La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha denunciado este viernes que 251 personas, entre ellas seis mujeres y 67 miembros de la minoría baluche, han sido ejecutadas en Irán desde principios de año; un número que duplica el total de ajusticiamientos en todo 2021.

La organización puntualiza que en su balance solo recoge aquellas ejecuciones que ha podido verificar por múltiples fuentes, por lo que el número real podría ser incluso mayor, y destaca en particular el periodo entre el 7 de mayo y el 30 de junio, coincidiendo con una serie de protestas encabezadas por las influyentes asociaciones de mercaderes del país por la crisis económica.

El director de IHRNGO, Mahmud Amirimoghadam, ha denunciado que “el objetivo fundamental de estas ejecuciones consiste en inspirar el miedo entre la población para evitar nuevas protestas” y pide a la comunidad internacional que “imponga un coste político a Irán para detener esta ola” de ajusticiamientos.

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Sobre las cifras de 2022, la ONG denuncia también el secretismo de las ejecuciones, de las cuales solo 31 han sido anunciadas por los medios de información del país o por canales oficiales. También precisa que más de la mitad de los ejecutados, 141, habían sido condenados por asesinato, otros 91 por delitos relacionados con el narcotráfico y 13 por violación.

Seis de ellos fueron condenados por delito de “moharebeh” (enemistad hacia Dios), cuatro de ellos estaban descritos como presos políticos y dos fueron declarados culpables de protagonizar robos a mano armada El grupo también hace especial hincapié en que los baluches ejecutados representan un 27 por ciento de los ajusticiados si bien el grupo demográfico solo representa entre un 2 y un 6 por ciento del total de la población del país.

Las cifras de ejecuciones aumentaron en un 20 por ciento en 2021 respecto al año anterior, según ha denunciado Amnistía Internacional en mayo pasado, que ha destacado que China continúa un año más al frente de la lista --a pesar de no contar con datos oficiales-- y ha agregado que las cifras de Corea del Norte y Vietnam.

La ONG ha señalado en un informe que durante 2021 se registraron 579 ejecuciones en 18 países, un 20 por ciento más que los 483 de 2020, un dato que representa además el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por el organismo al menos desde 2010.

Asimismo, ha manifestado que la mayoría de los ajusticiamientos tuvieron lugar en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, antes de agregar que las cifras excluyen a “miles” de personas que habrían sido ejecutadas en el gigante asiático sin que haya constancia oficial debido a que estos temas son considerados un secreto de Estado.

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La secretaria general de la ONG, Agnès Callamard, ha criticado además que “China, Corea del Norte y Vietnam siguieron ocultando su uso de la pena de muerte bajo capas de secretismo”. “Como siempre, lo que vimos fue motivo de gran alarma”, ha recalcado, tal y como ha destacado la ONG en su informe global sobre condenas a muerte y ejecuciones en 2021.

Amnistía ha apuntado además que, del total de ejecutados, 24 eran mujeres, lo que supone un cuatro por ciento del total. En Irán fueron ejecutadas catorce mujeres, mientras que ocho fueron ajusticiadas en Egipto y una lo fueron en Arabia Saudí y Estados Unidos.

En esta línea, ha recordado además que Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Japón reanudaron las ejecuciones durante 2021, si bien no hay constancia de ejecuciones en India, Qatar y Taiwán, donde sí las hubo en 2020.

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En los casos de Irán y Arabia Saudí se registraron importantes repuntes de los ajusticiamientos, con 314 ejecuciones en el primer país --respecto a las 246 de 2020--, lo que supone el mayor número desde 2017. Así, en Arabia Saudí fueron ejecutadas 65 personas, un aumento del 140 por ciento respecto a las 27 del año anterior.

“Tras el descenso de sus cifras de ejecuciones en 2020, Irán y Arabia Saudí volvieron a incrementar el uso de la pena de muerte durante el año pasado, llegando a violar sin reparos las prohibiciones establecidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, ha lamentado Callamard. “Su afán por poner a trabajar al verdugo no parece que haya remitido en los primeros meses de 2022″, ha alertado.

En el caso de Irán, las autoridades mantienen la aplicación de la pena de muerte por posesión de drogas y el número de ejecuciones por delitos relacionados con estupefacientes se multiplicó por más de ciento hasta llegar a 132, frente a las 23 de 2020. Asimismo, en el país fueron ajusticiadas tres personas condenadas por actos que cometieron cuando eran menores de edad, una violación del Derecho Internacional.

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Amnistía ha hecho hincapié en que la retirada de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, que retrasaron los procesos judiciales, los jueces repuntaron el dictado de condenas de muerte, con importantes repuntes en Bangladesh, India y Pakistán.

“En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de Derechos Humanos”, ha lamentado Callamard.

Por contra, Amnistía ha resaltado que el Parlamento de Sierra Leona aprobó en julio de 2021 abolir la pena de muerte, algo que también hizo Kazajistán en diciembre, tras entrar en vigor ese mismo año. Asimismo, Papúa Nueva Guinea llevó a cabo una consulta nacional que derivó en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de ratificación.

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De esta forma, más de dos tercios de los países han abolido la muerte en la legislación o en la práctica al concluir 2021, si bien 55 aún la mantienen. En este contexto, durante el año pasado se registraron conmutaciones o indultos a condenados a muerte en 19 países, mientras que hubo exoneraciones en otros cuatro.

En total, durante 2021 fueron impuestas 2.052 penas capitales en 56 países, un aumento del 39 por ciento respecto a las 1.477 en 54 países en 2020. Entre estos países figuran Etiopía, Guyana, Maldivas, Omán, Tanzania y Uganda, que no habían emitidos veredictos a muerte durante 2020.

Por ello, al concluir 2021 había constancia de al menos 28.670 personas en el corredor de la muerte, con más del 80 por ciento del total en sólo nueve países: Irak, con más de 8.000; Pakistán, con más de 3.800; Nigeria, con más de 3.000; Estados Unidos con cerca de 2.400; Bangladesh, con más de 1.800; Malasia, con cerca de 1.400; Vietnam, con más de 1.200; y Argelia y Sri Lanka con más de mil cada uno.

La ONG ha hecho además hincapié en que durante 2021 la pena de muerte fue utilizada en varios países como un instrumento de represión contra minorías y manifestantes, con un aumento alarmante del uso de los ajusticiamientos en virtud de la ley marcial impuesta en Birmania tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.

Así, ha manifestado que el Ejército birmano trasladó a tribunales militares la autoridad para juzgar a civiles, lo que llevó a la celebración de procedimientos sumarios sin derecho a apelación que provocaron la condena a muerte de forma arbitraria de 90 personas, en varios casos en rebeldía, en lo que se considera una campaña contra manifestantes y periodistas.

Amnistía ha dicho que las autoridades de Egipto han continuado recurriendo a torturas y ejecuciones masivas, a menudo tras juicios injustos ante tribunales de seguridad, mientras que en Irán se dictaron condenas de muerte de forma desproporcionada contra miembros de minorías étnicas por cargos poco precisos como la “enemistad con dios”.

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En este sentido, al menos el 19 por ciento de las ejecuciones en Irán correspondían a miembros de la minoría baluche, que supone apenas un cinco por ciento de la población del país asiático. Por su parte, el joven saudí Mustafá al Daruish, de la minoría chií, fue ejecutado en junio tras un juicio injusto basado en una confesión obtenida bajo torturas.

“La minoría de países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso: no sólo podemos imaginar un mundo sin homicidios autorizados por el Estado, sino que está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él”, ha destacado Callamard.

“Continuaremos denunciando la arbitrariedad, la discriminación y la crueldad inherentes a este castigo hasta que no quede nadie bajo su sombra. Es hora de que el castigo más cruel, inhumano y degradante sea relegado a los libros de historia”, ha zanjado la secretaria general de Amnistía Internacional.

Fuente: Europa Press.