La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, de 54 años, encarcelada en La Paz desde hace 11 meses y en huelga de hambre desde el miércoles último, será juzgada desde este jueves, junto a ocho exmilitares. El comienzo del proceso, que será virtual, está previsto para las 9h00 local (13:00 GMT), en medio de controversias.

Unos aseguran que es presa política; otros la acusan de golpista. Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de su predecesor Evo Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos.

“Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo... con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión”, aseveró el martes la exmandataria, que gobernó entre 2019 y 2020, en una carta que firmó como “presa política”.

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Su abogado Luis Guillén afirmó que el documento de apertura del juicio es una “presentencia”, pues califica a la expresidenta como “de facto” e “inconstitucional”. Además, solicitó un juicio presencial y exigió la presencia de los testigos de los demandantes durante las audiencias, luego de que la Fiscalía anunciara que presentaría los testimonios por escrito.

Ello impediría que tanto los jueces como los abogados defensores les hagan preguntas. Este martes, un grupo de 21 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU visitar a Áñez e informar sobre posibles “abusos de poder” en su contra.

La otra causa contra la expresidenta, por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales. Según Guillén, “se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho”, algo que viola un principio general del derecho.

Además, destacó que “no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional”. Enfatizó que no corresponde juzgar por la vía ordinaria a una expresidenta y que en cambio debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.

Los demandantes -el gobierno, la fiscalía y el Congreso- argumentan que se están juzgando acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario. “Este es un juicio político que está llevando adelante el actual gobierno del presidente Luis Arce”, dijo el politólogo Carlos Cordero, de la estatal Universidad Mayor de San Andrés.

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“Es una manera de establecer una sanción política a quienes se atrevieron a ser adversarios en un momento de crisis del [oficialista] Movimiento al Socialismo (MAS)”, concluyó. La exmandataria fue asimismo señalada por “genocidio”, que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.

Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos en esos incidentes, que calificó de “masacres”. Pero a diferencia de las otras acusaciones, esta será tratada por el Congreso, que decidirá si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria. El informe también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.

En octubre de 2019 Morales se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, finalmente perdió el respaldo de mandos militares y policiales y salió del país. Quienes debían sucederlo renunciaron uno tras otro: el vicepresidente, la titular de la cámara alta, y el presidente de la cámara de diputados.

En medio de un vacío de poder finalmente asumió Áñez, una abogada y expresentadora de televisión, la siguiente en la línea de sucesión. El parlamento, que estaba controlado por el MAS de Morales, reconoció la legalidad de su gestión, cuyo principal cometido era organizar nuevas elecciones. Estas se celebraron en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia, y tuvieron como ganador a Arce, delfín de Morales.

Áñez dejó el poder en noviembre de 2020 y en marzo de 2021 fue detenida. La expresidenta fue finalista del premio Sájarov de defensa de los derechos humanos y de libertad de pensamiento, que entrega el parlamento europeo, pero finalmente éste fue otorgado al opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni.

Fuente: AFP.