El parlamento de Nicaragua canceló este miércoles la personalidad jurídica a 24 organizaciones de la sociedad civil, la mayoría asociaciones médicas, acusándolas de incumplir las normas de funcionamiento, pero los afectados denuncian una represalia por criticar el manejo de la pandemia.
La medida, solicitada por el ministerio de Gobernación (Mingob) y aprobada por una mayoría de 70 diputados del oficialismo y 16 en contra, también dispuso que los bienes de esas entidades pasan a ser “propiedad del Estado”, según la resolución aprobada en sesión plenaria.
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“No hay un afán persecutorio ni de dañar a ninguna oenege, solo se está aplicando la ley”, expuso ante el plenario el diputado liberal y aliado del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Wilfredo Navarro. El parlamentario alegó que algunas organizaciones tienen más de 10 años “durmiendo el sueño de los justos, sin cumplir los requisitos” de ley para continuar operando.
Entre los organismos cerrados hay asociaciones de enfermos de insuficiencia renal, nefrología, diabetes, neumología, climaterio y menopausia, infectología y reanimación, anestesia, tratamiento para el dolor, entre otros. Profesionales de la salud rechazaron la medida al considerar que afectará a los beneficiarios de esos servicios.
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Denunciaron que la medida se trata de un intento del gobierno para “callar los señalamientos [de especialistas sobre] la mala gestión de la pandemia y salud”. Nicaragua, uno de los países que no aplicó medidas de contención de la pandemia, reporta oficialmente 9.651 casos y 194 fallecidos por COVID-19, pero esas cifras son cuestionadas por grupos independientes de médicos y ciudadanos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció que la cancelación a la identidad legal a esas 24 oenegé que “velan por la salud y la vida de los nicaragüenses” es una violación al derecho de libertad de asociación. En 2018, en medio de una crisis política detonada por protestas antigubernamentales, el parlamento anuló el estatus jurídico a 10 oenegé, incluido el CENIDH, acusados de promover actividades “terroristas” y “golpistas”.
Fuente: AFP.
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Peña pide ante la ONU mejoras en DDHH en Venezuela y Nicaragua
El presidente Santiago Peña se pronunció este lunes sobre cuestiones internacionales como el conflicto de Medio Oriente y el deterioro de las instituciones democráticas en Latinoamérica. A través de un video (ya que el mandatario se encuentra en España) abrió el segmento de alto nivel del 55.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se desarrolla del 26 de febrero al 5 de abril.
“Observamos con mucho pesar las graves consecuencias del terrorismo en el Medio Oriente, abogamos por una paz definitiva en esa región. Además, reiteramos nuestro llamado al cese de la invasión en Ucrania y que en Venezuela se lleven a cabo próximamente elecciones justas y transparentes. Exigimos también el retorno de la democracia en Nicaragua”, dijo Peña.
El jefe de Estado aseguró que la presencia de Paraguay en el Consejo ha fortalecido el posicionamiento de su política exterior en derechos humanos y anunció que “en ese marco seguiremos impulsando y acompañando debates que aborden problemas persistentes y emergentes tanto a nivel nacional como internacional”.
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“Nos encontramos en tiempos complejos y difíciles, el mundo enfrenta desafíos extraordinarios que requieren de un multilateralismo eficaz como una herramienta esencial en la resolución de conflictos”, dijo el presidente. “Es tiempo de poner en práctica los compromisos de diferentes actores mundiales asumidos para mejorar nuestro porvenir”, agregó y abogó por un multilateralismo que no sea meramente discursivo.
“Seguiremos buscando que ese multilateralismo no sea meramente discursivo, sino que concrete acciones basadas en solidaridad y cooperación reales”, puntualizó. Así también afirmó que Paraguay está comprometido en generar condiciones propicias para el desarrollo, promover inversiones, preservar la estabilidad financiera y fomentar la creación de empleos. “Estamos intensificando esfuerzos con el fin de asegurar oportunidades para todos”.
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¿Cómo seguirá el presidente Milei después de que el Parlamento lo obligara a retroceder?
La idea de comunicación política de “campaña permanente”, cuando se ejerce el poder y las elecciones han pasado, asociada con la divulgación constante y sistemática de los resultados de encuestas, también permanentes, como herramientas para forzar situaciones políticas montadas sobre la presunción de que lo muchas veces imposible, debe hacerse porque “es lo que quiere la gente”, una vez más, en la semana que pasó, estalló en millones de pedazos.
De hecho, el presidente Javier Milei se vio obligado a retroceder frente a un Parlamento que, hasta ahora, le impide pauperizar más al conjunto social para “ser como Estados Unidos” hoy, dentro de 35 años, cuando se inicie el año 2059. Inquietante.
Del proyecto de la aquí llamada “Ley ómnibus” para reformar el Estado a su imagen y semejanza que el Poder Ejecutivo envió semanas atrás al Parlamento, tuvo que retirar el capítulo llamado “paquete fiscal” (enormes recortes en el gasto público) que afectaba a los sectores sociales con mayores carencias incrustados en un conjunto social que exhibe a quien quiera verlo más de un 43 % de su población por debajo de la línea de pobreza; 62,9 % de los niños entre 12 y 17 años en esa situación; cerca del 11 % del total de la población urbana en condición de indigencia. La ristra de datos negativos podría seguir.
Claramente –el alarido de campaña mileista: “¡Viva la libertad, carajo!” para ir contra “la casta”– a la hora de gobernar o administrar en estado de carencia, no parece suficiente. Gritar no suele agigantar el poder. Algunos sectores sociales comienzan a sentir agobio discursivo. De hecho, algunas consultoras que investigan el estado actual de la opinión pública empiezan a ver que la valoración positiva de la gestión de gobierno comienza a decaer. Ninguna lo reporta formalmente aún. Sin embargo, una de ellas, Poliarquía, deja trascender que la merma ya es de dos dígitos.
Si el dato precedente se verifica y se hace público la realidad dará cuenta que sólo 50 días –que hoy se cumplen desde el pasado 10 de diciembre cuando asumió el cargo el presidente Milei– fueron suficientes para que el Congreso ratificara una vez más que “El espíritu de las leyes”, la obra basal para fundar la separación de poderes en un Estado democrático de derecho, que en 1755 escribiera y publicara Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y Barón de Montesquieu, está más vigente que nunca antes. Así sea.
Una segunda constatación, no menor, también emerge y es posible de probar en el inicio de la presente semana. El señor Javier Gerardo Milei ganó el segundo turno electoral con el 56 % de las voluntades electorales –enorme triunfo con la fortaleza de un copo de algodón– pero en línea con el diseño gubernamental argentino vigente a partir de las urnas, por lo menos, hasta las parlamentarias del 2025, claramente indica que el actual jefe de Estado, tanto en las primarias abiertas simultaneas y obligatorias (PASO) como en la primera vuelta se ubicó en el segundo lugar con el 29,99 % de los votos. Para que quede claro -una vez más- el 70 % de quienes votaron en la presidencial del pasado 24 de octubre no lo eligió.
Entre los gobernadores de las 24 provincias no hay ningún libertario; sólo cuenta con 37 diputados (menos del 15 %) en la Cámara Baja; y, 7 senadores (casi el 10 %) de la Cámara Alta. Se suele afirmar que, si bien la construcción de consensos es fundamental para un gobierno en minoría, gestionar los disensos es tan relevante o más que la afirmación precedente. La democracia, además de una forma de vida, es un preciso esquema de equilibrios a construir para consolidarla y fortalecerla.
Vale señalar y hacer memoria. No es este el primero de los gobiernos que padece una caída parlamentaria. En las últimas 4 décadas, los presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989); Fernando de la Rúa (1999-2001); Néstor Kirchner (2003-2007); Cristina Fernández (2007-2015); Mauricio Macri (2015-2019); Alberto Fernández (2019-2023), también supieron del sabor amargo de las derrotas parlamentarias. Pero es necesario superarlas desde la convicción de que son parte de la gestión que, además, debe proveer la gobernanza.
La idea de aplicar políticas económicas de shock –como las categoriza la periodista y académica Naomi Klein– para contener la crisis, especialmente cuando –como sucedió durante la más reciente campaña presidencial se responsabiliza de las carencias a “la corrupción” y a “la casta”– resulta discursivamente atractiva. Pero, a no dudarlo, con el correr de los días, las inhabilidades, las inexperiencias para gestionar la política y la administración del Estado, marcan límites a aquellas transitorias aprobaciones y ocurrencias verbales con fines proselitistas. La inevitabilidad del shock –como la única salida posible– comienza a conseguir rechazos.
Mucho más cuando la otrora –muy atrás en el tiempo– poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) –habida cuenta de ese dato empírico– quiso ocupar el centro de la arena política con un paro general de medio día que no movió el amperímetro social.
No faltan quienes apresuradamente sostienen que fracasaron. Tal vez, algunos dirigentes obreros procuran desconocer que los trabajadores informales (en negro, sin aportes jubilatorios, ni para obras sociales y sin acceso a servicios de salud) son mayoría respecto de los que se encuentran a derecho y esa circunstancia, en alguna medida, resta capacidad de movilización a los sindicatos que por varios años se mantuvieron inmóviles y tampoco evidenciaron sostener miradas críticas para ajustes que comenzaron antes que el gobierno del presidente Milei.
Por si algún otro síntoma faltara para marcar más debilidades que fortalezas en la CGT, 23 gobernadores y ningún intendente adhirieron al cese de tareas. El único jefe de Estado provincial adherente fue el bonaerense Axel Kicillof que se alineó con la dirigencia laboral. No es un dato menor.
Algunos peronistas críticos no kirchneristas -con el compromiso de mantener sus identidades en reserva- con ironía coinciden en señalar que “la columna vertebral del movimiento (peronista, como el general Juan Domingo Perón llamaba a la CGT) tiene síntomas claros de artrosis”. Habrá que ver.
Enero finalizará en la semana que se inicia. Febrero, pese a ser bisiesto, sólo tendrá un día más, como sucede cada cuatro años. No es tiempo lo que sobra para acomodar desde el gobierno el decir con el hacer con perspectiva democrática y profesional.
Este país, como en muchos otro del hemisferio sur, amplios sectores sociales están de vacaciones. En marzo próximo, junto con el otoño, el año real se pondrá en movimiento. El relax dará paso a las tensiones naturales que devendrán como resultado de una sociedad que se pondrá en funcionamiento. Hasta el primero de los días del tercer mes del año faltan 32 días. El almanaque suele ser impiadoso.
El presidente Milei sostiene que si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del presente mes de enero “está cerca del 25%, el éxito es tremendo”. Habrá que ver. No siempre deseo y realidad coinciden. ¿La sociedad, de ser finalmente así, también lo percibirá como un resultado exitoso cuando advierta que desde el primero de los días de febrero próximo pueda comprar bienes o servicios por el 80% de cada uno de sus devaluados pesos mensurado el valor de comprar respecto del último día de diciembre 2023?
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Nicaragua expulsó a 17 religiosos al Vaticano
El gobierno de Nicaragua anunció el domingo pasado que excarceló a dos obispos católicos, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, fuerte crítico del presidente Daniel Ortega, a 15 sacerdotes y dos seminaristas, y los envió a Roma bajo un acuerdo con el Vaticano. La presidencia de Nicaragua dijo que los religiosos viajaron luego de que logró con la Santa Sede acuerdos de “buena fe y buena voluntad” para mejorar el “entendimiento” con las autoridades de la Iglesia católica.
“Ellos han sido ya recibidos por autoridades vaticanas, en cumplimiento de Acuerdos de Buena Fe y Buena Voluntad, que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la Santa Sede y Nicaragua, para la paz y el bien”, añadió el gobierno en un comunicado.
El gobierno agradeció “profundamente” al papa Francisco y al secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, junto con su equipo de trabajo “por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas”.
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Álvarez, de 57 años y que antes había preferido la cárcel al exilio, fue detenido en agosto de 2022 y condenado en febrero pasado a 26 años de prisión. Estados Unidos y organismos internacionales de derechos humanos pidieron en reiteradas ocasiones su liberación. Entre los excarcelados también está el obispo Isidoro Mora, de 53 años, y más de una decena de sacerdotes detenidos en diciembre.
“Nos tranquiliza ver la liberación de estos líderes religiosos. Todas las personas tienen derecho al culto en casa y en el extranjero”, escribió en X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols. “Continuamos llamando a la liberación de todos los injustamente detenidos y al restablecimiento de las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense”, añadió el funcionario estadounidense.
La relación entre la Iglesia y el gobierno se deterioró después de que Ortega acusara a sacerdotes de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que consideró un intento de golpe de Estado promovido por Washington y que se saldaron, según la ONU, con más de 300 muertos.
Acogidos en Roma
El obispo auxiliar de Managua, exiliado en Estados Unidos, Silvio Báez, dijo en un mensaje reproducido en redes sociales que los clérigos “han sido acogidos por la Santa Sede”. “Quiero invitarlos a todos a que le demos gracias al papa Francisco (...) por la eficacia de la diplomacia vaticana”, dijo Báez, en un oficio religioso dominical.
El presbítero Uriel Vallejos, también exiliado en Estados Unidos, consideró que el gobierno “quiere dejar sin sacerdotes a Nicaragua”. “Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio”, escribió en la red social X (antes Twitter) Vallejos.
En octubre pasado, otros 12 sacerdotes fueron liberados y enviados a Roma tras un acuerdo del gobierno con el Vaticano. Se desconocen las condiciones de la liberación de los religiosos. En diciembre, el papa Francisco dijo que seguía “con profunda preocupación” la detención de sacerdotes en Nicaragua.
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Tensa relación con Iglesia
La exguerrillera sandinista y ahora opositora a Ortega, Dora María Téllez, celebró la liberación de los clérigos y consideró que las medidas del gobierno en contra de la Iglesia continuarán. “Seguirán por la desarticulación de la Iglesia. Todo el que les moleste será encarcelado y después desterrado”, sostuvo Téllez, quien estuvo encarcelada y salió del país en febrero de 2023 en un grupo de 222 presos expulsados hacia Estados Unidos y despojados de su nacionalidad.
La situación para la Iglesia se agravó durante las fiestas de la Navidad y Año Nuevo con la ola de detención de sacerdotes liberados este domingo junto a Álvarez. Las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano han estado al borde de la ruptura luego de que en marzo del 2023 el papa tachara al gobierno de Ortega de “dictadura grosera”.
Según una investigación de la abogada Martha Molina, exiliada en Estados Unidos, desde 2018 hubo 740 ataques contra la Iglesia y 176 sacerdotes y religiosas fueron expulsados, desterrados o se les prohibió ingresar al país. Organizaciones vinculadas a la Iglesia han sido cerradas, entre ellas la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de Managua.
Fuente: AFP.
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Corea del Sur: prohíben consumo de carne de perro
El Parlamento de Corea del Sur ha aprobado este martes prohibir el consumo de carne de perro, una medida que ha levantado la polémica durante las últimas décadas y que entrará en vigor a partir del 2027. El proyecto de ley, que prohíbe la cría, el despiece, la distribución y venta de perros para el consumo de esta carne, ha salido adelante con 208 votos a favor y dos abstenciones.
El gobernante Partido del Poder Popular (PPP) y el principal partido de la oposición, el Partido Demócrata (PD) han sacado adelante esta medida de forma conjunta a medida que la sociedad se conciencia sobre los derechos de los animales y el respeto al medio ambiente.
La legislación también prevé la concesión de subvenciones para aquellas personas que trabajen en esta industria con la vista puesta en que puedan cambiar de empleo sin sufrir grandes perjuicios, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
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La prohibición del consumo de esta carne era una de las principales promesas de campaña del presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, y su mujer, la primera dama Kim Keon Hee, ha expresado abiertamente su apoyo a esta medida. La pareja tiene cuatro perros y tres gatos.
Periodo de gracia
La medida contará con un periodo de gracia de tres años a partir de 2027 y aquellos que infrinjan la ley podrán enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión o multas de unos 30 millones de wones (unos 20.000 euros).
Según las estadísticas del Gobierno, en Corea del Sur hay unas 1.150 granjas de perros, 34 empresas de carnicería, 219 distribuidores y aproximadamente 1.600 restaurantes que venden comida hecha con carne de perro.
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Los grupos defensores de los derechos de los animales han aplaudido inmediatamente la medida. “Creemos que esta prohibición marca un importante punto de inflexión en la actitud de Corea del Sur hacia la protección de los animales”, ha indicado Lee Sang Kyung, portavoz de la rama local de Humane Society International, grupo defensor de los derechos de los animales.
“Muestra la determinación de nuestro público amante de los animales y de los políticos que alcanzaron un punto de inflexión para relegar esta industria obsoleta a nuestros libros de historia”, ha indicado.
Fuente: Europa Press