El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes un proyecto de ley que convierte los linchamientos racistas en un delito federal de odio, poniendo fin a más de un siglo de retraso en la ilegalización de esta muestra de “puro terror”, dijo.
Cualquier persona condenada en virtud de la nueva ley se enfrentará a hasta 30 años de prisión. Según investigadores, miles de linchamientos quedaron impunes entre el final de la Guerra Civil, en 1865, y 1950.
El proyecto de ley lleva el nombre de Emmett Till, un afroamericano de 14 años cuyo brutal asesinato impulsó el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1950.
A Biden lo acompañaron en la ceremonia de la Rosaleda la vicepresidenta Kamala Harris, primera mujer negra en el cargo, y Michelle Duster, bisnieta de Ida B. Wells, periodista negra pionera y activista contra el linchamiento.
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“Los linchamientos eran puro terror”, dijo Biden, recordando la horrible práctica de los asesinatos públicos, generalmente de afrodescendientes, frente a multitudes blancas en un país que dejaba atrás la esclavitud.
El presidente advirtió que “el odio racial no es un problema antiguo. Es un problema persistente (...) el odio nunca desaparece, solo se esconde”.
Harris apuntó que “los linchamientos no son una reliquia del pasado”. “Los actos de terror racial siguen ocurriendo en nuestra nación”, dijo. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley a principios de este mes.
Fuente: AFP.
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Diputados dio media sanción a ley que establece nuevos requisitos para el JEM
El pleno de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que establece nuevos requisitos para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata de la modificación del artículo 3º de la Ley 6814/2021, “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra y deroga la Ley N° 3759/2009”.
La media sanción se dio, luego un amplio debate acerca del tiempo de mandato y otros requisitos propuestos en el proyecto original.
El diputado Edgar Olmedo defendió el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que propone una duración de mandato de tres años con posibilidad de reelección.
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Igualmente se redujo a 30 años la edad requerida, como también se redujo a cinco años el tiempo de ejercicio de la profesión, a cinco años el ejercicio de la docencia y a cinco el ejercicio de la magistratura.
La propuesta original establece que, para ser designados representantes del Congreso ante el JEM, los postulantes deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años de edad.
Así también, debe poseer título universitario de abogado conforme a la normativa vigente y acreditar al menos diez años de ejercicio efectivo de la profesión, desempeño en la magistratura judicial, en el Ministerio Público o en la docencia universitaria en materia jurídica, de manera conjunta, separada o alternativa.
La iniciativa busca establecer requisitos más rigurosos para los representantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con el propósito de unificar las condiciones de idoneidad exigidas para integrar dicho órgano.
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México impulsa ley para castigar feminicidio con hasta 70 años de cárcel
El gobierno de México informó el miércoles que presentará ante el Congreso un proyecto de ley para castigar con hasta 70 años de cárcel el feminicidio.
México es uno de los países más afectados por la violencia contra las mujeres, con una decena de asesinatos en promedio al día, según Naciones Unidas.
El feminicidio ha sido motivo de protestas en los últimos años, porque además, en muchos casos, los agresores salieron impunes.
La iniciativa será presentada ante el Congreso bicameral, que ya reformó la Constitución el 6 de mayo para abrir paso a esta ley.
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El proyecto homologa la definición del delito y unifica la forma como se investiga, juzga y sanciona. El gobierno apuntó que los 32 estados del país lo hacen de forma distinta y en muchos casos no toma en cuenta el contexto de violencia en el que viven las víctimas.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que espera que la ley lleve a que “haya cero impunidad” en este delito.
La propuesta establece penas de entre 50 y 70 años de prisión. Actualmente, los estados del país tienen sanciones distintas. Por ejemplo, en Zacatecas es de 30 a 50 años de cárcel.
También establece agravantes que pueden aumentar la sanción como que la víctima sea niña, adolescente o esté embarazada. Además, prohíbe la prescripción del delito.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, confió en que la iniciativa será aprobada en setiembre, cuando inicia un nuevo periodo de sesiones en el Congreso.
- Fuente: AFP
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RUN resolvió el 82 % de los trámites recibidos en sus primeros cinco meses de funcionamiento
A cinco meses de su puesta en marcha, el Registro Unificado Nacional (RUN) procesó más de 212.000 documentaciones relacionadas con inmuebles y logró resolver unas 175.000, lo que representa aproximadamente el 82 % de los trámites ingresados.
Así lo informó la gerente del RUN, Lourdes González, quien destacó que el nuevo sistema permitió avanzar en la modernización de los procesos registrales y catastrales del país. La implementación del RUN constituye una de las reformas institucionales más importantes de los últimos años en materia de administración de la propiedad inmueble.
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La creación de este sistema busca reducir la burocracia, agilizar los trámites vinculados a compraventas, hipotecas, transferencias y regularización de propiedades, además de mejorar la seguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversionistas.
Según explicó González, pese a los cuestionamientos que surgieron durante el proceso de transición, las operaciones inmobiliarias nunca se paralizaron. “La transacción inmobiliaria en Paraguay no se detuvo en ningún momento”, afirmó a la 1330 AM, al referirse a las preocupaciones iniciales planteadas por algunos sectores del mercado.
Uno de los principales desafíos encontrados al inicio de la gestión fue la acumulación de expedientes heredados de administraciones anteriores. La gerente reveló que el RUN recibió una “mochila” de aproximadamente 15.000 documentos pendientes de procesamiento. Entre esos casos se detectaron incluso dos gavetas con cerca de 1.200 expedientes correspondientes al año 2022 que no habían registrado ningún movimiento administrativo durante años.
La situación evidenció problemas históricos dentro del sistema registral paraguayo, caracterizado por retrasos, duplicidad de procesos y una fuerte dependencia de procedimientos manuales.
No obstante, González advirtió que el éxito de la reforma dependerá en gran medida de la inversión que el Estado realice en tecnología e infraestructura. Señaló que el RUN inició sus operaciones sin contar con los recursos presupuestarios previstos originalmente por la legislación que creó la institución. “Si no se apuesta a una fuerte inversión tecnológica y de infraestructura física, esto va a ir mucho más en el tiempo”, sostuvo.
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UIP recuerda que el salario mínimo es referencia y su análisis debe ser criterioso
Desde hace meses, el Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) mantiene reuniones con representantes del sector empresarial, trabajadores y gobierno para evaluar y eventualmente modificar las herramientas que se utilizan para reajustar el salario mínimo.
Al respecto, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, recordó que el concepto de “salario mínimo” es una referencia, un piso, y que la evaluación de su reajuste debe hacerse con estadísticas en mano, de acuerdo a su comportamiento.
“Nuestra macroeconomía estable y bien ponderada por muchos, se basa en la información y en toda esa estructura y seriedad que se ha ganado el Banco Central del Paraguay (BCP) a través de su independencia y política monetaria. Acá no hay que buscar argumentos que no coincidan con la realidad”, aseveró a la 780 AM.
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Enrique Duarte resaltó que, si hubiera necesidad, todos los actores industriales deben sentarse y buscar una salida, pero que se debe evitar que el impacto final recaiga lo menos posible en el empleo formal y la economía paraguaya “que ya bastante sufre por su mediterraneidad”.
En ese marco, también mencionó que la economía se mide con indicadores reales. Dijo que la UIP celebra buenos niveles de empleabilidad y que la no empleabilidad laboral está hoy en torno al 3 %, destacando que este valor es quizás de los menores en toda Latinoamérica.
Finalmente, enfatizó que la economía y la sociedad paraguaya cambiaron radicalmente en los últimos 30 años; por lo tanto, las mediciones también.
“Si comparamos con el inicio de los años 90, la familia tradicional paraguaya se conformaba con 6 personas y solo una trabajaba. Hoy, esa familia se constituye con 3.2 personas en promedio. Entonces, hay muchos factores que se deben mirar y definir qué está bien y qué está mal. Tenemos que hacer un análisis con la seriedad que esta situación demanda”, sintetizó.
Inflación
La inflación interanual a mayo de 2026 es de 2,4 %, según el último reporte del BCP, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ende, el aumento del salario mínimo debería ser G. 69.577, elevando el piso a G. 2.968.625. Hoy es de G. 2.899.048.
La propuesta de reajuste debe ser elaborada por el Conasam y remitida al Poder Ejecutivo, antes de que finalice junio, ya que debe entrar en vigencia desde el 1 de julio de 2026.