El nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el brasileño Ilan Goldfajn, afirmó el jueves que esta institución debe ser “más eficaz” contra la pobreza y el cambio climático, en su primer discurso en la sede en Washington. “Debemos ser más eficaces para sacar a las personas de la pobreza, reducir todo tipo de desigualdad, abordar el cambio climático, acelerar la productividad y el crecimiento y crear oportunidades económicas para los países miembros”, dijo.
En la región, alrededor de 200 millones de personas son pobres y 60 millones enfrentan hambre. El año pasado, la pobreza extrema probablemente afectó a 82 millones de personas y “hoy la inflación récord está poniendo a prueba a familias que ya estaban al límite”, alertó. Goldfajn prometió que se basará “en datos y pruebas”. Y por ahora no son boyantes.
En 2021 sólo el 53% de los proyectos del BID recibieron una calificación positiva de la Oficina interna de Evaluación y Supervisión. Para mejorar la eficacia propone “asociarse de manera estrecha y creativa con el sector privado para movilizar capital” y lograr un impacto efectivo en el desarrollo.
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“Al final, lo que realmente importa no es solo cuántos préstamos aprobamos o incluso cuánto préstamos. Lo que es primordial es el impacto de desarrollo tangible y mensurable”, dijo, sobre una región que acumula malos resultados. En las últimas dos décadas, la región ha crecido 12 veces menos que los países asiáticos emergentes y en los cinco años anteriores a la pandemia sus economías se contrajeron, cuando prácticamente todas los demás aumentaban su producción, explicó.
La pandemia empeoró aún más las cosas, duplicando los déficits y disparando la deuda pública. Y ahora el contexto financiero internacional ejerce todavía más presión sobre América Latina y el Caribe, donde la inflación se ha disparado. En su discurso Goldfajn “propuso diálogo y colaboración” para dejar atrás un periodo conflictivo bajo el mandato, envuelto en polémica, de su predecesor, el estadounidense Mauricio Claver-Carone, quien fue destituido.
A nivel interno “fomentaremos la confianza y la apertura, una apertura genuina” porque “no es un lugar de intolerancia y polarización”, prometió. Se comprometió asimismo a “aprovechar todas las oportunidades de diálogo” y colaboración para generar consenso”. “En este momento de polarización e incertidumbre global, nuestro futuro no depende de la confrontación, sino de la colaboración”.
Fuente: AFP.
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Infraestructura que transforma: la obra completa es la que mejora vidas
Alonso Chaverri-Suárez, representante del Grupo BID en Paraguay
Hace unas semanas, Asunción reunió a referentes del sector público, empresarial y financiero para debatir sobre infraestructura, competitividad y desarrollo en la Noche de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y en el VI Foro de la Cámara Vial Paraguaya, ambos con el apoyo del Grupo BID. El foco de estos espacios estuvieron unidos por una misma convicción: el desarrollo no ocurre por accidente; se construye.
Cuando hablamos de infraestructura solemos pensar en rutas, puentes, aeropuertos o viviendas. Sin embargo, una obra empieza mucho antes de la primera excavadora y no termina con el corte de cinta inaugural. Comienza con una buena decisión de inversión y alcanza su verdadero propósito cuando un productor llega más rápido a un mercado, una familia accede a agua segura o una persona abre por primera vez la puerta de su casa propia.
Por eso, la infraestructura debe entenderse como una cadena de valor completa. Cada eslabón cuenta: la planificación, el financiamiento, la ejecución, la operación y el mantenimiento. Si uno falla, el resultado pierde impacto. Una ruta construida sin mantenimiento oportuno se deteriora. Un proyecto mal diseñado eleva costos y retrasa beneficios. Una inversión sin una adecuada articulación institucional termina entregando menos valor del esperado.
El Grupo BID estima que el país necesitará alrededor de USD 15.000 millones hacia 2030 para fortalecer su infraestructura de transporte, logística y conectividad. Al mismo tiempo, estudios internacionales señalan que será necesario sostener durante años niveles de inversión superio superiores a los actuales para cerrar las brechas existentes.
Paraguay llega a este momento con activos importantes y unas oportunidades estupendas. La obtención del grado de inversión abre acceso a capital de largo plazo y a condiciones de financiamiento más favorables. Sin embargo, el desafío no es solo invertir más, sino hacerlo sin comprometer la disciplina fiscal que permitió construir esa credibilidad. Ambos objetivos son compatibles.
La clave está en innovar en los mecanismos de financiamiento. La inversión pública seguirá siendo fundamental, pero debe complementarse con financiamiento multilateral, asociaciones público-privadas, concesiones, garantías, mercado de capitales y nuevos instrumentos capaces de movilizar recursos privados e institucionales. Cuanto más amplia sea la base de financiamiento, mayor será la capacidad de sostener inversiones estratégicas sin concentrar toda la presión sobre el presupuesto público.
También es esencial fortalecer la calidad de la preparación de proyectos. Contar con una cartera madura, evaluaciones rigurosas, reglas previsibles, contratos equilibrados y una adecuada distribución de riesgos es lo que convierte una intención de inversión en una obra exitosa.
La misma lógica se aplica a la integración regional. Paraguay, como país sin litoral marítimo, depende de la eficiencia de cadenas que trascienden sus fronteras. Una ruta no termina donde termina el pavimento. Su valor depende también de pasos fronterizos ágiles, servicios logísticos eficientes, procesos digitales y regulaciones regulaciones coordinadas entre países.
En ese contexto -y solo como un ejemplo-el Corredor Bioceánico, en el Chaco paraguayo, representa una oportunidad de cambio. La inversión de USD 200 millones del BID para el Tramo II y conectores permitirá mejorar más de 130 kilómetros de la Ruta PY15 y fortalecer la conexión de una región donde operan más de 7.000 productores.Pero el verdadero impacto llegará cuando esa infraestructura se integre a un sistema logístico que reduzca costos, facilite el comercio y amplíe oportunidades para quienes producen y generan empleo.
Desde el Grupo BID compartimos esta visión. Nuestra Estrategia de País 2025-2029 prioriza inversiones en transporte, energía, agua y saneamiento, y vivienda sostenible. Lo hacemos convencidos de que el Estado y el sector privado no son actores excluyentes, sino socios indispensables. El primero planifica, regula y protege el interés público; el segundo aporta capital, innovación y capacidad de gestión.
Paraguay tiene hoy la oportunidad de convertir su impulso constructor en una transformación duradera. Porque, al final, la mejor infraestructura es aquella que mejora vidas. Y esa es nuestra misión central.
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La formalización de tierras, una llave para reducir la pobreza y dinamizar la economía
La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.
Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.
Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.
“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.
El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.
Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.
Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.
La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.
“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.
El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.
A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.
El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.
En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.
Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.
“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.
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BID destaca avances de Paraguay en el desarrollo del servicio civil
Paraguay alcanzó 48 de 100 puntos en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2026, según el último estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este resultado posiciona al país en un nivel de desarrollo medio y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, consolidando un avance histórico frente a los 40 puntos registrados en 2017 y los 12 obtenidos en 2004.
Como parte esencial de este progreso, el BID destaca la puesta en funcionamiento de la Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, la creación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) y la adopción de herramientas técnicas para planificar el personal público.
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Además, destaca el inicio de la implementación gradual de la nueva carrera administrativa en 12 instituciones piloto, que comprende a unos 12.000 funcionarios públicos.
“Paraguay mejoró de manera sostenida en el desarrollo de su Servicio Civil desde la primera medición, realizada en 2004. En aquel año obtuvo 12 puntos sobre 100; luego subió a 26 puntos en 2013 y a 40 en 2017, llegando ahora a los 48 puntos que le permite subir del nivel bajo al nivel de desarrollo medio, encontrándose por detrás de Costa Rica y Colombia (57 puntos cada uno) y Jamaica (51 puntos). Otros países de la región, ya alcanzan un nivel de desarrollo alto como Chile (73), Brasil (68) y Uruguay (60)”, destaca parte del informe.
Retos para consolidar la reforma
Pese a los progresos, el organismo internacional identificó un total de once desafíos prioritarios para afianzar el nuevo modelo institucional. Entre las principales “tareas pendientes” figura extender la planificación de la fuerza laboral a las instituciones de mayor peso dentro del Poder Ejecutivo, modernizar e integrar los sistemas de información de recursos humanos y ampliar las descripciones y valoraciones de puestos a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de la reforma.
También plantea fortalecer el sistema de directivos públicos y los mecanismos de selección por concurso, implementar el modelo completo de evaluación del desempeño y finalizar el diseño de una escala salarial única, cuya aplicación deberá ser gradual y fiscalmente sostenible.
Asimismo, señala la necesidad de reglamentar los ascensos y las promociones dentro de la carrera administrativa, implementar los planes institucionales de capacitación y extender las encuestas de clima laboral a las distintas dependencias públicas.
Paralelamente señalan que las unidades de gestión y desarrollo de las personas deben estar acompañadas de programas de formación, asistencia técnica y seguimiento de indicadores. A esto se suma la necesidad de institucionalizar un ciclo de monitoreo y evaluación de la reforma, con indicadores clave y mediciones periódicas de resultados.
Servicio público eficiente y premiar el mérito
Durante la presentación del documento, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que la profesionalización “exige funcionarios idóneos y comprometidos con sus cargos” y que el objetivo final es transformar esta profesionalización en “bienes y servicios públicos oportunos y de calidad para la ciudadanía”, acotó.
Por el mismo lado, la viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, valoró el trabajo coordinado con las unidades de gestión humana y señaló que el éxito de la ley dependerá del fortalecimiento de las capacidades operativas.
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El calor causó tres millones de muertes entre 2016 y 2023, según un informe de The Lancet
El calor causó tres millones de muertos entre 2016 y 2023, afirmó un estudio de referencia que reclama declarar el cambio climático una “emergencia sanitaria mundial” y convertirlo en la prioridad de los gobiernos. Publicado por la revista médica británica The Lancet antes de la COP31 de noviembre, esta 10.ª edición del informe asocia a 146 investigadores de 30 países para evaluar las consecuencias del cambio climático en la salud de la población mundial.
“Los efectos perjudiciales del cambio climático sobre la salud avanzan más rápido que la respuesta mundial a esos efectos” y “se aceleran incluso”, estimó Marina Romanello, directora ejecutiva del Lancet Countdown al presentar el informe publicado el miércoles. “Por eso pedimos que el cambio climático sea reconocido como una emergencia sanitaria mundial”, agregó.
Esto, según ella, permitiría a los Estados crear “un dispositivo de intervención de emergencia” como el puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud en caso de pandemia. Esta iniciativa sería “no para reaccionar a una sucesión de emergencias, sino para implementar una respuesta coherente a largo plazo”, explicó.
710.000 decesos en 2023
El informe se centra en el período desde 2016, cuando entró en vigor el Acuerdo de París que buscaba limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a la era preindustrial, y 2023, el último año con datos completos. En este tiempo, el cambio climático ha “causado cerca de 3 millones de muertes relacionadas con el calor” en el mundo.
Solo en 2023, un récord de 710.000 decesos puede asociarse al calor, lo que supera el número de muertos por malaria o VIH. Más de dos tercios de ellos son atribuibles al cambio climático de origen humano, según el estudio. Para calcular esta cifra, los investigadores calculan la diferencia entre los decesos por calor recopilados por los Estados y aquellos que se habrían producido en un escenario estimado de “ausencia de cambio climático”, precisó el profesor Ollie Jay, de la Universidad de Sídney.
“Siempre hay períodos de fuerte calor, pero su intensidad y su frecuencia se ven amplificadas por el cambio climático de origen humano, por eso observamos más muertes de las que habríamos tenido” sin este, explicó. El calentamiento también impacta en la economía mundial al reducir la productividad de los trabajadores. Según los investigadores, en los últimos tres años el coste fue de un billón de dólares al año. Las regiones más afectadas son el sureste de Asia y África, con pérdidas equivalentes al 3,9 % y al 3,2 % de su PIB respectivamente, frente al 0,2 % para Europa y el 1,5 % para el continente americano.
“Progresos reales”
Sin embargo, desde 2016 se han realizado “progresos reales”: 56 de los 194 países miembros de la OMS han adaptado su sistema de salud y se han establecido sistemas de alerta que anticipan los fenómenos extremos. Además, las inversiones en energías limpias alcanzaron los 2,1 billones de dólares en 2025, el doble de lo destinado a los combustibles fósiles.
No obstante, estos siguen representando el 80 % de la energía mundial y causando una contaminación atmosférica que provoca “2,73 millones de muertes al año”. Pero en 77 países donde se ha reducido la contaminación vinculada a las energías fósiles desde 2016, se han evitado unos 323.000 fallecimientos, destaca el informe.
“Un aire más limpio, sistemas de salud más resilientes y dispositivos de alerta (...) salvan vidas en todo el mundo”, afirman sus autores. También creció, hasta multiplicarse por siete, la financiación de la investigación médica relacionada con el clima. Pero el 84 % de los 316 millones de dólares destinados en 2024 fue para investigadores de países ricos, cuando son los países menos desarrollados los más afectados por las amenazas sanitarias vinculadas al clima.
“Demasiado lentos, demasiado modestos”, los esfuerzos realizados “no benefician a quienes más los necesitan”, afirmó Romanello. Y desde hace dos años, “la inestabilidad geopolítica mundial ha relegado a un segundo plano el calentamiento y su impacto en la salud”, justo cuando “la inacción corre el riesgo de exacerbar esa inestabilidad”, lamentó.
Fuente: AFP.