El Ministerio Público investiga el caso donde un hombre resultó muerto en la tarde de ayer domingo en medio de disparos efectuados entre presuntos hinchas y efectivos policiales tras incidentes registrados en el marco de un encuentro deportivo que se disputaba en el estadio 25 de Septiembre de la ciudad de Guarambaré. En el hecho resultaron heridos dos policías.

El fiscal Eduardo Román indicó que se constituyó en la comisaría donde se encuentran los policías que intervinieron en el hecho para tomar muestras y determinar si alguno de ellos realizó los disparos. Señaló que cuentan con videos del momento de los incidentes que serán analizados y que ya fueron puestos a disposición de agentes del Departamentos de Homicidios y de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.

“Tenemos imágenes de dos de ellos (presuntos hinchas) que tienen y portan armas de fuego, y en especial la persona de 33 años que resultó abatida. Hay imágenes en las que se nota claramente que incluso está efectuando disparos. Es más, tenemos nosotros dos policiales heridos, uno con herida de bala”, expresó.

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En comunicación con la 1080 AM, el agente del Ministerio Público detalló que esta mañana se llevará a cabo la autopsia en la Morgue Judicial para la extracción del proyectil que acusó la víctima, identificada como Néstor Pintos (33).

En cuanto al actuar del personal policial, que habría respondido con disparos en medio de los incidentes, el fiscal dijo: “Estamos haciendo el trámite de verificación completo como para tener una mejor expectativa de todas esas situaciones. Entonces, basado en todo el resultado tengamos, es que queremos tomar la decisión que corresponde”.

Consultado si el fallecido tenía con antecedentes policiales, sostuvo no tiene una confirmación, pero añadió que recibió reportes de que contaba con medidas alternativas a la prisión.

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El expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, desató una fuerte polémica internacional tras afirmar que la selección de Francia tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”, en una columna “Hoy llegó el desquite”, publicada antes de la semifinal entre ambos países al medio El Debate.

Las declaraciones generaron una ola de críticas en Francia, donde dirigentes y usuarios de redes sociales calificaron la frase como ofensiva y con tintes racistas. En respuesta, la Embajada de Francia en España mencionó que los 26 jugadores convocados poseen la nacionalidad francesa y que 23 de ellos nacieron en Francia, mientras que solo tres nacieron en el extranjero por circunstancias familiares o laborales de sus padres.

La controversia también revive el debate que se instaló la semana pasada durante el Mundial, cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla fue objeto de críticas internacionales por sus comentarios en redes sociales.

En tanto, según señala el medio El Plural, el presidente actual del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha respondido este domingo con dureza al expresidente Mariano Rajoy después de la polémica generada por una columna de opinión en la que el exlíder del PP cuestionó implícitamente la identidad de la selección francesa de fútbol por el origen familiar de parte de sus jugadores.

El jefe del Ejecutivo ha contrapuesto una idea de ciudadanía basada en la convivencia y la integración frente al discurso del expresidente y ha zanjado su mensaje con una frase dirigida tanto a la próxima semifinal del Mundial como al debate político abierto en torno a las palabras de Rajoy: “Que gane el mejor y que pierda el racismo”.

La controversia comenzó después de que Rajoy escribiera en una tribuna publicada en El Debate que la selección francesa tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses“, una afirmación que desencadenó una cascada de críticas tanto en España como en Francia por su carga xenófoba.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Pedro Sánchez respondió directamente al expresidente del Gobierno sin mencionarlo expresamente. "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios“, escribió el presidente.

El Ministerio Público informó que el caso de la muerte de una adolescente de 16 años que se descompensó ayer en un colegio de Ciudad del Este, se encuentra prácticamente cerrado al no existir sospechas de hechos punibles o participación de terceros en el deceso. Sin embargo, se realizará la autopsia en la Morgue Judicial de Asunción.

El fiscal Osvaldo Zaracho manifestó que se realizó una inspección al cuerpo y esta determinó que la adolescente falleció por una patología médica congénita o de nacimiento y que lamentablemente tuvo mala evolución durante la jornada de ayer jueves. Hoy viernes se ordenó que el cuerpo sea trasladado hasta Asunción para una autopsia que se realizará mañana.

“No se tuvo ninguna lesión o signos de violencia externa que pudiera llamar la atención. El padre nos comentó que estaba con un cuadro anémico y que estaba siendo medicada. Además, de que ella se estaba aplicando medicamento adelgazante, tratamiento que dejó hace un mes, el forense indicó que con estos remedios no tendría ese desenlace”, apuntó Zaracho, en la 1080 AM.

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Tras inspeccionar el cuerpo, el doctor Eduardo Cano, médico forense, determinó que la causa de muerte de la estudiante fue un paro cardiorrespiratorio por una probable cardiopatía congénita. “Lo que tenemos como causa probable de muerte es miocardiopatía hipertrófica”, detalló.

Zaracho indicó que teniendo en cuenta el diagnóstico forense que descartó cualquier hecho criminal, golpe o sobreesfuerzo y que se determinó un colapso en la víctima, se dispuso que el cuerpo de la menor sea entregado a su familia. Sin embargo, hoy ordenó que se realice una autopsia al cuerpo y será trasladado hasta Asunción.

La joven sería alumna del segundo año del Bachillerato Técnico en Salud de un colegio privado de Ciudad del Este. La misma estaba caminando con una compañera en el momento en que se descompensó y esta dio aviso a las autoridades de la institución, para ser trasladada hasta la Fundación Tesãi y tras varias minutos de intentar reanimarla falleció.

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Cuando un ser querido desaparece, sus familiares suelen contactar hospitales, la morgue y la policía. Pero en un rincón de Ecuador azotado por la violencia criminal, lo habitual es buscarlos en el Canal de la Muerte, donde han sido hallados decenas de cadáveres. Georgina Bermeo estaba boca abajo, con la ropa sucia y rodeada de maleza cuando allegados encontraron su cuerpo en mayo en este vertedero de muertos a cielo abierto en el noroeste de Guayaquil.

El ducto, de más de 45 kilómetros, atraviesa Nueva Prosperina, considerado el distrito más violento del principal puerto comercial de Ecuador. Fue concebido hace más de una década para riego agrícola, pero los vecinos dicen que tras la pandemia se llenó de cuerpos y aguas contaminadas. Una vía de tierra bordea el canal, entre basura, perros flacos y gallinazos. No hay iluminación ni cámaras de vigilancia, pero sí hombres armados en motocicleta que controlan el acceso, según residentes.

A Bermeo, de 38 años, y a su esposo José Cedeño, de 43, les robaron y luego les dispararon. El cuerpo del hombre también fue lanzado al canal. “El único pecado de nosotros es ser negros”, dice por teléfono a la AFP la hermana de la mujer, bajo anonimato por temor a grupos criminales que operan en el país, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales. La mujer desistió de denunciar los crímenes, porque según ella “los policías están comprados por los delincuentes”.

“Se vive con miedo, con las puertas cerradas y no hay cómo abrir porque la muerte nos visita”, cuenta Juan Ordóñez, un dirigente barrial radicado allí desde hace 40 años que vio cadáveres atascados en las compuertas al final del ducto. Desde 2023, la policía forense ha retirado más de 100 cuerpos del canal, algunos dentro de sacos de yute o desnudos. En noviembre encontró una fosa con nueve cabezas, brazos y torsos.

“Dejan cadáveres, de tres a cinco, y aparecen flotando aquí en el canal”, señala Miguel Ángel Tenemaza, un taxista de 45 años. “Es un lugar para botar cadáveres. Los ejecutan ahí o más arriba y son arrastrados por la corriente”, indica el teniente Christian Echeverría, de la unidad policial que indaga muertes violentas. El oficial perdió la cuenta de los cuerpos recogidos allí durante los tres años que trabajó en Guayaquil, un puerto estratégico utilizado por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Jonathan Villón acababa de darle el desayuno a sus tres hijos cuando fue detenido en un operativo militar en Guayaquil en 2024. Desde entonces está desaparecido. En su informe sobre Ecuador en marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU informó haber recibido denuncias sobre al menos 51 casos de desaparición presuntamente perpetrados por agentes estatales desde 2024.

Las denuncias de abusos policiales y militares han aumentado en el marco de la estrategia del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, respaldada por Estados Unidos. El conductor del camión que transportaba a los militares que detuvieron a Villón testificó que lo dejaron con vida en el Canal de la Muerte. La hermana de Villón, quien pidió no ser identificada, recorrió dos veces el acueducto. Tras denunciar públicamente la desaparición, le prohibieron el ingreso. La última vez la “sacaron a bala”.

Su pareja fue asesinada el año pasado y, debido a amenazas de muerte, ella y su madre huyeron de Guayaquil. “Las bandas trabajan con los militares”, afirma. En el poder desde 2023, Noboa gobierna bajo un estado de excepción casi permanente. Pero el crimen no cede en el país ni en esta ciudad de casi tres millones de habitantes, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.

La vida junto al canal transcurre entre el abandono estatal y la presión de las organizaciones criminales, denuncian los habitantes de Nueva Prosperina. Los taxistas evitan ingresar a la zona, donde faltan servicios básicos. Desde un cerro se observan casas sin ventanas. Están ocupadas por bandas criminales, dice bajo reserva un policía que acompañó a la AFP. “Desde allí nos apuntan con fusiles”, dice. “Nada se hace aquí sin permiso de ellos”, añade. Eva Sevillano vive en el sector desde hace 30 años. “Matan por otras partes y los tiran aquí, y somos los perjudicados”, lamenta mientras aprieta una Biblia.

Fuente: AFP.