Las autoridades de Indonesia reforzaron el lunes la seguridad después de que seis personas murieran en unas protestas que se volvieron violentas en enfrentamientos contra la policía. Las mortales protestas, iniciadas la semana pasada debido a unos beneficios económicos para legisladores, obligaron al presidente Prabowo Subianto a revertir las medidas.

Las manifestaciones comenzaron pacíficamente, pero se volvieron violentas al enfrentar a la unidad de élite de la policía paramilitar, luego de que se divulgaran imágenes de uno de sus equipos atropellando a un repartidor de 21 años el jueves. Desde entonces las protestas se extendieron de la capital Yakarta a otras ciudades como Yogyakarta, Bandung, Semarang y Surabaya en Java, y Medan en la provincia de Sumatra del Norte.

Otras manifestaciones estaban previstas para el lunes en varias localidades a lo largo del archipiélago de Indonesia. La policía estableció el lunes puestos de control a lo largo de Yakarta, y un portavoz policial dijo a Kompas TV que estaban patrullando la ciudad para “proteger” a los ciudadanos y dar un sentido de seguridad.

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La policía envió una caravana de vehículos armados y motos la noche del domingo al Parlamento, en una demostración de fuerza para alejar a los manifestantes. La crisis obligó a Prabowo a cancelar un viaje previsto para esta semana a China para un desfile militar conmemorativo del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Su ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, advirtió el domingo que militares y policías tomarían “acciones firmes” contra “alborotadores y saqueadores”, luego del saqueo de la casa del ministro de Finanzas. Unas seis personas han muerto en las protestas, cuatro de ellas en la ciudad de Macasar, en la isla oriental de Célebes. La red social de videos TikTok suspendió el sábado temporalmente sus transmisiones en vivo en Indonesia en anticipo de más disturbios.

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Multitudes enardecidas por un incidente de brutalidad policial saquearon las residencias varios políticos indonesios y el presidente, Prabowo Subianto, afirmó este domingo que algunos actos cometidos durante las protestas constituyen “traición” y “terrorismo”. La violencia comenzó el viernes cuando se difundieron imágenes de un mototaxista atropellado por la policía en una manifestación en la capital, Yakarta, donde se habían estado registrando protestas durante toda la semana contra las dificultades económicas, la corrupción y los grandes privilegios de los legisladores indonesios.

Ese mismo día tres personas murieron en la isla de Célebes, en un incendio en un edificio público provocado por manifestantes que lanzaron cócteles molotov. En los últimos incidentes, grupos de personas saquearon el domingo por la madrugada la residencia de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, en Tangerang del Sur, una ciudad vecina a Yakarta, dijeron soldados que custodiaban la residencia y un vecino a la AFP.

El residente, Damianus Rudolf, relató que los saqueadores, que calculó en más de 150 personas en dos grupos distintos, se llevaron “un televisor, un sistema de sonido, decoraciones de la sala, ropa, platos, cuencos” de la vivienda. Sri Mulyani no estaba en la vivienda cuando ocurrió el incidente, informó la agencia estatal de noticias Antara.

La mujer es una figura influyente, exejecutiva del Banco Mundial y ministra de Finanzas de tres presidentes distintos. Entre el sábado por la noche y el domingo por la madrugada grupos de personas también saquearon sendas residencias de un legislador y de una legisladora de un partido que forma parte de la coalición gobernante de Prabowo, según Antara.

Las protestas se han extendido a otras ciudades importantes tanto de Java (donde está ubicada Yakarta) como en las islas de Lombok, Bali y Sumatra. En respuesta a los disturbios, la red social TikTok, que tiene 100 millones de suscriptores en Indonesia, suspendió durante “unos días” su función de transmisiones en directo para evitar enardecer a las masas.

El presidente indonesio, por su parte, dijo el domingo que los actos violentos equivalen a “traición y terrorismo”. “Los derechos a la asamblea pacífica deben ser respetados y protegidos. Pero no podemos negar que hay señales de acciones fuera de la ley, incluso contra la ley, incluso inclinándose hacia la traición y el terrorismo”, dijo en un discurso en el palacio presidencial de Yakarta.

Prabowo se comprometió a investigar la muerte del mototaxista que encendió la violencia y siete policías permanecen detenidos por el incidente. Las protestas son las más grandes y violentas de la presidencia de Prabowo, una prueba clave para el exgeneral menos de un año después de haber asumido el poder.

Fuente: AFP.

Una treintena de soldados fueron liberados ayer jueves luego de tres días retenidos en un enclave guerrillero plagado de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, anunció la Defensoría del Pueblo. Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro consideró un “secuestro”.

"En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (...) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad", dijo en la red X la defensora del pueblo, Iris Marín. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.

Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen realizarlas campesinos, según el gobierno obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los militares, armados, junto a campesinos con botas de caucho y desarmados.

Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados retenidos, pero luego corrigieron la cifra a 33. Desde el domingo empezaron enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla al mando de Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Mordisco es el hombre más buscado de Colombia, que Petro compara con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la liberación y se refirió a los lugareños como “personas vestidas de civil que perpetraron un grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública”, en un mensaje en X. Su cartera presentó una denuncia por secuestro ante la fiscalía. El ejército reforzó “la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil” en el que la población local “está instrumentalizada” por los rebeldes, según una declaración del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

Estos hechos “vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos”, agregó. Las autoridades públicas locales confirmaron a la AFP que los pobladores exigían la entrega del cuerpo de un civil muerto en los combates entre el Ejército y los rebeldes.

“Uno de los muertos es un civil que vivía en un caserío donde fueron los combates”, dijo Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, capital del departamento. En junio, la Defensoría alertó sobre la “crítica situación humanitaria y de seguridad” de la población de la zona debido al fuego cruzado entre disidencias guerrilleras enemigas.

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La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste). Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el principal bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 con el que se desmovilizó el grueso de las FARC.

El desarme de la guerrilla dejó un vacío de poder en los territorios que fue aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles. Las organizaciones se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos. Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.

Fuente: AFP.

El gobierno de Colombia y la ONU negocian el jueves la liberación de 33 militares retenidos desde hace tres días en una comunidad amazónica plagada de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, anunciaron las autoridades.

Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas de esa zona en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro considera un “secuestro”.

Desde el domingo empezaron los enfrentamientos con la guerrilla al mando del temido Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados retenidos, pero luego corrigieron la cifra a 33.

Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU “se han desplazado hacia (...) donde se encuentran secuestrados nuestros soldados”, declaró el jueves el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares. Los mediadores intentarán “dialogar directamente” con la población, añadió.

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Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen llevarse a cabo por campesinos obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado.

El ejército está “reforzando la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil” en el que la población local “está instrumentalizada” por los rebeldes, según Cubides.

Estos hechos “vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos, que ya comienzan a escasear”, agregó.

El Ministerio de Defensa anunció en la red social X que presentó ante la fiscalía una denuncia por secuestro. La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste).

Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el mayor bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC.

El desarme de la guerrilla dejó un vacío de poder en los territorios aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles. Las organizaciones se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos.

Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.

• Fuente: AFP

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• Ciudad del Este. Agencia regional

Un adolescente de 16 años fue agredido ayer en la Escuela José Félix Estigarribia, del Km 9 Monday de Presidente Franco, con resultado de pérdida dental y heridas en la boca. Ocurrió en una pelea con otro compañero del sexto grado.

El alumno tiene una discapacidad y tras ser agredido, fue auxiliado hasta el Hospital Distrital de Presidente Franco, junto al otro niño involucrado en la pelea y los padres del mismo. La hermana del adolescente denunció que su familiar no fue atendido por el personal de salud, a pesar del estado en que se encontraba el agredido.

Asimismo, dijo que luego de mucha insistencia sin resultado, decidió ir con su hermano al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde tampoco se le atendió supuestamente y fue a su casa. Volvió en horas de la noche al Hospital Regional y su hermano fue atendido, según el relato de la hermana a La Nación/Nación Media.

La mujer lamentó que su hermano haya sido agredido en la escuela y también una supuesta no atención rápida en los hospitales donde recurrió inicialmente. Contó que el adolescente con discapacidad es huérfano y quedó bajo su tutela.

La directora del Hospital de Pdte. Franco, doctora Andrea Giménez, rechazó la acusación de la mujer, al señalar que el adolescente sí fue atendido. Por su parte, la directora del Hospital Regional, doctora Katia Ayala, indicó que el adolescente fue atendido a las 15:00, en primera instancia y luego, a las 20:00.

“Vino a urgencia en horas de la tarde, a las 15:00 se registró su admisión por Cirugía, se le evaluó y se le hizo su diagnóstico médico; fue agredido por terceros, tenía una lesión en el labio que no requería sutura y tenía una pérdida de dientes incisivos y caninos, lado derecho con varias escoriaciones en el labio”, explicó la doctora Ayala.

Siguió relatando que, “luego se le hizo la curación, medidas para dolor agudo y fue enviado a la casa; a la noche volvió y fue atendido en Urgencia de Pediatría donde se le hizo prácticamente lo mismo que a la tarde y se le dio analgésicos”. La hermana del agredido dijo que, a la noche le realizaron radiografía en la mano.

El profesor del sexto grado, Mario Gallardo, refirió a La Nación/Nación Media que el alumno herido tiene una dificultad en el habla y algún inconveniente para el aprendizaje, pero interactúa muy bien con sus demás compañeros. Aclaró que en la institución no disponen de ningún diagnóstico sobre Trastorno del Espectro Autista, tampoco sobre alguna patología.

En cuanto al incidente de ayer, confirmó que se peleó con un compañero en receso y recibió un golpe en la boca. Dijo que informó a la dirección de la escuela a cargo de Adela Aquino, y se cumplió con protocolo dándose aviso a los padres o tutores de los niños involucrados.

Mencionó que desde ambos lados, los padres y responsables llegaron a un acuerdo y decidieron acudir al hospital, sin que ningún docente les acompañe. Consultado si la directora de la escuela informó a la comisaría de la jurisdicción, respondió que desconoce las medidas adoptadas por la misma.

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