El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmó que la responsabilidad de avanzar en la identificación de los autores intelectuales del crimen del exfiscal Marcelo Pecci recae principalmente en la Fiscalía colombiana. Según explicó, los elementos centrales del caso, incluyendo el asesinato del propio Pecci y de Francisco Correa Galeano, uno de los implicados, ocurrieron en dicho territorio, lo que marca el foco geográfico de la investigación penal.

“Desde el comienzo hemos afirmado que la atención de un conflicto penalmente relevante tiene que ver con el territorio. Los casos esenciales que encierran al caso Pecci ocurrieron en Colombia. Todo va a Colombia”, señaló Rolón en alusión a las competencias jurisdiccionales del caso.

En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, relató que durante una entrevista privada con su par colombiana, Adriana Camargo, Rolón dijo haberse hecho eco del estado actual de la investigación. Según expuso, la pesquisa se estructura en al menos tres niveles: el primero vinculado a los autores materiales, ya procesados y condenados en Colombia; un segundo que se enfoca en la autoría intelectual, y un tercero aún en desarrollo que apunta a conexiones más amplias dentro del crimen organizado.

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En ese sentido, mencionó que informes internacionales atribuyen la autoría intelectual del crimen al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Sin embargo, enfatizó que esa información todavía se encuentra en una etapa de investigación preliminar y requiere de “comprobaciones y contrastes” bajo el debido proceso.

Rolón también cuestionó lo que consideró una interpretación errónea del estado procesal del caso que se asumió como certero en determinado momento. “Eso de que el trabajo de la Fiscalía colombiana ya terminó al determinarse los autores materiales y que a partir de eso quedaba todo en manos de la Fiscalía de Paraguay es una información errónea. Nació de algún abogado de la zona y no es apropiada”, aseveró.

Además, lamentó que en Paraguay se haya instalado un “sentimiento exacerbado” en torno al rol del Ministerio Público en este caso, generando expectativas que, a su criterio, no se corresponden con la realidad jurisdiccional. “Nosotros abrimos una carpeta porque coadyuvamos a esa necesidad de la Fiscalía de Colombia, aportando los datos que podíamos recabar de nuestro país. Naturalmente, los hilos que pudimos ver hasta ahora no nos conducen hasta una fuente muy propia”.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“Miguel Prieto es un corrupto, en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.

“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.

Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.

Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.

Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.

“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.

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Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.

En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.

Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.

Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.

Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.

Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.

Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.

Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.

Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.

La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de cons­trucción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secun­darias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.

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Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66. De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.

Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal

Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.

Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.

En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.

De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.

Los fiscales generales de Paraguay y Colombia, Emiliano Rolón Fernández y Luz Adriana Camargo Garzón, celebraron una reunión bilateral en Madrid (España) sobre el caso de Marcelo Pecci y dialogaron mecanismos de cooperación penal. El fiscal paraguayo fue asesinado en la playa colombiana de Barú (Cartagenas), el 10 de mayo de 2022.

Las autoridades intercambiaron información sobre las respectivas carpetas fiscales abiertas en Paraguay y Colombia, evaluaron el funcionamiento del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que fue conformado para este caso, y reafirmaron la voluntad institucional de continuar fortaleciendo los canales de colaboración penal internacional, según un comunicado oficial.

El encuentro se dio en el marco de la 32.ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que reúne a representantes de veintiún países miembros en la capital de España, del 28 al 30 de mayo.

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Por otra parte, a propuesta del procurador general de la Nación Argentina, Dr. Eduardo Ezequiel Casal, en su carácter de presidente, la Asamblea General otorgó el reconocimiento honorífico póstumo “Medalla del Ministerio Público” al exagente fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, por los servicios relevantes prestados a la causa de la justicia.

Además, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández participó como panelista en el panel “Canal de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI). El PAcCTO 2.0 y sinergias con AIAMP/REDCOOP”.

El conversatorio abordó el Canal de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), herramientas de cooperación internacional que se han convertido en estrategias clave para: la persecución efectiva de la criminalidad compleja y organizada en todas sus modalidades, y de importancia superlativa para la recuperación transnacional de activos que sirven de fuente de financiamiento de las estructuras del crimen.

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La diputada Rocío Abed, líder de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados, remarcó que los problemas del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, son con la justicia, después que éste publicara en redes una amenaza de visitar el domicilio de la legisladora con una manifestación. “Ahí vamos estar esperando el resultado de las votaciones”, expresó el cuestionado jefe comunal.

“Lo que pretende es amedrentar, intimidar y desviar la atención de lo verdaderamente importante: las graves denuncias de corrupción que pesan sobre su gestión. Pero los problemas de Miguel Prieto son con la Justicia, no conmigo, ni con mi familia”, expresó Abed en comunicación con La Nación/Nación Media.

Asimismo, señaló que resulta sumamente peligroso que se pretenda influir en el sentido de la votación de un legislador promoviendo manifestaciones frente a su domicilio. “Esto debe ser considerado por la cámara como una afrenta, no solo a uno de sus integrantes, sino al órgano como tal”, acotó la parlamentaria.

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“Es por eso, que muchas veces callé, para evitar entrar en este tipo de situaciones peligrosas, realmente no por cobardía, si por un cierto temor, porque sé cómo actúa y porque tengo una familia a la que quiero proteger”, señaló Abed.

A pesar de ello, comentó que ya no puede callar ante las barbaridades que se están denunciando. “Muchas veces vemos que no llegan las informaciones a la capital, y nos cansamos de escuchar a sus defensores mintiendo a la ciudadanía desde sus bancas”, lamentó.

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La diputada manifestó que Prieto debe explicar las 49 denuncias en su contra, “pero ahora ya no se burla como hizo con la 40, cuando hasta compró torta”, recordó. “La gente ya no es tonta y entonces, empieza a sacar su otra faceta, la de la violencia, la de la coacción, la de la amenaza y quién sabe qué otras cosas más”.

Insistió en que las denuncias hacia Prieto son hechas por gente de su entorno, que lo llevó a la intendencia, que trabajó políticamente para él y que trabajó en su administración.

“Algunos se retiraron al ver su verdadera faceta, corrupta, dictatorial, soberbia, a veces hasta violenta. Pregunten en Ciudad del Este, los que le denuncian no tienen ninguna relación, es más, son grupos antagónicos políticamente al nuestro, no tienen ninguna relación con nosotros”, dijo.

“Seguiré siendo la voz de la gente cansada de sus tropelías, pero obviamente, esto me tambalea porque cuando meten a mi familia, a mi hija, a mi mamá, cuando se meten con aquello que es lo más sagrado que tenemos, allí hay un límite que el mismo está queriendo cruzar y eso es muy peligroso”, concluyó.