El papa Francisco expresó este domingo 21 de agosto su preocupación ante las crecientes tensiones entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia católica, dos días después de la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del presidente Daniel Ortega.
“Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que implica a personas e instituciones,” manifestó el pontífice tras finalizar la oración del Ángelus. El papa Francisco expresó su “convicción y esperanza de que a través de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar aún las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”, según lo manifestó él mismo.
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Rolando Álvarez, crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, fue detenido el pasado viernes y posteriormente trasladado a su residencia familiar en Managua, donde hasta la fecha permanece privado de libertad, en el último episodio del enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia católica. La Policía precisó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez debido a que persistía en sus actividades “desestabilizadoras y provocadoras”.
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Álvarez, de 55 años, estaba sitiado en la curia de Matagalpa por la policía desde el 4 de agosto en el marco de una pesquisa por “organizar grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”. El obispo había denunciado el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y había reclamado al gobierno de Daniel Ortega respeto a la “libertad” religiosa.
Fuente: AFP.
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Nicaragua aplazó hasta septiembre polémico proyecto de elecciones sin opositores
Nicaragua aplazó hasta septiembre la aprobación de una reforma constitucional para excluir de las elecciones a los partidos opositores, una medida que provocó amplio rechazo internacional, anunció este lunes la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo. La Asamblea Nacional y autoridades electorales -controladas por el gobierno- preparan las leyes solicitadas por el mandatario Daniel Ortega para que en los comicios no participen “vendepatrias” y “golpistas” al servicio de Estados Unidos, como suele referirse a sus adversarios.
La votación del proyecto estaba prevista originalmente para inicios de agosto. “Concluido el proceso de consulta, la comisión especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días” de septiembre, dijo Murillo a un medio estatal.
La copresidenta y esposa de Ortega señaló que la iniciativa fue expuesta este lunes al cuerpo diplomático extranjero en el país en un “encuentro respetuoso y amistoso”. Medios oficialistas nicaragüenses publicaron fotografías de la reunión entre representantes de embajadas y organismos internacionales, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, ministros y Laureano Ortega, uno de los hijos de la pareja presidencial y actual asesor de inversiones y comercio. El resto de consultas incluirán a la Corte Suprema, el Ejército, la Policía, sectores empresariales, bancarios, iglesias y pueblos indígenas, entre otros, mencionó Murillo.
Rechazo internacional
La congresista republicana estadounidense de origen cubano, María Elvira Salazar, rechazó el encuentro con los diplomáticos “para escuchar otra farsa del régimen”. “No legitimen una dictadura que ya ni siquiera pretende esconder lo que es”, agregó en la red social X. Varios países y organizaciones internacionales rechazaron la intención de Ortega -un exguerrillero izquierdista en el poder desde hace casi 20 años- de dejar por fuera de las elecciones a los partidos opositores.
Estados Unidos advirtió que no se quedará de “brazos cruzados” frente a la “dictadura”, mientras la Unión Europea (UE) exhortó al gobierno nicaragüense a convocar elecciones “de conformidad con las normas internacionales”. Nicaragua tildó esas críticas de “injerencistas e imperialistas”. “No somos vasallos de nadie”, respondió a la UE. Por su parte, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua y Cuba tan pronto tome el poder el 7 de agosto. Afirmó que no mantendrá “vínculo alguno con tiranías”.
“Autodeterminación”
Consultada este lunes sobre la propuesta de Ortega, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que “cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza”. “Hay otros presidentes que se han reelegido y que quieren reelegirse más veces (...) Europa tiene primeros ministros que se pueden reelegir, reelegir y reelegir, pues cada país decide”, aseguró la mandataria izquierdista.
Nicaragua debía ir elecciones generales en noviembre próximo, pero hace un año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.
Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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Gobierno impulsa la “Nueva ruralidad” para promover el desarrollo del joven rural
El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), está abocado en crear mayores oportunidades para la juventud rural, de la cual depende el futuro del campo. Por ello, agiliza los procesos para otorgar el mayor número de títulos de propiedad finiquitados y desarrollo integral, sobre todo de los jóvenes, con el principal objetivo de fomentar el arraigo en el interior del país.
Cumpliendo con el mandato del presidente Santiago Peña, el titular del ente agrario Francisco Ruiz Díaz, junto a su equipo técnico, avanzan con el plan piloto de la “Nueva ruralidad”, que es una nueva política de Estado que tiene como objetivo que las familias campesinas, especialmente las nuevas generaciones, puedan vivir, producir, emprender e innovar en las colonias, lo que marcará un antes y después en la historia del Reforma Agraria del país.
Al respecto, el presidente del Indert señaló que este será uno de los pasos fundamentales para otorgar más titulaciones de tierras como primer elemento para el desarrollo integral de los beneficiarios de la Reforma Agraria. “Este nuevo enfoque priorizado por el Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente, Pedro Alliana, apunta a llevar felicidad al campo como una política de Estado, es decir, que trascienda el gobierno actual”, remarcó.
Mencionó que este plan piloto de la Nueva Ruralidad fue lanzado oficialmente días atrás en el departamento de Ñeembucú, y busca extenderse a más colonias rurales de otros departamentos del país.
Ruiz Díaz explicó que el título de propiedad en mano del beneficiario y el relevo generacional permitirán a los beneficiarios del Estatuto Agrario mejorar la calidad de vida en el campo, con el acceso a créditos blandos para invertir en diversos proyectos de desarrollo e infraestructura, para el afianzamiento económico y social.
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Experto sugiere al Gobierno crear comisión de crisis para evitar un colapso energético
El ingeniero Fabián Cáceres, exasesor técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), aconseja al Gobierno paraguayo la instalación de una comisión de emergencia que impulse acciones y estrategias para evitar una crisis de desabastecimiento eléctrico en la próxima década.
“Yo creo que el problema ya está muy bien identificado, creo que hay muchos planes dispersos en las distintas unidades del Gobierno sobre el problema que se nos puede plantear, habida cuenta de que nuestra demanda está creciendo en forma constante, elevada hasta desenfrenada, y que la reserva de energía se va cortando”, comentó el experto, este lunes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cáceres mencionó que la comisión de emergencia debe estar integrada principalmente por los mejores técnicos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Ande.
“Yo creo que en la práctica se impone la conformación de un equipo que pueda diagramar, establecer roles y acciones concretas, que se vayan realizando o, caso contrario, nos encontraremos con ese problema a la vuelta de la esquina. Lo peor es que es sabido, conocido y, si no se hace nada, esto puede ser un problema con consecuencias, perjuicios muy grave para nuestro país”, indicó.
El ingeniero señaló también que “creo que sencillamente hay que convocarle a todos esos profesionales y debe haber un liderazgo muy fuerte por parte del Gobierno porque dichas entidades están trabajando de forma dispersa, cada uno sabe el problema, en algunos casos existen buenas planificaciones, pero se tropieza principalmente por la falta de recursos”.
Cáceres indicó que el desabastecimiento eléctrico podría desatarse a partir del 2030. “Puede ocurrir que en ciertos horarios no dispongamos de la suficiente energía que demande el sistema y yo creo que esto será gravísimo y, aún más, porque hace años esto se veía venir. Este es un momento clave, único, una ventana de oportunidades porque si se hacen bien las cosas se puede minimizar e incluso superar, pero si llegamos muy tarde, las soluciones pueden salir muy caras, onerosas y generar perjuicios enormes si no se agarra al toro por las astas”, puntualizó.
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Cifarma avanza con la cesión de créditos mientras Capaco busca otra alternativa
El Gobierno avanza en conversaciones con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), para implementar un esquema de cesión de créditos por USD 300 millones, con el objetivo de cancelar parte de la deuda que mantiene con las empresas proveedoras de medicamentos e insumos del sistema público de salud, pasivo que ronda actualmente los USD 1.000 millones.
La propuesta consiste en que las empresas puedan ceder sus derechos de cobro a entidades financieras, obteniendo liquidez inmediata sin tener que esperar los plazos de pago del Estado. Posteriormente, el Gobierno cancelaría esas obligaciones directamente a la entidad que adquirió los créditos.
En conversación con La Nación/Nación Media, el secretario de Cifarma, Luis Ávila, señaló que el gremio considera que esta herramienta financiera representa una alternativa viable para aliviar la situación de las empresas del sector, que desde hace varios años enfrentan importantes retrasos en los pagos por parte del Estado.
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Explicó que el mecanismo permitiría recuperar liquidez, cumplir con proveedores internacionales y mantener el abastecimiento de medicamentos mientras continúa el proceso de regularización de la deuda pública.
No obstante, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos los sectores. Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) sostienen que la cesión de créditos o factoraje no constituye una solución adecuada para las empresas constructoras, ya que implica trasladarles el costo financiero de una obligación que corresponde exclusivamente al Estado.
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó a La Nación que, si bien la cesión de créditos es una herramienta financiera válida en determinados escenarios, en este caso obliga a las empresas a aceptar descuentos sobre el valor de las acreencias para obtener liquidez inmediata, absorbiendo pérdidas derivadas de los atrasos en los pagos estatales.
En ese sentido, el gremio constructor insiste en que la salida debe pasar por un cronograma de pagos claro, transparente y sostenible, que contemple tanto la deuda principal como los intereses generados por la mora. Según Heisecke, contar con previsibilidad permitirá a las empresas normalizar su situación financiera, cumplir con proveedores y trabajadores, acceder nuevamente al crédito y reactivar las inversiones. La deuda del gobierno con las constructoras ronda los USD 350 millones, incluyendo el certificado de obras más los intereses acumulados.