El presidente de Perú, Pedro Castillo, cuestionó nuevamente a los medios de comunicación y el uso de las encuestas, al tiempo de asegurar que hasta el momento la prensa “no ha encontrado ni una sola prueba” de corrupción en su contra.
Así, sostuvo que no cree en los sondeos de opinión ni en los periódicos y expresó que “ha llegado el momento de quitarle la mamadera a esos zánganos políticos tradicionales para darle al pueblo” y los acusó de pensar “cuál va a ser el titular para atacar al Gobierno”.
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“¿Ustedes creen en las encuestas? ¿Ustedes creen en la prensa? ¿Ustedes creen en esos periódicos? Ha llegado el momento de creer en el mismo pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo, duela a quien le duela”, manifestó, según informaciones del diario El Comercio. Castillo criticó los ataques que recibieron sus familiares, una alusión a su sobrina Yenifer Paredes, que se enfrenta a una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias.
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En este sentido, insistió en que en once meses no hallaron pruebas en su contra y recalcó que el gobierno busca “fortalecer la democracia”. “Nosotros hemos pasado por luchas más cruentas, donde hemos seguido batallando con campesinos, con obreros, con maestros, con transportistas pidiendo reivindicaciones. Y algunos piensan que acá vamos a doblegar a pesar de que se meten con todo, con tus hijos, con tus padres, con tu familia”, subrayó. “Once meses y no encuentran una sola prueba, y me dan vergüenza esas voces corrosivas que maquinan maquiavélicamente”, aseveró.
Fuente: Europa Press.
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LN PM: edición del 28 de agosto
Consejo de Salud: fiscal evalúa pedir juicio a Prieto tras admisión de siete imputados
La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, este viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Apertura del WRC ueno Rally rugió en Encarnación con más de 10.000 personas
Encarnación vivió una noche histórica el jueves 27 de agosto con la ceremonia inaugural del WRC ueno Rally del Paraguay 2026, que convocó a más de 10.000 personas en el Sambódromo de la ciudad, además de miles de aficionados que se congregaron en los alrededores, la Costanera y la Fan Zone. La largada simbólica tuvo como protagonistas a las 60 tripulaciones, sus vehículos y un espectacular show de trompos y donuts.
“Más de 10 mil personas: plateas, preferencia, palcos, deportistas, medios y artistas. Y unos miles más en las afueras del Sambódromo, en la vuelta de exhibición de la Costanera y Fan Zone”, confirmó Rodrigo Maluff, ministro asesor del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, al destacar la masiva participación registrada durante el acto encabezado por el mandatario Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Peña formaliza el traspaso de tierras para el Gran Hospital de Alto Paraná
El nuevo Decreto n.º 6.692 destina un predio militar de más de nueve hectáreas en Ciudad del Este para el futuro centro de salud. Los detalles sobre el costo, los plazos de la obra y las firmas constructoras aún aguardan definición oficial.
El presidente Santiago Peña firmó el decreto mediante el cual desafectó un predio de la Tercera División de Infantería en el kilómetro 8 de Ciudad del Este. El inmueble pasa ahora al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la edificación del Gran Hospital de Alto Paraná. Esta obra de alta complejidad beneficiará a más de un millón de ciudadanos de la región.
Déficit en IPS: Prevén contratar 500 médicos y reestructurar deudas
El asesor económico del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, detalló las proyecciones tras la aprobación con modificaciones de la Ley de Emergencia en la Cámara de Senadores. La normativa apunta a cubrir la marcada falta de profesionales de blanco y habilitar herramientas financieras extraordinarias para aliviar el ahogamiento económico del Fondo de Enfermedad y Maternidad.
En entrevista con el canal GEN/Nación Media, el funcionario confirmó que la institución requiere reponer unos 500 médicos. Esta demanda se acentuará en septiembre debido a la adecuación a la ley que reduce la carga horaria de 24 a 12 horas semanales.
Fiscalía pidió rechazar chicana de Arnoldo Wiens en el caso metrobús
Los fiscales Yeimy Adle y Giovanni Grisetti solicitaron a la Cámara de Apelación rechazar la chicana de excepción de falta de acción por prescripción presentada por la defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens acusado por lesión de confianza por el caso metrobús, que consideran improcedente. Asimismo, sostienen que el hecho de presentar por presentar recursos sin fundamento podría considerarse como ejercicio abusivo del derecho.
Vaticano designa a monseñor Gabriel Escobar como nuevo obispo auxiliar de Asunción
El papa León XIV nombró a monseñor Gabriel Narciso Escobar Ayala como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, informó este viernes a través de un posteo en redes sociales la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).
“El santo padre, el papa XIV, manifestando su cercanía al santo y fiel pueblo de Dios que camina en Paraguay, en la fecha de hoy, 28 de agosto de 2026, a las 7:00, hora de Asunción (12:00 de Roma), nombra como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad a monseñor Gabriel Narciso Escobar Ayala”, indica el documento publicado por la CEP.
Médicos esperan una propuesta escrita del Gobierno y definirán si avanzan hacia una huelga indefinida
La primera semana de huelga culmina este viernes a las 17:00, pero el gremio médico advirtió que la falta de una respuesta documentada sobre sus reclamos podría derivar en nuevas medidas de fuerza. La doctora Karen Figueredo aseguró que los profesionales se mantienen “más unidos que nunca” y no retrocederán en sus exigencias.
La primera semana de huelga de los médicos llega este viernes a su fin, pero la medida podría ser solo el inicio de un conflicto de mayor alcance. Los profesionales de blanco se mantienen en vigilia frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la espera de una propuesta formal y por escrito del Gobierno sobre el reclamo de reajuste salarial.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
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Titular de Diputados respalda endurecimiento de penas contra la corrupción
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre sentó postura sobre el proyecto de ley que busca endurecer las penas para los hechos de corrupción. Durante el tratamiento en plenaria, el legislador colorado manifestó su respaldo a la iniciativa y sostuvo que la lucha contra la corrupción debe involucrar a todos los sectores.
“La corrupción es un problema transversal que atraviesa absolutamente todos los sectores de la sociedad, el sector público y el sector privado”, afirmó el diputado Latorre durante su intervención. El titular de la Cámara Baja remarcó la necesidad de combatir tanto la corrupción como la impunidad. “Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas”, expresó.
A su criterio, no basta únicamente con aumentar las penas, por lo que abogó por fortalecer el sistema de Justicia. “Tenemos que trabajar en el sistema para que, verdaderamente, pueda existir justicia en el Paraguay. Una justicia equilibrada, oportuna, porque la justicia tardía tampoco es justicia”, significó.
El congresista también sostuvo que la clase política debe dar señales concretas de compromiso. “Nosotros, la clase política, tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, afirmó.
Finalmente, anticipó el respaldo al proyecto y destacó que, aunque “podrá no ser la solución definitiva, sin lugar a dudas es una señal, una posición que refleja la voluntad de avanzar en acciones concretas contra la corrupción y la impunidad en el país”. El proyecto de ley fue aprobado, en general, durante la sesión última de la Cámara de Diputados; mientras su estudio, en particular, se postergó indefinidamente.
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Elevar penas por corrupción: “La clase política tiene que dar señales claras”, afirma Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, celebró la aprobación en general del proyecto de ley que tiene como finalidad endurecer los castigos contra la corrupción pública y privada en el Paraguay, fijando las penas carcelarias máximas de hasta 15 a 25 años para ciertos delitos. Sin embargo, queda aún pendiente en la Cámara Baja su tratamiento en particular, es decir, artículo por artículo.
“Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas. La justicia tardía tampoco es justicia. Nosotros, la clase política tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, dijo Latorre en un materia audiovisual compartido en sus redes sociales.
El legislador manifestó que “este proyecto podrá no ser la solución definitiva, pero es sin lugar a dudas una señal, una posición que anticipa lo que serán nuestros esfuerzos para combatir con todas nuestras fuerzas a la corrupción y la impunidad en el Paraguay”.
La iniciativa se centra en la modificación de los artículos 192, 239, 298, 300, 301, 305 y 312 de la Ley 1.160/1997, del Código Penal, y su modificatoria, Ley 3.440/2008; y los artículos 3.°, 4.°, 7.° y 8.° de la Ley 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.
El proyecto plantea elevar las penas para delitos como lesión de confianza, asociación criminal, quebrantamiento del depósito, cohecho pasivo y agravado, prevaricato, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
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Expectativas de penas
La propuesta estipula que la lesión de confianza podrá ser castigada con hasta 15 años de prisión cuando el responsable sea funcionario público y el hecho haya sido cometido en ejercicio de sus funciones. En casos de asociación criminal que afecten el patrimonio del Estado y cuenten con participación de funcionarios, la pena también podrá llegar a 15 años.
Con relación al hecho punible de cohecho pasivo se fija una pena de hasta 8 años, mientras que, en su modalidad agravada, 15 años, cuando intervengan jueces o árbitros y se vulneren deberes. El prevaricato podría ser sancionado con hasta 15 años en casos especialmente graves y la exacción con hasta 10 años.
El proyecto también establece penas de hasta 10 años para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, mientras que para quienes incurran en administración en provecho propio, mediante actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos para sí o sus familiares, hasta 15 años de prisión.