La policía colombiana anunció este miércoles la detención de 70 personas tras las protestas que movilizaron la víspera a miles en rechazo al gobierno de Iván Duque. Aunque la jornada fue mayoritariamente pacífica, algunos disturbios y choques con la fuerza pública se presentaron en Bogotá, Medellín y Cali, principales ciudades del país.
“En las últimas horas la Policía Nacional capturó a 70 personas, 69 de ellas en flagrancia por los delitos cometidos en varias ciudades (...) durante este 20 de julio, y una más con orden judicial por homicidio”, indicó la institución en un comunicado.
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Los detenidos deberán responder por los delitos de obstrucción en vía pública, daño en bien ajeno, lanzamiento de objetos y substancias peligrosas, y tenencia de armas de fuego. Las autoridades acusan infiltración de grupos armados en la protesta.
La Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, consignó por su parte 50 heridos: 24 civiles y 26 agentes de la fuerza pública. La jornada marcó el regreso de las movilizaciones masivas tras ser suspendidas hace un mes en pleno tercer pico de pandemia.
Miles respondieron al llamado del Comité del Paro - que es el grupo más visible de la protesta, pero no representa a todos los sectores inconformes-, el día en que el gobierno radicó en el Congreso una nueva propuesta de reforma tributaria para enfrentar los estragos económicos que dejan 16 meses de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
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Su primera propuesta fiscal, presentada hace casi tres meses, incluía impuestos a la clase media y detonó un estallido social sin precedentes. Los manifestantes exigen una reforma policial y un Estado más solidario en este país de 50 millones de habitantes donde la pandemia elevó la pobreza al 42%.
Antes de ser suspendidas, las manifestaciones iniciadas el 28 de abril dejaron más de 60 muertos -tres uniformados- y cientos de heridos. La comunidad internacional denunció los excesos cometidos por la fuerza pública. Ante el inminente regreso de las movilizaciones, el gobierno se enfocó en capturar a integrantes de la llamada primera línea de protesta, sospechosos de planear ataques contra la fuerza pública.
“Le madrugamos a los violentos, les salimos el paso”, anunció airoso este jueves el ministro de Defensa, Diego Molano, en Blu Radio. Unas 60 personas fueron capturadas entre el 9 y el 19 de julio. El gobierno reconoce abusos de policías, pero niega que se trate de hechos sistemáticos.
Fuente: AFP.
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Presidente de Colombia militariza ciudad fronteriza con Venezuela por ola de violencia
El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves la militarización temporal de la principal ciudad de la frontera con Venezuela debido a la ola de violencia y asesinatos a manos de grupos ilegales.
En los últimos días, Cúcuta fue escenario del asesinato de un aspirante a la alcaldía y de un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos en la urbe donde operan guerrillas y otros grupos criminales, según el gobierno local.
Ordeno “la militarización inmediata de Cúcuta (...) Será temporal mientras estabilizamos el orden público”, dijo el presidente sobre la capital del Norte de Santander (noreste).
Agrega que la policía y el ejército se desplegarán en la ciudad, sin especificar el número de uniformados.
Esta es la segunda ciudad militarizada por De la Espriella desde que llegó al cargo el 7 de agosto. La primera fue la costera y turística Santa Marta, después de una ola de ataques a comercios y vehículos desatados por una banda narcotraficante en septiembre.
La región fronteriza con Venezuela es bastión de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
En los últimos días también se registró una seguidilla de atentados y enfrentamientos entre los grupos armados en el Catatumbo, región plagada de narcocultivos a unos 70 km de Cúcuta.
Este jueves, un ataque con un dron explosivo atribuido al ELN dejó tres civiles heridos, según el gobierno local. Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos ilegales y su zumbido genera terror entre la población, habitualmente atrapada en el fuego cruzado.
En medio de la peor crisis de violencia de la última década en Colombia, el mandatario derechista promueve una ofensiva a punta de bombardeos contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.
- Fuente: AFP
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Operativos militares en Colombia, México y Ecuador intensifican la lucha contra el narcotráfico
Al menos seis muertos y un detenido deja un bombardeo contra el Clan del Golfo, considerado el principal grupo que trafica cocaína desde Colombia, anunció el presidente Abelardo de la Espriella el miércoles.
Este es el sexto ataque aéreo dispuesto por su gobierno —que asumió el poder en agosto— contra las organizaciones armadas que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.
La operación tuvo lugar en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país y ruta del tráfico de cocaína. Colombia es el mayor productor de esa droga que se consume en Estados Unidos y Europa, principalmente.
“Llevamos seis abatidos y un capturado”, dijo a la prensa el presidente colombiano.
De la Espriella advirtió que la cifra de muertos puede aumentar.
Su gobierno libra un combate frontal contra los grupos armados que operan en Colombia, con el apoyo de Estados Unidos.
Washington anunció el envío de 300 soldados estadounidenses a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico.
La reanudación de operaciones aéreas contra bases del narcotráfico y de la guerrilla ha generado controversia en Colombia.
El miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo que restringía los bombardeos y exigía “precaución reforzada” cuando existiera información de la presencia de menores reclutados, una práctica común entre los grupos armados.
Narco abatido en México
Fuerzas armadas mexicanas abatieron en Sinaloa a un supuesto miembro de un cártel del narcotráfico por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, informó el miércoles el secretario de Seguridad.
Se trata de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave, una ciudad del norte del estado de Sinaloa, que es sacudido desde 2024 por la guerra intestina de la principal mafia de dicha entidad.
“El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares” por este hombre acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína y heroína, dijo el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales.
González Peñuelas y otro presunto delincuente murieron tras enfrentarse con personal de la Marina armada mexicana que realizaba un operativo y fue agredido por los criminales.
Tras la refriega, los marinos aseguraron cuatro automóviles, tres armas largas, cargadores y municiones, detalló el secretario.
La caída de Peñuelas ocurre un día después de que García Harfuch anunció que esta semana la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad realizarán visitas coordinadas de supervisión en Sinaloa.
El objetivo es vigilar los despliegues y la operatividad de las fuerzas, dialogar con las policías locales e inspeccionar el terreno donde se construirá una nueva cárcel, informó el funcionario.
El Cártel de Sinaloa vive una guerra intestina entre las facciones de sus líderes históricos y exsocios Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos presos en Estados Unidos. Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas, que dejan más de 2.000 muertos desde 2024.
Base militar de Ecuador
Oculta entre árboles y tras alambres de púas, opera la base militar en Ecuador desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos, según registros de vuelos, imágenes de satélite, testigos y documentos militares a los que tuvo acceso la AFP.
Ubicada a una hora de Guayaquil, el puerto desde donde sale la mayoría de la droga hacia Estados Unidos, Taura es una base aérea de más de 70 años.
La AFP observó obras considerables junto a la pista, identificó unos 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre y obtuvo documentos que hacen referencia a la presencia de tropas estadounidenses y a “vuelos temporales de apoyo”.
Esta expansión ocurre a menos de un año del referendo que votaron los ecuatorianos en contra de las bases militares extranjeras y ha suscitado dudas sobre su legalidad incluso entre las más altas esferas de las Fuerzas Armadas.
En una carta fechada a inicios de septiembre a la que tuvo acceso la AFP, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, solicitó a las Fuerzas Armadas aclaraciones sobre el marco legal para albergar militares extranjeros sin infringir la Constitución. El general fue removido y asignado a otro puesto de menor rango.
Los registros de vuelo analizados por la AFP muestran aterrizajes y despegues repetidos de aeronaves militares estadounidenses en Taura, como aviones C-130 Hércules y C-17 Globemaster, aviones híbridos V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.
Varios vuelos conectaban Taura con instalaciones de Estados Unidos, como la base aérea de los Marines de Cherry Point, en Carolina del Norte, y Dover, en Delaware, con escalas en Puerto Rico y Panamá.
Imágenes aéreas muestran obras para quitar decenas de metros de vegetación alrededor de la pista principal y las vías de circulación.
La AFP también observó la instalación progresiva de decenas de tiendas de campaña y la presencia de potentes aeronaves.
Una estructura más grande, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, se asemeja a un hangar desmontable de mantenimiento de aeronaves.
En los exteriores de la base, custodiada por tres militares, ingresan y salen camiones de construcción.
Se trata de la única base aérea de Ecuador exclusivamente de uso militar. La pista tiene más de 3.000 metros y es más larga que la del aeropuerto de Guayaquil.
El presidente Daniel Noboa anunció en septiembre que estaba trabajando con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea para que “cualquier tipo de cooperación entre dos países se lleve a cabo en Taura”, donde planea “mejorar las pistas de aterrizaje, para llevar a cabo operaciones conjuntas”.
“Creo que es mucho más apropiado trasladarlo todo a Taura”, donde la base no comparte operaciones con un aeropuerto civil, pero está ubicada en la región con “la mayor tasa de crimen y homicidios”, añadió durante una entrevista televisada en inglés.
Ofensiva aérea
Estados Unidos contó por una década, hasta 2009, con una base en el puerto pesquero ecuatoriano de Manta que fue su punta de lanza en la lucha antidrogas. La izquierda entonces en el poder terminó con el convenio.
Centenares de militares estadounidenses operaron desde ese punto y organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos por parte de los militares.
Hoy la cooperación entre Quito y Washington se consolida de manera hermética, con apenas algunos anuncios sobre el arribo de aeronaves.
Donald Trump, en riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, ha fortalecido el apoyo militar contra los cárteles en toda América Latina y el Caribe.
El ministro de Defensa de Ecuador anunció en agosto que Estados Unidos desplegaría tres helicópteros Black Hawk como parte de la cooperación bilateral.
Al mes siguiente, Noboa afirmó que Ecuador pondría en funcionamiento dos drones MQ-9 Reaper, utilizados por Estados Unidos para misiones de vigilancia y ataque en conflictos en Oriente Medio y África.
El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Roberto Marchán, dijo a la AFP que las aeronaves y las instalaciones son indicio de una presencia operativa a largo plazo.
Las aeronaves de transporte identificadas permitirían el desplazamiento rápido de tropas y equipamiento por toda la región andina, señaló, mientras que algunas de las estructuras recién instaladas parecen adecuadas para mantenimiento de aeronaves y apoyo logístico.
“Hay cierto malestar entre la tropa, pero se lo guardan por respeto a la institución y por temor a perder ascensos” en la carrera militar, agregó.
“Nadie viene por aquí”
Consultado al respecto, el Pentágono indicó que había que ponerse en contacto con el Comando Sur de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana tampoco respondió por el momento a la AFP.
A pocos kilómetros de la base de Taura está el poblado del mismo nombre, con más de 9.400 habitantes y estrechas calles de tierra.
Sin acceso a agua potable, sus pobladores trabajan en el campo o en exportadoras de camarón.
“Nadie viene por aquí, creen que es peligroso porque a veces encuentran cuerpos botados”, dice Fidela Martínez, una lideresa que vive junto a una camaronera.
El año pasado, entre los matorrales del pueblo hallaron los cuerpos de cuatro niños torturados, asesinados y calcinados por militares en un caso que estremeció al país.
Otros han notado efectos más inmediatos derivados de la ampliación de la base.
Alma Goya, de 40 años, tiene un local de comida. Lamenta que el centro médico situado dentro de la base militar ya no esté abierto al público: “nos dijeron que era por el estado de excepción”.
La creciente presencia militar es bien vista por algunos pobladores.
“Vi un avión grande que iba aterrizando”, dijo Tito Henríquez, de 68 años.
El dueño de un pequeño restaurante considera “maravilloso” la idea de que militares extranjeros lleguen al país con la peor tasa de homicidios de Sudamérica, con 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
Fuente: AFP.
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EE. UU. recibe extraditado a líder de las FARC mientras Colombia bombardea al ELN
Estados Unidos anunció este viernes la llegada de un líder de las FARC disidentes, Willinton Henao Gutiérrez, conocido como “El Mocho Olmedo”, de 45 años, extraditado desde Colombia. Líder del Frente 33 de la guerrilla disidente, “El Mocho Olmedo” es acusado de tráfico de cocaína y lavado de dinero, junto a otros tres presuntos involucrados, explicó el Departamento de Justicia.
“Desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022, Willinton Henao Gutiérrez (...) y sus co-conspiradores participaron en una operación internacional de tráfico de drogas que involucraba cinco kilogramos o más de cocaína. Supuestamente, la conspiración operaba en Colombia y en el sur de Florida”, explicó el texto.
El acusado llegó el jueves al aeropuerto de Miami bajo custodia policial.
El Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos ha identificado al Frente 33 como una unidad de las FARC-EP (disidentes), dirigida por Javier Alonso Veloza, alias “Jhon Mechas”.
Nueve muertos deja bombardeo
Un bombardeo militar contra un campamento guerrillero en el suroeste de Colombia dejó nueve muertos, informó este jueves el presidente Abelardo de la Espriella.
El operativo contra rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvo lugar en una zona rural del departamento de Cauca, corredor del narcotráfico con fuerte presencia de grupos armados.
“Hicimos un bombardeo anoche en el Cauca y dimos de baja a nueve bandidos”, anunció sonriente el presidente tras recibir el balance durante un evento en la ciudad de Pereira.
Horas antes, compartió en X un video dando la orden del ataque al ministro de Defensa a través de un radioteléfono.
Con el apoyo de Estados Unidos, el líder derechista promueve una política de mano dura contra los grupos rebeldes que siguieron en armas tras el acuerdo de paz de 2016, que desarmó a la entonces poderosa guerrilla de las FARC.
Los ataques aéreos dejan más de 50 muertos, al menos siete de ellos menores, desde su llegada al poder el 7 de agosto.
Este es el segundo bombardeo de su gobierno contra el ELN, la guerrilla de origen guevarista que ataca frecuentemente a la fuerza pública, políticos y civiles en sus zonas de control.
Se financia del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
El Cauca es una de las regiones con más narcocultivos del país, cuyas rentas se disputan a muerte los grupos ilegales.
El ELN, la guerrilla más longeva del continente, con más de seis décadas de actividad, sostuvo negociaciones de paz con el pasado gobierno izquierdista de Gustavo Petro sin alcanzar ningún acuerdo.
Fuente: AFP.
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La juventud europea se moviliza contra la clase política en una histórica ola de protestas
De las escuelas ocupadas en Roma al campamento en el centro de Madrid, pasando por las manifestaciones en Francia, los jóvenes de toda Europa expresan su ira contra una clase política que, a su juicio, no los escucha. Sus demandas son diversas, pero están unidos por la voluntad de hacer escuchar voces que a menudo son marginadas, a veces con métodos radicales ante la violenta respuesta policial.
“Nos quedaremos en la calle para arrebatar el futuro a las clases dirigentes que nos lo han quitado”, afirma Damiano Fusa, un estudiante de 18 años del Liceo Cavour de Roma, el primero en ser ocupado en la capital italiana antes de que decenas de otros centros fueran bloqueados por sus alumnos.
“Nadie nos representa”, declaró a la AFP, criticando tanto a la coalición de extrema derecha de la primera ministra italiana Giorgia Meloni como a los anteriores gobiernos de centroizquierda por sus recortes en educación y su incapacidad para tomar en cuenta las necesidades de los jóvenes.
Cientos de miles de estudiantes han manifestado en Francia, España y otros países europeos en las últimas semanas, con protestas que en ocasiones degeneraron en disturbios. Las reacciones oficiales se han concentrado principalmente en temas de orden público: Francia impuso toques de queda parciales e Italia desplegó militares, una respuesta que, para los manifestantes, oculta sus reclamos y podría empeorar la situación.
“Los políticos dan respuestas completamente desconectadas de la realidad, completamente absurdas”, opina Luis Marques, de 19 años, estudiante de Psicología en Lisboa. Los jóvenes exigen a los gobiernos tomar medidas contra el alza de los alquileres en las ciudades, reducir el gasto en defensa a favor de la educación y generar más oportunidades laborales para la juventud.
Pero los expertos señalan un problema más amplio: una parte importante de la población no se siente representada políticamente y siente cada vez más enojo por ser marginada. “Estos jóvenes no solo no se sienten integrados en la política, sino que tampoco se sienten escuchados en absoluto”, señala Geoffrey Pleyers, presidente de la Asociación Internacional de Sociología.
Para Rosario Forlenza, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Luiss de Roma, se trata de una “revuelta generacional europea” surgida de una crisis social y económica “a la que la política, en el fondo, no sabe dar respuesta”. “En toda Europa, los jóvenes representan la minoría de la población, una parte que disminuye cada vez más y, por tanto, su peso social, económico, cultural, político y electoral es cada vez más insignificante”, agrega.
“Inspirar a otras personas”
La ira de los jóvenes se siente especialmente en Francia e Italia, donde están previstas nuevas manifestaciones este sábado. “La gente está furiosa, ya no aguanta más. Trabajar duro todo el día para no poder llenar el carrito de compras”, contó a la AFP Eddy, un estudiante de 20 años, durante una marcha en Burdeos el pasado fin de semana.
“¿Romperlo todo va a cambiar las cosas? Creo que puede ser un sacudón para los políticos. Ya no sabemos qué hacer para que nos escuchen. ¿Las urnas? No creemos en ellas”, añadió. Los distintos movimientos de protesta nacionales en Europa se inspiran unos de otros, e incluso miran hacia movimientos juveniles en países más lejanos, como Bangladés, India o Nepal.
En Italia, un lema dirigido a los estudiantes la semana pasada los exhortaba a “hacer como en Francia” y algunos símbolos se utilizan ampliamente, como la bandera pirata de One Piece, que suele estar presente en las protestas juveniles en todo el mundo. Marcos Navarro, un madrileño de 22 años que trabaja como técnico de control de calidad en un laboratorio, explica que a la capital española están llegando manifestantes de toda Europa para compartir sus experiencias.
“Vinieron a preguntarnos: ‘¿cómo hicieron? ¿cómo se organizan?’ Ya intercambiamos ideas”, explicó el joven, quien desde finales de septiembre acampa junto a cientos de personas en la plaza de la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, para protestar contra el costo de la vivienda y los desalojos. Ayla Herrero, una antropóloga de 26 años que colabora en la enfermería de la acampada, considera que “es bastante motivador para nosotros saber que inspiramos a otras personas, que esto no se queda solo aquí”.
“Inaceptable”
La inquietud generada por el aumento del gasto militar en Europa desde la invasión rusa de Ucrania también es motivo de gran preocupación. Nikos Mavroudis, un estudiante de secundaria de 17 años del barrio de Exarchia en Atenas, estima que ese dinero podría destinarse más bien a renovar su escuela, donde se caen pedazos de yeso.
“No es aceptable que las aulas sean peligrosas”, sentencia el joven, quien sueña con ser cocinero y piensa irse a vivir a otro lugar de Europa, “a países donde las cosas van mejor”. En la secundaria Morgagni de Roma, donde bloquearon las puertas con pupitres, los alumnos destacan el estado de deterioro de las instalaciones.
Un joven de 18 años, que prefirió mantener el anonimato, lamenta que en Italia los medios y los responsables políticos se centren demasiado en los saqueos y los actos de vandalismo cometidos por algunos manifestantes. Y es “únicamente para dirigir el odio contra los estudiantes, que son las víctimas de este sistema”, señala.
Al ser consultada sobre la violencia, Sabrina Brizzola, de 24 años, coordinadora de la Unión de Estudiantes Universitarios Italianos, afirma que asociaciones como la suya deberían “organizar y canalizar esta ira generacional” porque “los temas son comunes”. Aunque luego cada uno se manifieste “con los métodos que considere apropiados”.
Fuente: AFP.