Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, tras declararlo culpable de dos violaciones y absolverlo de otras dos, en un caso que ha vapuleado a la monarquía del país nórdico. Además de las dos violaciones —una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero—, la condena incluye maltrato repetido contra una expareja, amenazas e infracciones de tráfico.

Hoiby, de 29 años, hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe Haakon, se enfrentaba a 40 cargos y a una pena máxima de 16 años de prisión. Sin cargo oficial ni profesión fija, siempre negó las acusaciones más graves, las violaciones a cuatro mujeres que no podían resistirse, así como el maltrato repetido a una expareja.

Por motivos de salud no especificados, Hoiby, en prisión preventiva desde febrero, no estuvo presente durante la lectura del veredicto, que siguió por videoconferencia desde la cárcel. La fiscalía había solicitado siete años y siete meses de prisión, mientras que la defensa pedía su absolución en los cargos de violación y una pena de año y medio por otros delitos.

Hoiby había reconocido algunos cargos, como el transporte de 3,5 kg de marihuana, lesiones físicas y amenazas.

El juicio, celebrado entre el 3 de febrero y el 19 de marzo, expuso a la luz pública la vida de excesos del joven, que saltó a la esfera pública con solo tres años debido al romance entre Mette-Marit y Haakon.

“Soy conocido sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. Por eso he tenido una necesidad extrema de reconocimiento toda mi vida”, declaró el segundo día del juicio. “Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”, añadió.

Según la acusación, las violaciones se cometieron entre 2018 y 2024 tras fiestas en las que Hoiby había consumido alcohol y estupefacientes.

En cada caso, tras las relaciones sexuales consentidas, se habrían producido otros actos ilegales cuando las jóvenes parecían estar dormidas.

El debate judicial se centró en el estado de conciencia de las presuntas víctimas y en lo que Hoiby podía percibir en el momento de los hechos. En su alegato, el fiscal Sturla Henriksbo describió a un acusado “que se cree que todo le está permitido”.

A pesar de sus explicaciones confusas y sus lagunas de memoria, Hoiby insistió en que no tenía “por costumbre mantener relaciones sexuales con mujeres que duermen”.

También denunció la presión mediática, que, según él, lo había convertido en “un monstruo”, “objeto del odio de toda Noruega”.

El caso salió a la luz el 4 de agosto de 2024, cuando Hoiby fue detenido por supuestamente haber agredido a su pareja la noche anterior en un barrio rico de Oslo. La prensa publicó entonces una foto de un cuchillo clavado en una pared y una lámpara rota en el suelo. Otra mujer, la influencer Nora Haukland, afirmó más tarde haber sufrido también violencia física y psicológica, un “régimen de terror”, según la acusación.

Durante el juicio, Hoiby reconoció que los celos podían hacerle perder el control. Fue al analizar sus teléfonos y ordenadores cuando los investigadores encontraron vídeos que, según ellos, documentaban las violaciones.

Aunque Hoiby no forma parte oficialmente de la familia real, este caso ha contribuido a debilitar el apoyo de la opinión pública a la monarquía noruega, que, no obstante, sigue siendo relativamente alto.

Este caso se suma a otros escándalos, como las recientes revelaciones sobre la correspondencia mantenida entre Mette-Marit y el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014, cuando el financiero estadounidense ya había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.

La princesa, de 52 años y afectada por una enfermedad pulmonar incurable, ha visto cómo su estado de salud se deterioraba notablemente en los últimos meses, hasta el punto de que los médicos la han incluido en una lista de espera para un trasplante.

Fuente: AFP.

Miles de trabajadores marcharon este miércoles en el centro de la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que evalúa decretar un estado de excepción para contener las protestas que empezaron hace cinco semanas.

“¿Qué queremos? ¡Renuncia!”, gritaban los campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas que avanzaron por las calles de La Paz, sede del gobierno, entre el ruido de petardos.

Los manifestantes rechazan las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

“Algunos quieren vender, destrozar al país. Y como bolivianos verdaderos no los vamos a dejar”, dijo a la AFP Omar Hancco, minero de 44 años de Oruro (sur), que viajó más de 380 kilómetros para protestar.

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Vestidos con ponchos, algunos usando cascos, los huelguistas intentaron llegar a la plaza de armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, pero fueron fácilmente dispersados por policías antimotines con gases lacrimógenos.

Paz, con siete meses en el poder, denunció el lunes que las protestas que piden su dimisión son impulsadas por “narcoterroristas” y promulgó una ley que le permite ahora declarar un estado de excepción.

Con esa medida se restringirían las libertades de reunión y movimiento, claves para protestar, y las fuerzas armadas podrían apoyar a los policías en la desactivación de decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país.

En La Paz y la vecina El Alto se agudiza la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. Los precios de carnes y vegetales se duplicaron en los mercados y algunos conductores duermen en sus vehículos en las filas de las gasolineras.

Según el gobierno, el daño económico causado por los bloqueos es de más de 1.200 millones de dólares. Los principales sindicatos en protesta han rechazado los llamados al diálogo del gobierno.

• Fuente: AFP

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Este martes, un grupo de camioneros paraguayos que se encuentran varados hace más de 30 días en la frontera entre Bolivia y Perú pidieron ayuda a las autoridades para poder subsitir en tanto duren las manifestaciones. Estos se encuentran a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar, enfrentando difíciles condiciones climáticas y logísticas.

Según Braulio Valdez, camionero afectado, necesitan una intervención urgente de las autoridades de Perú para destrabar la situación y poder continuar su recorrido. Además, de ayuda monetaria para mantenerse en la zona ya que no pueden movilizar sus camiones.

“Nosotros hace 35 días que estamos parados en desaguadero lado peruano y hasta el momento recibimos asistencia de la Embajada Paraguaya, pero es muy poca. Nos enviaron 270 soles y hace una semana nos enviaron 170 soles”, detalló Valdez, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Afirmó que además del dinero, también necesitan alimentos para sobrevivir, porque en la zona todo es más costosos y los comerciantes se están aprovechando. Saben que necesitan o que muchos camioneros de otros países reciben importantes sumas de dinero como ayuda.

“La plata que nos enviaron solo era para dos días y no nos alcanza eso, nos estamos solventado por nuestro propio medio. El problema es Bolivia, tenemos todo en condiciones para pasar, pero ellos tienen un conflicto político en este momento y cierran toda la ruta con máquinas para que ningún vehículo pase”, afirmó.

Agregó que ellos son trabajadores independientes por lo que necesitan ayuda del Gobierno paraguayo. “Nosotros agarramos la carga independientemente y la llevamos a Paraguay. Yo llevo tela, mi compañero plástico y otro aceite, la empresa nos presta su permiso internacional para circular”, puntualizó.

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El Congreso de Honduras reformó el lunes el Código Penal y aumentó hasta 60 años de cárcel las penas por femicidio en este país que cuenta con la tasa más alta de muertes violentas de mujeres en América Latina. Honduras reporta la tasa más elevada de femicidios en 17 países latinoamericanos evaluados, con 4,3 casos por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Cepal publicado a finales del año pasado.

El país centroamericano registró 262 femicidios en 2025, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Organizaciones feministas señalan que en lo que va del año, 116 mujeres han sido asesinadas. En la reforma aprobada por el Congreso, controlado por el oficialismo de derecha, la condena seguirá siendo de 25 a 30 años de prisión, pero “cuando existan circunstancias agravantes”, la “pena podrá oscilar entre 30 y 40 años”, señaló el Parlamento en una nota de prensa.

Además, en “contextos de violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima”, la sentencia “podrá alcanzar hasta 60 años de prisión”, agregó. “El delincuente que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida le va a caer todo el peso de la ley (...). Este es un instrumento para que se haga justicia”, dijo durante la sesión plenaria el presidente del Congreso, el oficialista Tomás Zambrano.

La ley también ordena crear órganos judiciales especializados en prevenir el femicidio que estarán compuestos solo por mujeres. Sin embargo, la directora del Centro de Derechos de Mujeres, Regina Fonseca, dijo a la AFP que “el problema no se resuelve cuando se aumentan las penas”, sino cuando “se evita que sucedan los femicidios”. “No nos sirve una ley que aumenta los años de cárcel a los casos que rara vez van a tener acceso a la justicia”, lamentó la activista, al denunciar que un 90 % de los femicidios quedan en la impunidad.

Fuente: AFP.