El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dijo el martes que su país y Colombia lanzarán operaciones militares contra el crimen organizado desde “el día número uno” del gobierno del ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella. El abogado asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro, al que Ecuador acusa de no haber hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico en la frontera común.

“Hay que entrar con fuerza y con determinación y junto con las fuerzas armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno”, declaró Reimberg a periodistas. Los señalamientos de Quito derivaron en un deterioro de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Ecuador y Colombia, que se aplicaron mutuamente impuestos a las importaciones de hasta 100 %.

“Estamos a puertas de que haya un cambio de gobierno en Colombia, por cierto, muy favorable para nosotros, porque al fin tendremos con quien trabajar en esta lucha contra el crimen organizado”, agregó Reimberg. Ecuador libra una guerra contra el crimen organizado que desangra a la nación en su disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal. El país es uno de los más violentos de Latinoamérica.

En 2025, Ecuador reportó 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

El ministro dijo que los últimos cuatro años hubo “puertas abiertas por el lado de Colombia al narcotráfico, al terrorismo, a proveer el armamento a los grupos disidentes” que operan en ambos lados de la zona limítrofe.

El martes De la Espriella anunció la instalación en Medellín de una oficina del Escudo de la Américas, la alianza de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico. Colombia fue excluida en marzo de la iniciativa, de la que forma parte Ecuador, por los choques entre Petro y Trump.

Fuente: AFP.

El Parlamento francés aprobó este martes una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida sin precedentes en la Unión Europea.

Tras el visto bueno del Senado durante la jornada, los diputados aprobaron la ley por 279 votos a favor y 81 en contra.

Con esta aprobación parlamentaria, Francia está a la vanguardia de estas iniciativas en la Unión Europea.

Esto allanaría el camino para que Francia se sume al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales, en medio de las crecientes advertencias sobre sus efectos nocivos para los menores.

“Francia será el primer país de Europa en instaurar una mayoría digital para proteger mejor a nuestros niños en línea”, se felicitó el lunes en la red social X la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y de la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027.

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La prohibición se implementaría en dos etapas: a partir del 1 de setiembre, cuando los alumnos regreses a las aulas tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas. Según el texto, la prohibición se aplicaría a partir de enero de 2027 a las cuentas ya existentes.

Le Henanff afirmó antes de la votación que el plazo es realista, “porque ya existen herramientas de verificación de edad” y otras están en desarrollo, y que la responsabilidad de hacer cumplir la norma recae en las plataformas.

El texto también incluye prohibir los celulares en los liceos, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

La presión sobre los políticos europeos para que actúen aumentó desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Reino Unido también aprobó una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027. La semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso “progresivo y gradual” de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

• Fuente: AFP

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Ecuador elevó de amarilla a naranja la alerta por posibles impactos asociados al fenómeno de El Niño, informó el lunes el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE). El Niño aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, desencadenando cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la ONU, prevé este año un “episodio fuerte”, entre julio y septiembre.

La medida anunciada por Ecuador, que comprende a 17 de las 24 provincias del país, responde a un aumento en la temperatura del océano, señaló el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el COE. El gobierno había declarado en mayo la alerta amarilla en aquellas provincias con una altitud de hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar, más susceptibles a El Niño.

“Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes”, explicó Luque. Agregó que el gobierno ha destinado unos 600 millones de dólares para prevención ante la llegada del fenómeno climático.

Según Luque, por ahora el aumento de la temperatura del océano ha impactado en la pesca y el avistamiento de aves. El país prevé que también haya sequías en la Amazonía e incendios forestales. El Niño suele producirse cada dos a siete años y dura aproximadamente entre nueve y doce meses, según los expertos. El evento más fuerte desde 1950 en Ecuador fue el de 1997-1998, que dejó casi 300 fallecidos, pérdidas por unos 3.000 millones de dólares y unos 20.000 damnificados, según cifras oficiales.

Fuente: AFP.

Cuando un ser querido desaparece, sus familiares suelen contactar hospitales, la morgue y la policía. Pero en un rincón de Ecuador azotado por la violencia criminal, lo habitual es buscarlos en el Canal de la Muerte, donde han sido hallados decenas de cadáveres. Georgina Bermeo estaba boca abajo, con la ropa sucia y rodeada de maleza cuando allegados encontraron su cuerpo en mayo en este vertedero de muertos a cielo abierto en el noroeste de Guayaquil.

El ducto, de más de 45 kilómetros, atraviesa Nueva Prosperina, considerado el distrito más violento del principal puerto comercial de Ecuador. Fue concebido hace más de una década para riego agrícola, pero los vecinos dicen que tras la pandemia se llenó de cuerpos y aguas contaminadas. Una vía de tierra bordea el canal, entre basura, perros flacos y gallinazos. No hay iluminación ni cámaras de vigilancia, pero sí hombres armados en motocicleta que controlan el acceso, según residentes.

A Bermeo, de 38 años, y a su esposo José Cedeño, de 43, les robaron y luego les dispararon. El cuerpo del hombre también fue lanzado al canal. “El único pecado de nosotros es ser negros”, dice por teléfono a la AFP la hermana de la mujer, bajo anonimato por temor a grupos criminales que operan en el país, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales. La mujer desistió de denunciar los crímenes, porque según ella “los policías están comprados por los delincuentes”.

“Se vive con miedo, con las puertas cerradas y no hay cómo abrir porque la muerte nos visita”, cuenta Juan Ordóñez, un dirigente barrial radicado allí desde hace 40 años que vio cadáveres atascados en las compuertas al final del ducto. Desde 2023, la policía forense ha retirado más de 100 cuerpos del canal, algunos dentro de sacos de yute o desnudos. En noviembre encontró una fosa con nueve cabezas, brazos y torsos.

“Dejan cadáveres, de tres a cinco, y aparecen flotando aquí en el canal”, señala Miguel Ángel Tenemaza, un taxista de 45 años. “Es un lugar para botar cadáveres. Los ejecutan ahí o más arriba y son arrastrados por la corriente”, indica el teniente Christian Echeverría, de la unidad policial que indaga muertes violentas. El oficial perdió la cuenta de los cuerpos recogidos allí durante los tres años que trabajó en Guayaquil, un puerto estratégico utilizado por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Jonathan Villón acababa de darle el desayuno a sus tres hijos cuando fue detenido en un operativo militar en Guayaquil en 2024. Desde entonces está desaparecido. En su informe sobre Ecuador en marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU informó haber recibido denuncias sobre al menos 51 casos de desaparición presuntamente perpetrados por agentes estatales desde 2024.

Las denuncias de abusos policiales y militares han aumentado en el marco de la estrategia del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, respaldada por Estados Unidos. El conductor del camión que transportaba a los militares que detuvieron a Villón testificó que lo dejaron con vida en el Canal de la Muerte. La hermana de Villón, quien pidió no ser identificada, recorrió dos veces el acueducto. Tras denunciar públicamente la desaparición, le prohibieron el ingreso. La última vez la “sacaron a bala”.

Su pareja fue asesinada el año pasado y, debido a amenazas de muerte, ella y su madre huyeron de Guayaquil. “Las bandas trabajan con los militares”, afirma. En el poder desde 2023, Noboa gobierna bajo un estado de excepción casi permanente. Pero el crimen no cede en el país ni en esta ciudad de casi tres millones de habitantes, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.

La vida junto al canal transcurre entre el abandono estatal y la presión de las organizaciones criminales, denuncian los habitantes de Nueva Prosperina. Los taxistas evitan ingresar a la zona, donde faltan servicios básicos. Desde un cerro se observan casas sin ventanas. Están ocupadas por bandas criminales, dice bajo reserva un policía que acompañó a la AFP. “Desde allí nos apuntan con fusiles”, dice. “Nada se hace aquí sin permiso de ellos”, añade. Eva Sevillano vive en el sector desde hace 30 años. “Matan por otras partes y los tiran aquí, y somos los perjudicados”, lamenta mientras aprieta una Biblia.

Fuente: AFP.