El juez encargado de la investigación de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut tuvo que suspenderla de nuevo el martes, a raíz de las presiones de la clase política, tras haber emitido una orden de arresto contra un diputado y exministro.
La decisión del juez Tareq Bitar se produce al día siguiente de un violento ataque verbal del jefe del movimiento chiita libanés Hezbolá contra el magistrado, que lo acusó de politizar la investigación y pidió que fuera reemplazado. El magistrado ya había tenido que suspender su investigación a finales de setiembre tras la queja presentada por un diputado y exministro, sospechoso de estar implicado en la explosión, que causó más de 200 muertos y 6.500 heridos y que arrasó barrios enteros de Beirut.
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La semana pasada, la reanudó después de que un tribunal de apelaciones rechazara los pedidos de varios diputados de que el juez fuera apartado de la causa. Este martes por la mañana, Bitar emitió una orden de arresto contra uno de los diputados en cuestión, el exministro Ali Hasan Khalil, miembro del movimiento chiita Amal, aliado de Hezbolá, que no había respondido a una convocatoria para ser interrogado.
Sin embargo, horas después se vio obligado a suspender la investigación, a raíz de las nuevas quejas depositadas por Khalil y por otro diputado y exministro de Amal, Ghazi Zaayter, ante la corte de casación, informó una fuente judicial a la AFP. “Esto provocó una suspensión de la investigación y la interrupción de todos los interrogatorios previstos”, a la espera del fallo del tribunal, precisó la fuente.
El juez intentaba aprovechar el receso parlamentario durante el cual los diputados no están protegidos por la inmunidad parlamentaria. La sesión del otoño boreal del parlamento comienza el 19 de octubre. Tareq Bitar es criticado por el conjunto de las esferas políticas libanesas.
Responsables políticos de todas las tendencias se niegan a que el juez los interrogue, aunque las autoridades atribuyeran la tragedia al almacenamiento de enormes cantidades de nitrato de amonio sin las pertinentes medidas de seguridad. Las autoridades han rechazado que se lleve a cabo ninguna investigación internacional y las familias de las víctimas y las oenegés las acusan de socavar la investigación local.
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Fuente: AFP.