El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se enfrenta a una de las crisis políticas más graves desde el inicio de la invasión rusa, ante la oleada de protestas en todo el país contra la destitución de un ministro de Defensa reformista.

Las manifestaciones, en su quinto día este lunes, fueron desencadenadas por la destitución de Mijailo Fédorov, popular ministro de Defensa cesado durante una reorganización del Gobierno tras enfrentarse repetidamente con el alto mando militar.

Desde la semana pasada, cientos de personas se han concentrado en la capital, Kiev, con pancartas improvisadas de cartón y entonando el himno nacional de Ucrania, pese a que Rusia continúa lanzando ataques aéreos nocturnos.

“Esto continuará el tiempo que sea necesario; terminará cuando nuestro presidente nos dé una respuesta”, declaró a la AFP Irina Kostiuk.

En Kiev, la indignación de los jóvenes manifestantes no parece que vaya a remitir pronto, y Zelenski intenta encontrar una solución que satisfaga a todas las partes y evite divisiones en plena invasión rusa.

Desde hace varios días, el mandatario mantiene reuniones con sus principales asesores y con la cúpula militar.

Según medios ucranianos y analistas, sobre la mesa figuran la posible reincorporación de Férodov y el futuro del comandante en jefe de las fuerzas armadas, Oleksandr Sirski.

Un portavoz de la Presidencia indicó que no se espera una decisión este lunes.

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Fédorov afirmó la semana pasada que sus desavenencias con Sirski habían motivado su salida, ya que este último habría planteado un ultimátum a Zelenski para destituirlo.

“La situación es, sin duda, grave... estamos viendo cómo la lista de demandas sigue creciendo”, afirmó Oleksandr Salizhenko, experto del movimiento cívico Chesno.

Las primeras concentraciones surgieron espontáneamente el jueves por la mañana en apoyo a Fédorov, joven ministro de 35 años experto en tecnología, cuyos esfuerzos por modernizar las Fuerzas Armadas lo enfrentaron con frecuencia al estamento militar.

El subcomandante de la Fuerza Aérea presentó su dimisión en apoyo a Fédorov, y otro alto mando militar, Mijailo Drapati, también criticó la decisión.

A su vez, Fédorov pidió la destitución de Sirski, y sus partidarios comenzaron a movilizarse en las redes sociales y en las calles, coreando cada vez con más fuerza: “¡Fuera Sirski!”.

“Sirski es un carnicero... Prefiere combatir con soldados que con drones”, afirmó una de las manifestantes, Viktoria Osipenko.

Según el analista Anatoli Oktisiuk, Sirski “se convirtió en rehén de la situación” y, cuanto más tiempo lo mantenga Zelenski en su cargo, “más profundo será el conflicto social y político”.

Solomiia Bobrovska, diputada de la oposición e integrante de la comisión parlamentaria de Defensa, señaló que continúan las reuniones para debatir la sustitución de Sirski, pero advirtió de que la situación evoluciona con rapidez.

En los últimos días, Zelenski ha encadenado reuniones con la cúpula militar e hizo un llamamiento a la “unidad”.

“Está buscando una solución que refleje un cambio en el liderazgo militar, pero que mantenga rasgos similares a los de Sirski: lealtad, ausencia de ambiciones políticas y respeto dentro de las Fuerzas Armadas”, explicó el analista político Volodimir Fesenko.

La presión sobre el presidente se ve agravada por el creciente malestar entre algunos mandos militares.

“Resulta especialmente doloroso escuchar juicios tajantes de personas que nunca dieron órdenes de combate ni asumieron la responsabilidad por la vida de los soldados”, declaró el comandante Oleg Apostol.

Incluso si se alcanza un compromiso sobre el futuro del jefe del Ejército, el destino de Fédorov sigue siendo una cuestión espinosa.

La crisis convirtió a Fédorov en un símbolo para los manifestantes y en una figura de referencia para quienes reclaman reformas en las Fuerzas Armadas.

“La situación en las calles está empezando a volverse preocupante”, afirmó la diputada Solomiia Bobrovska. “El presidente y Fédorov tienen que encontrar una manera de resolver esto juntos”.

Fuente: AFP

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A metros de un regimiento militar donde soldados montan guardia, decenas de cocaleros acampan en protesta pese a que rige un estado de excepción que lo prohíbe: en el Chapare boliviano, los movimientos sociales le disputan el control territorial al gobierno. En esta región selvática y pobre del centro de Bolivia se refugia el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y protegido por pobladores que desde hace semanas conforman el núcleo más duro de manifestaciones contra el actual mandatario de derecha Rodrigo Paz.

El izquierdista Morales anunció la última semana de junio una tregua en los cortes de rutas que desabastecieron de alimentos y combustibles por casi dos meses a ciudades bolivianas, en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas. Pero los manifestantes permanecen en vigilia a la vera de las precarias carreteras del Trópico de Cochabamba, conocido como Chapare y de unos 260.000 habitantes, listos para volver a la acción.

Protegidos del sol bajo toldos de lona y provistos de montañas de piedras para frenar el tránsito, estos trabajadores de la hoja de coca -principal motor productivo de la región- muestran carteles exigiendo la renuncia de Paz y reciben aliento de vecinos de la zona. “La lucha sigue hasta que se vaya este maldito gobierno”, dice a la AFP Rosalía Vilca, de 39 años, mientras vende el plato típico “salchipapa” en la plaza del municipio de Shinahota.

“Que Paz venga si es machito, aquí nos vamos a alzar para cuidar al Evito porque con él hemos vivido 14 años de felicidad”, agrega, frente a una amenaza del gobierno de intervenir en el Chapare para capturar al exmandatario (2006-2019).

Sobre Morales, exsindicalista cocalero y primer presidente indígena de Bolivia, pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de menor, que él denuncia como persecución. La Fiscalía lo acusa por una supuesta relación con una adolescente de 15 años con la que habría tenido una hija cuando gobernaba, con el consentimiento de los padres a cambio de beneficios.

La coca es omnipresente en el Chapare, desde cultivos en comunidades rurales de acceso vedado para extraños hasta tramos de rutas ocupados para el secado artesanal de la cosecha al sol. La planta es la materia prima de la cocaína. Más del 90 % de lo que se produce en la región no pasa por el mercado autorizado, según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos, aunque no necesariamente todo va al narcotráfico.

Los pobladores defienden su producción para usos heredados de costumbres milenarias de pueblos indígenas, como el “chasqueo”: mascado de coca para mitigar el cansancio, hambre y frío.

“En las ciudades dicen que los chapareños somos narcotraficantes, pero no es así: aquí trabajamos y también sufrimos los bloqueos, aunque son por una causa justa”, dice Zulma Torres, de 42 años y trabajadora de la terminal de buses de Shinahota.

“En el Chapare estamos dispuestos a dar la vida por Evo”, advierte, ante acusaciones no probadas de Paz acerca de que Morales recibiría financiamiento del narcotráfico.

El exmandatario tiene su base de operaciones políticas en Lauca Eñe, un poblado de 900 habitantes dentro de Shinahota donde está la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, estructura sindical de los cocaleros.

Sin policías a la vista, a Lauca sólo se puede ingresar con custodia de los asesores de Morales, tras atravesar una barricada de madera y paja con torres de vigilancia y hombres pertrechados con lanzas, escudos de chapa de barril y ‘walkie-talkies’.

En las calles del poblado, familias enteras acampan desde hace meses a la intemperie como escudo humano para el expresidente.

Se alimentan en ollas populares, mezclan el quechua con el español y se turnan para montar guardia en puntos de control.

“No me voy a rendir, el que negocia su sobrevivencia no es digno”, dijo el martes Morales en una entrevista con la AFP.

En las rutas del Chapare, tiendas improvisadas venden bidones de gasolina a valores exagerados: un mercado ilegal favorecido por una escasez de combustibles que afecta a Bolivia desde antes de los bloqueos. “Somos discriminados por el gobierno central, no nos quiere para nada y la gasolina ya ni entra al Trópico: compramos en la calle a precio alto y estamos jodidos”, dice Nicolás García, un chofer de 52 años.

En los últimos días, los chapareños también sufrieron apagones eléctricos que Morales atribuyó a una supuesta represalia del gobierno. “Así sólo van a convulsionar más al pueblo boliviano, provocan enfrentamientos”, dice Mario Flores, de 51 años, verdulero de Shinahota. “Le achacan al Evo que financia los bloqueos, pero aunque seamos campesinos y no hayamos estudiado, sabemos que el gobierno tiene la culpa”, lanzó.

Fuente: AFP.

El presidente centroderechista de Bolivia Rodrigo Paz anunció que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, bastión político del exmandatario Evo Morales, donde los seguidores del líder izquierdista impiden la ejecución de una orden de captura en su contra. Paz acaba de superar la crisis política más grave de su corta gestión iniciada en noviembre pasado. Durante siete semanas, indígenas, obreros y cocaleros manifestaron y bloquearon carreteras para exigir su renuncia por la crisis económica.

“Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece”, declaró ayer miércoles Paz, durante un aniversario de la policía. “Algunos creen que no es territorio boliviano que es territorio de algunas organizaciones”, añadió en referencia a la región cocalera del Chapare, según aclaró posteriormente la Presidencia. Aseguró además que “todo volverá a la patria”. “Aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores”, sostuvo.

La autoridad decretó el sábado un estado de excepción que permitió el levantamiento de los bloqueos. Su gobierno ha señalado al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas y financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin dar pruebas. El exjefe de Estado se encuentra en el poblado cocalero de Lauca Eñe, en el centro del país, desde fines de 2024, cuando la justicia emitió una orden de captura en su contra por un caso de trata de menor que él niega.

Evo Morales anticipó el martes, en una entrevista con la AFP, que, si el gobierno intervenía la región, “aquí va a haber problemas, estamos bien organizados”. Aseguró además que sus partidarios “se van a defender”.

El expresidente sostiene que el actual gobierno, “con toda esta política neoliberal y estado colonial, está forzando que haya una guerra civil”. El Ejecutivo no adelantó fecha para una eventual intervención en el Chapare.

Fuente: AFP.

Las carreteras quedaron completamente despejadas este martes en Bolivia, informaron las autoridades, tres días después de la proclamación del estado de excepción destinado a poner fin siete semanas de protestas contra el gobierno.

Con la entrada en vigor de la medida, mejoró el abastecimiento en ciudades como La Paz y su vecina El Alto, las más afectadas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades llegaron a contabilizar hasta un centenar de cortes de ruta.

El presidente de centroderecha Rodrigo Paz decretó el sábado el estado de excepción para prohibir las protestas y ordenó a policías y militares limpiar las rutas. “Nuestras carreteras han sido liberadas”, señaló este martes en su cuenta de X el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Desde comienzos de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca multiplicaban las manifestaciones y los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, en un contexto de crisis económica, la más grave en 40 años.

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En una declaración emitida este martes, Estados Unidos y otros 15 países americanos expresaron su “profunda preocupación” por el impacto de los bloqueos y afirmaron que los intentos de “socavar y derrocar” al gobierno representan una “grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática” de Bolivia.

“Apoyamos al gobierno boliviano elegido de acuerdo con la Constitución e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional”, añaden en el texto.

El presidente panameño José Raúl Mulino afirmó por su parte durante la Asamblea General de la OEA en Panamá que el narcotráfico financia a la “izquierda radical” en Bolivia. El crimen organizado “busca subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, declaró.

El gobierno de Paz acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de haber impulsado las protestas y de haberlas financiado con dinero proveniente del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas.

Los últimos puntos de bloqueo se extinguieron, tras declarar Morales el lunes su suspensión temporal. Todos estaban en el departamento de Cochabamba, bastión del líder indígena en el centro del país.

Organizaciones sociales comenzaron a principios de mayo una huelga y cortes de ruta para exigir la salida de Paz y para reclamar por la venta de gasolina de mala calidad.

• Fuente: AFP

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