Estados Unidos presentó este jueves nuevos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Maduro y Flores fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

Un documento judicial hecho público el jueves muestra que ahora ambos enfrentan además el cargo de conspiración para cometer tortura, y señala que “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” a personas.

El supuesto objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.

Los fiscales detallan aparentes casos de víctimas no identificadas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que fueron sometidos a descargas eléctricas, a simulacros de ahogamiento y a golpizas mientras estaban detenidos en Venezuela.

El escrito de acusación alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro consideraba sospechoso de preparar un golpe de Estado.

Según los fiscales, el presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante su reclusión.

El documento judicial también señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tortura tras las manifestaciones antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.

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Por último, menciona varios casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela: uno de ellos, arrestado en 2022, habría sufrido golpes y descargas eléctricas en los genitales; otro, detenido en 2025, habría sido golpeado durante dos días.

“No nos detendremos ante nada para lograr justicia para las víctimas de delitos violentos, en particular para las víctimas estadounidenses que han sufrido tratos crueles en el extranjero”, declaró Jamie McDonald, fiscal federal de Nueva York, durante una conferencia de prensa.

“Estos nuevos cargos demuestran la determinación de esta administración de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”, reaccionó en X el secretario de Justicia, Todd Blanche.

El juicio contra la pareja, que hasta ahora se ha declarado inocente, debe comenzar el 1 de junio de 2027. Durante su primera comparecencia en Nueva York, Maduro se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos.

Desde entonces, ha cuestionado la legalidad de la acusación formal, alegando, entre otras cosas, su inmunidad como jefe de Estado extranjero. Este argumento fue rechazado por la fiscalía.

Cilia Flores —quien cumplirá 70 años el 15 de octubre— compareció este mismo jueves ante un juez para solicitar el arresto domiciliario a la espera del juicio, al alegar que sufre problemas cardíacos.

Pero su petición fue denegada por el juez, que consideró que presenta un alto riesgo de fuga.

Tras la captura de Maduro, su entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Rodríguez gobierna bajo la presión de Washington, que afirma tener el control del país.

• Fuente: AFP

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Un haz de luz creado con faros atravesó el cielo la noche del viernes durante una vigilia colectiva para honrar a los miles de muertos de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela hace cien días. Unas 400 personas se congregaron en un terreno que antes ocupó un edificio, colapsado el 24 de junio con los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, en el costero estado de la Guaira, a unos 40 km de Caracas.

“Te amaremos por siempre hija”, se leía en el auto de la familia de Francelis Iriarte, una adolescente de 16 años que murió al desplomarse su edificio ante los ojos de sus padres que regresaban a casa del supermercado. Los terremotos han dejado más de 6.500 fallecidos y un número aún indeterminado de desaparecidos, además de miles de familias sin hogar.

Voluntarios repartieron velas blancas que iluminaron los rostros de los familiares. La ceremonia terminó con el encendido de faros que formaron un haz de luz cerca de las edificaciones en ruinas. “Da un poquito de calma”, dijo Selene Manahu, madre de Francelis, al hablar sobre el homenaje a los fallecidos y desaparecidos. Su familia logró encontrar el cuerpo de la chica tras 29 días de búsqueda entre montañas de escombros.

Fielluz Perdomo, habitante de La Guaira, recordó a sus familiares muertos durante los terremotos que arrasaron cientos de edificios.

Es duro “que no haya nada, que solamente quede un arbolito, es terrible”, contó entre sollozos al ver el descampado, un escenario recurrente en La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

La actividad denominada “Haz de Luz” fue organizada por la ONG Venezuela Te Ayuda Foundation.

“Creemos que esta luz nos va a mostrar el camino de lo que está por venir, de todo lo que queremos seguir construyendo, y tratar de ayudar a la gente a que sigan avanzando con sus vidas”, dijo Julia Alessandra Mariano, representante de la fundación. “Que sus almas descansen en paz, amén”, clamó uno de los sacerdotes que oró por las víctimas.

Fuente: AFP.

Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

La segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino de Venezuela y un sector de la oposición cerró el viernes en Caracas con un acuerdo para nombrar a un comité a cargo de designar a nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de un primer paso de una reforma judicial general reclamada por la oposición y prometida por la presidenta interina Delcy Rodríguez que gobierna bajo presión de Washington.

En la primera ronda de negociaciones iniciada en agosto se acordó la renovación del sistema de justicia, el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el desbloqueo de activos de Venezuela en Inglaterra. En este segundo ciclo de conversaciones se anunciaron los integrantes de un consejo de revisión de credenciales para los postulados al TSJ en el marco de la reforma al sistema judicial.

Las partes acordaron “continuar el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesario para la transformación del sistema judicial”, según el documento. Las partes acompañan además, el desbloqueo de medios de comunicación impulsado por la presidenta interina, tras años de censura. La eliminación de restricciones es “parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo que buscan fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información”.

Los diálogos auspiciados por Estados Unidos son encabezados por Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, y por Dinorah Figuera, representante de la bancada opositora que ganó mayoría legislativa en 2015. La líder opositora María Corina Machado y nobel de la paz fue excluida de los diálogos, pero ha dicho que no interferirá y que espera resultados concretos.

Exiliada en Panamá, Machado no ha logrado regresar a Venezuela pese a varios intentos, según informaron fuentes de su partido Vente Venezuela. El jefe parlamentario eludió responder a la prensa si consideran incorporar en los diálogos el tema de la líder opositora y sus derechos políticos luego de ser inhabilitada a postularse a cargos públicos y participar en elecciones. Está prevista una tercera ronda de conversaciones en octubre.

Fuente: AFP.