El submarino argentino que implosionó en 2017 con 44 tripulantes estaba en condiciones de navegar, declaró ante el tribunal uno de los exoficiales acusados en el juicio que intenta esclarecer por qué sucedió la mayor tragedia de la Armada, sin certezas de hallar respuesta. El submarino perdió contacto luego de reportar un desperfecto eléctrico y un principio de incendio cuando navegaba de regreso a su base en Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

Los restos de la nave fueron hallados un año después a 900 metros de profundidad y 500 kilómetros de la costa luego de una búsqueda internacional que mantuvo en vilo al país. “El submarino cumplió las normas y los requisitos establecidos. Es falso que no estaba en condiciones de navegar”, afirmó ayer miércoles Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos a cargo del “ARA San Juan”, al declarar ante un tribunal en Río Gallegos, 2.500 km al sur de Buenos Aires.

Villamide es uno de los cuatro exoficiales juzgados en el proceso que comenzó el martes sin la presencia de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. Al igual que los otros acusados, afronta cargos por incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo, con penas de entre 1 a 5 años de prisión.

En la audiencia respondió preguntas del tribunal y de la querella. El jueves el juicio proseguirá con la indagatoria al resto de los acusados. Luego comenzarán a declarar los más de 90 testigos, en un proceso que se estima se extenderá hasta mediados de año.

En la apertura del proceso, la fiscalía expuso que el hundimiento “no se debió a un hecho fortuito, sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad, que hizo posible el naufragio”. Villamide rechaza esta teoría. “El buque estaba en condiciones de navegar en seguridad, contaba con sus cajas de herramientas y manuales necesarios, elementos de seguridad y de escape”, insistió el exoficial destituido por un tribunal de guerra en 2021 debido al caso.

En una extensa exposición técnica, el exoficial admitió que el submarino presentaba una treintena de desperfectos reportados por escrito a lo largo de la cadena de mando, pero que ninguno de ellos le impedía navegar con seguridad.

“Hay cuestiones de las que no habló y son los puntos débiles: cuando hizo el detalle de cómo fueron los llamados de aquella madrugada, no dijo que en dos oportunidades el capitán (del submarino) le preguntó dónde está la flota de superficie. Esa pregunta es importante porque lo que querían saber es cuánto tardaban en llegar”, dijo a la AFP la abogada querellante Valeria Carreras.

La hipótesis de la fiscalía es que el fallo de una válvula de la tubería de refrigeración permitió el ingreso de agua al compartimento de baterías, lo que provocó un incendio y luego la implosión del aparato.

El “ARA San Juan” tenía una restricción de inmersión a 100 metros por tener pruebas pendientes luego de cumplir reparaciones.

Villamide declaró que “está comprobado que la implosión se produjo a los 550 metros de profundidad. Es una prueba de que el buque no se había inundado y el casco y las válvulas estaban en buen estado”, concluyó.

“Las familias de los tripulantes continúan atravesando este proceso con enorme entereza, pero también enfrentando lo que perciben como intentos de minimizar responsabilidades”, expresaron mediante un comunicado.

El abogado defensor del exoficial, Juan Pablo Vigliero, expresó a la AFP que confía “absolutamente en una absolución” de su defendido, al destacar que el juicio carece de pruebas “esenciales” para llegar a una condena.

“Acá murieron 44 personas, se hundió una nave militar del Estado argentino y no hay pericia mecánica, es insólito. El problema es que ahora no se puede hacer porque el submarino quedó a 900 metros de profundidad, sería tan grave como querer reflotar el Titanic”, afirmó.

El defensor señaló que esa circunstancia favorece su estrategia de defensa, y por extensión la de los demás acusados.

“La realidad con toda justicia es que al día de hoy no se sabe qué pasó, por qué se hundió y se fue a pique más allá de una situación de colapso”, dijo.

Las dudas razonables pueden dejar a los familiares con las manos vacías de justicia y respuestas.

El juicio tendrá audiencias cuatro días consecutivos cada dos semanas. Río Gallegos, una de las capitales provinciales menos pobladas de Argentina, alberga el proceso con relativa indiferencia. A las puertas del juzgado una pequeña bandera con los rostros de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia es la única referencia al caso.

Fuente: AFP.

Los fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti se ratifican en la imputación contra el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens.

Los agentes del Ministerio Público consideran que corresponde el proceso por supuesta lesión de confianza y daños a obras construidas, alegando que Wiens habría destruido deliberadamente las obras del proyecto del Metrobús.

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El acta de imputación formulado por los fiscales del caso refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

En la imputación también se señala que antes de la administración de Wiens, el proyecto registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto, se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato.

“Se abandonó la obra de carácter urbano sin precedentes en el país, por lo que el Estado paraguayo, hasta ese momento, ya habría invertido la suma de G. 180.030.528.699, proveniente en su mayor parte de préstamos internacionales, préstamos que a la fecha se encuentran en etapa de amortización y que estimaba beneficiar a aproximadamente 250.000 habitantes”, de acuerdo a los fiscales.

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La justicia argentina abre este martes un juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en 2017 sin que se haya logrado dilucidar cómo ocurrió esa tragedia, la mayor de la Armada en tiempos de paz. Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.

El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires). El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje. Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).

No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.

“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó. Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.

“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983). Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.

Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa. En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.

La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.

Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025. “Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.

El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”. De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.

Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda. La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.

“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra. “Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.

Fuente: AFP.

Las autoridades del condado de Los Ángeles dijeron el jueves que demandaron a la popular plataforma en línea Roblox, bajo el argumento de que expone a los niños a contenido sexual, explotación y predadores virtuales. En una querella presentada en el tribunal superior de Los Ángeles, el condado alegó que la compañía no modera de forma adecuada su contenido y que sus sistemas de verificación etarios no cumplen su propósito.

La acción legal se produce justo cuando avanza también en Los Ángeles un juicio contra los gigantes de las redes sociales, como Facebook, demandados por considerar que sus algoritmos tienen el propósito de provocar adicción, especialmente en adolescentes. “Esta demanda tiene que ver con proteger a los niños de predadores en línea y de contenido inapropiado”, dijo Hilda Solís, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

“Roblox tiene la responsabilidad de mantener a los niños seguros, pero en cambio ha permitido que su plataforma se convierta en un lugar donde los menores pueden estar expuestos al acoso sexual y la explotación”. Roblox afirma que tiene alrededor de 144 millones de usuarios activos al día en todo el mundo, y que más del 40 % de ellos son menores de 13 años.

Los usuarios crean, comparten y juegan a diversos juegos y otras experiencias, chatean entre sí y utilizan avatares personalizables.

La empresa se ha enfrentado desde hace tiempo a acusaciones de que no hace lo suficiente para proteger a los niños de contenido violento y sexual.

Un informe de 2024 de Hindenburg Research la describió como un “Paraíso pedófilo de contenido explícito”, que expone a los niños al acoso sexual y a la pornografía.

Este mes el gobierno de Australia dijo que estaba buscando una reunión urgente con la empresa sobre la seguridad infantil.

La demanda presentada el jueves alega que Roblox no ha moderado adecuadamente el contenido generado por los usuarios, no ha aplicado las restricciones de edad ni ha revelado el alcance del material inapropiado y de los riesgos que representan los depredadores sexuales en la plataforma.

“No se trata de un pequeño fallo de seguridad. Se trata de una empresa que les da a los pedófilos potentes herramientas para cazar a niños inocentes y desprevenidos”, dijo la abogada del condado de Los Ángeles, Dawyn R. Harrison.

En una declaración a la AFP, Roblox rechazó las acusaciones de la demanda y afirmó que la plataforma fue construida “con la seguridad en su núcleo”.

“Contamos con avanzadas medidas de protección que monitorean nuestra plataforma en busca de contenido y comunicaciones dañinas”, dijo un portavoz. La empresa afirmó que actúa con rapidez contra las personas que incumplen sus normas y trabaja con las fuerzas del orden para que rindan cuentas.

Fuente: AFP.