Dos polizones murieron mientras viajaban en el tren de aterrizaje de un avión que cubría la ruta entre Santiago de Chile y Bogotá, informó la aerolínea colombiana Avianca este sábado pasado. “A su llegada al aeropuerto El Dorado personal de la aerolínea halló los cuerpos de dos personas que volaron de forma irregular en el tren de aterrizaje”, indicó la compañía a cargo de la ruta en un comunicado público.
Los cuerpos fueron encontrados en el vuelo AV 116, que aterrizó en Bogotá a las 18:55 del viernes (23:55 GMT), precisó la autoridad aeroportuaria de Colombia. “La Aeronáutica Civil de Colombia estableció comunicación con las autoridades competentes en la República de Chile y en la aerolínea para iniciar las investigaciones”, agregó la entidad. Hasta el momento no se conoce información sobre la identidad de los fallecidos. La prensa colombiana, citando un informe interno de la Fiscalía, indica que se trata de dos hombres jóvenes.
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“Al realizar las verificaciones se encuentra la presencia de dos cuerpos: sujeto 1, ubicado en el tren de aterrizaje derecho y sujeto 2, ubicado en el tren de aterrizaje izquierdo”, ha informado el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) de la Fiscalía colombiana, según recoge el diario El Tiempo.
Personal de la Fiscalía hizo la inspección a los cuerpos sobre las 4:30 de la madrugada y señalaron que, al parecer, son de menores de edad (ambos de sexo masculino) y que el estado de descomposición no era elevado. “El vuelo había llegado procedente de Santiago de Chile”, ha apuntado una fuente judicial citada por El Tiempo.
“Por protocolo y rutina, esos lugares de las aeronaves no se revisan continuamente. En este caso, la aeronave se había revisado hace diez días. No sabemos si murieron en el vuelo de ida a Chile o en el de regreso. El dictamen forense lo establecerá”, han explicado otras fuentes.
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Fuente: AFP/Europa Press.
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EE. UU. canceló visas a altos funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.
“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.
“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.
Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.
Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.
Los sancionados
El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.
También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.
El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.
Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.
“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.
Fuente: AFP.
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Argentina monitorea lazos entre Chile y las islas Malvinas para frenar aval logístico
Argentina monitorea las negociaciones en curso entre empresarios chilenos y de las islas Malvinas, pero confía en que Santiago cumpla compromisos previos y no provea apoyo logístico para explotar recursos naturales en el archipiélago, dijo el martes el canciller Pablo Quirno. “Estamos monitoreando la situación. Tenemos acuerdos vigentes con Chile y obviamente esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos”, dijo Quirno a Radio La Red.
Empresarios del archipiélago a 500 km de la costa continental argentina participan desde el lunes en la ciudad de Punta Arenas, en el sur de Chile, en una ronda de negocios para relanzar una ruta marítima entre esa urbe y Malvinas. Argentina reclama la soberanía de las islas y busca impedir que países vecinos presten apoyo logístico a la explotación de recursos naturales en Malvinas, en particular al proyecto petrolero llamado “Sea Lion”.
Ese proyecto, de la británica Rockhopper y la israelí Navitas, prevé comenzar a producir petróleo en 2028 en aguas próximas al archipiélago, bajo control de Reino Unido desde 1833. Quirno se refirió a una reunión reciente en Santiago entre el presidente chileno José Antonio Kast y su par argentino, Javier Milei, tras la cual Kast reiteró su respaldo a “los legítimos derechos de soberanía” de su vecino.
“No tenemos por qué dudar de la palabra y de lo escrito por nuestros gobiernos”, dijo Quirno.
La nueva ruta marítima entre Punta Arenas y Malvinas comenzaría a operar entre noviembre y diciembre. Una funcionaria del archipiélago dijo el lunes a la AFP que se destinará a transportar materiales de construcción y alimentos al archipiélago de 3.600 habitantes y que no está relacionada con el proyecto “Sea Lion”.
El reclamo por la soberanía de las Malvinas es un tema central de la identidad de los argentinos, que perdieron en 1982 una guerra contra Reino Unido tras intentar recuperar las islas.
Milei dio el lunes a Londres un plazo de dos semanas para frenar la explotación, de lo contrario Argentina recurrirá a un arbitraje internacional.
“Claramente lo que nosotros queremos hacer es impedir la exploración de recursos no renovables en Malvinas mientras la cuestión de fondo sigue sin resolverse”, dijo Quirno al medio Infobae.
Milei envió también al Congreso un proyecto de ley que endurece las sanciones por la explotación de recursos naturales en las islas y una jueza argentina ordenó la suspensión del proyecto a partir de un pedido de excombatientes y abogados ambientalistas.
Londres insiste en el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y respalda a las empresas involucradas.
Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre ambos países e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio, una medida que según Buenos Aires los británicos no cumplen.
Fuente: AFP.
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Colombia pretende construir diez megacárceles al estilo del modelo Bukele
Colombia dispondrá de una megacárcel para los criminales más peligrosos del país al estilo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, dijo el martes a la AFP una fuente de una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. El presidente derechista Abelardo de la Espriella, en el poder desde agosto, pretende construir diez megacárceles en zonas remotas del país durante su mandato de cuatro años.
El penal llamado Renacer está “en medio de la nada” en el Magdalena (norte), lejos del mar Caribe, y tendrá capacidad para 1.974 presos que estarán en total aislamiento, explicó a la AFP una fuente de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Su construcción se inició durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), pero quedó paralizada por falta de fondos.
Va en un “88 % de construcción” y será inaugurada “en el menor tiempo posible”, señaló el funcionario. De la Espriella lleva a cabo una guerra frontal contra las poderosas mafias del país, a las que ofrece “cárcel o tumba”. Quiere que los recónditos centros de reclusión no tengan acceso a señal telefónica ni internet y que estén custodiados por una división especial del Ejército.
Quiero “que no llegue ni la señal de la Santa Cruz”, dijo en campaña el derechista, que hace frecuentes alusiones religiosas. El costo de la megacárcel asciende hasta el momento a 291.000 millones de pesos colombianos (unos 87 millones de dólares).
“La directriz del presidente De la Espriella fue: necesitamos que reactiven eso ya”, añadió el funcionario del USPEC.
Imágenes compartidas por el organismo muestran enormes pabellones que recuerdan a la famosa prisión salvadoreña CECOT en un espacio de 22 hectáreas.
También celdas con pequeñas camas, pegadas a los baños.
El modelo carcelario de Bukele, criticado por abusos a los derechos humanos y dignidad de los reclusos, también ha sido bandera de líderes derechistas en la región como Daniel Noboa en Ecuador o Keiko Fujimori en Perú.
En agosto, De la Espriella también pidió recluir a los presos más peligrosos en buques en medio del mar, un proyecto que avanza la Armada colombiana.
La alcaldía de Medellín, la segunda ciudad del país, avanza otro penal de máxima seguridad con capacidad para 1.300 personas.
Fuente: AFP.
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Militares y policías de Perú se enfrentan con disidentes de las FARC en frontera con Colombia
Militares y policías de Perú se enfrentaron a miembros del grupo armado Comandos de la Frontera, conformado por disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC, en una zona fronteriza con Colombia, informó el gobierno peruano.
El fuego cruzado se produjo en un pequeño centro poblado de la región de Putumayo, en el noreste peruano, luego de que el grupo fuera ubicado tras labores de inteligencia.
El enfrentamiento, de cuya fecha no informan las autoridades, “obligó a los criminales a huir”, según un comunicado del Ministerio de Defensa. Tres de ellos cayeron al río Yaricaya.
“Las condiciones de seguridad, así como la profundidad y el caudal del río, imposibilitaron las labores de búsqueda de los cuerpos”, señalaron las autoridades.
Las fuerzas de seguridad peruanas retomaron el control de la zona donde encontraron un fusil M16 con cargadores, dos pistolas, una granada de guerra y municiones.
También se incautaron “equipos ligeros de combate, uniformes tipo ejército de Colombia, mantas de camuflaje, medicamentos y herramientas”, según la institución.
El ministerio indicó que la operación “Zancudo” de las fuerzas combinadas tenía por objetivo el control territorial de la zona fronteriza y garantizar la seguridad de la población local.
Comandos de la Frontera es uno de los grupos disidentes de la disuelta guerrilla marxista FARC, que dejó de existir a mediados de la década pasada al entregar sus armas al gobierno colombiano, con el que firmó un acuerdo de paz.
El viernes pasado el recientemente asumido gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, extraditó a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas, capturado jefe de los Comandos de la Frontera.
Entre el 21 y 25 de setiembre, las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia se reunieron en Lima para firmar acuerdos de seguridad y cooperación fronteriza.
- Fuente: AFP