El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, prevé abrir una embajada en Jerusalén como parte de su plan de reanudar y estrechar lazos con Israel, anunció el jueves su oficina. El mandatario izquierdista Gustavo Petro rompió en 2024 las relaciones con Israel, tradicional aliado en materia de seguridad, en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza.

De la Espriella, que asumirá el poder el 7 de agosto, pretende restablecerlas desde el primer día de su mandato. Su oficina informó ayer jueves que el nuevo gobierno avanza en “la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel”. Antes de la ruptura ordenada por Petro, la embajada de Colombia estaba ubicada en Tel Aviv, donde la mayoría de países tienen su representación diplomática.

Petro manifestó luego su intención de abrir una legación diplomática en Ramala, en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel, pero finalmente el proyecto no se concretó. “Usted, Abelardo, se convierte” en “cómplice de genocidio y sus colaboradores se untan de sangre se inocentes”, dijo el mandatario izquierdista en la red social X tras el anuncio de su sucesor.

Donald Trump, que apoyó a De la Espriella, trasladó en 2018 la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén durante su primer mandato.

El miércoles, el canciller designado por De la Espriella, Omar Bula, se reunió en Washington con su homólogo israelí, Gideon Sa’ar.

Los diplomáticos acordaron “una hoja de ruta” para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la eliminación de visas a sus ciudadanos, según la oficina del presidente electo.

También indicó que Colombia retirará el apoyo en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por supuesto genocidio en Gaza. Petro respaldó esa denuncia, frenó las exportaciones de carbón a Israel y detuvo la compra de armamento israelí.

“La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse”, afirma el comunicado. Durante la campaña, De la Espriella aseguró que buscaría fortalecer la cooperación con Israel para bombardear a los grupos armados financiados por el narcotráfico que operan en Colombia.

El mandatario electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, dijo el lunes que, entre otras, eliminará la consejería presidencial de paz luego de que la política de diálogos directos del gobierno saliente fracasara en obtener el desarme de poderosos grupos armados. De la Espriella ha señalado que suspenderá cualquier diálogo en curso entre los grupos ilegales y la administración del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia colombiana.

“Se acaba el comisionado para la paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, manifestó el mandatario electo en redes sociales. Agregó que “el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo” el 7 de agosto.

Hace dos semanas, De la Espriella dio plazo de un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia y señaló que no hará “concesiones inaceptables”, en referencia a políticas del gobierno saliente para el desarme de guerrillas y grupos narcotraficantes.

La eliminación de la consejería de paz se enmarcará en la finalización de más de 200 puestos en la presidencia, que dispondrá cuando asuma el mandato de cuatro años.

De la Espriella impulsará una reestructuración en la sede presidencial que dijo permitirá el ahorro de 10.000 millones de pesos (3,1 millones de dólares).

Algunas de las funciones serán trasladadas a ministerios como el de Interior y de Defensa, explicó.

Desde su campaña De la Espriella anunció la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que califica como un “tribunal de venganza” que emite sentencias con “asimetría”. La (JEP), surgida del acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC, juzga las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto de medio siglo por parte de los actores armados.

Fuente: AFP.

Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.

Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.

“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.

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La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.

“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.

Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.

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Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.

“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.

Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.

Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.

En conversación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.

Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación —principalmente cables e insumos eléctricos— fueron resguardados en el Hospital Central.

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Señaló que al hacer el control del inventario se encontró que había un faltante de cables importante. Recordó que en la administración pública todo faltante ya constituye la posibilidad de un daño patrimonial.

“Hemos presentado la denuncia en la fiscalía barrial, junto con la asesoría jurídica el día de ayer. Es la primera denuncia formal que realiza la gestión del actual presidente del IPS el Dr. Isaías Fretes. Pero finalmente, el doctor Fretes cuando realiza sus recorridas o recibe mucha información sobre las irregularidades que existen y sobre eso ya ha encargado unas 30 auditorías desde que asumió la presidencia del IPS”, precisó.

Mencionó que mediante estas auditorías que se está llevando adelante están en el proceso de juntar las evidencias de las denuncias que se está recibiendo. Aunque reconoció que varias de esas denuncias no tienen sustento.

Señaló además que, justamente por eso, es que se somete primeramente a un proceso de auditoría y si dentro de ese proceso se encuentras las evidencias suficientes del hecho y que amerita una denuncia penal pasan a la siguiente etapa que es presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

“Lastimosamente vinimos a encontrarnos en esta situación y ante estas irregularidades que verdaderamente me sorprende, porque estos quirófanos, modulares, que el presidente fue descubriendo en sus recorridos realmente representa una situación muy grave en relación con la misión que tiene el IPS que es de salvar vidas”, acotó.

Mencionó que estuvo analizando auditorías anteriores, donde ya se mencionaban una muy mala planificación de la dirección de este instituto, porque se preveía la instalación de quirófanos y modulares en el edificio en zonas donde no iba a poder soportar el peso de esos equipos, luego se decidió llevar a otros lugares donde tampoco el terreno era adecuado y finalmente quedaron abandonados esos equipos.

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Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron este miércoles ante el Ministerio Público el robo de 111 metros de cables del departamento de Mantenimiento del Hospital Central.

El asesor jurídico Pablo Morínigo presentó el escrito ante la Fiscalía Barrial número 7 y según afirmó el perjuicio causado al instituto sería de unos G. 90 millones.

Explicó que esta es la primera acción impulsada por la nueva administración contra personas innominadas. Dijo que esta denuncia es la punta del iceberg, ya que actualmente hay unas 30 auditorías en curso ordenadas en investigación de varias irregularidades detectadas en diferentes ámbitos del ente previsional.

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“La denuncia es contra personas innominadas. Puede ser el monto que sea, puede ser dos jornales también, pero no pasa por la cuantía, pasa por el hecho. No podemos dejar pasar nosotros, estamos obligados”, señaló Morínigo a los medios de prensa.

Afirmó que por cada hecho detectado se abre auditoría a fin de que se pueda contar con documentos que avalen las denuncias.

“Desde que el doctor Isaías Fretes asumió, de todos los recorridos que él hizo, él ordenó aproximadamente 30 auditorías de los distintos hechos que fue notando”, subrayó.

Comentó que actualmente están trabajando en el IPS dos equipos de Auditoría del Poder Ejecutivo así como siete equipos de la Contraloría General de la República, al mencionar que las investigaciones están “en pleno proceso”.

“Por eso es que dije que esto es la punta del iceberg , vamos a ir encontrando más cosas y eso va a ameritar probablemente más denuncias y eventuales sumarios administrativos”, remarcó.

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