La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la Resolución General n.º 47, estableciendo la primera obligación informativa específica para el sector cripto en el país. Si bien no se trata de un nuevo impuesto, la norma introduce una exigencia de trazabilidad que obliga a los contribuyentes a registrar minuciosamente sus movimientos operativos.

La normativa estipula que cualquier persona física o jurídica residente en Paraguay que supere los USD 5.000 anuales en transacciones con criptoactivos deberá presentar una Declaración Jurada Informativa de Criptoactivos (DJI Criptoactivos) a través del sistema Marangatu.

La obligación no se limita a exchanges o mineros; afecta a cualquier rubro que utilice criptoactivos en su operativa. Esto incluye desde empresas agropecuarias que cobran en USDT hasta comercios minoristas que aceptan stablecoins o estudios jurídicos que pagan honorarios en Bitcoin.

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Estos son los datos exigidos por el fisco por cada operación:

• Identificación temporal: Fecha y hora exacta de la transacción.
• Datos de las partes: Nombre, RUC/NIF y domicilio fiscal de los intervinientes, o en su defecto, las direcciones públicas de las wallets involucradas.
• Precisión técnica: Denominación del activo, red utilizada y cantidad negociada hasta el décimo decimal.
• Valores y costos: Valor bruto en dólares al momento del movimiento, comisiones (gas fees) y tasas soportadas.
• Huella digital: El identificador único de la transacción (hash) con las direcciones de

Aunque la primera declaración vencerá en marzo de 2027 (para cierres al 31 de diciembre), la habilitación de la obligación 959-DJI Criptoactivos en el Registro Único del Contribuyente (RUC) debe gestionarse de forma inmediata.

La actualización del RUC fuera de plazo genera sanciones por contravención. También se podrá aplicar multas por presentación tardía de la DJI, además de posibles responsabilidades administrativas.

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La justicia de El Salvador inició ayer lunes un juicio contra unos 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla. Entre miles de crímenes, según la Fiscalía general, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su “guerra” contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos.

La Fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que, sin mostrar su rostro, precisó que a los 486 cabecillas se le atribuyen 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre estos 29.000 homicidios. “Vamos a juzgar y vamos a saldar una deuda histórica. Se les estaría atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años”, afirmó el fiscal.

Centros Judiciales de El Salvador, que reúne a los juzgados, precisó en su cuenta en X que entre ellos están miembros de la “ranfla” (máxima jerarquía) de la MS-13, cabecillas por zonas y fundadores. La MS-13 y su rival Barrio 18 -con sus dos facciones-, consideradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, llegaron a controlar el 80 % del territorio nacional, según Bukele.

Al grupo “además se le procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo”, lo que atenta contra “la soberanía nacional”, según un comunicado de la Fiscalía General. Esta es la “primera vez” que se realiza un juicio masivo “contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes”, añadió.

Bukele es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero oenegés denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.

Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, se dedicaban a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

En tres décadas, de acuerdo con Bukele, las pandillas asesinaron a unas 200.000 personas, tomando en cuenta a unos 80.000 reportados como desaparecidos.

La Fiscalía dijo tener “abundantes pruebas para pedir las penas máximas”, sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y “terroristas”, según una reforma legal recientemente aprobada.

En la instalación ayer lunes de la llamada “audiencia única abierta”, el juzgador -no identificado- mencionó que estos grupos perturbaron por décadas “la paz” y la “seguridad del Estado”, por lo que serán juzgados “con todo el peso de la ley”, según el centro de juzgados.

El caso “revela una verdad ineludible: nos revela que los hechos no fueron casuales, fueron ordenados por una estructura que no tenía respeto por la ley, que no le importaba lo sucedido”, agregó.

Oenegés de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han criticado los juicios masivos por el riesgo de que sean condenados inocentes, al no individualizar la responsabilidad penal y haber eliminado la audiencia de valoración de pruebas, según reformas legales.

Según el fiscal que no se identificó, en esta audiencia comparecen de forma virtual 413 acusados y 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia.

Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. El fiscal señaló que esperan terminar “pronto” el juicio, sin precisar fechas.

Fuente: AFP.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó ayer jueves la prisión perpetua para menores de 18 años “homicidas, violadores y terroristas” en este país donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” antipandillas que cumple cuatro años. Se “incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal”, consigna parte del texto de la reforma a la Ley Penal Juvenil que forma parte del endurecimiento de la legislación contra el crimen propuesta por Bukele.

La reforma establece “la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” que existía para graves delitos, pero contempla “revisiones periódicas” de la pena perpetua para determinar nivel de rehabilitación y de riesgo para recibir “libertad controlada”. A propuesta de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el 17 de marzo la prisión perpetua después de que oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en lucha contra la delincuencia.

“Ratifícase el acuerdo de reforma constitucional” por lo que “la pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)”, precisa el texto de la reforma que ayer jueves contó con 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral. La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

“Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

El diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, dijo que “miles” de salvadoreños “sin vinculo de pandillas” siguen “esperando un juicio justo” y lamentó que “gente buena esté pagando por algo que no hizo”.

También el parlamento aprobó reformas al Código Penal en las que establece que juzgados de lo Criminal tendrán “competencia exclusiva” en los procesos “contra adultos y menores de edad” que cometan delitos sancionados con prisión perpetua.

Los mismos tribunales realizarán la “revisión obligatoria” de la pena perpetua y podrán otorgar un “régimen de libertad controlada” en el caso delitos de menores de edad que hayan cumplido 25 años de prisión, y en los adultos la revisión será cuando hayan purgado entre 30 y 40 años.

La legislación salvadoreña tenía como condena máxima 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia por buena conducta o por trabajos para la comunidad.

Este mismo jueves el parlamento con 57 votos prorrogó por 30 días más el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial justo cuando el viernes se cumplen cuatro años de esa medida que ampara la guerra antipandillas. A la fecha, según fuentes oficiales, fueron detenidos 91.650 presuntos pandilleros. Unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Según oenegés de derechos humanos muchos inocentes permanecen tras las rejas.

Fuente: AFP.

Flávio Bolsonaro, precandidato de la derecha en las presidenciales de octubre en Brasil, abogó el jueves por construir más prisiones y rebajar la edad de responsabilidad penal, en un discurso en que ensalzó la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. Aunque todavía no empezó la campaña para las elecciones que probablemente disputará contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro adelantó sus ideas para endurecer la lucha contra el crimen en un evento sobre seguridad pública en Rio de Janeiro.

“Debemos construir muchos, muchos presidios”, dijo el senador de 44 años, al estimar que el país tiene un déficit de 500.000 plazas para presidiarios. En Brasil operan poderosos grupos criminales como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC), que controlan territorios como favelas de Rio de Janeiro y se lucran con el narcotráfico y otros crímenes.

La inseguridad es una de las preocupaciones centrales de los brasileños y uno de los reproches más habituales contra el izquierdista Lula, tachado de laxo. Flávio Bolsonaro exaltó el modelo del presidente Bukele, que constató de primera mano durante una visita el año pasado a El Salvador. “Tuve la oportunidad de conocer cómo fue el cambio radical en El Salvador”, dijo. “En cinco años la tasa de homicidios cayó de 128 a 0,8 por 100.000 habitantes”.

La prisión se convirtió en ese país en símbolo de la lucha contra el crimen, en medio de denuncias de abusos contra los derechos humanos. Flávio Bolsonaro, que se dice más moderado que su padre ultraderechista, se mostró partidario de replicar la mano dura. “Nadie aguanta más ver a marginal de 16 años cometiendo atrocidades. Y voy más allá: la mayoría de edad penal para crímenes aberrantes o para violadores, por ejemplo, debe ser a partir de los 14 años”.

Dijo además defender la “castración química” para los violadores. El precandidato, empatado en las encuestas con Lula cuando faltan siete meses para las elecciones, cargó además contra el izquierdista por ser contrario a designar como terroristas al PCC y el CV, como defiende su campo. Lula “tiene miedo de enfrentarse a las facciones criminales”, sostuvo. “Es una gran vergüenza que cuando se van a tratar acuerdos de cooperación para combatir organizaciones criminales internacionales, Brasil no participe en la formación de ese gran conjunto de países”.

Bolsonaro parecía aludir a la alianza de 17 países para luchar contra los cárteles de narcotraficantes en el continente americano anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, tras una reunión este mes con mandatarios afines, en la que Brasil no participó.

Fuente: AFP.