La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó ayer jueves la prisión perpetua para menores de 18 años “homicidas, violadores y terroristas” en este país donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” antipandillas que cumple cuatro años. Se “incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal”, consigna parte del texto de la reforma a la Ley Penal Juvenil que forma parte del endurecimiento de la legislación contra el crimen propuesta por Bukele.

La reforma establece “la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” que existía para graves delitos, pero contempla “revisiones periódicas” de la pena perpetua para determinar nivel de rehabilitación y de riesgo para recibir “libertad controlada”. A propuesta de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el 17 de marzo la prisión perpetua después de que oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en lucha contra la delincuencia.

“Ratifícase el acuerdo de reforma constitucional” por lo que “la pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)”, precisa el texto de la reforma que ayer jueves contó con 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral. La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

“Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

El diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, dijo que “miles” de salvadoreños “sin vinculo de pandillas” siguen “esperando un juicio justo” y lamentó que “gente buena esté pagando por algo que no hizo”.

También el parlamento aprobó reformas al Código Penal en las que establece que juzgados de lo Criminal tendrán “competencia exclusiva” en los procesos “contra adultos y menores de edad” que cometan delitos sancionados con prisión perpetua.

Los mismos tribunales realizarán la “revisión obligatoria” de la pena perpetua y podrán otorgar un “régimen de libertad controlada” en el caso delitos de menores de edad que hayan cumplido 25 años de prisión, y en los adultos la revisión será cuando hayan purgado entre 30 y 40 años.

La legislación salvadoreña tenía como condena máxima 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia por buena conducta o por trabajos para la comunidad.

Este mismo jueves el parlamento con 57 votos prorrogó por 30 días más el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial justo cuando el viernes se cumplen cuatro años de esa medida que ampara la guerra antipandillas. A la fecha, según fuentes oficiales, fueron detenidos 91.650 presuntos pandilleros. Unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Según oenegés de derechos humanos muchos inocentes permanecen tras las rejas.

Fuente: AFP.

Flávio Bolsonaro, precandidato de la derecha en las presidenciales de octubre en Brasil, abogó el jueves por construir más prisiones y rebajar la edad de responsabilidad penal, en un discurso en que ensalzó la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. Aunque todavía no empezó la campaña para las elecciones que probablemente disputará contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro adelantó sus ideas para endurecer la lucha contra el crimen en un evento sobre seguridad pública en Rio de Janeiro.

“Debemos construir muchos, muchos presidios”, dijo el senador de 44 años, al estimar que el país tiene un déficit de 500.000 plazas para presidiarios. En Brasil operan poderosos grupos criminales como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC), que controlan territorios como favelas de Rio de Janeiro y se lucran con el narcotráfico y otros crímenes.

La inseguridad es una de las preocupaciones centrales de los brasileños y uno de los reproches más habituales contra el izquierdista Lula, tachado de laxo. Flávio Bolsonaro exaltó el modelo del presidente Bukele, que constató de primera mano durante una visita el año pasado a El Salvador. “Tuve la oportunidad de conocer cómo fue el cambio radical en El Salvador”, dijo. “En cinco años la tasa de homicidios cayó de 128 a 0,8 por 100.000 habitantes”.

La prisión se convirtió en ese país en símbolo de la lucha contra el crimen, en medio de denuncias de abusos contra los derechos humanos. Flávio Bolsonaro, que se dice más moderado que su padre ultraderechista, se mostró partidario de replicar la mano dura. “Nadie aguanta más ver a marginal de 16 años cometiendo atrocidades. Y voy más allá: la mayoría de edad penal para crímenes aberrantes o para violadores, por ejemplo, debe ser a partir de los 14 años”.

Dijo además defender la “castración química” para los violadores. El precandidato, empatado en las encuestas con Lula cuando faltan siete meses para las elecciones, cargó además contra el izquierdista por ser contrario a designar como terroristas al PCC y el CV, como defiende su campo. Lula “tiene miedo de enfrentarse a las facciones criminales”, sostuvo. “Es una gran vergüenza que cuando se van a tratar acuerdos de cooperación para combatir organizaciones criminales internacionales, Brasil no participe en la formación de ese gran conjunto de países”.

Bolsonaro parecía aludir a la alianza de 17 países para luchar contra los cárteles de narcotraficantes en el continente americano anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, tras una reunión este mes con mandatarios afines, en la que Brasil no participó.

Fuente: AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció el martes su guerra contra las pandillas con una reforma constitucional para castigar con prisión perpetua a “homicidas, violadores y terroristas”, en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Bukele, con poderes casi absolutos, presentó su iniciativa al Congreso días después de que oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su política contra la delincuencia, que varios países latinoamericanos buscan emular.

“La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, indica el texto aprobado por 59 de los 60 diputados, apenas horas después de ser radicado. La enmienda elimina la prohibición de “penas perpetuas”. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.

Con ello se busca que los criminales “no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre”, dijo Suecy Callejas, vicepresidenta parlamentaria. Al presentar la iniciativa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, en referencia a los pandilleros.

La reforma fue adoptada a pocos días de que se cumplan cuatro años de un régimen de excepción que ha dejado 91.500 detenidos sin orden judicial, acusados de ser miembros o cómplices de las pandillas.

Bukele no cree en la reinserción social de los pandilleros. “Es un delito continuado, las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte”, subrayó una declaración de la Presidencia.

Según el World Prison Brief (WPB), con unos 1.700 prisioneros por cada 100.000 habitantes, este pequeño país centroamericano tiene la mayor población carcelaria del mundo.

El estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo a mínimos históricos los homicidios, pero que es señalado de graves violaciones a los derechos humanos.

La agrupación humanitaria Socorro Jurídico asegura que unos 500 presos han muerto bajo ese régimen, sin juicio, y que 94 % de ellos “no tenían perfil de pandilleros”.

En el marco del estado de excepción también se desarrollan juicios masivos, en los cuales los presos son agrupados según su supuesta pertenencia a una célula pandillera.

El gobierno sostiene que allí las penas se determinan de acuerdo con el grado de responsabilidad, pero de momento no está claro si la reforma será retroactiva o qué impacto tendrá en esos procesos.

“Los centros penales se van a convertir en pozos humanos”, dijo a la AFP la abogada penalista Roxana Cardona, quien advirtió que esto puede afectar a inocentes sometidos a esos juicios.

Hace una semana, un grupo de juristas internacionales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los “crímenes de lesa humanidad” del gobierno abarcan “tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos”.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló el lunes que el gobierno de Bukele mantiene en “desaparición forzada” a por lo menos 11 migrantes salvadoreños que fueron deportados por Estados Unidos hace un año junto con 252 venezolanos, acusados sin pruebas de pertenecer a bandas criminales.

En su discurso en el Congreso, el ministro Villatoro arremetió contra las oenegés. “Son unos demonios que representan la maldad, la pobreza y la inseguridad”, dijo.

“Esas organizaciones globalistas criminales que defienden criminales van a tener que seguir poniéndose a prueba. Ya se quitaron recientemente la máscara”, agregó. En los últimos días, Bukele acusó a las organizaciones de derechos humanos de ser “bufetes legales internacionales del crimen”.

Su modelo de seguridad acabó en El Salvador con la violencia de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, que controlaban ciudades, asesinaban y extorsionaban. Amnistía Internacional, HRW y otras oenegés internacionales y salvadoreñas aseguran que el régimen de excepción se ha usado también para silenciar a los defensores de derechos humanos y a voces críticas, ahora en el exilio.

Fuente: AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó este domingo al recién nombrado ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, por “defender los derechos humanos” de “criminales” y advirtió que, con esa postura, “miles de hondureños morirán”.

Bukele declaró la “guerra” a las pandillas en marzo de 2022 amparado en un régimen de excepción, una política criticada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch porque permite arrestos masivos sin orden judicial.

El mandatario salvadoreño compartió en el red social X un video en el que Velásquez asegura que el modelo de seguridad de Bukele es objeto de “mucho estudio” y “no es una receta para replicar exactamente en todos los países”.

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“Tiene (Bukele) un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos”, explicó el ministro.

“Escuchar al nuevo ministro de Seguridad (de Honduras) defender los ‘derechos humanos’ de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, señaló Bukele. El gobernante dijo que los hondureños esperan que el nuevo gobierno de Nasry Asfura, que asumió el 27 de enero para un mandato de cuatro años, “haga algo por la seguridad”.

Honduras es azotado por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Trump, que también tienen presencia en Estados Unidos, El Salvador y Guatemala.

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El Salvador tras arrinconar a las pandillas cerró 2025 con una tasa de homicidios 1,3 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja desde que lleva registros. Asfura tiene entre sus principales objetivos frenar las extorsiones en el país, que tiene una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Fuente: AFP