La Unión de Gremios de la Producción (UGP) sigue poniendo en tela de juicio las multas que quiere imponer la Unión Europea (UE) en caso de no cumplir con las exigencias establecidas en el marco del Reglamento 1115.

Para el gremio, las medidas que quieren imponer son irracionales y solo buscan bajar el precio de la soja paraguaya, de altísima calidad. Cuestionan la categoría de riesgo estándar que le asignó la UE a Paraguay, que implica mayores controles y auditorías sobre las exportaciones, a diferencia de países como China, EE. UU. e India, que tienen altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero.

En su boletín semanal, el gremio realizó un análisis sobre qué es lo que podría impulsar al mercado europeo avanzar con este reglamento, y poner trabas a nuestro país, al igual que a Argentina, Brasil y Rusia.

Hugo Jiménez de Recalde recordó que hasta inicios de 1800, las cédulas reales eran documentos oficiales del Antiguo Régimen europeo, donde la corona comunicaba a las autoridades locales la voluntad real sobre diversos asuntos políticos, organizativos y administrativos. Estas disposiciones no se discutían, se imponían.

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Ante los abusos de poder de la Corona y la expoliación de las colonias americanas, el proceso de emancipación de España y la constitución de repúblicas independientes dieron lugar a un cambio radical en el mapa del Nuevo Mundo. La primera nación latinoamericana en independizarse —en este caso de Francia— fue Haití, en 1804. Le siguieron Paraguay (1811), Argentina (1816), Chile (1818), Perú (1821), Ecuador (1822), Brasil (1822), Bolivia (1825) y otras.

“Hace unos días, como reeditando aquellas decisiones imperiales, la UE-27 publicó la lista de países proveedores de bienes agropecuarios y forestales, junto con sus respectivas clasificaciones de riesgo”, expresó.

Luego, mencionó que en la categoría de bajo riesgo fueron incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, China, Chile y Uruguay, entre otros. Argentina, Brasil y Paraguay fueron colocados en la categoría de riesgo estándar o medio, mientras que Rusia fue clasificada como país de riesgo alto.

Afirmó que esta clasificación se basa en criterios como la tasa de deforestación o degradación forestal, la expansión de tierras agrícolas y la tendencia de producción de materias primas y productos relevantes. En consecuencia, el Imperio Europeo, bajo el pretexto de “cuestiones ambientales”, disfraza su espíritu proteccionista y lo transforma en un argumento ambiental.

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Luego, expuso que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una fuente respetada y confiable en el mundo entero, presenta una amplia colección de trabajos sobre áreas de producción, población, emisiones de CO₂ y gases de efecto invernadero. Allí se pueden explorar las emisiones de numerosos países y regiones, de dónde provienen, cómo evolucionarán en el tiempo y qué factores las impulsan.

Finalmente, precisó que para poner algún criterio objetivo en la comparación de emisiones, deben considerarse múltiples métricas: emisiones anuales por país, emisiones por persona, contribuciones históricas y si se ajustan o no a los bienes y servicios comercializados.

“Ante la necesidad de producción de alimentos para una población cada vez más numerosa, y el papel de las naciones para enfrentar este desafío consagrado en el ODS 2, conocido como “Hambre Cero”. Este objetivo busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Busca, en definitiva, asegurar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos durante todo el año, especialmente los más vulnerables”, aseveró.

Este viernes, desde la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) confirmaron que ya se reportaron cuatro casos de personas que presentaron reacciones adversas por uso de crema dental, cuyo componente es el fluoruro de estaño. Esta semana desde Brasil advirtieron sobre su uso y en Paraguay estas cremas tienen habilitación para su venta.

Según la Cinthia Ojeda, directora de Dinavisa, desde la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil emitieron la alerta sobre reacciones adversas por el uso de pastas dentales con “fluoruro de estaño” y que actualmente en Paraguay se reportan personas que presentan estas reacciones.

“Tenemos cuatro casos que están relacionados a las reacciones adversas. El consejo que les damos es que suspendan el uso y que consulten con sus médicos al presentar algún signo de alarma”, detalló Ojeda, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Expresó que algunas reacciones pueden ser dolor en boca, lengua, encías o labios; úlceras bucales, heridas o laceraciones en cavidad oral; sensación de ardor o quemazón, e hinchazón en lengua, labios u otras zonas de la boca. Además, que la gravedad y seriedad de cada caso depende mucho de cada usuario.

“Muchas personas utilizan estos productos y no les provoca nada, por eso decimos que se presentan en casos muy sensibles. Por el momento tenemos la indicación de estas reacciones y es importante aclarar que el fluoruro de estaño solo está presente en pastas dentales de adultos no así en los de niños”, reafirmó.

Desde la institución emitieron un comunicado de advertencia en el que señalan que el producto cosmético “pasta dental con fluoruro de estaño”, mencionado en la alerta cuenta con Registro Sanitario para su comercialización en Paraguay.

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Este martes salieron a la luz una serie de situaciones que involucran a la abogada María Fátima Muñoz Escobar, quien usara la sala de juicios como set para videos, una es representante de la mujer que sería cómplice en el asesinato al delivery en Asunción. La letrada también es defensa de los padres del sospechoso del feminicidio de María Fernanda Benítez.

Además de su pasado turbio, en el que fue condenada por proxenetismo contra una menor y frustración de la persecución penal en el 2017, hoy se dio a conocer que Muñoz Escobar también es abogada de la Micaela Noemí Silvero, de 21 años. Esta joven había orquestado el crimen del delivery, Alfredo David Duarte, de 29 años, en el barrio San Francisco.

“En el caso del homicidio del delivery en Asunción, tuvimos un primer procesado que fue un menor y luego cae la señorita Micaela Silvero, el sábado 31 de mayo, esta abogada asume la defensa de la acusada que se encuentra en el penal de Concepción”, detalló el fiscal Aldo Cantero, en entrevista con la 1020 AM.

Explicó que la joven está imputada por homicidio doloso en calidad de cómplice en el hecho del crimen de delivery. “Esta señorita había participado en la organización y proveer el arma al menor. Además, probablemente estaría involucrada de que esta persona sea emboscada en el lugar”, puntualizó.

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Desde la Corte Suprema de Justicia iniciaron una investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala de juicios. Esto luego de que se viralizaron dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala como set para grabar y promocionar sus servicios.

Hoy, la exministra de la niñez y actual directora de la Unidad de Trata, María Teresa Martínez, la abogada que se hizo viral por sus videos en redes sociales, ya había sido condenada por proxenetismo y frustración de la persecución penal. En aquel momento era estudiante de Derecho.

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En lo que va del año se reportaron más de 800 denuncias sobre personas desaparecidas en el país, confirmó la comisario Lucía Dávalos, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas. Los casos más denunciados corresponden a adolescentes y adultos mayores que no han regresado al hogar.

“Lo ideal es que una vez que una persona asuma que desconoce el paradero de la otra persona, de forma inmediata recurra ya sea a la comisaría, al Ministerio Público, a la Defensoría de la Niñez, donde se sienta en confianza para realizar esa denuncia por persona ausente o que no regresa a su hogar”, señaló al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Habló de la necesidad de contar con un registro unificado que sea manejado por la Policía, la Fiscalía y otras instancias involucradas en la búsqueda.

“Se rechazó el proyecto de ley y seguimos trabajando para volver a presentar en el Congreso y poder crear este registro nacional que sería más que útil para el Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público. Todos manejemos la identidad, características de las personas que son buscadas”, refirió.

Se dan casos de reaparición de personas que no se comunican a las autoridades, lo que dificulta la actualización de los registros