Venezuela convocó el martes al embajador de Irán para entregarle una nota de protesta por “expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades” venezolanas por parte de Teherán, hasta ahora uno de los principales aliados de Caracas. La cancillería exigió “el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre” de Venezuela, según un mensaje publicado en la cuenta en X del ministerio de relaciones exteriores venezolano.

Autoridades venezolanas consultadas por la AFP no aclararon a qué declaraciones se referían. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo recientemente que Irán “no es Venezuela”, en aparente relación con el operativo con el que Estados Unidos derrocó en cuestión de horas al presidente Nicolás Maduro y puso de su lado al gobierno encargado, según una entrevista divulgada en redes sociales.

El llamado a consultas podría marcar un viraje en los vínculos de Caracas y Teherán, ya que ambos países han sido aliados fieles desde que el difunto presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999. En las últimas décadas forjaron una relación cercana por compartir “enemigos comunes” como Estados Unidos y firmaron acuerdos en los sectores petroquímico, minero, de salud y de educación, cuyos contenidos no se hicieron públicos.

En 2025, Irán envío entre otras cosas 1,5 millones barriles de gasolina a Venezuela, un país sumido en una enorme crisis económica e incapaz de refinar su propio petróleo. Ese mismo año, abrió sus puertas en Caracas el primer supermercado iraní, sujeto a sanciones estadounidenses.

Sin embargo, desde la captura de Maduro en enero, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, restableció relaciones con Estados Unidos rotas en 2019 y gobierna bajo una fuerte presión de Washington. Algunos observadores hablan de una “tutela estadounidense”, mientras que el presidente Donald Trump ha reiterado en numerosas ocasiones su satisfacción con el trabajo de Rodríguez. Está previsto que negociaciones entre el gobierno y la oposición inicien a partir del 1 de agosto con el respaldo estadounidense.

Fuente: AFP.

Los dos partidos tradicionales de El Salvador, el derechista Arena y el izquierdista FMLN, designaron ayer domingo a sus candidatos para competir contra el presidente Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de febrero próximo, anunciaron ambas agrupaciones. La exdiputada Mayteé Iraheta, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y el líder sindical Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), inician la carrera con escasas posibilidades de vencer a Bukele.

La aprobación del mandatario supera el 80 % tras haber doblegado a las pandillas, que convirtieron a El Salvador en el país más violento del mundo. Bukele, un publicista de 45 años, fue proclamado hace dos semanas por su partido Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato que extendería su presidencia hasta 2033.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional denuncian que la ofensiva de seguridad del mandatario derechista, que se desarrolla bajo un estado de excepción, ha derivado en graves violaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La aspirante del partido Arena dijo ayer domingo a periodistas en el distrito de Antiguo Cuscatlán, cerca a San Salvador, que su plan consiste en “proteger” los “avances” en seguridad, pero que estos estarán al servicio de un “mayor progreso” colectivo y no solo para “un sector”.

“Venimos a ratificar nuestro compromiso (...) para poder presentar una alternativa diferente a cómo pueden hacerse las cosas”, señaló de su lado desde la capital salvadoreña el postulante del FMLN, quien urgió un “diálogo nacional”.

Bukele rompió en 2019 con tres décadas de bipartidismo (Arena y FMLN) al imponerse con 53 % de los votos, gracias al respaldo de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaron en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).

El presidente busca un tercer mandato tras impulsar una cuestionada reforma constitucional que permite la reelección indefinida.

Sus críticos lo acusan de autócrata al controlar todos los poderes del Estado, mientras que grupos de derechos humanos aseguran que el régimen de excepción no solo ha servido para encarcelar a unas 92.000 personas sin orden judicial, sino para silenciar a opositores.

Fuente: AFP.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo el domingo que no participará en un proceso de diálogos entre un grupo de opositores y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, previsto para agosto y respaldado por Estados Unidos. A mediados de julio, el gobierno interino de Rodríguez y un grupo de exparlamentarios opositores del periodo 2015-2020 anunciaron un plan de trabajo para el “fortalecimiento de la democracia” en el país, que arranca en agosto.

Washington celebró la iniciativa como un “paso importante en el proceso de reconciliación política” en Venezuela, de la que dice estar a cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero. “Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, construcción y funcionamiento, no participamos”, indicó Machado en un comunicado firmado junto con el excandidato opositor Edmundo González Urrutia.

Machado reivindicó la victoria de González Urrutia en los cuestionados comicios presidenciales de 2024, en los que Maduro fue declarado vencedor entre denuncias de fraude.

“No nos corresponde explicar sus alcances y sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma”, se lee en la misiva de Machado difundida por redes sociales.

Machado no se había pronunciado sobre los avances que la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera comenzó en junio, apenas días antes del potente doble sismo del 24 de junio que deja ya más de 5.500 muertos en Venezuela.

Con el respaldo de Washington, Figuera se reunió en una visita relámpago en Caracas con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y también con dirigentes opositores.

Figuera encabeza desde 2023 una comisión que representa al Parlamento 2015-2020, que estuvo bajo control de la oposición, pero fue marginado por Maduro. Machado aseguró que no será un “obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales” en Venezuela.

Tanto Machado como González Urrutia han pedido nuevas elecciones presidenciales. Incluso, la líder opositora había manifestado su “determinación” a negociar una transición con el gobierno de Rodríguez.

“Vamos a volver a Venezuela”, prometió una vez más la líder opositora, en el exilio desde diciembre cuando salió clandestinamente del país para recoger su galardón en Oslo.

En plena crisis por los terremotos, Machado acusó a las autoridades de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para impedirle volver.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina en enero luego la caída de Maduro y gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos.

Fuente: AFP.

Brasil negó el viernes las visas a dos funcionarios de Estados Unidos que pretendían reunirse con autoridades electorales a menos de tres meses de las presidenciales por “riesgo de instrumentalización política”, dijo ayer sábado una fuente diplomática brasileña a la AFP. La negativa suma un nuevo capítulo a las tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará su reelección en octubre contra Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), preso por golpismo.

Estados Unidos pidió el 20 de julio las visas para los dos funcionarios, que viajarían en misión para tratar cuestiones de “libertad de expresión relacionadas a las elecciones” con autoridades electorales, según la fuente brasileña. Pero “llamó la atención” que el permiso se pidiera casi en simultáneo a un encuentro privado el martes entre Flávio Bolsonaro y diplomáticos extranjeros, en el que el candidato derechista cuestionó la fiabilidad del sistema brasileño de votación electrónica.

Lo hizo con argumentos similares a los que en 2023 llevaron a la inhabilitación política de su padre, más tarde también condenado por un intento de golpe de Estado. Ante ese escenario, el consulado brasileño negó las visas a los funcionarios estadounidenses, explicó la fuente.

Un vocero del Departamento de Estado dijo a la AFP que los dos funcionarios querían visitar Brasilia entre el 27 y 30 de julio “para discutir integridad electoral, libertad religiosa y libertad de expresión” con “funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y miembros de la sociedad civil”.

“Cualquier insinuación de una ‘maniobra’ para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira sin fundamentos” ya que sería una “visita de rutina”, agregó.

Sin aludir directamente al episodio, Lula advirtió ayer sábado en un acto en Sao Paulo que “quien quiera venir de afuera a meterse en las elecciones brasileñas, ya le voy avisando: se va a llevar muchos golpes”.

El gobierno de Trump impuso este mes dos rondas de aranceles comerciales a productos brasileños, que se sumaron a otras sanciones contra la potencia sudamericana implementadas por Washington desde el año pasado.

Lula acusa a Flávio Bolsonaro de ser un “traidor a la patria” que habría alentado el tarifazo estadounidense, algo que él niega. Aliado de Jair Bolsonaro durante su presidencia, Trump ha apoyado a candidatos de derecha en elecciones recientes de otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Honduras.

Fuente: AFP.