El Índice de Precios al Consumidor de Argentina experimentó una variación mensual del 5,3 por ciento durante el mes de junio y acumuló, en los primeros seis meses del año, una tasa del 36,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En la variación interanual, la inflación del país se situó en un nivel del 64 por ciento, el registro más alto observado en el último año. La división con mayor incremento durante junio fue la de salud, con una subida intermensual del 7,4 por ciento, sobre la que incidió el aumento de la cuota de la medicina prepaga y de los productos medicinales.
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A este rubro le siguieron vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una subida del 6,8 por ciento, por la incidencia del aumento de las tarifas de electricidad y gas, principalmente. Asimismo, bebidas alcohólicas y tabaco (6,7 por ciento) fue otra de las categorías con mayor subida en los precios.
En lo que respecta a alimentos y bebidas no alcohólicas (4,6 por ciento), fue la que tuvo una mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacó el aumento de verduras, tubérculos y legumbres, aunque el alza de carnes y derivados fue lo que más incidió en la mayoría de las regiones. En contraposición, las dos divisiones de menor incremento fueron comunicación (0,4 por ciento) y educación (2 por ciento).
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Fuente: Europa Press.
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Nuevo liderazgo en la CAP busca dinamizar el mercado publicitario y acompañar el crecimiento económico
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) inicia una nueva etapa bajo la presidencia de Gustavo Egüez, quien en conversación con La Nación/Nación Media subrayó que su gestión estará centrada en fortalecer la institucionalidad, promover la formalidad y mejorar el acceso a datos para optimizar la inversión publicitaria, en un contexto donde el desempeño del sector está estrechamente ligado a la evolución de la economía nacional.
Egüez, tras 27 años de trayectoria en el ámbito de los anunciantes, afirmó que liderar un gremio que agrupa a las principales marcas del país representa un desafío que requiere dedicación total. “Es una responsabilidad muy importante, porque estamos hablando de empresas que inciden directamente en la dinámica económica”, señaló.
Ejes de gestión
En cuanto a los ejes de su gestión, el nuevo titular de la CAP indicó que trabajarán sobre tres pilares: institucionalidad, formalidad y desarrollo de información estratégica. “Necesitamos mejores datos para que las empresas puedan invertir de forma más eficiente en publicidad. Eso impacta directamente en el dinamismo del mercado”, explicó.
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Entorno país y desempeño
No obstante, advirtió que el crecimiento del sector no puede analizarse de forma aislada. “El eje principal es la realidad país. Sin un país fuerte, ninguna economía florece. Tenemos que trabajar junto con el sector público para generar condiciones que impulsen el desarrollo”, sostuvo.
Respecto al desempeño del sector publicitario, Egüez señaló que la heterogeneidad de los rubros que integran la CAP —industria, servicios, banca y comercio— dificulta una evaluación uniforme. Sin embargo, afirmó que el avance económico del país genera expectativas positivas. “Estamos viendo inversiones importantes y señales de crecimiento. El desafío es que ese avance se traduzca hacia abajo, en toda la economía”, indicó.
Sobre el tipo de cambio, reconoció que existen visiones contrapuestas dentro del propio sector empresarial. “Hay intereses distintos según el rubro, pero el dólar responde a la oferta y la demanda. Es un tema técnico que debe analizarse en ese contexto”, afirmó.
Proyecciones y reto de trasladar la macro a la micro
De cara al 2026, el presidente de la CAP señaló que el gremio seguirá de cerca las proyecciones económicas del Gobierno, que considera sostenibles, aunque con margen de mejora. “Se están haciendo bien las cosas, pero todavía hay mucho por trabajar”, expresó.
Finalmente, señaló que debe existir una conexión entre la estabilidad macroeconómica y su impacto en la vida cotidiana. “El gran reto es que la gente sienta en su bolsillo la prosperidad económica. Eso no depende solo del Gobierno, sino de un trabajo conjunto entre el sector público y privado”, concluyó.
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Se pretende poner freno a la economía
- Víctor Pavón (*)
De contramano a las manifestaciones correctas del presidente de la República de no subir los impuestos y bajar el déficit fiscal para fortalecer el crecimiento de la economía, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio del Trabajo desean lo contrario: pretenden frenar el empleo, el comercio, la industria y la producción en general.
La DNIT insiste con un severo control a las reservas de las empresas. Desea establecer exigencias con multas y gravámenes en caso que las sociedades comerciales no utilicen sus reservas en un plazo de no más de tres años, dado que “es preciso saber qué hacen las empresas con sus recursos”.
Las reservas, y a diferencia de lo que creen los burócratas de la DNIT, son beneficios netos obtenidos por las empresas que fortalecen el patrimonio, la inversión futura y hasta pueden cubrir pérdidas. Las reservas empresariales son de sus dueños, siendo de propiedad privada garantizada en la Constitución Nacional, un “colchón” de dinero que repercute en la estabilidad y la solvencia de las sociedades.
El Ministerio del Trabajo, a su vez, pretende incorporar compulsivamente a los trabajadores informales a la seguridad social. Consideran que la informalidad puede acabarse con la inscripción automática de trabajadores y empleadores, calculando los aportes pendientes y las jubilaciones para luego aplicar las sanciones que correspondan.
No saben los del Ministerio del Trabajo que la informalidad tiene otra causa. Es la falta de capitales y de seguridad junto con el alto costo laboral. Y a diferencia de lo que cree este órgano estatal, con la inscripción masiva de empleadores y trabajadores se elevará todavía más el costo laboral y el riesgo afectando los puestos laborales existentes y los muchos que podrían crearse.
A la DINIT y al Ministerio del Trabajo les tiene sin cuidado la economía privada, su interés es la recaudación para el erario. Pretenden inmiscuirse en la economía de las empresas y personas para lograr su objetivo de más dinero para el fisco. El método que aplicarán no solo es equivocado, sino que también causará daños a las empresas, a los empleadores y trabajadores, un freno a la economía que terminará en recesión.
De igual importancia, las mencionadas intervenciones estatales no serán bien vistas por el mercado nacional e internacional. El grado de inversión se verá afectado. El cambio en las reglas de juego es una señal negativa dentro y fuera del país.
Modificar el timón institucional de la manera que pretenden la DNIT y el Ministerio del Trabajo, terminará por dañar la gestión gubernamental y a la economía que requiere de ahorro e inversión privada mediante la confianza en reglas claras, estables y predecibles.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
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Caja Fiscal: MEF dispone ajustes en liquidaciones y define sectores con superávit y déficit
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), emitió el Comunicado N.° 1/2026, en el que dispone ajustes en los sistemas de liquidación de pagos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), en el marco de la implementación de la reforma de la Caja Fiscal. La medida regirá desde abril y apunta a aplicar la nueva tasa de aporte jubilatorio.
Según el documento oficial del MEF, los OEE deberán realizar adecuaciones en sus sistemas internos para prever la correcta aplicación del aporte establecido en la Ley N.° 7633/2026, que introduce cambios en el sistema de jubilaciones del sector público. Además, se instruye mantener actualizados los registros de cada cotizante y su sector de afiliación, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación vigente.
El comunicado también presenta una radiografía financiera de la Caja Fiscal al cierre del ejercicio 2025, clasificando a los sectores entre superavitarios y deficitarios, un dato crucial para entender el equilibrio del sistema previsional.
En esa línea, el MEF señala que el único sector con superávit corresponde a la administración pública y sus regímenes especiales. En contrapartida, los sectores deficitarios incluyen a magistrados judiciales, el magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y fuerzas policiales.
Desde la cartera económica indicaron que estas medidas forman parte del proceso de ajuste estructural del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
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Deuda pública condiciona la actividad y exige mayor previsibilidad fiscal, según economista
La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.
Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.
El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.
En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.
Menor recaudación
Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.
Fatoraje surge como herramienta de corto plazo
Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.
Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.
Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.
Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.
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