La Corte Suprema de Justicia de Colombia suspendió el viernes la decisión de un tribunal que había prohibido al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella utilizar símbolos nacionales y su característico lema “firmes por la patria”. El abogado de 47 años suele utilizar el saludo militar de las fuerzas armadas e insignias nacionales en mítines políticos, repletos de banderas de Colombia y camisetas de la selección nacional de fútbol.

Un tribunal de Bogotá había ordenado esta semana a la campaña “retirar toda aquella propaganda política” que use la bandera de Colombia, el saludo y emblemas castrenses, o haga alusión a los organismos de seguridad del país. Pero la Corte Suprema ordenó “suspender con efectos inmediatos” dicha prohibición, como medida urgente mientras los magistrados analizan un recurso solicitado por el candidato.

La decisión se da en plena campaña presidencial de cara al balotaje del 21 de junio en el que el abogado se enfrentará contra el senador izquierdista Iván Cepeda. De la Espriella ya había anunciado su intención de no obedecer estas decisiones judiciales.

“Nos quieren prohibir básicamente toda la campaña”, dijo esta semana en la red social X.

El jueves, una jueza de Bogotá revocó otra medida contra De la Espriella que le restringía el uso de la camiseta de la selección de fútbol ante una supuesta “falta de claridad” del fallo inicial, que generó un “escenario de incertidumbre jurídica”.

La izquierda acusa al candidato ultraderechista de apropiarse de la prenda, al estilo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Colombia elegirá al sucesor de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia del país, en medio de la peor ola de violencia de la última década.

Admirador del estadounidense Donald Trump, De la Espriella promete mano dura contra el crimen y austeridad para recortar el gasto público. Por su parte, el izquierdista Cepeda propone mantener un Estado con fuerte inversión social y continuar los diálogos de paz con los grupos armados que impulsó su aliado Petro.

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, afirmó el jueves a la AFP estar dispuesto a hacer los “cambios” que sean “necesarios” a la política de paz del mandatario Gustavo Petro, de la cual él mismo fue artífice.

La continuidad de la llamada “paz total”, con la que el gobierno intentó negociar con los grupos armados en medio de un pico de violencia, es una de las propuestas más controvertidas del senador oficialista de 63 años para el balotaje del 21 de junio.

Su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella que ganó la primera vuelta del 31 de mayo por estrecho margen, promete mano dura para combatir al narcotráfico en el país que más produce cocaína del mundo.

“Nosotros vamos a hacer los cambios necesarios, por supuesto”, “haremos un balance”, afirmó Cepeda durante una entrevista en Bogotá a diez días del balotaje frente al abogado millonario de 47 años.

Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos, aseguró que esas modificaciones a la política de paz surgirán de un “acuerdo nacional” con diferentes actores políticos y sociales del país, aunque no dio más detalles.

Petro extendió una oportunidad de firmar la paz a guerrillas, paramilitares y otros narcotraficantes como el poderoso cartel del Clan del Golfo y los rebeldes del ELN.

Sin embargo, a dos meses de dejar el poder el 7 de agosto ninguna de esas conversaciones llegó a acuerdos concretos.

Las agrupaciones ilegales más importantes aumentaron en número de miembros y desafiaron al gobierno con múltiples ataques con drones y coches bomba en medio del peor pico del conflicto armado desde que la guerrilla FARC firmó la paz en 2016.

Cepeda promete mantener esa política de negociación en medio de críticas de la oposición y llamados de atención de defensores de derechos humanos por el deterioro de la situación humanitaria en extensos territorios.

“Yo seré promotor de una política de paz”, añadió Cepeda.

En la campaña para el balotaje, la izquierda retiró su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en un intento por acercarse a un sector de los electores de centro. De la Espriella, cuyas principales banderas son la construcción de megacárceles y los bombardeos militares, promete aliarse con Estados Unidos para golpear a las mafias. El mandatario estadounidense Donald Trump anunció su respaldo al abogado.

Fuente: AFP.

El jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el Niño Guerrero, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunciaron Washington y Caracas anoche.

"Bajo mis órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua", escribió el presidente Donald Trump en su red Truth Social. El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".

Venezuela confirmó poco después que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, había sido “neutralizado” y que hubo “enfrentamientos” con integrantes de “estructuras de delincuencia organizada”. El Niño Guerrero fue abatido en el marco de una “operación combinada” con Estados Unidos que se realizó en el estado Bolívar, al sureste del país, dice un comunicado del ministerio de Comunicaciones venezolano.

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“Contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia”, agregó la cartera. Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó al mandatario izquierdista Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico. Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la presión de Washington.

“Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte“, aseguró Trump en su plataforma. El mensaje del mandatario va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo.

No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes. El lunes, el ejército venezolano se desplegó en una zona de explotación aurífera del estado Bolívar bajo control de dos jefes criminales, Juancho y Johan Petrica, este último uno de los fundadores del Tren de Aragua, de acuerdo con fuentes locales. Según una decena de testimonios recogidos por la AFP en la zona, el ejército lanzó tres bombas desde helicópteros. Dos helicópteros volaban a baja altura el jueves.

Estados Unidos designó al Tren de Aragua como “organización terrorista” en enero de 2025, apenas regresó Trump a la presidencia. La banda criminal opera en varios países de América Latina. El Tren de Aragua surgió en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte) en 2014. Se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal, aunque también ha emprendido en algunos negocios legales.

El Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera detener o condenar al jefe del Tren de Aragua. Estados Unidos también le impuso sanciones económicas en julio de 2025, junto a otros cabecillas de su organización.

En diciembre, fiscales federales de Nueva York presentaron cargos contra 70 miembros del Tren de Aragua, incluido el Niño Guerrero, por asociación ilícita, tráfico de drogas y armas de fuego. “Guerrero Flores ha sido el cerebro detrás de la evolución del Tren de Aragua, que pasó de ser una banda carcelaria venezolana a convertirse en una organización terrorista trasnacional”, declaró el fiscal federal Jay Clayton cuando se anunció la acusación formal.

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Tras ocupar militarmente en septiembre de 2023 el penal de Tocorón, el gobierno de Maduro anunció que había “desmantelado totalmente” esa banda. El Niño Guerrero era entonces prófugo de la justicia. Según el centro de análisis Insight Crime, “Niño Guerrero”, que tendría 42 años, convirtió el grupo “en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón”.

Bajo su liderazgo, Tocorón “se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones (...) a jefes criminales conocidos como pranes”. “Esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel”, según un informe de Insight Crime de 2025.

Fuente: AFP

La derechista Keiko Fujimori retomó el miércoles una ligera ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en el reñido conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, una contienda cuyo final aún es incierto. Con 98,21 % de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50 % de los votos frente al 49,99 % de Sánchez, según resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, la candidata Fujimori, de 51 años, aventaja con un escaso margen de algunos cientos de votos a Sánchez, de 57 años. La autoridad electoral informó que el cómputo final “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, dependiendo de las observaciones a las actas que se vayan registrando.

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 480.000 votos, lo que puede llevar días. “Vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho, mucho aliento”, dijo a periodistas Keiko Fujimori.

La aspirante a la presidencia se dijo “optimista y prudente” (...) y va a respetar, sea cual sea, el resultado". Frente al nuevo escenario, Sánchez denunció que existen “maniobras y voluntades por torcer la democracia”, en alusión a un “sector de la prensa” que lo ataca.

“Los resultados electorales hay que respetarlos, más allá de los deseos o no”, matizó Sánchez a la prensa, sin descartar una convocatoria a manifestaciones pacíficas.

El recuento se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Castillo obtuvo 50,12 % frente a 49,87 % de Fujimori.

Una misión de observación electoral de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, con Sánchez, de Juntos por el Perú y heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022. Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación. El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

Fuente: AFP.

El izquierdista Roberto Sánchez tomó el lunes la delantera en el conteo de votos de la segunda vuelta electoral en Perú y superó por un pequeño margen a la derechista Keiko Fujimori, en una contienda cuyo final aún es incierto. Con poco más del 94 % de las actas escrutadas, Sánchez reunía el 50,03 % de los votos, frente al 49,9 % de Fujimori, una diferencia de menos de 10.000 votos, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Para que el balotaje del domingo tenga un ganador, se deberán revisar además actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días. “Estamos muy confiados y optimistas, con tranquilidad para respetar los resultados al 100 %”, dijo Sánchez a periodistas ayer lunes. Poco antes, Fujimori también exhortó a la calma. “Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea”, afirmó.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con el heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022. Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, en tanto que para Sánchez es su primera postulación.

Muchos votantes dijeron que esperan que el nuevo gobierno acabe con la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que hizo que Perú tuviera ocho presidentes desde 2016. “Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora”, aseguró a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.

Fujimori, una administradora de empresas de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

“Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre”, aseguró Gladys Silva, un ama de casa de 56 años, durante el festejo anticipado del domingo.

Sánchez, de 57 años, congresista y exministro de Castillo, reivindicó al expresidente. En señal de lealtad, lleva el sombrero campesino que él le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.

“Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)”, dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en la otra celebración por adelantado. La votación, a la que estuvieron convocados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.

Keiko, como llaman a Fujimori, prometió “orden” y prosperidad, y advirtió del peligro del “comunismo”. Sánchez moderó su discurso de “cambio radical”, se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación “respetuosa” con Washington. El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la “dictadura” del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.

Sin afectar el balotaje, un juez envió a juicio a Sánchez por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha. “El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad” por lo que, sin mayoría legislativa, deberá “construir una coalición para gobernar”, dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca. El 28 de julio el vencedor sustituirá al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

La mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Han proliferado las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años. Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminalidad con la “misma fuerza” con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.

Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de las élites políticas con los criminales. La base de votantes de Sánchez está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. La de Fujimori está en Lima, donde la tasa de homicidios se triplicó entre 2020 y 2025, hasta los 23 por cada 100.000 habitantes.

El próximo presidente recibirá un Perú económicamente estable, con crecimiento del PIB de 3,4 %. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal. Fujimori aboga por el neoliberalismo y la atracción de inversiones, y Sánchez plantea alzas salariales y una economía más estatizada.

Fuente: AFP.