El Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato ha solicitado prisión preventiva de 36 meses para el expresidente Alejandro Toledo por el caso del tramo cuatro de la Carretera Interoceánica. Toledo y los demás acusados se encuentran fuera de Perú.
El juez Richard Concepción Carhuancho valorará la petición de la Fiscalía el próximo 12 de diciembre en una audiencia “inaplazable”, de “concurrencia obligatoria” y de carácter presencial.
Le puede interesar: Honor Colorado se fortalece en el departamento de Misiones camino a las internas
La fiscal Diana Liz Canchihuaman Castañeda, ha pedido además prisión preventiva para Avrahan Dan On, exjefe de Seguridad de Alejandro Toledo, y para el exrepresentante de la constructora brasileña Camargo y Correa en Perú, Marcos de Moura Wanderley.
Sobre el exmandatario peruano ya pesan dos acusaciones fiscales: una por 20 años y 6 meses de prisión, y la otra por 16 años y 8 meses de cárcel por los casos Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, y por el denominado caso Ecoteva. Lima ha solicitado a Estados Unidos la extradición del exmandatario peruano para que responda por los cargos que se le atribuyen por estos dos casos.
Lea más: Pretenden incluir narcotest en controles ruteros
Fuente: Europa Press.
Dejanos tu comentario
Miguel Prieto y sus denuncias: “Pusimos un zorro para cuidar al gallinero”, lamentan
“Pusimos un zorro para cuidar al gallinero”, lamentó el representante legal de la Contraloría Ciudadana, el abogado Víctor Enriquez, tras la presentación de una nueva denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El dirigente opositor ya suma 39 acusaciones en su contra por supuestos hechos de corrupción en su administración.
El abogado y afiliado del Partido Patria Querida (PPQ) en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, recordó que formó parte del equipo político de Prieto cuando el intendente aún se desempeñaba como concejal. Agregó que fungió como su apoderado general en las elecciones municipales de 2019 tras concretarse la destitución de la entonces jefa comunal Sandra McLeod.
Señaló que la Contraloría Ciudadana fue el sector que encabezó la redacción de la solicitud de intervención a la gestión de McLeod. “Nosotros estuvimos a lado de Prieto en las elecciones. Se terminó la cuarenta por la pandemia del covid-19 y nos dimos cuenta que pusimos a un zorro y empezamos las investigaciones y procedimos con las denuncias”, indicó.
Sostuvo que Prieto y su entorno valiéndose del poder político que posee en la zona del Este realizan de manera constante “ataques furibundos” en contra de la Contraloría Ciudadana con la finalidad de desprestigiarla. “Él se burla de la gente. En su administración hubo una burda apropiación del dinero público”, sentenció.
Enriquez cuestionó la falta de avances en las investigaciones por parte del Ministerio Público. A la vez dijo que del total de las acusaciones que posee el líder del movimiento Yo Creo, la Contraloría Ciudadana impulsó 15. Las 39 denuncias contra Prieto también involucran al actual edil de la capital de Alto Paraná Sebastián Martínez, por los supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Según la acusación, ambos habrían creado subcomisiones vecinales ficticias en diciembre de 2020 con la finalidad de desviar fondos municipales destinados a la financiación de las ollas populares. “En total se logró desviar del municipio la suma de G. 311.580.000 con falsas documentaciones. Mediante los datos al que accedimos por la vía de acceso a la información pública nos demuestra que esta plata se retiró a los efectos de apropiarse de ella”, sostuvo.
Te puede interesar: Distinguieron a fiscales por su labor en caso de corrupción durante la era Abdo
Dejanos tu comentario
Distinguieron a fiscales por su labor en caso de corrupción durante la era Abdo
Los fiscales de la Unidad Especialidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Luz Guerrero recibieron un reconocimiento público por parte de la sociedad civil por los resultados logrados en el caso de corrupción con agua tónica en Petróleos Paraguayos (Petropar), que generó un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000 al ente, durante la pandemia de covid-19.
El reconocimiento fue concretado en la primera jornada de rendición de cuentas en la Lucha contra la Corrupción, denominada “Casos emblemáticos y buenas prácticas de investigación penal”, impulsada por el Ministerio Público con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los resultados obtenidos en la persecución de hechos de corrupción.
La actividad fue desarrollada ayer martes con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), y la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio Público.
Lea también: Itaipú tiene un futuro previsible tras acuerdo tarifario, afirma Zacarías
Antecedentes
Mediante la gestión investigativa de los citados agentes, el Ministerio Público logró que la justicia condene con 4 años de prisión por lesión de confianza a Patricia Samudio, extitular de Petropar, y del primer anillo del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. En la misma causa también fue condenado su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
De acuerdo a la acusación fiscal, ambos delincuentes formaban parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las firmas proveedoras del sector privado y terceras personas.
Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo del 2020.
Te puede interesar: Documentales requeridos por Contraloría fueron contestados “puntillosamente”
Dejanos tu comentario
Detienen al hermano de la presidenta de Perú por presunta corrupción
La policía de Perú detuvo este viernes al hermano y al abogado de la presidenta del país, Dina Boluarte, por su presunta vinculación con una trama de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos, anunció la Fiscalía.
Un equipo especial de fiscales contra corrupción “detuvo a Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda y otros investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias”, indicó el Ministerio Público en la red social X.
Boluarte, hermano mayor de la mandataria peruana, fue detenido en su apartamento, en el este de Lima. La Fiscalía lo acusa de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de “dádivas económicas”, según precisó el poder judicial en un comunicado.
Los funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior. Desde sus cargos captaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría Nicanor, de 64 años.
La organización “habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte” asumiera como presidenta el 7 de diciembre, añadió el poder judicial. Boluarte negó los señalamientos mientras era conducido, esposado, a prisión tras el allanamiento a su apartamento. “Niego absolutamente todo, soy inocente”, dijo a los periodistas.
Te puede interesar: EE.UU y China quieren una cumbre sobre metano durante la COP29
“Poder de facto”
Junto a Boluarte fue detenido el abogado de la presidenta y seis personas más en distintos operativos realizados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín. En el marco de esas acciones fueron allanados “26 inmuebles”, dijo por su parte la Fiscalía.
Castañeda representa a la mandataria peruana en la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes. Según las autoridades judiciales, Nicanor Boluarte sacó provecho del “poder de facto” que le otorgó su hermana para “instrumentar las prefecturas y subprefecturas” en su beneficio.
Lea también: Investigan causa de choque de trenes que dejó 30 heridos en Argentina
Mientras que Castañeda presuntamente cumplía el rol de “operador legal” de la red de corrupción. La mandataria peruana quedó expuesta a un nuevo escándalo tras el proceso que enreda a su hermano. Boluarte, de 61 años, está siendo interrogada por el llamado Rolexgate y enfrenta otra investigación judicial por la represión de las protestas que siguieron a su investidura.
En el marco del primer proceso, la Fiscalía allanó en marzo su vivienda y el despacho presidencial en busca de las joyas que, según Boluarte, pertenecen a un gobernador que se las cedió en calidad de préstamo. La presidenta está bajo sospecha de “enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos”.
El jueves, el gobierno anunció sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que realizó la operación de registro contra la jefa de Estado y detuvo a su hermano, alegando razones operativas.
Si finalmente la Fiscalía decide acusarla, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución. La mandataria asumió el poder en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso.
Tras su juramentación, estallaron protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública. En las revueltas murieron 50 personas presuntamente a manos de policías y militares. A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Destacan participación de Conmebol en foro continental de lucha contra lavado
Durante la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se destacó la participación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que incluyó la exposición de su directora de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay.
“En Conmebol transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, afirmó la directora de Ética.
La declaración fue realizada en Washington, en el marco de esta reunión de Gelavex, organismo de la OEA y principal foro continental de debate sobre las estrategias y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos en América.
Combate
La participación de la Conmebol en este importante foro responde a la política de combate contra la corrupción y el lavado de dinero que la institución sudamericana lleva adelante en forma consecuente desde el 2016. En ese marco, hace apenas unas semanas se había presentado un urgimiento ante la Fiscalía paraguaya para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el expresidente de la confederación sudamericana, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA.
En efecto, el Ministerio Público no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la Conmebol, en fecha 4 de febrero del 2021. Es oportuno recordar que la primera denuncia fue presentada ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo más tarde la investigación quedó paralizada por completo.