La existencia en El Salvador de la variante delta del SARS-COv-2 fue confirmada este sábado por el ministro de Salud, Francisco Alabí, a pesar que este país centroamericano tiene un ritmo acelerado en la vacunación.
“Se confirma en El Salvador la existencia de la variante delta”, la cual tiene “características particulares”, declaró Alabí en rueda de prensa. El ministro llamó a la población a adoptar “medidas de precaución” como evitar aglomeraciones y buscar los centros para recibir la vacuna contra el COVID-19.
“Debemos seguir cumpliendo todas las medidas y protocolos de bioseguridad para evitar dificultades ante la variante del COVID-19”, sostuvo.
Desde el 25 de junio se observa un ascenso sostenido de contagios, al pasar de un promedio de 178 a 285 casos diarios al 30 de julio. El 13 de julio, la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) suspendió por 90 días concentraciones y eventos públicos para hacer frente al repunte de la pandemia, que acumula 86.620 casos positivos y 2.629 fallecidos.
Hasta el viernes, El Salvador registraba 4.309.728 personas vacunadas, de las cuales 1.487.461 con segunda dosis. Del total de 6,7 millones de habitantes, 4,5 millones deben ser inoculados, según la cartera de Salud.
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Fuente: AFP.
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Fiscalía imputa a empresario y decenas de personas por fraude de G. 1.200 millones al IPS
Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.
El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.
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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.
De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.
Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.
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El Salvador desplegó al ejército para combatir a la “lechuga de agua”
Con palas mecánicas, barcazas y a mano, centenares de militares y pescadores artesanales remueven afanosamente este viernes una planta flotante que cubre el lago Suchitlán de El Salvador para devolverle la prosperidad a esta zona turística. La llamada “lechuga de agua” (Pistia stratiotes), de unos 30 centímetros de diámetro, se ha propagado sobre la superficie de este embalse artificial situado a 45 km de la capital, al alimentarse de contaminantes químicos que llegan por sus afluentes.
Para recuperar la economía de los poblados ribereños, el gobierno movilizó a 360 soldados para remover las plantas. “Yo creo que es importante este trabajo que están haciendo de limpieza, (pero) creo que deberían haber actuado más rápido”, dijo a la AFP Eduardo Orellana, un constructor de 74 años de la zona.
El lago alberga una rica biodiversidad, con aves migratorias en sus islas, pero ahora buena parte de su espejo de agua está cubierto por la “lechuga”. Su expansión se ha visto favorecida por el viento y las copiosas lluvias, y ha paralizado la pesca artesanal y el turismo. Para apoyar a los militares, el gobierno contrató a unos 340 lugareños, mayoritariamente pescadores artesanales que llevaban meses sin trabajar pues era imposible navegar entre las plantas.
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Con trajes impermeables que cubren la mitad de su cuerpo, los soldados van pacientemente sacando las plantas invasoras, apoyados con tres barcazas, y los pescadores cargan las plantas en cestos en medio de un olor nauseabundo. Los comerciantes de la zona están esperanzados de que el lago recupere su esplendor.
“A nosotros nos ha afectado, porque la verdad es que somos ocho áreas de restaurantes y hay que pagarles a todas las personas que son meseros, meseras, y [...] si no viene turista ¿adónde se va a hacer dinero?”, indicó a la AFP la comerciante Julia Álvarez. Unos 50 trabajadores de restaurantes perdieron sus empleos en Puerto San Juan de Suchitoto, un pueblo turístico con casas de estilo colonial y techos de teja, agregó la mujer de 52 años. La planta flotante cubre alrededor de la mitad de las 13.500 hectáreas del lago, según estimaciones de los militares.
Para el ambientalista Ricardo Navarro, líder de la ONG Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, el lago enfrenta “el efecto del descuido de no tratar las aguas contaminadas”. “Esas plantas encontraron en el lago el mejor caldo de cultivo”, dijo Navarro a la AFP. El embalse, construido en los años 70, provee de agua a una central hidroeléctrica y es alimentado por el caudaloso río Lempa, que a su vez recibe aguas de otros ríos contaminados.
Fuente: AFP.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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Gobierno de El Salvador dice que destruyó el mando de las pandillas
El gobierno de El Salvador aseguró este miércoles que destruyó completamente el mando de las pandillas en el país, pero continuará el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
Vigente desde marzo de 2022, el régimen de excepción da sustento legal a la ofensiva contra las pandillas, al permitir arrestos sin orden judicial.
“Con todos los principios de guerra del primer año, del segundo año, del tercero, hemos logrado, primero, destruir por completo la organización criminal a nivel de su gobierno (mando)”, dijo ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, al canal privado Telecorporación Salvadoreña.
Indicó que las fuerzas de seguridad han detenido a “la mayor cantidad de miembros” de pandillas y acabaron con el “monopolio del crimen” que ejercían esas bandas, que se financiaban con la extorsión, el sicariato y la venta de drogas.
El gobierno de Bukele asegura que las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha -esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos- asesinaron a unas 200.000 personas en tres décadas, más que los 75.000 muertos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
El Salvador ha pedido apoyo a Estados Unidos Unidos, México, Guatemala, Honduras y Belice para arrestar a pandilleros que han huido del país y las autoridades “patrullan” las redes sociales para detectar “remanentes” de las pandillas en el país.
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Según cifras oficiales, más 89.000 presuntos pandilleros fueron detenidos bajo el régimen de excepción, aunque unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian abusos y que miles de inocentes siguen tras las rejas.
La “guerra” contra las pandillas de Bukele, en el poder desde 2019, ha reducido al mínimo los índices de violencia en el país, lo que facilitó su reelección en 2024.
Villatoro vaticinó que El Salvador podría cerrar 2025 con entre 1 y 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, tras recordar que 2024 cerró con 1,9. La tasa de 2021 fue de 18 muertos por cada 100.000 habitantes.
El ministro descartó la derogación del régimen de excepción: “lo que estamos haciendo va para largo”, dijo. El régimen de excepción “es algo que ha valido la pena”, afirmó el ministro, al cuestionar que organizaciones de derechos humanos “lo venden como algo malo”.
- Fuente: AFP
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