Mientras avanza el análisis del aumento salarial que regirá desde julio, economistas advierten que el IPC utilizado para calcular el ajuste no captura el peso que tienen los alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos.

A pocas semanas de definirse el reajuste del salario mínimo que entrará en vigencia desde julio, el debate ya no gira solamente en torno al porcentaje de aumento, sino también sobre si el mecanismo utilizado para calcularlo refleja realmente el costo de vida de los trabajadores paraguayos.

Actualmente, el ajuste se determina en función de la inflación acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Sin embargo, para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ese indicador presenta una limitación importante cuando se lo utiliza para definir salarios.

“Si se aplica únicamente la inflación observada, el ajuste sería muy exiguo”, sostiene. Punto en el que recuerda que el IPC es un indicador agregado que mide el comportamiento promedio de precios de cientos de bienes y servicios.

El problema con esto es que no necesariamente representa el patrón de consumo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, explica el especialista.

Según indicó, una familia típica destina más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que dentro de la estructura del IPC este rubro tiene una ponderación cercana al 25 %.

“El ajuste por IPC siempre será insuficiente. El trabajador siente mucho más el aumento de los alimentos porque es ahí donde concentra gran parte de sus gastos”, remarcó Rodrigo.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchas familias perciben una pérdida de poder adquisitivo incluso en períodos de inflación moderada. Mientras el índice refleja el comportamiento promedio de toda la economía, los hogares de menores ingresos enfrentan una realidad distinta, marcada por el peso que tienen los alimentos dentro de su presupuesto mensual.

El economista hizo hincapié en que el propio Banco Central ha señalado en varias ocasiones que el IPC fue diseñado como una herramienta de política monetaria, y no como un instrumento específico para la política salarial.

En este contexto, señaló que existen indicios de que el Gobierno estaría evaluando un incremento superior al porcentaje que arroja estrictamente el IPC, ante el estancamiento del salario real observado en los últimos años.

No obstante, advirtió que aún falta información clave para determinar si el eventual reajuste será suficiente para recuperar capacidad de compra. “Hoy no contamos con una canasta específica que refleje el consumo típico de un trabajador asalariado. Lo único que sabemos es que ajustar exclusivamente por IPC resulta insuficiente”, concluyó.

La laguna de Apastepeque, en el centro de El Salvador, adquirió una coloración turquesa debido a una proliferación de cianobacterias que causa al mismo tiempo inquietud y satisfacción entre los pobladores. Las cianobacterias son unos microorganismos conocidos como algas verdeazuladas, cuyo incremento, según el ministerio salvadoreño del Medio Ambiente, se asocia a factores como la alta radiación solar, la ausencia de nubosidad y la condición alcalina del agua.

Aunque no hay una alerta sanitaria para la turística Apastepeque, en 2025 el ministerio pidió evitar inmersiones en otro lago con aglomeración de cianobacterias, al advertir que podían irritar la piel. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, estos microorganismos pueden producir toxinas y ocasionar síntomas respiratorios y sarpullido.

Aunque genera inquietud, el cambio de tonalidad también se convirtió en una buena noticia para los comerciantes del lugar que se benefician de un mayor arribo de turistas curiosos de ver y navegar por este espejo de agua verde, donde se practica la pesca deportiva.

“La gente se ha asustado al ver que sí está color turquesa, la vienen a ver (y) le toman fotos”, cuenta a la AFP Linda Alfaro, de 49 años, que tiene un restaurante a orillas de la laguna, situada a unos 70 km al este de San Salvador, en el departamento de San Vicente.

Nativa de la zona, Alfaro comenta que el lago a veces se ve café, amarillo o un poco verde, pero por primera vez cambió a turquesa.

El director del Centro de Investigación Ambiental de la estatal Universidad de El Salvador (UES), Édgar Marinero Orantes, explicó a AFP que este tono se produce por un contraste entre las cianobacterias y la luz del sol.

Pese al nombre que se les da por el color, estos microorganismos no son algas.

Con un equipo “sonar” (Sound Navigation And Ranging), investigadores de la UES establecieron que la laguna es un “maar” (cráter volcánico ancho y bajo), tiene 44 metros de profundidad y no registra “irregularidades en el fondo” de minerales.

La laguna “está tranquila, no pasa nada, los pescados están vivitos y coleando”, celebra Linda Alfaro.

Las explicaciones de algunos lugareños sobre el fenómeno están muy cerca de la realidad. “No hay ningún tipo de contaminación externa” y “la suposición que tenemos es que es por las altas temperaturas”, sostiene Kevin Flores, lanchero de 33 años feliz por el mayor flujo de turistas.

Fuente: AFP.

El presidente de la República, Santiago Peña, calificó como un “reclamo genuino” el pedido de la clase trabajadora de recuperar el poder adquisitivo en el marco de las discusiones por el reajuste del salario mínimo.

Durante una reunión del Consejo de Ministros, el mandatario afirmó que el Gobierno no puede ser indiferente ante esta situación y ordenó definir un nuevo sistema de ajuste que defienda a los trabajadores sin poner en riesgo la generación de empleo.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó que el salario mínimo será el tema central de la agenda oficial durante todo el mes de mayo. Además, reconoció que el monto de 60.000 guaraníes que arrojaría el método de cálculo actual es "insuficiente e injusto“, aunque aclaró que el Ejecutivo debe actuar como árbitro y no puede imponer un monto de forma unilateral.

Por primera vez, la mesa tripartita negociará con un soporte técnico ampliado. El Ministerio de Trabajo, junto con los ministerios de Industria y Economía, además del Banco Central del Paraguay (BCP), pondrán a disposición todas las evidencias posibles para equilibrar la discusión.

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Este anuncio coincide con el pedido de los sindicatos, quienes ya habían manifestado su disconformidad con el mecanismo de inflación del BCP y solicitaron una reestructuración del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) para una negociación más amplia.

Para evitar que el aumento salarial se transfiera en incrementos automáticos de otros costos, el Consejo Consultivo acordó por unanimidad presentar un proyecto de ley para la desindexación de precios.

También se buscará desvincular el salario mínimo de impuestos, tasas y contribuciones que hoy suben de forma automática. Asimismo, se planteará en el proyecto incluir la reducción de los niveles de embargabilidad de los salarios para proteger el ingreso vital de las familias.

La meta del Ejecutivo es que el desarrollo económico se refleje en el “bolsillo de la gente” y que el salario real crezca para permitir que más personas abandonen la pobreza mediante el empleo formal.

“Mientras el desarrollo no llegue a la gente, no vamos a parar”, sentenció la ministra Recalde, subrayando el compromiso de construir un diálogo social justo y transparente.

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Vecinos de los barrios Tablada Nueva, Virgen del Fátima, Cara Cara, San Jorge, San Miguel, Cerrito y otras comunidades aledañas a la franja costera norte de Asunción acudieron a la Corte a fin de hacer oír sus reclamos. En ese sentido, se reunieron con representantes de la Dirección de Derecho Ambiental del Palacio de Justicia, exponiendo la grave situación de contaminación ambiental que sufren por la presencia de frigoríficos en la zona desde hace años.

Durante el encuentro, denunciaron la falta de respuesta por parte de las instituciones públicas, a pesar de las múltiples denuncias presentadas a lo largo de más de una década. Según explicaron, solo en el año 2024 se registraron cerca de una veintena de denuncias formales por posibles focos de contaminación, las cuales no han tenido impulso procesal ni avances concretos.

“El problema no es solo la existencia de las denuncias, sino la ausencia total de acciones posteriores. En los registros puede figurar que se presentaron, pero en la realidad la situación sigue igual o peor”, expresó durante la reunión el abogado Ricardo Merlo, quien acompañó la delegación.

El defensor solicitó que se realice una auditoría para verificar el tratamiento de estos casos por parte del Ministerio Público. Por su parte, los representantes vecinales señalaron que la problemática afecta directamente a más de 10.000 familias, comprometiendo su salud, calidad de vida y derechos fundamentales.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de aplicación de ordenanzas municipales que establecen el traslado progresivo de industrias contaminantes en la zona, actualmente suspendidas por medidas judiciales. “Sentimos que las autoridades nos han dado la espalda. Hemos agotado distintas instancias y recurrimos al Poder Judicial con la esperanza de ser escuchados”, expresó Alfredo Moreno, presidente de la comisión vecinal.

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Desde la Dirección de Derecho Ambiental, su titular Gerardo Morales indicó que, tras una revisión preliminar de los sistemas disponibles, no se encontraron expedientes vinculados directamente a las denuncias mencionadas, lo que refuerza la necesidad de profundizar el análisis.

“Con esta información elaboraremos un informe que será elevado al Consejo de Superintendencia y al ministro responsable del área, con miras a dar seguimiento a la situación”, explicó Morales.

Como resultado del encuentro, los vecinos solicitaron además una audiencia con ministros de la Corte Suprema de Justicia. El fin era exponer directamente el impacto social y ambiental del problema y exigir medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de sus derechos.

Los pobladores afirmaron que continuarán recurriendo a todas las instancias necesarias hasta lograr una solución definitiva a una problemática que, según sostienen, se ha prolongado por más de diez años sin respuestas concretas.

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