Colombia acusó este sábado a Ecuador de “injerencia” en sus elecciones y de presentar como un gesto de “buena voluntad” de Quito la eliminación de aranceles decidida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

A las puertas de los comicios del domingo en Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará el impuesto del 100 % a las importaciones del vecino país tras conversar con el candidato opositor colombiano Abelardo de la Espriella.

La disputa entre ambos países surgió en febrero, cuando Noboa acusó a Colombia de no hacer lo suficiente para combatir el crimen organizado en la frontera común, e impuso aranceles. Desde entonces, ambas naciones se aplican gravámenes de hasta 100 %.

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El derechista De la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, candidato del oficialismo, se perfilan para liderar la votación del 31 de mayo y disputar un balotaje el 21 de junio, según las encuestas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha señalado que el gobierno de Noboa intenta interferir para impulsar a la extrema derecha.

Tras el anuncio de Noboa, la cancillería colombiana expresó su “categórico rechazo” a lo que calificó de “deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia”.

“Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático”, señaló la cartera en un comunicado.

Noboa afirmó que, tras su conversación con De la Espriella, ambos acordaron combatir de forma conjunta el narcotráfico en la frontera común. Colombia consideró que el presidente ecuatoriano presentó de manera “engañosa” su decisión sobre los aranceles.

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El gobernante ya había adelantado a inicios de mayo que reduciría el gravamen del 100% al 75% a partir del 1 de junio. La cancillería colombiana sostuvo que la eliminación de las tarifas responde a “órdenes perentorias” impuestas por la Secretaría General de la CAN. “Los asuntos comerciales y de integración deben permanecer al margen de consideraciones político-electorales y gestionarse con estricto respeto por la soberanía de los Estados”, añadió.

Fuente: AFP

Luego de que desatara una fuerte indignación a nivel nacional, que incluso movilizó rápidamente a ciudadanos esteños para destruir los carteles publicitarios instalados en la vía pública este viernes, en la Capital del departamento de Alto Paraná; el presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez adelantó que en la próxima sesión estará elevando sendos pedidos de informes para corregir esta situación y proteger nuestra identidad cultural paraguaya.

A través de sus redes sociales, el titular de la Cámara Alta lamentó y calificó de “vergonzoso”, el uso de los medios propagandísticos para fomentar el etnocentrismo dentro propio territorio paraguayo.

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“Una verdadera vergüenza permitir publicidad en plena vía pública que fomenta el etnocentrismo en nuestro propio territorio. En la próxima sesión pediré informes detallados para corregir esta situación y proteger nuestra identidad cultural paraguaya. No podemos seguir normalizando mensajes que menosprecian lo nuestro”, expresó el senador Núñez.

Desde tempranas horas de esta jornada de viernes un escenario de absoluta indignación y tensión se vivió en la zona primaria de Ciudad del Este, luego de que llamativos carteles led aparecieron con imágenes cargadas de desprecio y burla hacia el Paraguay.

Inmediatamente esta situación provocó la reacción violenta de los pobladores, quienes decidieron tomar la justicia por mano propia ante lo que consideraron una humillación nacional. Pero la cosa no terminó ahí, ya que al instante, las imágenes corrieron como pólvora que encendieron las redes sociales, exigiendo explicación a las autoridades competentes.

De acuerdo a los reportes de medios locales, señalan que tanto en pantallas gigantes, que se encuentran estratégicamente ubicadas en la cabecera del Puente de la Amistad, exhibieron durante al menos dos horas imágenes con mensajes ofensivos, en la que se observa al expresidente brasileño Jair Bolsonaro pisando y tirando por el piso a un jugador de la Selección Paraguaya de Fútbol.

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El ejército desplegó el miércoles a sus tropas en una zona rural del sureste de Colombia, en medio de letales enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC que se disputan las rentas del narcotráfico en esa región. Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el país elegirá al sucesor del izquierdista Gustavo Petro.

El “crudo enfrentamiento” entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las dos principales estructuras rebeldes del país, dejaron “múltiples víctimas fatales”, dijo en la red social X el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que atribuyó los combates a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.

Los enfrentamientos se registran desde el lunes en el departamento del Guaviare, dijo a la AFP un vocero del ejército, que anunció en un comunicado el despliegue de soldados en la zona para “proteger a la población civil”. Las autoridades aún no han divulgado un balance oficial de víctimas.

Las Fuerzas Militares se movilizan hacia esa zona de difícil acceso en el municipio de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca. Es cuna de las primeras filas que rechazaron el histórico tratado de paz entre las FARC y el gobierno que desmovilizó al grueso de esa guerrilla en 2016.

A cuatro días de la primera vuelta presidencial, el recrudecimiento del conflicto armado de seis décadas es una de las principales preocupaciones de los votantes. Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, priorizó una política de diálogos con todos los grupos armados del país conocida como “paz total”.

Pero a tres meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido éxito. La oposición critica su política de paz y lo acusa de ser indulgente con los criminales. El mandatario, que por ley no puede reelegirse, busca continuar su proyecto con la candidatura de su aliado, el senador Iván Cepeda, que parte como favorito en las encuestas. Le siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que defienden una política de mano dura contra los grupos criminales.

Fuente: AFP.

La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.