El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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• San Salvador, El Salvador. AFP.

Estados Unidos calificó a El Salvador como un país seguro para que lo visiten sus ciudadanos debido a una drástica reducción de la violencia, una decisión celebrada por el presidente Nayib Bukele. El cambio es consecuencia de la guerra contra las violentas pandillas lanzada hace tres años por Bukele, que permitió que los homicidios bajaran de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,9 en 2024.

Y se produce luego de que la Casa Blanca anunciara que Trump recibirá a Bukele la próxima semana. La administración de Donald Trump redujo el nivel de alerta para los viajes al país centroamericano, pues “la actividad de pandillas, los delitos violentos y los asesinatos en El Salvador han disminuido significativamente”, informó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la red X.

“Mantener seguros a los estadounidenses en el extranjero es nuestra máxima prioridad”, agregó Rubio, quien aseguró que el “liderazgo” de Bukele ha sido crucial para mejorar la seguridad en el país. “El Salvador acaba de recibir la estrella dorada de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nivel 1: el más seguro”, se congratuló Bukele en X.

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Bukele mantiene presos a más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos, que asegura sin dar pruebas que son criminales. Sin embargo, el gobierno de Caracas y sus familias afirman que eran apenas migrantes. El 27 de marzo de 2022, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró un régimen de excepción para combatir a las pandillas, que se financiaban con el cobro de extorsiones y venta de drogas.

El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, acumula más de 86.000 detenidos, de los cuales 8.000 han sido liberados por ser inocentes. Organismos de derechos humanos denuncian abusos bajo el régimen de excepción y afirman que hay muchos inocentes tras las rejas.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá el 14 de abril en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuya cooperación “se ha convertido en un modelo para otros”, afirmó la portavoz Karoline Leavitt. Bukele es un gran aliado de Trump, prestándose a recluir a deportados en sus prisiones, sobre todo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en 2023 para albergar a pandilleros.

En esa prisión fueron recluidos 238 venezolanos expulsados de Estados Unidos bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, acusados sin presentar pruebas de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Venezuela lo considera un secuestro.

“Hablarán sobre la colaboración de El Salvador para usar su prisión de máxima seguridad para los pandilleros del Tren de Aragua y la MS-13″, afirmó Leavitt en rueda de prensa. En esta “visita de trabajo oficial” Trump tendrá la oportunidad de agradecer a Bukele su cooperación. Lo ha hecho varias veces públicamente. “Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente (Nayib) Bukele, por su comprensión ante esta horrible situación” (...) ¡No lo olvidaremos!”, escribió en marzo.

Desde marzo de 2022, Bukele libra una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual más de 83.000 personas han sido detenidas. Unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes. Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas han muerto en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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• San Salvador, El Salvador. AFP.

El Salvador recluyó ayer domingo en una cárcel de máxima seguridad a 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha, enviados por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras invocar una ley de tiempos de guerra para expulsarlos.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión, pero el sábado un juez federal la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador.

“Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”, informó en la red social X el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien precisó que también fueron enviados 23 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos dos cabecillas.

Bukele publicó un video que muestra el operativo de traslado “inmediato” de los detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, 75 km al sureste de San Salvador, donde, dijo, permanecerán por “un período de un año (renovable)”. En una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en febrero en El Salvador, Bukele había ofrecido encarcelar en su país a “peligrosos criminales” que enviara el gobierno de Trump.

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Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, de origen venezolano; a la MS-13, creada por salvadoreños y otros migrantes en Los Ángeles, y a seis cárteles mexicanos. Al emitir la orden de expulsión, Trump argumentó que tenía derecho a declararlos “enemigos extranjeros” bajo la ley de hace más de dos siglos.

Ante esa decisión, el gobierno venezolano consideró este domingo que Trump “criminaliza” a migrantes de la nación sudamericana usando esa antigua ley que calificó de “anacrónica”. “Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana”, reza un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro.

Los tres aviones con los presos aterrizaron en el aeropuerto internacional de El Salvador. En los videos divulgados por el gobierno salvadoreño se ve a los militares cuando bajan de los aviones a los detenidos encadenados, y los suben a autobuses para llevarlos al Cecot. A su llegada a la cárcel de máxima seguridad, fueron arrodillados mientras decían sus nombres a los agentes penitenciarios, quienes les raparon sus cabezas. El video mostró también cómo fueron ingresados a sus celdas vestidos con pantalón corto, camiseta y calcetines blancos.

“Estamos ayudando a nuestros aliados, haciendo autosostenible nuestro sistema penitenciario”, agregó en X Bukele, al señalar que “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta” para El Salvador. Este domingo, en su plataforma Truth Social, Trump agradeció a Bukele. “Estos son los monstruos que el corrupto (expresidente) Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país”, escribió Trump.

Bukele lanzó el Cecot hace tres años en el marco de su cruzada contra las pandillas, cuestionada por organizaciones de derechos humanos por permitir arrestos sin orden judicial. Miles de inocentes fueron detenidos. El criminólogo salvadoreño Misael Rivas opinó que para Bukele es una oportunidad de mostrar su “capacidad de ayudar” a un “socio importante”. “No llegan a pasear (los presos), estarán bajo un régimen severo”, dijo a la AFP.

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Considerada la prisión más grande de América Latina, fue inaugurada el 31 de enero de 2023. Está diseñada para 40.000 presos, pero hasta ahora estaban recluidos unos 15.000 miembros de la MS-13 y la pandilla rival Barrio 18. “Es un enorme negocio para Bukele, va a sacarle la plata a Estados Unidos alquilándole el Cecot sin rendirle cuentas de eso a nadie y sin tener una ley que lo respalde”, declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.

En su cuenta en X, Rubio informó también del envío a El Salvador de 23 miembros de MS-13 y de “más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua”. Esa cifra difiere de la anunciada por Bukele. El Tren de Aragua se conformó en 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte). Está vinculado a asesinatos, secuestros, robos, venta de drogas, prostitución, extorsión y trata de personas.

Sus actividades se expandieron a varios países del continente, entre ellos Estados Unidos, y en Sudamérica a Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia. Tres países centroamericanos -Guatemala, Panamá y Costa Rica- han aceptado servir de “puente” para migrantes deportados por Washington, pero El Salvador es el único que acepta presos.