• Por Arturo Peña Villaalta
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Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

La justicia de El Salvador dictó el lunes por primera vez una condena a cadena perpetua contra un hombre por feminicidio, tras una reforma legal impulsada por el presidente Nayib Bukele, informó la fiscalía. El Congreso, dominado por el oficialismo, eliminó en abril la prohibición constitucional de la prisión perpetua, por lo que ahora puede ser aplicada a condenados por homicidio, violaciones y terrorismo.

Hasta entonces la condena máxima era de 60 años de cárcel, con mecanismos de reducción de sentencia. Luego, Bukele hizo aprobar una norma que extendió el castigo a los menores de edad que cometieran asesinatos, violaciones o participen en terrorismo. La fiscalía logró “la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado”, indicó la entidad en un comunicado.

El crimen ocurrió en agosto pasado en Santa Ana, al oeste de la capital salvadoreña. El procesado fue hallado culpable de asesinar con arma blanca “a una vecina a quien acosaba constantemente”. El viernes, la justicia salvadoreña dictó la primera sentencia a cadena perpetua contra un hombre sentenciado por asesinato y el lunes fue la primera por feminicidio.

Bukele gobierna bajo un régimen de excepción que representa la piedra angular de su guerra contra las pandillas, que ha llevado a prisión a unas 92.000 personas y ha reducido la criminalidad a mínimos históricos. Sin embargo, el mandatario derechista es acusado por expertos de Naciones Unidas y oenegés de abusos contra los derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Fuente: AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó ayer viernes haber transferido todas las reservas de bitcoin del país a un operador privado como parte de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La cuestión del bitcoin ha sido un elemento central del acuerdo desde que Bukele suscribió con el FMI la línea de crédito por 1.400 millones de dólares, que prevé varios desembolsos. En el marco de esas negociaciones, el gobierno retiró el bitcoin como moneda de recurso legal en enero de 2025.

El jueves, en un nuevo paso hacia el desmonte, el FMI anunció un acuerdo preliminar para desbloquear casi 140 millones de dólares en nuevos fondos, como parte de un programa de austeridad. La decisión se produjo después de que el gobierno demostrara que sus continuas compras de bitcoins se financiaban con donaciones privadas y no con dinero público.

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El FMI informó que “la participación pública en la billetera Chivo se ha reducido sustancialmente y continúan los esfuerzos para mejorar la transparencia de las tenencias de bitcoin”.

“La propiedad mayoritaria y el control operativo han sido transferidos a un operador privado, mientras que el gobierno ha mantenido una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes”, añadió el organismo en un comunicado.

Al desmentir versiones de prensa, Bukele aseguró en X que “lo único que se transfirió fueron las acciones de Chivo (...) y NO la Reserva Estratégica de Bitcoin”. La reserva asciende a 618 millones de dólares.

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El plan del FMI exige que El Salvador reduzca el experimento con el bitcoin, que lo convirtió en un favorito de la industria de las criptomonedas y en una curiosidad en las finanzas mundiales. “En adelante, no se prevé una acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, subrayó el FMI el jueves.

Fuente: AFP

La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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