“Levanto mi huelga de hambre […] ante el pedido de mis hijos, mi familia, mis abogados, instituciones, expresidentes, Iglesia Católica” y otras personas, dijo en Twitter, la expresidente de Bolivia, Jeanine Áñez, el pasado miércoles sobre la medida de protesta que cumplía en un penal de la ciudad de La Paz, desde el pasado 9 de febrero.
Áñez, de 54 años, fue detenida en marzo de 2021 y encarcelada, acusada por el oficialismo de haber promovido un golpe de estado en noviembre de 2019, contra su antecesor, el izquierdista Evo Morales, en medio de violentas protestas sociales contra el gobernante indígena. El martes de esta semana la justicia le agregó tres meses más a su detención preventiva.
La exmandataria es sometida a varios procesos en la justicia penal, mientras ella reclama que le corresponde un “juicio de responsabilidades” o de privilegio en el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización del Congreso bicameral, por su condición de mandataria de Bolivia. Áñez gobernó hasta noviembre de 2020, para ser sustituida por el actual presidente Luis Arce, el delfín de Morales.
Agregan tres meses de prisión
La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020), presa desde marzo de 2021, seguirá en prisión preventiva al menos tres meses más, según una decisión judicial. “La solicitud de ampliación de la detención preventiva es atendible por el plazo de tres meses”, resolvió durante una audiencia virtual el juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos.
“Me siguen castigando a gusto de mis verdugos. El caso de terrorismo no existe, nada prueban desde que me secuestraron. Soy inocente”, tuiteó la exmandataria derechista tras la audiencia. El juez argumentó que “hay actos investigativos pendientes” y que el caso es “complejo” en el fallo que la defensa apeló.
Áñez, de 54 años, se define como “presa política” e inició una huelga de hambre en la víspera de su enjuiciamiento por su supuesta participación en un golpe de Estado contra su predecesor, el izquierdista Evo Morales (2006-2019).
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Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La decisión judicial ocurrió mientras una misión de Naciones Unidas invitada por el gobierno del izquierdista Luis Arce evalúa la independencia de la justicia boliviana. Áñez fue finalista del premio Sájarov de defensa de los derechos humanos y de libertad de pensamiento, que entrega el parlamento europeo, pero finalmente este fue otorgado al opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni.
Fuente: AFP.