El gobierno de Uruguay y la farmacéutica Pfizer disponen de 48 horas para presentar ante la justicia información detallada de las vacunas anti-COVID administradas en el país, de acuerdo con un pedido judicial divulgado el sábado.
El juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) Alejandro Recarey hizo la solicitud en respuesta a un pedido de amparo para suspender la administración de la vacuna en niños, prevista en el país a partir de los 5 años de edad, aunque de forma voluntaria.
Según la decisión, el Ejecutivo y el laboratorio estadounidense deberán aportar documentación sobre la composición de las vacunas, incluyendo la posible presencia de “óxido de grafeno” o “elementos nanotecnológicos”. También se piden datos que demuestren la “inocuidad” de “la sustancia llamada ARN mensajero” y que acrediten con estudios de la agencia estadounidense de Estados Unidos, la FDA, “el carácter experimental” de las vacunas.
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El magistrado pide que las autoridades “expongan si se han estudiado terapias anti-COVID alternativas” y “en caso negativo, aclare por qué no se exploraron esas salidas”, según el documento. Los contratos firmados entre el gobierno y Pfizer también son objeto de escrutinio para comprobar si contienen cláusulas “de indemnidad civil o impunidad penal de los proveedores respecto de la ocurrencia de eventuales efectos adversos”, entre otros detalles.
La decisión judicial exige además explicaciones sobre si se han realizado estudios “tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por COVID-19 a partir de marzo de 2021 en relación al año anterior”. “Muy especialmente, se intimará a Pfizer a que en 48 horas manifieste -con aporte de datos documentales si fuere del caso- si la empresa ha admitido (...) la verificación de efectos adversos de las vacunas contra el denominado COVID-19. En general, y también con detalle relativo a la población infantil”, dice el documento.
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El decreto judicial fijó una audiencia para el próximo miércoles, en la que deben comparecer representantes de la Presidencia y el Ministerio de Salud, así como de la compañía estadounidense. Ni las autoridades uruguayas ni la compañía habían reaccionado este domingo a la intimación.
Desde el inicio de la pandemia, circula en internet numerosa información acerca de supuesto contenido perjudicial de las vacunas, mencionando componentes como imanes (grafeno) y microchips. Mucha de esa información ha sido ampliamente desmentida por AFP Factual.
Fuente: AFP.