nuevos cazadores del narcotráfico!”, dijo el ministerio de Defensa en redes sociales. Los MQ-9 Reaper, que han sido empleados por Estados Unidos en guerras contra Irán y en África, sirven como aeronaves espías y para ataques de precisión. Cada uno vale unos 30 millones de dólares.

“La cooperación internacional con #EstadosUnidos permite incorporar drones MQ-9 Reaper, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, señaló el ministerio en un comunicado. El gobierno de Donald Trump ha intensificado su ofensiva militar contra los grupos narcotraficantes en Latinoamérica, en alianza con varios gobiernos de derecha.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó en un video que “con dos de estos (drones)” se puede cubrir “los 732 kilómetros de frontera con Colombia”.

“Estamos arrancando un proyecto de fortalecimiento del control fronterizo y estas nuevas capacidades van a ser drones” estadounidenses, añadió.

Con el apoyo de Ecuador, Estados Unidos realiza operaciones militares en el Pacífico oriental.

Al menos siete barcos pesqueros de bandera ecuatoriana han sido hundidos cargados de combustible supuestamente al servicio de organizaciones narco.

Pese a la ofensiva conjunta, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta una grave crisis de seguridad que convirtió al país en uno de los más violentos en 2025 con 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Conocidos como “cazadores asesinos”, los drones MQ-9 Reaper son aeronaves no tripuladas “de gran autonomía y equipadas con sensores y sistemas avanzados” que “amplían la capacidad para obtener información y detectar movimientos asociados a las economías criminales”, de acuerdo con el ministerio.

Según medios internacionales, el Pentágono planea trasladar la mayor parte de su flota de drones MQ-9 Reaper desde África a países aliados en la región como Colombia, Ecuador y Panamá para el combate al narcotráfico.

Noboa fue el primer mandatario latinoamericano en autorizar operaciones militares conjuntas en su país este año.

La Constitución de Ecuador prohíbe las bases militares extranjeras en la nación y los ciudadanos ratificaron en un referéndum el año pasado esa restricción. Ecuador forma parte del Escudo de las Américas, la coalición de gobiernos de derecha encabezada por Trump.

Fuente: AFP.