La líder derrocada de Birmania Aung San Suu Kyi fue condenada a dos años de prisión este lunes por la junta militar por incitación al desorden público y por infringir la normativa contra la pandemia, una sentencia que desató críticas internacionales.
Suu Kyi fue condenada inicialmente a dos años por incitación al desorden público contra el ejército y a otros dos por infringir una ley sobre catástrofes naturales relacionada con el COVID, dijo a la AFP por teléfono el portavoz de la junta, Zaw Min Tun.
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El expresidente Win Myint también fue condenado inicialmente a cuatro años por los mismos cargos. Pero poco después el jefe de la Junta, Min Aung Hlaing, “perdonó” las condenas de ambos a “dos años de prisión”, según una declaración leída en la televisión estatal.
La Nobel de la Paz, de 76 años, se encuentra detenida desde que los militares depusieron su gobierno el 1 de febrero, poniendo fin a un breve período de democracia en Birmania. Desde entonces, la junta estableció una serie de acusaciones contra ella, incluyendo violación de la ley de secretos oficiales, corrupción y fraude electoral. Varios expertos denuncian que este es un proceso político para neutralizar a la política que resultó ganadora de las elecciones en 2015 y 2020.
“Afrenta a la justicia”
“Demandamos al régimen liberar a Aung San Suu Kyi y todos los demás detenidos injustamente, incluyendo funcionarios electos democráticamente”, dijo el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken en un comunicado, calificando la condena de “afrenta a la democracia y la justicia”.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció “un juicio amañado” y el el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE) “un nuevo paso en el desmantelamiento del estado de derecho”. Por su parte, el comité que concede el Premio Nobel de la Paz dijo el lunes que estaba “preocupado” por Suu Kyi tras un juicio “inverosímil”.
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Los cargos por incitación están relacionados con las declaraciones de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), condenando el golpe de Estado poco después de que los militares tomaran el poder. Las acusaciones relacionadas con la pandemia conciernen a las elecciones del año pasado, en las cuales arrasó el partido de Suu Kyi, pero los detalles no están claros, ya que el gobierno impone una orden de silencio en los procesos judiciales.
Los periodistas no tienen acceso al tribunal especial en la capital birmana y los abogados de Suu Kyi tienen prohibido hablar con la prensa. En las últimas semanas, otros miembros de la LND fueron condenados a duras penas de cárcel. Un exministro fue sentenciado este mes a 75 años de prisión y un allegado de Suu Kyi deberá pasar 20 años en la cárcel.
“Asfixiar las libertades”
La sentencia fue condenada por la organización Amnistía Internacional, que denunció un intento de la junta de “asfixiar las libertades” con el encarcelamiento de Suu Kyi. “Las severas sentencias infligidas a Aung San Suu Kyi por estas falsas acusaciones son el último ejemplo hasta ahora de la determinación del ejército para eliminar y asfixiar las libertades en Birmania”, afirmó Amnistía en un comunicado.
La Premio Nobel de la Paz se expone a décadas de prisión si resulta condenada por todos los cargos. La próxima sentencia está prevista el 14 de diciembre, por la presunta violación de una ley sobre catástrofes naturales. El asesor principal para Birmania del centro de estudio International Crisis Group Richard Horsey explicó a la AFP que las sentencias “son una forma para que los militares muestren su poder”.
“Sería sorprendente, sin embargo, que fuera enviada a prisión. Lo más probable es que cumpla esta y las próximas condenas en su casa o en un régimen especial de ‘residencia de huéspedes’”, agregó. Más de 1.300 personas han muerto y más de 10.000 han sido detenidas en la represión de los disidentes desde el golpe, según un grupo local de monitoreo.
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Los militares que han gobernado durante décadas en Birmania defendieron el golpe de Estado afirmándose en denuncias de fraude en las elecciones del año pasado. La presión internacional para que la junta militar restaure la democracia no parece afectar a los generales y la violenta represión contra las protestas sigue azotando al país. El lunes, la asamblea general de Naciones Unidas suspendió por una duración indeterminada la petición de reconocimiento oficial de la junta, que le habría permitido acreditar al enviado ante ella.
Wunna Maung Lwin, el ministro de Exteriores de Birmania, fue nombrado enviado el 18 de agosto por el excomandante militar Aung Thurein. Pero el enviado designado por la líder depuesta Aung San Suu Kyi, Kyaw Moe Tun, desafió a la junta a permanecer en su puesto y el 21 de agosto pidió a la ONU que lo mantuviera.
Fuente: AFP.