El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) indicó este domingo que el asalto del grupo Estado Islámico (EI) contra una prisión en el noreste de Siria y los combates entre yihadistas y fuerzas kurdas dejaron 332 muertos desde el 20 de enero.
El sábado se produjeron enfrentamientos esporádicos entre kurdos respaldadas por las fuerzas estadounidenses, y miembros del Estado Islámico (EI) que escaparon, cerca de la prisión de Ghwayran, donde se encontraban recluidos al menos 3.500 yihadistas de diferentes nacionalidades, según la ONG.
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El OSDH informó que el ataque, el más importante del EI desde su derrota hace tres años, y los combates que siguieron, dejaron muertos a 246 yihadistas, 79 miembros de las fuerzas kurdas y siete civiles.
El aumento de la cifra de muertos desde el anterior balance se debió al descubrimiento de nuevos cadáveres durante el barrido que están realizando las fuerzas kurdas en los edificios de la prisión y sus alrededores, que está en una zona bajo el control de la administración semiautónoma kurda, de acuerdo con el OSDH.
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Rahman dijo que el balance podría aumentar porque hay varios kurdos heridos. Además, afirmó que, con base en “informaciones confirmadas”, se descubrieron 22 cuerpos, que aún no han sido identificados. El portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, dominadas por los kurdos), Farhad Shami, aseguró que los cuerpos serán enterrados en sectores “aislados” controlados por las fuerzas kurdas.
Las fuerzas kurdas retomaron el control de la prisión y cientos de yihadistas, entre presos que huyeron y atacantes, se rindieron o fueron detenidos, según el OSDH. Pero decenas de miembros del EI siguen atrincherados, sobre todo en la parte norte de la prisión, “difícil de atacar desde el aire o de acceder por tierra”, según el Observatorio. Shami advirtió que, si no se rendían, las fuerzas kurdas considerarían una solución “militar”.
Fuente: AFP.
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Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.
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Juez ordenó prisión para extitular de itti y exmano derecha de Miguel Vázquez
El juez interino Osmar Legal decretó la prisión preventiva de César Manuel Astigarraga Lambaré, extitular de itti S.A.E.C.A. y presidente de Grupo M S.A., imputado por las presuntas operaciones irregulares que derivaron en el colapso de Ueno Bank, en la misma causa que el exCEO de la entidad, Miguel Vázquez.
Legal resolvió que el imputado guarde reclusión donde la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (Institutos Penales) decida y ordenó que no comparta sector ni alojamiento con los demás coimputados.
La defensa había ofrecido dos inmuebles como garantía para solicitar el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Sin embargo, el juzgado consideró que la caución era insuficiente debido a que no se presentaron documentos que acreditaran la titularidad de los bienes ni la inexistencia de gravámenes o restricciones.
El magistrado también tuvo en cuenta que el procesado declaró percibir ingresos mensuales aproximados de G. 150 millones. Señaló que, por la complejidad de los hechos, la magnitud económica de las operaciones y los valores patrimoniales involucrados, se requiere información registral actualizada para verificar la disponibilidad efectiva de los inmuebles ofrecidos.
La resolución fundamenta la prisión preventiva en el peligro de fuga y en la necesidad de asegurar el sometimiento del imputado al proceso. Astigarraga se presentó este jueves ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, luego de que la Fiscalía ordenara su detención y modificara su requerimiento inicial de medidas alternativas para solicitar la prisión preventiva.
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Caso Ronaldinho: Dalia López es condenada a dos años de prisión con suspensión de la pena
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impuso millonarias donaciones a instituciones de salud.
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Se dispuso el cumplimiento de:
- Entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
- El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
Antecedentes
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados. En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos.
López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026. Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.
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Condenan a 10 años de prisión a violador sistemático de una adolescente
- Rocío Gómez. Corresponsal en Itapúa.
Un hombre fue condenado a 10 años de pena privativa de libertad tras ser hallado culpable del hecho punible de coacción sexual y violación ocurrido en Mayor Otaño, departamento de Itapúa.
La causa fue representada por el Ministerio Público, a cargo del agente fiscal Luis Caballero, de la Fiscalía Zonal de Mayor Otaño.
Según lo demostrado en el juicio, todo ocurrió en el entorno familiar, ya que el condenado era cuñado de la adolescente.
En el momento del hecho, la joven se encontraba conviviendo con su padre y sus hermanos pequeños. Por su parte, la madre de la menor se había trasladado temporalmente a otra zona o localidad para cumplir con sus obligaciones laborales.
El hombre aprovechaba los momentos en que el padre no se encontraba en la casa para ir hasta el domicilio y someterla sexualmente.
Los hechos comenzaron cuando la víctima tenía 14 años y continuaron en varias oportunidades hasta que cumplió 15 años, momento en que se realizó la denuncia. Además, la amenazaba con un arma de fuego, advirtiéndole que si contaba lo sucedido le haría algo a ella, a su hermana, quien era la esposa del condenado, y a su sobrino, hijo del sujeto.
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Durante el juicio oral, la declaración de la adolescente confirmó lo que ya había manifestado anteriormente ante el Ministerio Público.
Con esas pruebas, el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas penales Marcela Escobar Lapierre, en carácter de presidencia, Raquel García Rivarol y Nilda Caballero, dictaminó la condena de 10 años de prisión.
Se trata de un paso importante para la adolescente como su entorno. Deja un mensaje sobre la importancia de denunciar y acompañar a las víctimas durante el proceso para que puedan acceder a justicia y protección tras sufrir hecho punible de coacción sexual y violación.