Agentes especiales de la Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad) apostados en el aeropuerto Silvio Pettirossi lograron sacar de circulación cocaína que tenía como destino Dubái. Así también, se incautó marihuana “vip” que llegó desde Estados Unidos y tenía como destino la ciudad de Ñemby.

Según el reporte dado por los agentes intervinientes, la detección del primer cargamento fue en una encomienda proveniente de Ciudad del Este con destino a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La droga estaría oculta en un motor de arranque en cuyo interior se pudo encontrar 1.714 gramos de la sustancia.

Horas más tarde, también en el aeropuerto, se detectó otra encomienda de dudosa procedencia que llegó desde Nevada, Estados Unidos, que estaba dirigida a la ciudad de Ñemby. Se hallaron 1.198 gramos de marihuana premium o vip que estaba oculta dentro de un humidificador eléctrico.

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En el primer caso, la cocaína oculta en un autoparte, se pudo constatar que tenía un valor aproximado de 150.000 dólares en Dubái. En tanto que, en la segunda incautación la marihuana vip tendría un costo de 4.000 dólares por kilogramo en la región. al tratarse de una variedad modificada genéticamente.

En ambos casos la apertura de los cargamentos se realizó en la oficina de atención permanente del Palacio de Justicia, de esta forma las autoridades buscan garantizar la seguridad como el rigor del procedimiento. La Senad destacó que cada vez son más sofisticados el método de envío de drogas.

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Estados Unidos y sus aliados en América Latina y el Caribe han abierto una nueva etapa de cooperación antidrogas mediante extradiciones, inteligencia compartida y planes de seguridad que se basan en buena parte en el modelo salvadoreño, a pesar de las críticas de organismos internacionales.

Es el “Escudo de las Américas” que Trump y mandatarios de 16 países (la mitad de la región) anunciaron el pasado 8 de marzo en una cumbre celebrada en Doral (Florida). La agencia antidrogas (DEA) recibió el sábado al narco uruguayo Sebastián Marset, tras su captura en Bolivia, apenas un año después de entrar en la lista de fugitivos más buscados en Estados Unidos.

Marset compareció ante el juez el lunes, tras una expulsión muy rápida por parte de las autoridades bolivianas. Pero la colaboración también pasa entre otros países, como el bombardeo de Ecuador de un campo de entrenamiento de un grupo disidente de las FARC en una zona fronteriza con Colombia.

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció ese ataque, pero en entrevista con la AFP, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reconoció que hay colaboración entre su país, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos para sofocar esos focos de rebelión.

El FBI abrió oficina permanente en Ecuador, cuyo gobierno acaba de declarar toques de queda en las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado. Washington también anunció el pasado viernes el arresto, con fines de extradición, del venezolano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, acusado de ser uno de los líderes de “Los Piratas”, la filial chilena de la pandilla Tren de Aragua. Este capo podría ser deportado en breve a Chile.

El gobierno Trump, consciente del giro conservador que tomó la región, parece decidido a acelerar el paso, antes de que se abra otro ciclo político contrario a sus intereses. La colaboración pasa en ocasiones por otros caminos más inesperados. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en enero la detención del chileno Armando Fernández Larios, ex militar y agente de la DINA, la temida policía política del régimen de Augusto Pinochet.

Larios, que se había declarado culpable del asesinato del ex ministro chileno Orlando Letelier en Washington en 1976, vivía desde finales de los años 1980 en Estados Unidos.

Tras casi cuatro décadas podría ser expulsado en breve a su país, según confirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a la AFP.

Con Brasil, México y Colombia, que no acudieron a la cumbre de Doral, la cooperación en inteligencia se mantiene, según reconocen los mandatarios de esos países y fuentes diplomáticas en Washington.

Trump mantiene la presión sobre la mexicana Claudia Sheinbaum, como demuestra la violenta operación que acabó con la muerte del capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La presión económica del presidente Donald Trump y sus veladas amenazas militares la han obligado a actuar”, considera Amanda Mattingly, ex diplomática y fundadora de ACM Global Intelligence.

Con Brasil, el próximo capítulo de una relación con altibajos podría ser la designación oficial de dos poderosas facciones criminales, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), como grupos terroristas. Esa denominación provoca tensión en el gobierno brasileño.

Interrogado por la AFP, un portavoz del Departamento de Estado indicó que Washington no “anticipa posibles designaciones como organizaciones terroristas”, pero que está “comprometido a tomar las medidas apropiadas contra grupos extranjeros que participen en actividades terroristas”.

Esa lucha que incluye nuevos y controvertidos aspectos como los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, provocan alarma entre algunos países de la región.

“Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida”, denunció el relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, durante las audiencias que acaba de celebrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala. “La CIDH carece de competencia para examinar las cuestiones (que) se refieren a la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario”, reaccionó el Departamento de Estado.

Fuente: AFP.

La seguridad energética ha abierto un debate intenso en todo el mundo, y no fue la excepción en las asambleas desarrolladas en el marco de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se llevan a cabo en Asunción.

Del análisis sobre minerales críticos fueron parte Gustavo Santos Masili, coordinador general de minerales estratégicos y transición energética en el sector minero del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la Sociedad Minera Cerro Verde.

Así tambien Shuichi Hosoda, viceministro adjunto de Finanzas para Asuntos Internacionale del Ministerio de Finanzas de Japón; Roy Eriksson, embajador de Global Gateway por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finalndia y Guillermo Foscarini, director jefe de la División de Corporativos del BID Invest.

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Durante su intervención, Gustavo Santos Masil destacó que, si bien Brasil cuenta con una política de minerales críticos y estratégicos con buenas bases, aún tiene varios desafíos, entre los cuales se encuentran acelerar el proceso de mapeo de su superficie para dimensionar el potencial con el que se cuenta. Igualmente, destacó que el objetivo de Brasil es mantener la soberanía en materia de extracción y explotación.

“El principio de soberanía mineral es un tema de suma importancia para el Brasil; en realidad no queremos restringir a los inversionistas. El tema de la soberanía es como darle voz a los países productores y poder darles un espacio de decisión que sea compartido con los consumidores”, explicó Santos Masil.

Por su parte, tanto Shuichi Hosoda como Guillermo Foscarini coincidieron en que uno de los pasos fundamentales a la hora de hablar de la explotación de minerales es generar un marco legislativo sólido que pueda respaldar cualquier tipo de inversión extranjera, en especial atendiendo la complejidad con la que cuentan los proyectos de extracción y refinamiento de los diferentes recursos.

Ambos disertantes subrayaron el hecho de que los altos costos que representa la minería necesariamente deben verse apoyados en estructuras o empresas que puedan sostener todo el proceso, en especial cuando se habla de un proceso sostenible que genere una verdadera cadena de valor agregado.

Como representante de uno de los países con mayores avances en la minería, como lo es Finlandia, Roy Eriksson argumentó que el primer paso y quizá el más fundamental es contar con un marco regulatorio sólido, con políticas públicas claras y, por sobre todo, con un modelo de país predecible y estable que le permita al inversor mirar al futuro sin grandes cambios.

“Los países de la región deben apuntar a un marco normativo sólido en materia medioambiental, ya que debe haber transparencia en los procesos y certidumbre porque todos deben conocer las políticas del juego”, enfatizó Eriksson.

En la misma tesitura, Julia Torreblanca expresó que dentro de la cultura de trabajo de la empresa a la que representa, se ha arraigado de manera exitosa el poder incluir a la comunidad en los proyectos mineros y enfocar el sistema de trabajo a uno que sea responsable con el medio ambiente.

En el caso particular de la explotación de ciertos minerales, la misma apuntó que trabajan con plantas de tratamiento de agua, ayudando así a las comunidades a acceder a agua limpia y, a la par, volver más efectivos los procesos de extracción con procesos sostenibles a largo plazo, atendiendo que todo recurso es limitado.

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En el primer seminario de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2026, expertos internacionales coincidieron en que los cambios demográficos en América Latina representan tanto un desafío estructural como una oportunidad económica, especialmente si los países logran aumentar la participación laboral femenina y fortalecer sus sistemas de protección social.

Durante el encuentro titulado “Envejecer y crecer: transformando los cambios demográficos en oportunidades”, el economista Santiago Levy, señaló que Paraguay es actualmente el país más joven de América Latina, aunque no está exento del proceso de envejecimiento que atraviesa la región.

Según explicó, una de las principales herramientas para enfrentar ese escenario es incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que permitiría ampliar la base de trabajadores, fortalecer los ingresos de los hogares y generar mayor dinamismo económico. Levy subrayó que ampliar el acceso a servicios de cuidado para niños y adultos mayores sería clave para facilitar esa integración.

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El especialista también advirtió que los sistemas de pensiones en América Latina enfrentan presiones crecientes, y que la sostenibilidad de estos esquemas dependerá en gran medida de la capacidad de las economías para crecer y aumentar el ahorro destinado a la jubilación.

“El envejecimiento es un reto que nos afecta a todos. No podemos afrontarlo si no crecemos económicamente”, enfatizó, al tiempo de destacar la importancia de debatir desde ahora las reformas necesarias para preparar a las economías para este escenario demográfico.

En el panel también participó la exministra francesa de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de las Mujeres, Marisol Touraine, quien destacó el rol del sistema de protección social de Francia como uno de los pilares de bienestar para la población.

Touraine explicó que la protección social no debe entenderse como un conjunto de medidas aisladas, sino como un sistema coherente e integrado de políticas públicas, capaz de responder a las distintas etapas de la vida. En ese sentido, resaltó el enfoque francés en el desarrollo de políticas de cuidado, que comienzan desde el ámbito familiar y se complementan con servicios públicos.

El seminario abrió el ciclo de debates, en el que autoridades, académicos y representantes del sector privado analizan cómo los cambios demográficos impactarán en el crecimiento económico, el mercado laboral y los sistemas de protección social en las próximas décadas.

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