La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió el viernes mantener el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19, exactamente tres años después de haber declarado la enfermedad como urgencia de salud pública internacional.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siguió las recomendaciones del comité de urgencia sobre el COVID-19, compuesto de expertos, que se reunieron este viernes, según un comunicado. El comité declaró a la epidemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, en momentos en que no se había registrado aún ningún deceso sobre apenas 100 casos fuera de China.
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El doctor Tedros había indicado que juzgaba prematuro el levantamiento del nivel del alerta más alto. “A pesar de que no quiero adelantarme a la opinión del comité de emergencia, continúo muy preocupado por la situación en muchos países y el creciente número de muertos”, declaró el martes a la prensa en Ginebra.
La enfermedad ha causado 170.000 muertes en los dos últimos meses. Según cifras de la OMS, y desde su irrupción a finales de 2019, el COVID-19 ha provocado oficialmente 6.804.491 muertes al 27 de enero, aunque la organización y los expertos están de acuerdo en decir que el número de decesos es mucho más alto.
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Fuente: AFP.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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OMS: 1.200 millones de niños sufren castigos físicos en sus hogares cada año
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en un informe que unos 1.200 millones de menores de entre 0 y 18 años sufren castigos físicos en sus hogares cada año, causando “daños significativos” a la salud y el desarrollo de los niños, aunque esta práctica varía “considerablemente” entre países.
Entre los niños de 2 a 14 años, las tasas de castigo corporal declaradas por los padres y cuidadores en el último mes han oscilado entre el 30 por ciento en Kazajistán y el 32 por ciento en Ucrania, hasta el 63 por ciento en Serbia, el 64 por ciento en Sierra Leona y el 77 por ciento en Togo.
“Existe evidencia científica abrumadora de que el castigo corporal conlleva múltiples riesgos para la salud infantil (...) No ofrece ningún beneficio para el comportamiento, el desarrollo ni el bienestar de los niños, ni tampoco para los padres ni para la sociedad”, ha afirmado el director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, Etienne Krug.
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Es por ello por lo que ha realizado un llamamiento para “poner fin a esta práctica nociva”, y garantizar así el desarrollo integral de los niños en sus casas y colegios. Según datos de 58 países, el 17 por ciento de los niños que sufrieron este tipo de castigos el mes pasado lo hicieron en sus formas “más severas”, tales como golpes en la cabeza, la cara o las orejas, o golpes fuertes y repetidos.
Los castigos físicos están “igualmente extendidos” en los colegios África y Centroamérica, donde el 70 por ciento de los niños son sometidos a esta práctica durante su etapa escolar, en comparación con el 25 por ciento de la región del Pacífico Occidental.
En el documento también se expone que los niños con un mayor riesgo de sufrir castigos corporales son los que tienen una discapacidad, aquellos cuyos padres han pasado por los mismos castigos, y aquellos cuyos padres padecen problemas de consumo de sustancias, depresión u otros problemas de salud mental.
Otros factores sociales tales como la pobreza, el racismo y la discriminación aumentan “aún más” el riesgo de que ocurran castigos corporales contra los niños, que tienen consecuencias “profundas y de gran alcance” para su salud. A nivel físico y más allá de las lesiones inmediatas, estos castigos acaban desencadenando respuestas biológicas perjudiciales, tales como una mayor reactividad de las hormonas del estrés o cambios en la estructura y función cerebral, lo que puede perjudicar un desarrollo saludable.
De hecho, un análisis realizado en 49 países de bajos y medios ingresos demuestra que los niños expuestos al castigo corporal tienen un 24 por ciento menos de posibilidades de alcanzar un desarrollo normal, en comparación con sus compañeros que no sufren estas prácticas.
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La salud mental de los niños también se ve “igual de gravemente” afectada, y es que se enfrentan a un mayor riesgo de ansiedad, depresión, baja autoestima e inestabilidad emocional, unos efectos que suelen persistir hasta la edad adulta, provocando tasas más altas de abuso de sustancias e incluso en la probabilidad de suicidio, intentos de suicidio o suicidio consumado.
A nivel social, este tipo de castigos también tienen consecuencias, pues los niños pueden ser más propensos a desarrollar conductas agresivas, a tener dificultades académicas y, una vez llegan a la edad adulta, a participar en conductas violentas, antisociales o delictivas. Del mismo modo, favorecen la aparición de una mayor aceptación social de la violencia, lo que refuerza “ciclos dañinos” a lo largo de diferentes generaciones.
Aunque ya son muchos los países que han prohibido el castigo corporal, su uso continuado y la persistente creencia en su necesidad demuestra que la legislación por sí sola no basta, motivo por el que la OMS ha subrayado la importancia de que las medidas legales sean acompañadas de campañas de concienciación pública y apoyo directo a padres, cuidadores y docentes, de forma que se promuevan formas de disciplina positivas y no violentas.
Fuente: Europa Press.
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Preocupa a OMS el recorte de inversión en vacunas con ARNm
La decisión de Donald Trump de poner fin a 22 contratos que financiaban el desarrollo de vacunas con ARN mensajero (ARNm), asesta “un duro golpe” a una “tecnología extremadamente prometedora”, señaló ayer jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Por supuesto que se trata de un duro golpe”, declaró el jueves Joachim Hombach, secretario ejecutivo del grupo consultivo estratégico de expertos en vacunación de la OMS, a la prensa.
“La vacuna con ARNm es una tecnología muy importante que nos ha sido extremadamente útil para luchar contra el covid”, agregó el funcionario, y destacó que ese tipo de vacuna “puede adaptarse muy rápidamente”. La Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) del Departamento de Salud de Estados Unidos puso fin el martes a “22 inversiones en el desarrollo de vacunas de ARNm porque los datos muestran que estas vacunas no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la COVID-19 y la gripe”, declaró el ministro estadounidense de Salud, Robert Kennedy Jr.
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Mientras que las vacunas tradicionales suelen utilizar formas debilitadas o inactivas del virus o de la bacteria en cuestión, las que tienen ARNm transmiten instrucciones genéticas a las células del individuo inoculado y las incita a producir un señuelo inofensivo del patógeno y a entrenar al sistema inmunitario para que combata el virus verdadero.
“Se trata de una decisión desafortunada e inoportuna, pero estamos convencidos de que los esfuerzos de investigación proseguirán, pues se trata de una tecnología extremadamente prometedora”, agregó Hombach. Poco después de su investidura, en enero, Trump firmó un decreto para que Estados Unidos se retirara de la OMS, una organización que criticó en varias ocasiones por su gestión de la pandemia de covid-19.
Fuente: AFP.
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