El “estado de excepción” implementado en Honduras en diciembre para enfrentar a las pandillas fue ampliado por 45 días y extendido a más municipios ante los “buenos resultados”, informaron el sábado autoridades. “Ante buenos resultados, gobierno de la presidenta Xiomara Castro extiende por 45 días más el estado de excepción”, anunció en Twitter la Secretaría de Prensa de Honduras.
Castro impuso el pasado 6 de diciembre la medida para enfrentar a los pandilleros, principalmente de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que aterrorizan las barriadas pobres, desplegando a miles de policías para las operaciones de seguridad. El “estado de excepción” seguirá rigiendo en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, y se sumarán distritos de otros 73 municipios de Honduras, un país de 10 millones de habitantes.
“Diferentes patrullajes se llevan a cabo en diferentes zonas de la capital, todo con el objetivo de salvaguardar y evitar la comisión de faltas y delitos”, tuiteó por su lado la Policía Nacional de Honduras, al señalar que daba cumplimiento a la ampliación de la medida.
El “estado de excepción” fue aprobado por Castro “en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados” y resolvió “suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República”.
La orden faculta a los policías a “detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes”. La presidenta destacó en esa oportunidad que la ofensiva se enfoca sobre todo en combatir los extorsionistas, “una de las principales causas de la migración y del cierre de medianos y pequeños negocios”, especialmente los transportistas.
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En un informe presentado el primer día del año, la Secretaría de Seguridad señaló que Honduras cerró 2022 con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100.000 habitantes, la más baja en 16 años en uno de los países más violentos del mundo.
El informe, que atribuye la reducción a la implementación de “nuevas estrategias” de seguridad, indicó que 1.371 miembros de pandillas fueron capturados el año pasado, además de 307 bandas criminales desarticuladas dedicadas a la venta de droga, extorsión y otros delitos que inciden en la violencia criminal.
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Fuente: AFP
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Bukele respondió a ministro de Honduras que cuestionó su modelo de seguridad
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó este domingo al recién nombrado ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, por “defender los derechos humanos” de “criminales” y advirtió que, con esa postura, “miles de hondureños morirán”.
Bukele declaró la “guerra” a las pandillas en marzo de 2022 amparado en un régimen de excepción, una política criticada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch porque permite arrestos masivos sin orden judicial.
El mandatario salvadoreño compartió en el red social X un video en el que Velásquez asegura que el modelo de seguridad de Bukele es objeto de “mucho estudio” y “no es una receta para replicar exactamente en todos los países”.
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“Tiene (Bukele) un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos”, explicó el ministro.
Seguridad
“Escuchar al nuevo ministro de Seguridad (de Honduras) defender los ‘derechos humanos’ de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, señaló Bukele. El gobernante dijo que los hondureños esperan que el nuevo gobierno de Nasry Asfura, que asumió el 27 de enero para un mandato de cuatro años, “haga algo por la seguridad”.
Honduras es azotado por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Trump, que también tienen presencia en Estados Unidos, El Salvador y Guatemala.
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El Salvador tras arrinconar a las pandillas cerró 2025 con una tasa de homicidios 1,3 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja desde que lleva registros. Asfura tiene entre sus principales objetivos frenar las extorsiones en el país, que tiene una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Fuente: AFP
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Asfura, aliado de Trump, asume presidencia de Honduras y promete lucha frontal contra inseguridad
El conservador Nasry Asfura, aliado de Donald Trump, asumió este martes la presidencia de Honduras con la promesa de combatir “de frente” la inseguridad en el país más violento y empobrecido de Centroamérica.
Su llegada al poder pasa página a cuatro años de gobierno de izquierda y asegura al presidente estadounidense un aliado más en Latinoamérica tras el avance de la derecha en Chile, Bolivia, Perú y Argentina.
“Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso”, dijo Asfura, de 67 años, al prestar juramento en una austera ceremonia en el Congreso.
El mandatario plantea reforzar la presencia policial en zonas conflictivas para lograr control territorial y aplicar un plan antiextorsión.
Honduras es azotado por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Trump y con presencia además en Estados Unidos, El Salvador y Guatemala.
Asfura ha anticipado que pondrá fin a un estado de excepción declarado por su antecesora, Xiomara Castro, semejante al que sustenta la guerra antipandillas de su par salvadoreño, Nayib Bukele, y criticado por oenegés de derechos humanos.
Con el principal bloque legislativo, pero insuficiente para ser mayoría, el mandatario pidió apoyo a su agenda, sin detallar los proyectos.
“Para mí (...) no existen diferencias ni colores políticos, no existen ideologías que nos vayan a dividir”, afirmó Asfura, quien ganó la presidencia por ínfimo margen y en medio de denuncias de fraude y la intervención del presidente estadounidense.
“Nuevo capítulo” con EE. UU.
Trump amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no ganaba su apadrinado, quien este martes dijo que tiene que “hablar varios temas” con su homólogo estadounidense, al evadir una pregunta de la prensa sobre si le pedirá detener las deportaciones de migrantes.
Su llegada al poder marca “el inicio de un nuevo capítulo en la relación” bilateral, señaló en X la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, Colleen Hoey.
En Honduras, donde la pobreza lacera al 60 % de sus 11 millones de habitantes, las remesas de los dos millones de migrantes que viven en Estados Unidos, la mayoría sin papeles, representan un tercio de su PIB.
“Tito” Asfura o “Papi a la orden”, como se le conoce popularmente, pretende que Estados Unidos restituya el estatus de protección temporal (TPS) que beneficia a unos 60.000 hondureños en ese país.
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De raíces palestinas, el mandatario ya se entrevistó en Washington hace dos semanas con el secretario de Estado, Marco Rubio, y luego visitó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
En la cita con Rubio se discutió sobre una mayor cooperación en seguridad, una de las obsesiones de Trump con respecto a Latinoamérica, junto con lucha contra la inmigración ilegal.
En el pulso EEUU y China
Estados Unidos es el destino del 60 % de las exportaciones de Honduras y, tras la cita con Rubio, se anunció que ambos países proyectan negociar un acuerdo de libre comercio.
En medio del pulso entre Washington y Pekín, Asfura evaluará retomar los vínculos con Taiwán. Honduras entabló relaciones con China en 2023 bajo el anterior gobierno de la izquierdista Xiomara Castro.
En varias ocasiones dijo a la prensa que analizaría los compromisos adquiridos con China y que habría que redefinir las relaciones, sin decir explícitamente si romperá con Pekín.
“En 2024 (...) lo que le compramos (a China) está cerca de los 3.000 millones de dólares” y Honduras no llega a venderles “ni 40 millones”, comentó a AFP la economista Liliana Castillo.
Este martes reiteró que busca atraer inversión extranjera, desarrollar infraestructuras y recortar el gasto en este país cuya deuda pública representa el 45 % del PIB, según cifras oficiales.
“¡Honduras, no te voy a fallar. Vamos a estar bien!”, exclamó Asfura ante la prensa al abandonar el Congreso.
Washington ha dicho que espera afianzar la cooperación en seguridad con Honduras, aunque poco antes de los comicios indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, copartidario de Asfura y quien purgaba en Estados Unidos 45 años de cárcel por narcotráfico.
- Fuente: AFP
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Nasry Asfura asume este martes la presidencia de Honduras
El conservador Nasry Asfura asume este martes la presidencia de Honduras con una agenda ligada a Estados Unidos, lo que puede afectar su relación con China, para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad del país más empobrecido y violento de Centroamérica. Su llegada al poder con el apoyo de Donald Trump pasa página a cuatro años de gobierno de izquierda y asegura al mandatario republicano un aliado más en Latinoamérica tras el avance de la derecha en Chile, Bolivia, Perú y Argentina.
Asfura, de 67 años, asumirá el mando en una austera ceremonia en la sede del Congreso, luego de una reñida elección marcada por denuncias de fraude de sus adversarios y la amenaza de Trump de recortar la ayuda al país si no ganaba su apadrinado. Agradecido por ese respaldo, el exalcalde y empresario de la construcción, de raíces palestinas, viajó a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, y luego visitó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
“Tenemos que estrechar relaciones con nuestro socio comercial más importante”, dice Asfura, proclamado ganador de los comicios del 30 de noviembre por estrecho margen tras un tenso recuento de votos que duró poco más de tres semanas.
China a revisión
Estados Unidos es el destino del 60 % de las exportaciones de Honduras, y tras la cita con Rubio de hace dos semanas se anunció que ambos países proyectan negociar un acuerdo de libre comercio.
“En 2024 (...) lo que le compramos [a China] está cerca de los 3.000 millones de dólares” y Honduras no llega a venderles “ni 40 millones”, comentó a la AFP la economista Liliana Castillo.
En medio del pulso entre Washington y Pekín, Asfura evaluará retomar los vínculos con Taiwán, Honduras entabló relaciones con China en 2023 bajo el saliente gobierno de la izquierdista Xiomara Castro.
“Hay que analizar los compromisos (firmados con China), qué es lo mejor para Honduras, y ahí buscaremos las mejores decisiones”, declaró a CNN.
Dependencia de EE. UU.
Honduras, donde la pobreza lacera al 60 % de sus 11 millones de habitantes, también depende de Estados Unidos porque las remesas de los dos millones de migrantes que viven allí, la mayoría sin papeles, representan un tercio de su PIB.
Pese a que Trump está empeñado en erradicar la migración ilegal, Asfura pretende que restituya el estatus de protección temporal (TPS) que beneficia a unos 60.000 hondureños.
“¿Qué significa buena relación con Estados Unidos? Eliminar los aranceles y ampliar el TPS”, opinó Karim Qubain, líder de una cámara que agrupa a unas 4.000 empresas.
“Tito” Asfura o “Papi a la orden”, como se le conoce popularmente, promete atraer inversión extranjera, desarrollar infraestructuras y recortar el gasto en este país cuya deuda pública representa el 45 % del PIB, según cifras oficiales.
“De frente contra los mareros”
Washington ha dicho que espera afianzar la cooperación en seguridad con Honduras, aunque poco antes de los comicios indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, copartidario de Asfura y quien purgaba en Estados Unidos 45 años de cárcel por narcotráfico.
Asfura tiene el enorme desafío de enfrentar el narcotráfico enquistado en las más altas esferas de poder, y a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos.
Aunque los homicidios han bajado, Honduras tiene una tasa de 23 asesinatos por 100.000 habitantes y las pandillas extorsionan a grandes y pequeños negocios.
“Y si uno no paga lo matan. ‘Papi’ tiene que irse de frente contra los mareros (pandilleros)”, dijo a la AFP Daniel Santos, taxista de 64 años, en Tegucigalpa.
Aunque no ha dicho cómo encarará la criminalidad, Asfura anticipó que “no se va a renovar” el estado de excepción que impuso Castro, similar al de la guerra antipandillas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, criticado por grupos de derechos humanos.
Como candidato y presidente electo, ha mostrado pragmatismo.
Se ha desmarcado del expresidente Hernández e invocó la “paz de la región” para justificar una llamada telefónica con el presidente nicaragüense Daniel Ortega, a quien Washington llama “dictador”. También restó importancia al hecho de que no fue felicitado por Bukele, uno de los principales aliados de Trump. “Tendrá sus razones”, dijo sonriente.
Fuente: AFP.
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Guatemala: vinculan escalada pandillera con nexos políticos y deficiencias carcelarias
La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala puso al descubierto las fragilidades del aparato de seguridad, pero también un presunto complot contra el gobierno para blindar una denunciada alianza entre políticos y criminales. El asesinato de diez policías el fin de semana en represalia por la ocupación de tres cárceles donde pandilleros habían tomado a decenas rehenes llevó al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, solo superado por el estado de guerra.
Hay “cero control” sobre el sistema penitenciario, asegura el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, quien cuestiona que los servicios de inteligencia no hubieran anticipado los ataques. La ofensiva criminal “no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales”, sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
Sandoval fue destituido por la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga del presidente Arévalo y sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, bajo acusaciones de solapar la corrupción. Mencionada asiduamente por el gobierno y oenegés como parte del entramado que supuestamente protege a los delincuentes, la fiscal debe ser sustituida en mayo por el mandatario. Porras intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años con argucias legales.
Punto de quiebre
La ola de violencia de la pandilla Barrio 18 -considerada terrorista por Guatemala y Estados Unidos- se remonta a julio pasado cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, pues seguían ordenando asesinatos, vendiendo drogas y extorsionando, según el gobierno.
Tras una serie de motines, una veintena de integrantes de esa banda escaparon en octubre de otra cárcel en medio de denuncias de complicidad por parte de las autoridades, lo que provocó una crisis que terminó en la destitución del ministro de Gobernación (Interior) y otros funcionarios.
Lo del fin de semana “ya estaba programado como parte del plan” para “deslegitimar” al gobierno, sostiene el exfiscal Solórzano.
El motín en el penal Renovación I fue liderado por Aldo Dupie, alias “El Lobo”, quien exigía ser enviado a una cárcel con menor seguridad y más comodidades como aire acondicionado, una cama grande y servicio de restaurante a domicilio, según el gobierno.
Tras ser sometido, fue presentado públicamente arrodillado, con esposas y manchas de sangre, entonces se desataron los atentados.
“Sacar” al presidente
Este pico de violencia se produce en la antesala del cambio de fiscal general así como de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial que en los últimos años ha sido señalada de actuar en favor de redes de corrupción. Es un “mensaje” contra Arévalo por parte de “opositores políticos”, afirma el exfiscal Sandoval.
“Barrio 18 se siente protegido hoy por Consuelo Porras (...). Quieren sacar a Bernardo del poder”, opina a su vez Solórzano, quien no obstante crítica la política de seguridad de Arévalo, un diplomático e intelectual de 67 años. Después de dos años de gobierno, “ya no valen excusas”, dice.
Condenado por varios homicidios, alias “El Lobo” tiene una relación sentimental con una sobrina de la dirigente opositora Sandra Torres, una exprimera dama quien ha perdido las últimas tres elecciones presidenciales en segunda vuelta.
Barrio 18 y sus enemigos de la Mara Salvatrucha son dos poderosas mafias que operan además en Estados Unidos, Honduras y El Salvador, donde han sido sometidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele con una estrategia de mano dura señalada de violación de derechos humanos y supuestos pactos con un sector de la criminalidad, lo que el mandatario niega.
La fiscal Porras, que rechaza tener tratos con criminales, aprovechó sin embargo los episodios de violencia para atacar a Arévalo. “Sea serio, presidente, asuma su responsabilidad y póngase a trabajar”, dijo el miércoles a la prensa.
Riesgo de nuevos ataques
Arévalo, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos, anticipó el miércoles que los ataques no van a cesar, pues es una reacción de las “élites políticas criminales” que temen perder el control de un sistema donde trafican corrupción, impunidad y “negocios turbios”.
“Nos están preparando para legitimar la mano dura” de cara a las elecciones generales de 2027, estima el fiscal Solórzano. Con un agravante, pues según dijo a la AFP el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el poder económico de las pandillas les permite financiar “campañas o impulsar a sus propios candidatos”.
Fuente: AFP.