La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó el miércoles pasado parte de su gabinete, mientras intenta salir de una crisis tras la destitución de su antecesor de izquierda, que también ha generado un roce diplomático con México. Como presidente del Consejo de Ministros (llamado en Perú primer ministro) asumió el abogado Alberto Otárola en lugar de Pedro Angulo. Se trata del segundo jefe de gabinete en dos semanas de gestión de Boluarte y el séptimo en año y medio.

Otárola se desempeñaba hasta ahora como titular de Defensa y fue una de las cabezas visibles del gobierno para afrontar con mano dura la crisis y protestas generada tras el autogolpe de Estado fallido y posterior destitución de Pedro Castillo. Bajo la gestión de Otárola al frente de Defensa -cuyo nuevo ministro es el militar en retiro Jorge Chávez- se declaró un estado de emergencia en Perú, que permitió a las Fuerzas Armadas intervenir en el control de las protestas que respaldaban a Castillo.

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El 7 de diciembre, Castillo, un profesor rural de origen humilde, intentó cerrar el Congreso, pero no tuvo respaldo institucional y fue detenido bajo cargos de rebelión. Asumió la presidencia su vice, Boluarte. Los partidarios de Castillo, sobre todo en poblaciones andinas, desataron protestas que fueron contenidas por las fuerzas de seguridad, con un saldo de 22 fallecidos hasta la fecha, según un último reporte de la Defensoría del Pueblo de este miércoles último.

Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó el martes avanzar los comicios generales del 2026 para abril del 2024. Boluarte deberá entregar el mando a su sucesor en julio de ese año. “La confrontación y polarización le hicieron mucho daño al país, necesitamos voltear esta página para dedicarnos a trabajar”, dijo la presidenta este miércoles, durante una ceremonia policial.

En medio de la crisis, México, que respalda a Castillo y lo considera una víctima de los poderes políticos y económicos peruanos, recibió este miércoles como asilados a la esposa y los dos hijos del exmandatario peruano. Perú les concedió el permiso de salida (salvoconducto), argumentando que se acogía a normas diplomáticas internacionales.

Para el gobierno de Boluarte, los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación peruana constituyen una injerencia en los asuntos internos, por lo que pidió el martes al embajador mexicano en Lima abandonar el país. Este miércoles, AMLO descartó que, de su lado, vayan a romper relaciones con Perú.

La cancillería peruana resaltó que en su país “no existe persecución política”, y recordó que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, es investigada por la Fiscalía por presunta corrupción en un caso que involucra a su esposo. Además de México, los gobiernos de Argentina, Bolivia y Colombia también habían mostrado su respaldo a Castillo. Ello llevó al Perú a llamar a consulta a sus embajadores en esos cuatro países.

El ministro Otárola, con experiencia política, se desempeñó también como abogado de Boluarte cuando ella era vicepresidenta y enfrentaba una investigación en el Parlamento por una presunta infracción a la constitución, de la que salió librada. Las manifestaciones tras el arresto de Castillo sacudieron el país, con bloqueos de carreteras e interrupciones de varios aeropuertos. Miles de turistas estuvieron varados y la famosa ciudadela inca Machu Picchu estuvo cerrada. Sin embargo, este atractivo turístico ya recibe nuevamente visitantes.

“Felizmente que se ha restablecido el transporte en los aeropuertos y en las principales vías. Algunas todavía permanecen tomadas y la invocación a la población es que cesen con esta actitud de violencia extrema que felizmente ha menguado”, dijo el miércoles Otárola, en conferencia de prensa.

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En el sur del país, bastión electoral de Castillo y donde las manifestaciones que lo respaldan han sido más intensas, la fecha de adelanto de elecciones no los dejó contentos. “No estoy de acuerdo (con 2024), se debía hacer las elecciones en el 2023, en abril”, aseguró a la AFP Senayda Rivas, una agente turística de 40 años, en Cusco, capital turística del país. “Yo quiero que el Congreso y todos se vayan y que entre gente nueva” al parlamento y la presidencia, agrega.

“No estoy conforme, es demasiado largo el 2024, debería ser más adelantado”, alegó Toribio Bolaños, artista plástico de 66 años. “Se tiene que cerrar el Congreso, no sé qué esperan. ¿Cuántos muertos más quieren?”, sostuvo. “Acá estamos viviendo una traición y una dictadura”, dijo Bolaños sobre el ascenso a la presidencia de Boluarte. Para Francisco Chinotaipe, un vendedor ambulante de 55 años, las manifestaciones “están reprimiendo más que todo a los indígenas”.

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, destituido y preso tras un fallido intento de autogolpe de Estado, se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas en una cárcel de Lima, dijo el viernes la Defensoría del Pueblo.

“Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en el Código de Ejecución Penal”, informó en Twitter la defensoría, quien entró a la prisiónjuev junto a un equipo de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Según el Instituto Nacional Penitenciario, el encuentro entre Castillo y las delegaciones se realizó en privado el jueves por la mañana.

El jefe del Programa de Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, dijo a la AFP que Castillo les manifestó que se encuentra “en una situación estable (...) Sin ninguna complicación en la parte física”. Fernández detalló que la celda de Castillo tiene un área para dormir y una sala, donde puede recibir la visitas. Se trata de una celda propia, sin restricciones de salida a un patio privado, donde puede realizar actividades o un taller.

Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital. La prisión cuenta con tres celdas separadas. Una de ellas ya está ocupada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena por crímenes de corrupción y lesa humanidad. La tercera está vacía.

Castillo es investigado por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido intento de dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, y su posterior destitución por parte del Congreso. La delegación de la CIDH está en Perú en el marco de una visita de trabajo que investiga las violentas protestas que dejaron al menos 22 muertos desde la caída de Castillo.

Castillo intentó cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero no tuvo respaldo institucional. La policía detuvo al exmandatario horas después de su destitución cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.

El jueves, a través de la cuenta de Twitter del exmandatario, su abogado, Wilfredo Robles, había escrito que “solicitó una reunión” entre su defendido y la misión CIDH que desde el lunes se encuentra en el país. En la publicación se difundió también un mensaje de Castillo, quien aseguró estar “privado arbitrariamente” de sus derechos. Lilia Paredes, esposa del expresidente y asilada en México desde el miércoles, pidió en Twitter “especial atención” a la salud de su esposo.

Los familiares de Castillo fueron recibidos la tarde del jueves por la delegación de la CIDH en un hotel de Lima. “Se está cometiendo una injusticia. Que haya justicia y que sea muy transparente para todos”, dijo al salir de la reunión Vilma Vásquez, sobrina del expresidente. La misión de la CIDH se reunió también con autoridades de Ayacucho (sur), donde fallecieron al menos 10 personas en enfrentamientos con militares. Otro grupo visitó Lima y Cusco (sureste).

En su visita a Perú, conversaron también con “organizaciones, movimientos sociales y personas líderes de pueblos indígenas para recibir información sobre las protestas y el contexto de la crisis institucional”, dijo en redes sociales la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según la Defensoría del Pueblo, al menos 22 personas han fallecido y más de 600 resultaron heridas en enfrentamientos entre partidarios del izquierdista Castillo y las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó el martes avanzar los comicios generales del 2026 a abril del 2024. En un comunicado este jueves, Human Rights Watch pidió a las autoridades de Perú “realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes” sobre el “asesinato” de manifestantes.

Fuente: AFP.