• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Paraguay inició formalmente el camino hacia el posible uso de tecnología nuclear civil. La firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) sobre Cooperación Estratégica Civil Nuclear con Estados Unidos marca el punto de partida para diversificar la matriz energética nacional y anticiparse a la crisis de demanda eléctrica que los expertos proyectan a partir de 2030.

Desde la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), su titular, el doctor Jorge Molina, aclaró durante una entrevista para La Nación/Nación Media, que este es el primer tramo de un riguroso proceso que abarca la creación protocolos de seguridad, de diversas regulaciones nucleares y la ratificación de un tratado vinculante por parte de los congresos de ambos países.

El ministro Molina dijo que la meta es que el Paraguay pueda acceder a reactores modulares para ampliar su capacidad de generación eléctrica con energía nuclear y diversificar la matriz energética de cara a los desafíos de la demanda eléctrica que se proyectan a partir del 2030.

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“Solamente para la energía eléctrica; o sea, cada reactor produce energía eléctrica y también energía térmica que puede utilizarse en fábrica para lo que necesite, desalinización, producción de hidrógeno verde, cualquier proceso que necesite calor”, comentó.

Mencionó que, aunque Paraguay cuenta actualmente con un excedente de energía proveniente de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá; las proyecciones oficiales advierten que este margen entrará en crisis hacia el final de la década.

“Con el ritmo de crecimiento actual, la escasez energética podría presentarse incluso antes del 2030. Debemos prever esta contingencia diversificando nuestras fuentes de generación con energía solar, gas y tecnología nuclear. Necesitaremos de todas las alternativas disponibles”, afirmó Molina, agregando que desde el gobierno de Santiago Peña se están comenzando a evaluar alternativas para evitar llegar a esa crisis energética.

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Para concretar la compra y operación de reactores de origen norteamericano, Paraguay deberá cumplir primero las condiciones del denominado Acuerdo 123, un convenio bilateral altamente exigente que regula la transferencia de tecnología sensible. Este acuerdo incluye un marco legal enfocado en la no proliferación de armamento nuclear, así como en implementación de medidas de seguridad y salvaguardias.

El titular de la ARRN explicó que el uso de reactores nucleares que se plantea usar en Paraguay es solo y exclusivamente para uso civil, es decir, para generar energía eléctrica. Puntualizó que el estudio previo al Acuerdo 123 se llevará a cabo con una comisión de especialistas norteamericanos que vendrá al país para llevar adelante el estudio que una vez acabado elaborarán un dictamen que será remitido al Poder Legislativo.

“Ese Acuerdo 123 es un acuerdo vinculante, entonces tiene que pasar por ambas cámaras del Congreso, que deben dar su visto bueno, y ahí recién se puede firmar el acuerdo bilateral. Después de eso, nosotros podemos comprar cualquier tipo de reactor nuclear”, precisó.

El actual memorando no vinculante —suscrito entre el canciller Rubén Ramírez y el secretario de Estado, Marco Rubio— refleja dos años de trabajo conjunto entre La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear y la iniciativa FIRST (Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños, por sus siglas en inglés), un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos que promueve el despliegue seguro de Reactores Modulares Pequeños (SMR).

En América Latina, países como Argentina, Brasil y México operan centrales nucleares tradicionales caracterizadas por sus monumentales torres de enfriamiento. La nueva tendencia global —en la que Paraguay, El Salvador y Perú han mostrado interés inicial— apunta a unidades más pequeñas, flexibles y seguras.

Los reactores nucleares se clasifican en tres categorías:

• Los microreactores que tiene una capacidad de generación de energía que va de 0 a 30 MW.
• Los reactores modulares pequeños (SMR) con capacidad de generación de 30 a 300 MW.
• Los reactores convencionales (tecnología antigua) que producen desde 600 hasta 1.000 MW aproximadamente.

A modo de comparación, el doctor Molina explicó que una sola turbina de Itaipú produce 700 megavatios (MW). Con dos de los SMR todavía no alcanza a una turbina de las 20 que cuenta el Paraguay en la hidroeléctrica binacional.

Molina indicó que, en paralelo al estudio de factibilidad, la ARRN trabaja en un proyecto de ley para dotar al organismo regulador de las atribuciones necesarias para fiscalizar esta tecnología emergente.

Indicó que el plan requerirá la creación de un manual de procedimiento nacional para la importación y transporte del material radioactivo, un diseño de resguardo físico para los residuos radiactivos en búnkeres especializados y la definición del protocolo de seguridad gubernamental entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

“La soberanía energética paraguaya pronto dejará de depender de cuánta agua mueva Itaipú para depender de nuestra capacidad de administrar la tecnología más avanzada y celosamente vigilada del planeta. Este es apenas el preámbulo”, remarcó Molina.

En una próxima parte de esta entrevista, el doctor Molina revela los plazos reales para encender el primer microreactor en suelo guaraní. Además, destacó la apertura de las instituciones del Estado para abrir las opciones de la matriz energética.

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Torneo continental regresa y se cumplirá en Chile.

Paraguay participará del Americas Rugby Champions­hip, que desarrollará del 29 de agosto al 6 de setiembre en Chile con el conjunto anfi­trión, además de Uruguay y Argentina.

El torneo continental, que se interrumpió en la pan­demia del covid-19, regresa con el objetivo de brindar al continente un nuevo ámbito de competitividad en el Alto Rendimiento.

Serán tres jornadas dobles, que determinarán el cam­peón por sumatoria de pun­tos. Los dos encuentros de cada jornada se jugarán en la misma sede, que será infor­mada oportunamente, igual que los horarios. El sábado 29 de agosto se medirán Argen­tina XV vs. Paraguay y Chile XV vs. Uruguay XV. El miér­coles 2 de setiembre lo harán Uruguay XV vs. Argentina XV, y Chile XV vs. Paraguay. El domingo 6 de setiembre confrontarán Uruguay XV vs. Paraguay, y Chile XV vs. Argentina XV.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó una reunión del Consejo Asesor Agrario junto con representantes de los principales gremios del sector productivo, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y fortalecer la planificación ante los posibles impactos del fenómeno climático “El Niño” sobre la producción agropecuaria nacional.

Del encuentro participaron el viceministro de Ganadería, Marcelo González, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como dirigentes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (Aprosemp).

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El principal tema abordado fue la evaluación de los posibles impactos del fenómeno El Niño sobre el sector productivo, analizando tanto las oportunidades que podrían generar las lluvias para determinados cultivos como los riesgos asociados a inundaciones y al aislamiento de comunidades, con efectos sobre la producción agrícola y pecuaria.

El viceministro de Ganadería, Marcelo González, destacó que la reunión permitió mantener un diálogo abierto entre el Gobierno y los gremios productivos para incorporar sus planteamientos a la agenda de trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dando continuidad a este espacio de coordinación mediante una nueva reunión prevista para los primeros días de septiembre.

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, valoró la reactivación del Consejo Asesor Agrario como un espacio institucional para fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Señaló que el desafío es anticiparse a los problemas mediante la planificación y la prevención, antes de que los efectos climáticos generen mayores impactos.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto Davey, expresó la disposición del sector ganadero para trabajar coordinadamente con el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Emergencia Nacional, con el propósito de reducir las consecuencias que podrían generar las intensas lluvias, especialmente en comunidades y establecimientos productivos ubicados en zonas vulnerables.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (Aprosemp), Fabián Pereira, destacó que el encuentro permitió analizar tanto los desafíos como las oportunidades que podría representar el fenómeno climático para la agricultura, reafirmando la necesidad de fortalecer el sector mediante políticas públicas y un trabajo coordinado entre el Estado y los productores.

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El presidente chileno José Antonio Kast anunció el miércoles en un mensaje al país que impulsará un paquete de reformas en el Congreso para combatir el crimen organizado, una de sus principales promesas de campaña. Kast, un abogado de extrema derecha de 60 años, asumió el poder en marzo con el compromiso de poner en marcha un gobierno de “emergencia” que combatiera con mano dura la delincuencia y la migración irregular.

Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua. Su tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.

“Son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso (...) y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile”, dijo Kast en el mensaje televisado. El presidente anunció que enviará una reforma para agregar en la Constitución “el deber” del Estado de resguardar la seguridad de las personas.

Eso “nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas”, aseguró el mandatario.

Tras el anuncio, pronto le llegaron críticas desde la oposición. “La reforma del Presidente Kast debe incluir levantarle el secreto bancario a los narcos, algo a lo que se han opuesto férreamente. Es incomprensible”, señaló la diputada izquierdista Gael Yeomans, del Frente Amplio, en su cuenta de X.

Kast ha visto la caída de su popularidad en las últimas semanas y ha sido criticado por la falta de resultados rápidos en su prometida política de “mano dura” contra el crimen, a casi cinco meses de haber asumido el cargo. El mandatario pidió la renuncia de su primera ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, tras solo 69 días en el poder.

En medio de la inestabilidad de su gabinete, “esto termina siendo una especie de golpe de timón del presidente (...) para señalar que, en el fondo, la casa está ordenada y el compromiso del gobierno se mantiene”, dijo a la AFP Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales.

Será el segundo gran paquete de medidas de su gobierno, luego de que el Congreso de Chile aprobara en julio casi la totalidad de una megarreforma legislativa que le otorga beneficios tributarios a grandes empresas y con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país. La última norma pendiente fue aprobada el martes por el Senado y ahora espera la revisión del Tribunal Constitucional antes de su promulgación.

Para combatir la delincuencia, Kast reiteró su intención de ampliar el periodo de retención de migrantes irregulares, cuyo plazo actual es de cinco días, y aumentar “la capacidad de expulsión efectiva” de indocumentados, sin entregar más detalles.

También dijo que endurecería las penas contra quienes capten menores para integrar sus bandas criminales y que ampliaría el plazo de flagrancia de delitos de 12 a 24 horas para facilitar las detenciones.

En una conferencia de prensa posterior, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que uno de los proyectos buscará crear “un listado concreto de las organizaciones criminales y terroristas” para “tener una vía más ágil para combatirlas”.

Fuente: AFP.