El gobierno argentino concedió asilo diplomático a la exministra de Obras Públicas de Ecuador María de los Ángeles Duarte, refugiada desde agosto de 2020 en la embajada argentina en Quito, informaron este viernes fuentes oficiales.
La decisión fue notificada el jueves por la tarde a la Embajada de Ecuador en Buenos Aires, precisaron las fuentes a la AFP. La medida se adoptó en base a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según se citó.
Duarte está alojada en la sede diplomática argentina en Quito desde el 12 de agosto de 2020 junto a su hijo menor de edad cuyo padre es de nacionalidad argentina. Las fuentes consultadas indicaron que el 12 de diciembre se acordó la realización de una reunión jurídico técnica entre representantes de ambas Cancillerías para abordar el tema.
Lea también: Ecuador: asesinan a director de cárcel donde ocurrió masacre
“La reunión va a ser en Quito para consensuar estrategias respecto a la causa. Ambas partes se sentarán a dialogar”, explicó una fuente de la cancillería argentina. María de los Ángeles Duarte, que integró el gabinete del exmandatario de izquierda Rafael Correa (2007-2017), fue condenada a ocho años de prisión en un caso de corrupción.
La exfuncionaria alega en su defensa que el suyo es un caso de persecución política, el mismo argumento del propio Correa, quien recibió refugio en Bélgica en abril de este año. Correa, que reside en Bélgica desde que dejó el gobierno, fue juzgado en ausencia en Ecuador y condenado a 8 años de prisión por corrupción.
Lea más: Informe pericial descarta que el incendio del TSJE haya sido provocado
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Cuatro claves de la controvertida reforma laboral de Milei
La controvertida reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, destinada a flexibilizar el régimen laboral vigente, ya es ley tras un tratamiento parlamentario acompañado de protestas sindicales y una huelga general que afectó la actividad la semana pasada.
La llamada “ley de modernización laboral” es presentada por el gobierno como una herramienta para fomentar el empleo en blanco, facilitar nuevas contrataciones y reducir la litigiosidad; mientras los sindicatos la consideran “regresiva” y “anticonstitucional”, la repudiaron en la calle y se aprestan a combatirla también en los tribunales. A continuación, cuatro claves de la reforma laboral impulsada por Milei:
Jornadas y vacaciones
La “Ley de Modernización Laboral” modifica la Ley de Contrato de Trabajo vigente y otros regímenes.
Permite extender la jornada diaria de ocho a hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir a partir de un banco de horas o con francos compensatorios.
Las vacaciones pueden fraccionarse en tramos de siete días, en lugar de en un mínimo de 14 como era hasta ahora.
Aunque el proyecto explicita que estos cambios serán de mutuo acuerdo, los sindicatos interpretan que la disparidad de fuerza irá en detrimento del trabajador.
Indemnizaciones
La ley reduce los montos de las indemnizaciones por despido y habilita para costearlas un fondo financiado con contribuciones mensuales deducidas de los aportes jubilatorios.
Además, explicita los criterios de actualización de montos para el pago de los juicios laborales, que hasta ahora quedaban a consideración de cada juez, y permite a los empleadores pagar las sentencias condenatorias en hasta 12 cuotas.
El gobierno sostiene que la norma permitirá “unificar criterios”, evitar juicios laborales y aliviar a las pequeñas y medianas empresas.
Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, dijo a la AFP que estas modificaciones incumplen “el deber del Estado de proteger la fuente de trabajo” al eliminar el “efecto disuasivo” de las indemnizaciones sobre los despidos sin causa.
Dirigentes opositores advirtieron que podría redundar en un desfinaciamiento de las cajas previsionales.
Salarios y convenios
La nueva norma habilita a los empleadores a pagar salarios en moneda extranjera o parcialmente en especies: es decir, con comida, habitación u otros bienes y servicios.
Además permite renegociar contratos para ajustar salarios según métricas de productividad, cumplimiento de objetivos o desempeño.
Los convenios colectivos hechos por empresa o regionales tendrán prioridad por sobre los convenios establecidos de cada sector laboral.
Además, se derogan algunos estatutos profesionales, entre ellos el de periodistas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y los sindicatos del sector rechazaron la derogación al considerar que constituye “un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”.
Derecho a huelga
La norma incorpora porcentajes mínimos de funcionamiento durante huelgas del 75 % para rubros como telecomunicaciones, aeronáutica comercial y educación y del 50 % para un amplio número de industrias incluyendo medicamientos, siderurgia, alimentos, construcción, minería y comercio electronico.
Además, las asambleas de personal y los congresos de delegados deberán contar con autorización del empleador, y el trabajador no cobrará por ese tiempo.
Para Cremonte “la restricción del derecho de huelga es ostensiblemente contraria a toda la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El Abogado, que asesora a varios sindicatos locales, explicó que el control de constitucionalidad en Argentina es “difuso” por lo que “pueden pasar años hasta que se vaya consolidando una jurisprudencia que determine que haya inconstitucionalidad”.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Argentina eleva nivel de seguridad por conflicto en Medio Oriente
El gobierno de Argentina elevó este sábado el nivel de seguridad a “alto” en todo el territorio nacional y en las embajadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bombardeos de Teherán en represalia. La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía”. También implica el refuerzo de los controles fronterizos, según un comunicado difundido en X por la oficina del presidente Javier Milei.
La justicia argentina señala a Irán y al movimiento libanés Hezbolá como responsables del atentado contra la mutual judía AMIA, el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. La decisión del mandatario argentino busca “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”, dice el comunicado.
“En ese marco, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”, detalló.
El dispositivo implica además el monitoreo de la situación en Medio Oriente, en cooperación con agencias internacionales, “a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.
En enero, el gobierno de Milei incluyó a las Fuerzas Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní en el registro de personas y organizaciones señaladas como “terroristas”.
La justicia del país sudamericano cree que hubo vínculos entre ese grupo militar y el atentado perpetrado con un coche-bomba contra la AMIA.
Más de tres décadas después, la causa permanece impune. La justicia argentina impulsa la realización de un juicio en ausencia contra diez acusados iraníes y libaneses.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Histórico: el Senado argentino cambia la ley y baja a 14 años la edad de imputabilidad
El Senado argentino convirtió en ley el viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que el gobierno festejó como “un acto de justicia hacia la sociedad”.
El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. Modifica el sistema penal juvenil que data de 1980.
“Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”, publicó en X la Presidencia minutos después de la votación.
Argentina mantenía la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
Te puede interesar: El lunes Marco Rubio estará presente en Israel para discutir sobre el tema Irán
Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
“Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, dijo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal promotora del proyecto.
Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.
“Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización”, dijo el senador Martín Soria (peronismo, oposición), que votó en contra de la nueva ley. “Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal”, añadió.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
La sanción de la nueva ley se produjo en una jornada en la que el Senado se apresta a ratificar la reforma laboral, que también impulsa Milei.
Fuente: AFP
Leé también: Embajador de Taiwán se despidió hoy por término de misión
Dejanos tu comentario
Ecuador aumenta al 50 % sus aranceles a Colombia por insuficiente lucha antinarco
Ecuador elevará del 30 % al 50 % el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30 % a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.
La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. “Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, señaló la cartera en un comunicado. El ministro ecuatoriano de Producción y Comercio Exterior, Luis Jaramillo, aseguró que su país “ha cortado el diálogo” con Colombia, al no recibir una “respuesta favorable” al pedido de mayor control fronterizo.
“No puede haber comercio sostenible si no hay control de frontera y seguridad”, dijo Jaramillo al canal Ecuavisa. Lamentó que Colombia haya prohibido el ingreso por vía terrestre de algunos productos agrícolas ecuatorianos como arroz, aguacate o banano.
Las cancilleres y ministros de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. Tras el anuncio del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y, como respuesta, este elevó en 900 % la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.
Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica. Colombia solicitó a Ecuador que retire los aranceles. En su frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.
Fuente: AFP.