Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recibieron una propuesta de la Comisión Jurídica e Informática de la institución, que plantea la incorporación de elementos de control manual al proceso de escrutinio. Este procedimiento fortalecerá la confianza de la ciudadanía en los resultados emanados de la máquina de votación reflejando fielmente la voluntad popular.

Dicha iniciativa fue presentada en una reunión en la sala de sesiones de la Justicia Electoral. Se plantea reglamentar el escrutinio, conforme al siguiente procedimiento:

a) Una vez elaborada el acta de cierre de la mesa receptora de votos, el presidente de mesa desdoblará cada boletín y procederá a la lectura en voz alta del contenido del mismo. Luego exhibirá cada boletín a los vocales, veedores de mesa y electores presentes. Si algún miembro de la mesa, veedor o apoderado en ejercicio de sus funciones tiene dudas sobre el contenido de un boletín de voto leído por el presidente, puede pedir en el acto para examinarlo, debiendo ser concedido (Artículo 224 C.E.).

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b) Con la colaboración de los vocales, el presidente de mesa irá separando todos los boletines de voto que correspondan a cada organización política, además de blancos y nulos para el cargo de intendente municipal. Luego se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización política para el cargo de intendente municipal y el resultado se anotará en la Planilla de Conteo Manual correspondiente al cargo.

c) Seguidamente, se irán separando los boletines de voto que corresponde a cada agrupación política, además de blancos y nulos para el cargo para miembros de Junta Municipal. Luego se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización política para el cargo de miembros de Junta Municipal y el resultado se anotará en la Planilla de Conteo Manual correspondiente al cargo.

d) El presidente de mesa acercará el chip o Código QR de los boletines válidos al lector de la máquina de votación. En la pantalla de la misma se mostrará el contenido de dicho voto, así como la cantidad de votos que vaya obteniendo cada candidato a intendente municipal, así también la cantidad de votos por cada lista y de votos preferentes por cada candidato a miembros de Junta Municipal.

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e) Los miembros de la mesa receptora de votos, y los apoderados, veedores y electores podrán comparar que el resultado visualizado en la pantalla de la máquina de votación corresponde al resultado contenidas en las Planillas de Conteo Manual; y,

f) Si los miembros de la mesa receptora de votos, veedores o apoderados tienen dudas podrán solicitar el recuento de los boletines de voto.

Seguidamente imprimirán las Actas y Certificados de Resultados correspondientes a la mesa.

En caso de no coincidencia de los resultados se reglamentará el mecanismo de verificación de los resultados del escrutinio de la mesa.

Las administraciones municipales de Asunción y Ciudad del Este se encuentran en un proceso de definición en la Cámara de Diputados sobre el pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aclaró cuál sería la situación ante la eventual destitución o renuncia de los intendentes Óscar Rodríguez y Miguel Prieto.

“Hay una diferencia en cuanto a la destitución, porque ahí es la Constitución la que establece una nueva elección, pero, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Nosotros no sabemos cuándo va salir la destitución, cuando va a haber la intervención, en cuánto tiempo ese informe de los interventores se va a confirmar en destitución del intendente”, explicó Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales, este martes en entrevista para la 1020 AM.

A partir de allí, la Justicia Electoral debe ser notificada, para iniciar con el proceso de organización de las elecciones en los siguientes 90 días tras la destitución, en 10 días debe convocar y en los 80 días siguientes deben realizarse los comicios electorales, previamente a internas partidarias. “Es un cronograma muy ajustado y nosotros no sabemos cuándo se va a producir la destitución”, puntualizó el alto funcionario electoral.

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Sin embargo, para Ljubetic este será un proceso innecesario, ya que las elecciones para la renovación de las autoridades municipales se deben realizar en el 2026. “Lo que tenemos es que esta elección se vea prácticamente mezclada con la elección del próximo intendente para los cinco años siguientes. Hay una confusión enorme, un gasto innecesario”, apuntó.

Si se cumplen todos los plazos a cabalidad, los 15 días de las comisiones de intervención para que emitan un dictamen, los 90 días de la intervención donde puede ocurrir la destitución, y los 90 días de plazo para la convocatoria, en diciembre se estarían realizando las elecciones en estos municipios. Mientras tanto, la Justicia Electoral no cuenta con el presupuesto para unas elecciones complementarias.

“Infraestructura puede haber siempre que haya presupuesto, esto no está presupuestado, hay que calcular que, si estas elecciones se hacen en Asunción y Ciudad del Este, estamos hablando de más de 600.000 electores, son las dos ciudades más importantes del país en población. Es muy difícil establecer una utilidad a ese proceso electoral”, refirió Ljubetic.

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En el caso de una renuncia en este proceso, Ljubetic indicó que sería la salida más fácil, ya que no se requiere de ir a unas elecciones. Con la renuncia, la Junta Municipal debe elegir de unos de sus miembros a un nuevo intendente para concluir el periodo de mandato hasta el 2026.

“Si renuncia, no hay elecciones, asume el presidente de la Junta y en el plazo de un mes debe convocar a elección de entre los concejales municipales para elegir a un intendente que complete el mandato”, aclaró.

Finalmente, explicó que “hasta los tres primeros años, si hay renuncia, inhabilidad o muerte, se llama a elecciones, en los dos últimos años de mandato ya no hay elecciones, sino el procedimiento de selección de un intendente por parte de los miembros de la Junta Municipal”, lo que no es el caso, ya que solo queda prácticamente un año de mandato municipal.

Diez candidatos disputarán la presidencia de Bolivia en las elecciones generales de agosto próximo, informó este viernes el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una lista de los que está ausente el expresidente Evo Morales.

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Morales, de 65 años, no pudo registrar su candidatura para el partido “Pan-bol”, porque el TSE anuló con anterioridad la personería jurídica de esta agrupación por incumplir la ley.

El exmandatario persistía en su candidatura, desconociendo un fallo de la justicia que impide más de una reelección presidencial. Morales gobernó tres veces entre 2006 y 2019.

El dirigente izquierdista apoya los bloqueos de caminos que se están llevando a cabo en todo el país desde el lunes como forma de protesta.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, explicó que el organismo no demostró la situación de Morales, por no tener partido. “El Tribunal Supremo Electoral decidió adoptar una decisión cancelando la personalidad jurídica de este partido” (Pan-bol), señaló.

En la lista de candidatos figura el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien rompió vínculos tanto con Morales, su mentor político, como con el actual mandatario Luis Arce, enfrentado a Morales, de quien fue ministro de Economía.

Rodríguez es el principal aspirante presidencial de un bloque de candidatos de izquierda que completan el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo (del Movimiento al Socialismo), y la alcaldesa de la ciudad de El Alto Eva Copa (del partido Morena).

Del Castillo reemplaza como candidato a Luis Arce, que declinó ir por la reelección, atosigado por protestas sociales a causa de una aguda crisis económica.

El bloque de la oposición de derecha está encabezado por el empresario Samuel Doria Medina (Unidad), el expresidente Jorge Quiroga (Libre) y el alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Autonomía Para Bolivia).

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Una encuesta de principios de mes de la empresa Ipsos CIESMORI, difundida por el canal privado Unitel, descubrió que Doria Medina es primera con 19,1% de la intención de voto, seguida por Quiroga (18,4%), Rodríguez (14,2%) y Reyes Villa (7,9%).

Los cómicios se llevarán a cabo el 17 de agosto.

Fuente: AFP

• Santiago, Chile. AFP.

Chile y Google firmaron el miércoles pasado un acuerdo para la instalación del primer cable submarino de fibra óptica que conectará América del Sur y el Asia-Pacífico, una alternativa a las rutas existentes que dará mayor velocidad de conexión entre esas regiones. Hasta ahora, la conexión digital del sur del continente americano se hace sólo través de líneas con el norte.

El llamado cable “Humboldt” irá por el Pacífico, para unir a la región chilena de Valparaíso con Sídney, en Australia, pasando por la Polinesia Francesa, con una extensión total de 14.800 kilómetros. La iniciativa es “la primera en conectar directamente América del Sur y Asia Pacífico” según Google, y debe estar operativa en 2027.

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Al anunciar la asociación en enero de 2024, el gobierno chileno dijo que el cable tendrá una capacidad de 144 terabytes por segundo, y una vida útil de 25 años. “Este cable no sólo responde a una necesidad técnica, sino que constituye una apuesta por la resiliencia, la diversificación de rutas digitales y la apertura de nuevas posibilidades de colaboración internacional”, dijo el canciller chileno, Alberto van Klaveren, en la ceremonia de firma del acuerdo.

El cable tiene el potencial de beneficiar a países vecinos como Argentina, Paraguay y Brasil. “En un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas y por una competencia estratégica que se expresa también en el ámbito de las tecnologías emergentes, iniciativas como el proyecto Humboldt adquieren una relevancia particular”, agregó el canciller.

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Con el contrato firmado se crea Humboldt Connect, la primera compañía que Google establece en el mundo con un Estado, en este caso la empresa chilena Desarrollo País, enfocada en generar inversiones para proyectos estratégicos para Chile. La ruta directa que tendrá Humboldt permitirá una menor “latencia”, que es el tiempo que toma desde que una señal se emite hasta que se recibe, explicó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

“Esa fracción de segundo podría ser una diferencia entre una buena o una no tan buena intervención” de medicina a distancia, ejemplificó. Aunque Google -de capitales estadounidenses- no ha revelado el valor de su inversión, el gerente general de Desarrollo País, Patricio Rey, sostuvo que en sus inicios el proyecto barajaba una cifra total de entre 300 y 550 millones de dólares. El Estado chileno aportará unos 25 millones de dólares. La siguiente fase del proyecto será delegar en un operador independiente que venda la capacidad del cable en el mercado y lo ofrezca a distintos actores.