Bolivia promulgó este lunes una ley que establece que los delitos de feminicidio, infanticidio y violación serán imprescriptibles, tras el caso de un asesino múltiple liberado irregularmente de manera condicional.
“Promulgamos una ley que consolida el trabajo de manera permanente para cuidar la vida de las mujeres en nuestro país” y que “establece mecanismos que precautelan los derechos de las víctimas”, afirmó el presidente Luis Arce en un acto público.
La norma se preparó luego de que el gobierno conformara una comisión interinstitucional que investigó a todos los juzgados penales del país, tras denuncias de que existían delincuentes que se beneficiaban, de manera irregular, de detención domiciliaria.
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El más conocido fue el caso de Richard Choque, quien salió de prisión en 2019 mientras cumplía una condena por un asesinato y era investigado por otro. En libertad condicional mató a dos mujeres más, mientras la policía investigaba si era responsable de más de 70 de violaciones sexuales.
Choque fue capturado en enero de este año y en marzo fue condenado a 30 por feminicidio. Bajo la antigua ley, los delitos prescribían entre cinco y ocho años después en Bolivia.
De acuerdo al Ministerio de Justicia, el trabajo de la comisión interinstitucional permitió la recaptura de 21 feminicidas y violadores, y condujo a llevar a juicio por prevaricato a 15 jueces que otorgaron libertades condicionales de manera irregular.
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Fuente: AFP.
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Condenan a 30 años a un hombre por el feminicidio de una joven a orillas del río Paraná
El Tribunal de Sentencia, integrado por Patricia Elena Maidana (presidenta), Cynthia Lorena Mareco y Cynthia Vega Martínez, condenó a 30 años de cárcel a Jorge Daniel Duarte Retamar. El hombre fue hallado culpable de feminicidio y aborto, tras el asesinato de una joven de 19 años que cursaba el sexto mes de embarazo.
El agente fiscal de Ayolas, Hugo Dávalos, representó al Ministerio Público y presentó todos los elementos probatorios necesarios para obtener la sentencia condenatoria.
El crimen ocurrió en diciembre de 2023 a orillas del río Paraná. La investigación se inició tras el hallazgo del cuerpo de la joven, encontrado sin vida en la zona del barrio San Rafael, en la ciudad de Ayolas. Durante el juicio oral y público, el fiscal logró probar que Duarte Retamar ahogó a la víctima para ocultar el embarazo de quien era su pareja casual.
Actualmente, la defensa cuenta con el plazo legal para apelar el fallo. En ese caso, un tribunal de apelación deberá decidir si confirma o revoca la condena impuesta.
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Acusan a “ministro” de secta religiosa por abuso sexual, trata de personas y violación
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Andrea Coronel presentó acusación contra un hombre por los hechos punibles de abuso sexual en niños, actos homosexuales con personas menores, violación del deber del cuidado, coacción sexual y violación, además de trata de personas. Se trata de Adrián Anselmo Aveiro Silguero (31), supuesto ministro de un culto religioso denominado “Umbanda”.
La agente acusadora es titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes y en la Lucha contra la Trata de Personas.
Según el requerimiento conclusivo, el sospechado habría utilizado su posición dentro del referido culto para captar y someter a varias víctimas (niños, adolescentes y adultos), a un régimen de servidumbre, trabajo forzoso y constantes maltratos físicos y psicológicos.
El relato de hechos señala que, desde diciembre de 2022, en una vivienda ubicada en el Área 6 de Hernandarias, el procesado habría coaccionado a una de las víctimas adultas a soportar actos sexuales, bajo la apariencia de rituales religiosos, recurriendo a amenazas y al uso de la fuerza.
Asimismo, entre 2023 y 2024, en distintas viviendas de Hernandarias, Minga Guazú y Ciudad del Este, el “ministro” habría captado y retenido a varias personas, a quienes obligaba a realizar trabajos domésticos y tareas pesadas sin remuneración, bajo amenazas de muerte o de daño a sus familiares.
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El escrito de acusación dice que el acusado sometía a las víctimas a condiciones degradantes, incluyendo privación de alimentos, restricciones de comunicación y castigos físicos con objetos como arreadores, machetes o colillas de cigarrillo.
En cuanto a los menores de edad que habrían sido víctimas, el Ministerio Público cuenta que los hechos se remontan al año 2018, cuando una niña de 12 años fue llevada a convivir con el acusado mediante engaños y luego fue sometida a un régimen de servidumbre y maltratos, además de abuso sexual.
Un niño de 9 años y un adolescente de 15 años también serían víctimas del acusado entre los años 2020 y 2021, en diferentes inmuebles vinculados a esta persona.
El Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios sobre la existencia de los hechos y la participación del acusado, por lo que solicitó al juzgado penal de Garantías la apertura de juicio oral y público.
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Condenan a feminicida a 28 años de prisión más 5 años de medida seguridad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Zunilda Martínez Noguera e integrado por los jueces Herminio Montiel y Edgar Lezcano, dictó un fallo condenatorio de 28 años prisión más 5 años de medida de seguridad a Eusebio Ovelar (46), quien fue hallado culpable por feminicidio.
El hoy condenado fue responsabilizado por la muerte de su expareja, Carolina Benítez Vallejos, ocurrida en octubre de 2024. La agente fiscal Viviana Sánchez, de la Unidad Zonal 2 de Presidente Franco, fue quien defendió la condena en el juicio oral y público que culminó ayer.
La pena aplicada es la que había solicitado la fiscal, mientras que la medida de seguridad está sustentada en informes de Salud Mental del Ministerio Público, que concluyeron que Ovelar Bogado presenta rasgos compatibles con sicopatía.
El hecho juzgado ocurrió el 2 de octubre de 2024, en horas de la tarde. Ese día, el acusado se encontraba en su domicilio del barrio San Miguel de Presidente Franco junto con la víctima, desde donde ambos se trasladaron en un vehículo Toyota Carina hasta la vivienda de Carolina Benítez, ubicada en el km 8, Fracción Willy.
Cámaras de circuito cerrado registraron el ingreso del rodado a las 18:26, con el acusado al mando y la víctima en su interior, permaneciendo en el lugar hasta las 19:52, momento en que el vehículo se retira. En ese lapso, luego de las 19:20, Eusebio Ovelar Bogado atacó a la mujer con un arma punzocortante, causándole múltiples heridas en la cabeza, tórax y brazos.
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El informe forense determinó 37 lesiones y como causa de muerte un shock hipovolémico por heridas en cráneo y tórax. El cuerpo fue hallado el 3 de octubre de 2024 en la vivienda por su hermano, tras ser alertado por el empleador de la víctima ante su ausencia en el trabajo.
Ese mismo día, la Fiscalía se constituyó en el lugar para el levantamiento del cadáver. El análisis de cámaras confirmó la presencia del acusado durante el horario del hecho, sin ingreso de otras personas.
Asimismo, se determinó que la víctima realizó su último contacto a las 19:19, mediante el envío de un video, cuando el acusado aún estaba en el domicilio. Tras el hecho, se constató la desaparición de un celular corporativo, un celular personal, una tablet, el control del portón eléctrico y una mochila con dinero.
Posteriormente, el 4 de octubre de 2024, el acusado llevó un celular y una tablet de la víctima a un técnico en reparación, solicitando la eliminación de datos (flasheo) con fines de venta.
Finalmente, la investigación acreditó antecedentes de violencia psicológica y amenazas previas, en el marco de una relación que ya había finalizado años antes, período en el que la víctima habría sido objeto de hostigamiento constante por parte del hoy condenado.
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Ministerio de Defensa impulsa acción penal por presunta agresión en Acosta Ñu
El ministro de Defensa, Óscar González informó este martes que la institución a su cargo presentó ante el Ministerio Público, no una denuncia, sino lo que en el ámbito jurídico se denomina “notitia criminis”, respecto a un presunto caso de agresión física en el Liceo Militar Acosta Ñu.
En conferencia de prensa, el ministro explicó que este término jurídico es una herramienta que se utiliza cuando se tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, y por medio de ella se da inicio al proceso penal para su investigación.
Esto se da, teniendo en cuenta que el caso en particular habría ocurrido en el 2021 y que reapareció en redes sociales desde el 2022, donde se puede observar a un cadete del último año del Liceo Militar Acosta Nu, en perjuicio de otro cadete, en ese tiempo de segundo año.
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González, quien se encontraba en compañía del Gral. del Ejército, César Augusto Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, enfatizó que desde la institución militar solicitaron a la Fiscalía que el hecho no quede impune.
“Lo que queremos que esta presunta violación de los Derechos Humanos no quede impune, a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los Derechos Humanos son imprescriptibles y nosotros como autoridad del Estado tenemos la obligación de informar sobre este hecho y a la vez, coadyuvar a la Fiscalía General del Estado, para que el responsable no quede impune”, expresó.
Involucrados identificados
El ministro de Defensa aseguró que el responsable está plenamente identificado e incluso la institución militar elaboró un dosier que está firmado por el comandante actual del Liceo Militar Acosta Ñu, en el cual se detalla la identidad tanto del agresor, como el de la víctima. Indicó que este dosier se adjuntó a la nota que se presentó ante el Ministerio Público.
“Nosotros, y al decir nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas Militares que me acompaña, no vamos a tolerar ningún hecho irregular, y menos hechos de abuso de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque consideramos que un puño que golpea a un inferior no es el puño de un cadete, ni de un teniente, ni de un general, es el puño del Estado paraguayo, y eso no puede tolerar”, enfatizó.
El ministro de Defensa expresó además su indignación, ya que el joven agresor culminó su formación en el Liceo Militar, se retiró y no siguió con la carrera militar. Mientras que el joven agredido solicitó su retiro en el segundo año de formación en el Liceo Militar. Indicó que hoy estos dos jóvenes, tanto agresor como víctima son personas civiles fuera de la carrera militar cursando sus estudios universitarios correspondientes.
González recordó que el Liceo Acosta Ñu es un instituto de educación superior dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde los cadetes egresan con título de bachiller, y con el rango de Subteniente de Infantería de Reserva. Luego, los que deseen seguir con la carrera militar pueden continuar su formación en la Academia Militar, iniciando como subteniente de carrera.
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