El senador Natalicio Chase, líder de bancada oficialista confirmó que se encuentran analizando la situación de la senadora Zenaida Delgado quien forma parte de la bancada. Aclaró que aún no hay una postura definida y que no se descarta la renuncia, ni la pérdida de investidura.

En conversación con varios medios de prensa, el legislador mencionó que esta mañana recibieron a la senadora Delgado, y que luego de escuchar su descargo y recibir en el transcurso de esta tarde a los denunciantes para contrastar las versiones, anunció que tendrán una postura definida para mañana previo al inicio de la sesión ordinaria.

El legislador oficialista explicó que junto a sus colegas integrantes buscan reunir la mayor información antes de decidir si acompañan una eventual sanción, incluida la pérdida de investidura. Al respecto, señaló que la senadora negó haber recibido las transferencias cuestionadas y atribuyó los movimientos de dinero a su expareja y a familiares.

Le puede interesar: Remesowski y el gobernador de Itapúa conversan sobre proyectos para Encarnación

“Creo que vamos a tener una conclusión para las 8:30 antes de comenzar la sesión mañana. Tampoco hemos leído todavía el libelo acusatorio, o sea que vamos a tener una situación concreta mañana antes de entrar a la sesión. Ella se defendió ante el bloque, nos dio una explicación, inclusive llegó a mostrar un extracto de cuenta y esas cosas, entonces estamos haciendo un análisis de toda la información, los compañeros siguen trabajando ahí adentro y queremos ser justos en el análisis”, expresó.

Respecto a las declaraciones que realizó Delgado sobre la responsabilidad compartida con el titular del Congreso, Basilio Núñez, el senador Chase aclaró que la contratación de los funcionarios de confianza que se le asigna a cada legislador, se da a través de un pedido escrito presentado por cada parlamentario.

“El presidente del Congreso solo es el ordenador que hace el contrato por ser el titular del Legislativo, pero él no es responsable de ninguna de las contrataciones que se hagan en el Congreso que no estén directamente relacionadas a él” acotó.

El senador Chase afirmó tanto la posibilidad de solicitar la renuncia de Delgado como la pérdida de investidura. “Nosotros estamos tratando de ser justos, vamos a escuchar todas las partes involucradas; no está descartada tampoco la pérdida de investidura, o el pedido de renuncia, tampoco está descartada ninguna sanción, o sea, no tenemos una conclusión, por eso yo no quiero adelantar nada”, remarcó.

No obstante, remarcó que en este caso, no se ajusta las condiciones de que la parlamentaria llegue a solicitar solamente permiso de su banca para someterse a la investigación judicial.

“Todavía no está clara la situación porque nos falta la contraparte. Tampoco tuvimos todavía acceso al libelo acusatorio, yo creo que enseguida vamos a tener si es que ya presentaron. Nosotros queremos escucharles a los denunciantes. El presidente del Senado, Basilio Núñez tuvo una reunión con ellos, pero nosotros queremos escucharles, para contrastar la información que nos dio la senadora. Si existe demostración de que es culpable va a haber consecuencias”, remarcó.

Siga informado con: Roque Alonso inició proceso de transición ordenado y transparente

Lourdes Torres - lourdes.torres@nacionmedia.com

El presidente del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen sostuvo que la prioridad para los partidos de la oposición debe ser construir una candidatura única, para enfrentar al Partido Colorado en las Presidenciales 2028, teniendo en cuenta que Paraguay no tiene segunda vuelta electoral. Advirtió que, si la oposición presenta dos o tres candidaturas presidenciales, sus posibilidades de ganar se reducen en las generales.

En conversación con La Nación/Nación Media, el líder político patriaqueridista confirmó que estarán participando de la reunión entre los partidos de oposición, que se realizará el miércoles para la conformación de una mesa de diálogo. Explicó que Patria Querida pretende replicar el proceso de diálogo que se desarrolló en Asunción y que logró la victoria para la intendencia municipal.

En ese sentido, planteó que el diálogo entre los partidos de oposición debe desarrollarse por etapas: primero, abrir una conversación sobre el proyecto político para el 2028; luego, identificar a los precandidatos presidenciales y sus intereses y finalmente, debatir los posibles mecanismos para definir una candidatura de unidad. Insistió que el objetivo es replicar a nivel nacional la experiencia de unidad alcanzada durante las municipales de 2026.

Le puede interesar: Peña verificó obras en Luque y destacó la mayor inversión en infraestructura urbana

Rasmussen considera que las conversaciones deben comenzar cuanto antes, de tal modo lograr para abril y mayo del 2027 un panorama claro sobre los mecanismos para medir o definir la candidatura presidencial. Aunque reconoció que los plazos electorales son ajustados, sostuvo que todavía hay tiempo para negociar las metodologías y los tiempos, con miras a la inscripción de alianzas y las posteriores internas partidarias.

“Para nosotros está claro y lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales que, si llegan dos, tres o más candidatos de la oposición que pretenda enfrentar la chapa de la ANR, obviamente las posibilidades de ganar se reducen significativamente” remarcó.

Rasmussen señaló que el diálogo, que se pueda dar en las primeras reuniones de esa mesa de trabajo, puede fracasar si los dirigentes llegan a las conversaciones con candidaturas innegociables o intentan imponer sus condiciones sobre los demás. Planteó que los partidos deben escucharse, buscar puntos en común y estar dispuestos a ceder posiciones para alcanzar un acuerdo.

“Lo primero es escucharnos entre todos, a partir de ahí empezar a construir. Aparte, es muy importante que definamos quiénes estamos de acuerdo en llegar unidos. Siempre aparece algún personaje que quiere dividir, identifiquémosle y bueno, que vaya por su camino. Pero lo que buscamos es la conversación en esa línea. Sobre todo, porque cualquier voto hace la diferencia, cuando uno compite contra el Partido Colorado, más aún porque no tenemos la figura del ballotage en Paraguay”, comentó.

En cuanto a la metodología para la selección de la chapa presidencial, mencionó que si bien, considera secundario en este momento, debe ser transparente y auditable. Advirtió que cualquier procedimiento debe garantizar credibilidad, como la experiencia de las municipales de Asunción, donde se realizaron encuestas con grabación de las conversaciones, controles cruzados entre candidaturas y auditorías.

Su argumento es que un método que no pueda ser auditado podría llevar a que el candidato perdedor cuestione los resultados y se rompa la unidad. “Particularmente creo que todas las metodologías, que sean científicas y auditables, son válidas. Lo que nadie se va a prestar, y sobre todo en Patria Querida, por lo menos no se va a prestar a ninguna metodología que no tenga la certeza de que el resultado sea verdadero”, remarcó.

Respecto a los nombres que ya comenzaron a manifestar interés de encabezar la chapa presidencial de la oposición para el 2028, Rasmussen afirmó que la pluralidad de aspirantes es positiva para la democracia y que la existencia de varias precandidaturas no es incompatible con la unidad, siempre que los postulantes estén dispuestos a escuchar, negociar y aceptar un mecanismo consensuado. “Es muy saludable que haya muchos precandidatos y muchos interesados a la Presidencia de la República”, acotó.

Finalmente, indicó que si bien, los plazos electorales son acotados, todavía hay tiempo para conversar y construir acuerdos. Considera que adoptar posiciones rígidas desde el comienzo puede dificultar las negociaciones y llamó a mantener una actitud abierta durante las primeras reuniones.

“Hay que conversar de manera abierta entre todos, estoy seguro que si el objetivo de gran parte del grupo es la unidad, así como fue en Asunción, se puede llegar a a buen puerto y se puede crear una muy buena alianza entre todos”, concluyó.

Siga informado con: Fiscalía acumula un déficit de G. 1,3 billones y solicita mayor presupuesto para 2027

El pleno de la Corte Suprema de Justicia convocó para la próxima semana a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Mariana Fariña, para que comparezca ante los altos magistrados en el marco de la investigación sobre las actuaciones judiciales previas al feminicidio de la joven Deisy Paola Giménez, ocurrido días atrás en Lambaré. La convocatoria se produce tras detectarse presuntas demoras y falta de diligenciamiento de las medidas de protección que la joven había solicitado antes de ser asesinada.

Igualmente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, presentó los primeros resultados de la auditoría de reacción inmediata sobre el caso de Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio el 8 de octubre en Lambaré. Según el informe, pasaron ocho días hábiles entre la recepción de la denuncia por incumplimiento de la orden de alejamiento y la audiencia de ratificación. Ante esta situación, la Corte resolvió convocar a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Fariña, para que comparezca y brinde detalles sobre su actuación.

Te puede interesar: Juez define si dispone prisión domiciliaria o no para Hugo Javier

La magistrada comunicó a la Fiscalía el supuesto desacato de Aldo Alexis Duarte Moreira, expareja de la víctima, el 7 de octubre, un día antes del crimen. Sin embargo, Jiménez Rolón advirtió que no existen constancias de que se haya diligenciado el oficio mediante el cual el juzgado debía comunicar formalmente al Ministerio Público el incumplimiento de la medida de protección.

El ministro explicó que Deisy presentó la denuncia el 18 de septiembre y que la jueza de turno, Natalia Molas, dictó ese mismo día la medida de protección y la orden de alejamiento contra Duarte Moreira. Por cuestiones de territorialidad, el expediente pasó al Juzgado de Paz de Lambaré, que recibió la documentación el 21 de septiembre. Posteriormente, durante la audiencia, Deisy ratificó su denuncia e informó que su expareja había incumplido la orden judicial. El 7 de octubre, Fariña notificó el hecho a la Fiscalía para que investigara el presunto desacato, pero no se encontró constancia de que el oficio haya sido efectivamente diligenciado.

Podes leer: Tía Chela: tribunal advierte a Miguel Prieto que será juzgado también por estafa y otros

• Embajador Carlos José Fleitas
• Fotos: Gentileza

A lo largo de su historia, Paraguay recurrió en tres momentos decisivos al arbitraje para resolver controversias territoriales. El primero fue el laudo Hayes con la Argentina en 1878, que reconoció la soberanía paraguaya sobre el territorio situado entre los ríos Verde y Pilcomayo; el segundo, el laudo arbitral del Chaco del 10 de octubre de 1938, que fijó la frontera con Bolivia después de la guerra del Chaco; y el tercero, conocido como el arbitraje del cerro Chovoreca, culminó con el fallo del 11 de julio de 1969 y determinó la ubicación correcta de uno de los vértices establecidos en 1938.

Pese a su importancia para la definición territorial del país, el laudo de 1938 ha recibido menor atención que los otros dos casos. Detrás de su pronunciamiento existió, además, un episodio poco conocido y todavía controvertido: el acta reservada del 9 de julio de 1938, mediante la cual las partes y los países mediadores anticiparon el trazado fundamental de la futura frontera antes de la firma del Tratado de Paz y del fallo formal de los árbitros.

El Protocolo de Paz firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935 puso fin a las hostilidades de la guerra del Chaco y abrió las negociaciones para resolver la cuestión territorial. La Conferencia de Paz del Chaco, integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, asumió la tarea de acercar las posiciones de los antiguos contendientes.

Las negociaciones se extendieron durante más de tres años, prueba de que el cese del fuego no había resuelto automáticamente el problema de límites. Finalmente, el 21 de julio de 1938, Paraguay y Bolivia firmaron en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límites, bajo los auspicios y la garantía moral de los seis Estados mediadores.

Por Paraguay participaron, entre otros, Cecilio Báez, José Félix Estigarribia, Luis A. Riart y Efraím Cardozo; por Bolivia, Eduardo Diez de Medina y Enrique Finot. Los instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 29 de agosto de 1938 (González de Bosio, 2022).

Antes de la firma pública del Tratado de Paz, Amistad y Límites, en la madrugada del 9 de julio de 1938 las delegaciones de Paraguay y Bolivia rubricaron, junto con los mediadores, el proyecto de tratado, aunque debían someterlo a la aprobación de sus respectivos gobiernos. En esa misma fecha se suscribió un documento reservado titulado “Paraguay-Bolivia.

Acta rubricada en la ciudad de Buenos Aires, 9 de julio de 1938”, en el cual los representantes de las partes y de los países mediadores anticiparon el recorrido general que debía respetar el futuro laudo arbitral.

El acta afirmaba que la Conferencia de Paz había identificado, con el asesoramiento de sus técnicos militares y después de escuchar separadamente a las partes, una delimitación transaccional basada en los puntos de coincidencia existentes. En él se anticipó una línea que comenzaba en Esmeralda, sobre el río Pilcomayo; se dirigía hacia 27 de Noviembre, dejando Yrendague al este; continuaba por Capitán Ustares, Palmar de las Islas, Fortín Paredes y cerro Chovoreca; y llegaba al río Negro u Otuquis y a su desembocadura en el río Paraguay.

El documento declaraba que el futuro laudo respetaría esa solución “fiel y escrupulosamente”, considerándola razonable y definitiva por los negociadores (Rout, 1970).

Los compromisos del 9 de julio fueron confirmados y complementados, ya que el 19 de julio Bolivia solicitó nuevas garantías de que el Colegio Arbitral respetaría lo acordado, mientras Paraguay recibió seguridades escritas sobre el sector occidental de la frontera y la permanencia de los fortines Patria y Galpón bajo su jurisdicción.

El acta no fue un documento aislado, sino la pieza central de una negociación reservada más amplia que preparó el camino para la firma pública del Tratado de Paz, el 21 de julio, y para el laudo arbitral del 10 de octubre. Aunque el fallo mantuvo la orientación general del acta, incorporó referencias geográficas como Villazón, el punto situado diez kilómetros al oeste de Estrella; Cerrito Jara y determinadas intersecciones de paralelos y meridianos. Es decir, el trazado definitivo mantuvo la orientación fundamental del acuerdo previo, pero no lo reprodujo literalmente. El documento, por tanto, no sustituye al laudo arbitral, aunque permite comprenderlo como la culminación jurídica de una solución política negociada previamente y mantenida bajo reserva.

El acta ha generado controversias históricas, su carácter reservado y su divulgación pública muchos años después motivaron cuestionamientos sobre la transparencia de las negociaciones. Además, al afirmar que el futuro laudo respetaría “fiel y escrupulosamente” la línea acordada, abrió la discusión sobre el margen de decisión que conservaron los árbitros. También provocó reparos jurídicos porque fue rubricada antes de que las delegaciones obtuvieran la aprobación definitiva de sus gobiernos y antes de la firma y ratificación del Tratado de Paz. A ello se sumaron las diferencias internas de la representación paraguaya ante las concesiones territoriales discutidas.

El tratado no sometió nuevamente a discusión la totalidad del Chaco Boreal. Reconoció directamente determinados espacios y estableció una zona dentro de la cual los árbitros debían fijar la línea definitiva. La decisión tendría el carácter de un arbitraje de equidad: los árbitros debían pronunciarse según su leal saber y entender, considerando la experiencia de la Conferencia de Paz y los dictámenes de sus asesores militares.

A diferencia de un arbitraje estrictamente jurídico, centrado principalmente en la aplicación de tratados anteriores, títulos coloniales y otras normas de derecho, los árbitros de equidad podían buscar una solución considerada justa, razonable y viable para ambas partes. Debían pronunciarse según su “leal saber y entender”, tomando en consideración los antecedentes reunidos por la Conferencia de Paz, los dictámenes de los asesores militares y las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de los dos países. La finalidad era alcanzar una fórmula que pudiera cerrar el conflicto y evitar una nueva guerra.

El Tratado fijó los márgenes que la decisión no podía sobrepasar. En el sector occidental, la línea debía situarse dentro de una franja determinada entre el río Pilcomayo y el meridiano del fortín 27 de Noviembre. En el norte y el este, debía mantenerse entre la propuesta presentada por la Conferencia de Paz el 27 de mayo de 1938 y la contrapropuesta paraguaya del 24 de junio. Además, el litoral del río Paraguay situado al sur de la desembocadura del río Negro u Otuquis quedó expresamente excluido del arbitraje.

Los árbitros eran los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes delegaron sus funciones en representantes plenipotenciarios. Argentina designó a José María Cantilo, Isidoro Ruiz Moreno y Pablo Santos Muñoz; Brasil, a José de Paula Rodrigues Alves; Chile, a Luis Barros Borgoño y Manuel Bianchi; Estados Unidos, a Spruille Braden; Perú, a Felipe Barreda Laos y Luis Fernán Cisneros; y Uruguay, a Eugenio Martínez Thédy. Sus poderes los facultaban para deliberar y suscribir el fallo en nombre de los respectivos jefes de Estado (Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya, 2007).

Cumplidas las ratificaciones, los delegados de los seis presidentes mediadores se reunieron en Buenos Aires como Colegio Arbitral y el 10 de octubre pronunciaron el fallo que determinó la línea divisoria.

Paraguay y Bolivia fueron oídos en una audiencia especial y presentaron alegatos acompañados de documentación y una Comisión Militar Asesora realizó un relevamiento aerofotográfico y reconoció las zonas definidas. El Colegio Arbitral no examinó solamente los antecedentes jurídicos e históricos, sino también las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de ambas partes. Sobre esa base, concluyó que la línea adoptada representaba una solución equitativa y aprobó el fallo por unanimidad.

La frontera quedó organizada en dos grandes zonas que convergían en 27 de Noviembre o Gabino Mendoza. En la zona occidental, la línea partía de ese punto, descendía hacia Villazón, pasaba diez kilómetros al oeste de Estrella y terminaba en el thalweg o canal navegable del río Pilcomayo. En la zona norte, avanzaba hacia el cerro Capitán Ustares, la Cañada del Palmar de las Islas y la intersección del meridiano de Fortín Paredes con el paralelo de Fortín Ravelo. Luego alcanzaba el punto más alto del cerro Chovoreca y Cerrito Jara, llegaba al río Negro u Otuquis y seguía su thalweg hasta la desembocadura en el río Paraguay.

El uso de fortines, elevaciones, palmares, cursos de agua, paralelos y meridianos muestra que la frontera combinó referencias militares, accidentes naturales y líneas geométricas. El documento fue dado en Buenos Aires en tres ejemplares redactados en español, inglés y portugués, y dispuso que el texto en español prevalecería en caso de duda.

El laudo delimitó la frontera: determinó jurídicamente por dónde debía pasar. Todavía era necesario demarcarla, es decir, identificar sus puntos en el terreno, calcular coordenadas, abrir picadas y construir los hitos que harían visible la separación entre los dos Estados.

El acta del 25 de noviembre de 1938 constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. Bolivia estuvo representada por el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas; Paraguay, por el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente primero de Marina Néstor Rodríguez. Como quinto miembro y presidente fue designado el coronel argentino Ernesto Florit, en representación de los países mediadores.

La Comisión debía dictar su reglamento, acordar el plan de acción y definir los métodos de trabajo. El presidente dirigía los debates, verificaba la ejecución de las decisiones y resolvía definitivamente las cuestiones técnicas y prácticas en las que las partes no alcanzaran un acuerdo.

El Tratado de Paz estableció la fórmula política y jurídica; el laudo determinó la línea dentro de la zona acordada; y la Comisión Mixta se encargó de reconocerla y demarcarla materialmente.

Los documentos producidos durante la demarcación –actas, mapas, croquis, fotografías, informes y libretas de campo– muestran una dimensión de la historia fronteriza que suele quedar oculta detrás de los grandes acontecimientos diplomáticos. La frontera no fue únicamente una línea decidida por presidentes y cancilleres: también fue recorrida por técnicos, topógrafos, militares, ingenieros y delegados que debieron confrontar las palabras del fallo con la geografía del Chaco.

El carácter equitativo del arbitraje permite comprender por qué la solución de 1938 no coincidió plenamente con las aspiraciones territoriales máximas de ninguna de las partes. Aunque la consigna del Dr. Manuel Domínguez –“Ni más allá ni más acá del Parapití”– había expresado durante años la reivindicación paraguaya de reconocer aquel río como límite histórico del Chaco, la frontera definitiva surgió de una realidad más compleja.

Las consecuencias de la guerra, las posiciones de Paraguay y Bolivia, la intervención de los mediadores y la necesidad de evitar un nuevo enfrentamiento exigieron concesiones y una intensa negociación diplomática. Para el Paraguay significó el reconocimiento de la mayor parte del Chaco Boreal y la preservación de su soberanía sobre el litoral del río Paraguay; para Bolivia, consolidó el dominio sobre el sector noroccidental.

El laudo no satisfizo todas las aspiraciones territoriales de ambos países, pero alcanzó algo que décadas de conversaciones, protocolos y mediaciones no habían conseguido: transformar el final de la guerra de dos naciones hermanas en una frontera jurídicamente definida y así abrir una nueva etapa de paz entre Paraguay y Bolivia.