El que fuera líder y negociador de paz de la antigua guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Rodrigo Granda regresó este miércoles a Colombia después de que la Interpol lo detuviera fugazmente en México ante un pedido de Paraguay por secuestro y homicidio.
Conocido como el canciller de las FARC en la época del conflicto, Granda llegó al aeropuerto internacional de Bogotá y agradeció a México y a la comunidad internacional por “brindarle toda la posibilidad” de volver a su país, según dijo a los medios.
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“Estamos dando la cara, aquí estoy”, añadió el exguerrillero de 72 años. En sus primeras declaraciones, no especificó si fue deportado, pero negó que hubiera estado detenido, pese a que el martes así lo denunció Comunes, el partido surgido del pacto de paz de 2016, y el gobierno colombiano.
Fuentes del gobierno federal de México confirmaron el martes a la AFP la detención de Granda, sin ofrecer más detalles. Según el líder de la antigua guerrilla, salió de Colombia con autorización de la justicia especial de paz, que investiga los delitos más graves del conflicto de más de medio siglo con las FARC, para participar en México en un evento organizado por un partido de izquierda.
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Pero cuando estaba en México le notificaron que se había activado una “orden de captura dormida de Interpol”, lo que le impidió seguir con sus planes. Granda insistió en que se trató de una maniobra de “altísimos funcionarios del gobierno colombiano” que no están de acuerdo con el proceso de paz.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, en un tuit difundido la noche del martes, dijo que la “detención” del exnegociador de paz fue por pedido de Paraguay a la Interpol. En 2008, un juez paraguayo había pedido su captura por su presunta relación con el secuestro y posterior asesinato de la hija del expresidente Raúl Cubas, ocurrido en 2005.
Fuente: AFP.
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Juez reiteró captura internacional de Rodrigo Granda por plagio de Cecilia Cubas
El juez Penal de Garantía, Mirko Valinotti, reiteró la orden de captura internacional con fines de extradición de Rodrigo Granda, alias “Comandante Ricardo”, considerado como el canciller del grupo guerrillero FARC y quien brindó apoyo a integrantes del Partido Patria Libre para el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, hecho ocurrido en el 2004-2005.
El pedido de reiterar la orden d captura internacional contra Granda fue solicitada por los abogados Andrés Casati y Gessy Ruiz Díaz, representantes de la familia de Cecilia Cubas.
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El oficio ya fue remitido a la Comandancia de la Policía Nacional, como también a la OCN (Oficinas Centrales Nacionales) Interpol Asunción, con el correspondiente código rojo.
Granda, que manejaba varios alias con el objetivo de eludir a los agentes del orden, está procesado en Paraguay por secuestro, homicidio doloso y asociación criminal. En caso de ser detenido en otro país que no sea Colombia, el excanciller de las FARC tendrá que ser extraditado a nuestro país para enfrentar los delitos que el Ministerio Público imputó en su momento.
La orden de captura internacional con fines de extradición se firmó el 27 de marzo de 2008 y desde aquel entonces se viene reiterando en numerosas ocasiones, pero hasta la fecha no se ha podido ejecutar dicha orden judicial de nuestro país.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Osmar Martínez, uno de los fundadores del Partido Patria Libre, con Juan Arrom y Anuncio Martí, realizaron una visita a Venezuela donde se reunieron con Granda y otros miembros de las FARC, lugar desde donde se inició la estrategia para secuestrar y asesinar a Cecilia Cubas.
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Piden reiterar la orden de captura contra el colombiano Rodrigo Granda
Los abogados de Mirta Gusinky, madre de Cecilia Cubas, secuestrada y asesinada en el 2004, solicitaron al juzgado de Garantía que se reitere la orden de captura con fines de extradición del exguerrillero colombiano Rodrigo Granda, quien habría participado del secuestro registrado el 21 de setiembre del año mencionado.
En caso de que sea detenido fuera de Colombia, debería ser extraditado a nuestro país para enfrentar un proceso penal. El pedido fue firmado por los abogados Andrés Casati y Gessy Ruiz Díaz, en representación de Gusinky.
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De acuerdo al expediente judicial, el Ministerio Público de nuestro país, a través de los fiscales Sandra Quiñónez, Rogelio Ortúzar y Alejo Vera, había solicitado ya en el año 2007 la orden de captura internacional con fines de extradición contra Granda, acusado de homicidio doloso, secuestro y asociación criminal.
En el mes marzo del 2008, la Justicia ordenó su captura pero hasta la fecha no se pudo materializar dicha situación. El Ministerio Público de nuestro país subrayó que el crimen fue cometido en territorio paraguayo y que, por tanto, la jurisdicción para su juzgamiento corresponde a las autoridades en nuestro país y no a la de Colombia, por lo que debe ser extraditado a Paraguay.
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Colombia: cinco soldados muertos por ataque guerrillero
- Bogotá, Colombia. AFP.
Al menos cinco soldados murieron y otros tres resultaron heridos de gravedad el martes por un ataque con explosivos perpetrado por guerrilleros disidentes de las FARC en una región del suroeste de Colombia, clave para la producción de cocaína, informó el ejército.
“Lamento, condeno y rechazo el vil ataque terrorista de la Estructura Carlos Patiño en la Vereda la Esperanza, Balboa, (departamento del) Cauca” contra una caravana del Ejército, escribió el martes en la red social X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El ataque “deja al momento dos suboficiales y tres soldados profesionales asesinados, tres soldados profesionales heridos de gravedad y 13 más que no presentan afectaciones de consideración”, detalló el ejército poco antes de las 00:00 locales (05:00 GMT). El convoy se trasladaba desde el municipio de Balboa hacia el sector de La Hacienda, un pueblo rural de ese mismo departamento ubicado en una conflictiva región conocida como el Cañón del Micay.
Los soldados emprendían un viaje de unos 100 kilómetros para reinstalar en La Hacienda un puente que a inicios de marzo había sido destruido por rebeldes del Frente Carlos Patiño adscritos al Estado Mayor Central (EMC), una agrupación de disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que no se acogieron al histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
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Micay, un enclave crítico
En esa zona, que alberga una de las mayores concentraciones de cultivos de coca en el país, la semana pasada fueron retenidos durante tres días 28 policías y un militar hasta su liberación el sábado por medio de intensas negociaciones, luego de una violenta jornada de enfrentamientos entre pobladores y la fuerza pública.
Luego de la evacuación en helicópteros de los uniformados retenidos, la AFP presenció el sábado nuevas tensiones en la zona que terminaron con el arrinconamiento y expulsión de soldados de una base militar cercana.
El presidente izquierdista Gustavo Petro expresó el lunes durante una reunión con sus ministros su intención de recuperar “el total del Micay”, uno de los principales bastiones de los rebeldes bajo el mando de alias Iván Mordisco. Este antiguo comandante de las FARC se apartó en 2024 de las negociaciones de paz que el EMC había iniciado con el gobierno de Petro un año antes. Otra facción de esa agrupación, al mando de alias Calarcá, se mantiene en las conversaciones.
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Guerra contra el Estado
Tras la ruptura de las negociaciones con Mordisco, el ejército lanzó en el Cañón del Micay la operación Perseo en octubre, con la intención de recuperar la región. Luego de la incursión militar, una comitiva de ministros visitó la zona por órdenes de Petro, que busca instalar una presencia del Estado en la zona.
Pero esos esfuerzos son constantemente saboteados por los rebeldes. En febrero, por ejemplo, el EMC atacó con drones cargados de explosivos un hospital temporal instalado por el gobierno en el corregimiento de El Plateado. El EMC “no es una insurgencia, es un ejército privado del narcotráfico”, aseguró el lunes Petro, que vincula al grupo con “una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái (...) que incluso quiere matar al presidente”.
El año pasado, Petro ya había relacionado a Mordisco con un grupo denominado la Nueva Junta del Narcotráfico, cuyos cabecillas, según él, se instalaron en Dubái y planean asesinarlo. El gobierno propone además un ambicioso programa de sustitución de narcocultivos por otros en varias regiones cocaleras del país que más produce cocaína en el mundo.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta de su primer gobierno de izquierda por lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar, mediante el diálogo, un conflicto interno de seis décadas.
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Disidentes de las FARC retienen a un grupo de militares y policías en Colombia
Disidentes de las FARC retuvieron a 29 policías y militares en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia, donde el gobierno lanzó una ofensiva para detener la violencia del narcotráfico, informaron el viernes las autoridades.
El ministerio de Defensa indicó que “la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública” tuvo lugar en las montañas del departamento del Cauca bajo el control de rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), que nunca aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.
Según la cartera, “pobladores instrumentalizados” por los guerrilleros participaron en la retención de los uniformados, una represalia contra el gobierno que presiona al EMC tras los frustrados intentos de negociaciones para alcanzar su posible desarme.
Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.
Los hechos se registraron en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde hay una de las mayores concentraciones de cultivos de coca, según la ONU. Allí el ejército lanzó en octubre de 2024 la incursión militar “Perseo” para retomar el control de la región.
El gobierno asegura que el EMC es responsable de las acciones “ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad” de los uniformados.
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Imágenes difundidas en medios locales la tarde del viernes muestran a los uniformados retenidos en un centro comunitario para reuniones, rodeados de pobladores y en aparente buen estado de salud, sentados en sillas plásticas y recibiendo cada uno un plato de comida.
En un comunicado, pobladores del Cañón del Micay rechazaron lo que denuncian como una campaña de “erradicación forzada” de cultivos de coca y una intención del estado de “militarizar el territorio”. Exigen al gobierno del izquierdista Gustavo Petro “entablar el diálogo y la concertación directa con las comunidades”.
“Inmediata liberación”
En un mensaje en la red social X, Petro sostuvo que el EMC actúa con “desespero y por eso utiliza la población civil”. “La manera como el frente (Carlos Patiño) logra movilizar campesinos contra la fuerza pública es mediante el engaño. Les dice que habrá erradicación forzosa de cultivos cuando nosotros hemos planteado el pago por erradicación voluntaria”, agregó Petro más tarde en otra publicación.
El Frente Carlos Patiño, que opera en esta conflictiva zona, es una de las principales estructuras armadas adscritas al EMC y mantiene una fuerte presencia en el Cañón del Micay.
El Ministerio de Defensa aseguró que desde el ingreso de la fuerza pública a la región enfrentan “constantes amenazas” de esta disidencia de las FARC “que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales”.
“¡Exigimos su inmediata liberación! Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestros policías en El Plateado (Cauca), a manos de la organización criminal Carlos Patiño, a la cual hacemos responsable de su integridad”, escribió el viernes también en X el general Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana.
“Crímenes de guerra”
El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.
“Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil”, denunció el ministerio.
La Fiscalía investiga lo ocurrido y “avanza en la identificación” de los responsables de varios “delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión”, según el boletín.
El sábado se realizará una reunión en Popayán, capital del Cauca, con miembros del gobierno y la comunidad para evaluar la situación. Los disidentes “no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, añadió el ministerio.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar un conflicto interno de seis décadas.
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