Mientras las expectativas por el Mundial de Fútbol 2026 crecen en todo el mundo, algunas selecciones llegan desde contextos marcados por conflictos armados, desplazamientos e incertidumbre. ¿Qué hay detrás del fútbol en países atravesados por crisis humanitarias y conflictos regionales? Las historias de Haití, Congo y Jordania.

Hoy 48 selecciones van por la Copa del Mundo, pero no todas parten del mismo lugar. Haití y Congo enfrentan crisis humanitarias agudas: violencia armada, desplazamiento interno y sistemas de salud al límite. Jordania atraviesa una realidad desafiante: es uno de los países que más refugiados acoge en el mundo. El evento deportivo es una oportunidad de visibilizar realidades que rara vez ocupan la agenda internacional. En estos contextos, equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) brindan atención médica de emergencia, atención materno-infantil, cuidados para sobrevivientes de violencia sexual, rehabilitación y respuesta a brotes epidémicos. Hoy, mientras el fútbol concentra la atención del mundo, también es una ocasión para mirar qué pasa afuera de la cancha.

Haití atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de la región. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la violencia armada y el colapso institucional se profundizaron: grupos armados controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones del país, miles de personas fueron desplazadas y gran parte de la población quedó atrapada entre enfrentamientos y situaciones de violencia.

El deterioro del sistema de salud es extremo. Más del 60 % de las instalaciones sanitarias de Puerto Príncipe están cerradas o fuera de servicio, y solo queda un hospital público con capacidad quirúrgica, completamente desbordado. Mientras tanto, aumentan las necesidades médicas vinculadas a heridas por violencia armada y violencia sexual, utilizada cada vez más como mecanismo de control territorial.

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Los ataques reiterados contra ambulancias, hospitales y personal sanitario agravan todavía más la situación. En varias ocasiones, MSF se vio obligada a suspender actividades y cerrar centros de atención.

Aún en este contexto, Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene su presencia en hospitales, clínicas móviles, servicios materno-infantiles y espacios de atención para sobrevivientes de violencia sexual. Solo en los primeros meses de 2026, se realizaron más de 7.500 consultas médicas y se atendieron más de 4.300 urgencias.

En medio de esta crisis, Haití volverá a jugar un Mundial después de 52 años.

En la República Democrática del Congo (RDC), el desplazamiento se volvió parte de la vida cotidiana. Los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas estatales obligaron a más de 7 millones de personas a abandonar sus hogares, en un contexto de violencia e inestabilidad que sigue deteriorando las condiciones de vida de la población.

A esta situación se suman crisis sanitarias recurrentes. La RDC es, de hecho, el país donde Médicos Sin Fronteras (MSF) desarrolla su mayor número de proyectos médico-humanitarios. Los equipos de la organización trabajan en consultas ambulatorias, campañas de vacunación, programas de hospitalización y tratamiento para la desnutrición infantil e intervenciones quirúrgicas. Además, responden a emergencias epidemiológicas y desastres naturales en diversas regiones del país.

En mayo, se declaró un nuevo brote de Ébola en el este del país, una región afectada desde hace años por la violencia y la inestabilidad. Frente a esta emergencia, MSF desplegó una respuesta a gran escala junto con el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y organizaciones locales. Cientos de trabajadores y trabajadoras de la organización llevan adelante actividades de atención médica, aislamiento y tratamiento de pacientes, vigilancia epidemiológica, rastreos de contactos y medidas de prevención y control de infecciones. MSF tiene una amplia experiencia en la respuesta a brotes de enfermedad por ébola y está movilizando equipos, recursos y materiales para apoyar y colaborar con las autoridades de la RDC.

En medio de este escenario crítico, el país volverá a participar de un Mundial después de 50 años.

Jordania alberga a una de las mayores poblaciones refugiadas de Medio Oriente: personas que huyeron de crisis y conflictos en Irak, Yemen, Sudán y Somalia, además de 2,4 millones de refugiados palestinos, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo (UNRWA).

En Amán, capital del país, Médicos Sin Fronteras (MSF) gestiona un hospital de cirugía reconstructiva. Este centro especializado ofrece atención integral para pacientes que requieren cirugías reconstructivas por heridas de guerra, fracturas, quemaduras, en otras causas, provenientes de diversos conflictos en Medio Oriente.

A nivel general, el programa trabaja de forma continua para crear soluciones innovadoras y mejoras en la atención de todos sus pacientes, tales como prótesis impresas en 3D, mascarillas para quemaduras y un laboratorio especializado en microbiología y resistencia a los antibióticos.

Dentro de este contexto regional, la situación de la Franja de Gaza representa un desafío crítico. En los últimos casi tres años, la escalada de la guerra en Gaza ha causado pérdidas y devastación inimaginables; las personas han sido asesinadas, heridas, sitiadas y desplazadas de manera sistemática.

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Frente a este escenario, los equipos de MSF en Amán brindan atención especializada a heridos de la guerra en Gaza, incluidos niños y niñas evacuados por motivos médicos.

Sin embargo, MSF denuncia que, desde el 1 de enero de 2026, las autoridades israelíes bloquean la mayoría de las evacuaciones médicas de pacientes que necesitan atención especializada fuera de Gaza. Esta medida agrava una situación que ya era crítica: las derivaciones por traslados médicos fuera de la Franja llevaban meses siendo extremadamente limitadas. Como consecuencia, más de 18.500 personas continúan en lista de evacuación médica, incluidos 4.000 niños, según datos de la OMS.

Este año será la primera participación de Jordania en un Mundial. Pero detrás del debut histórico también están las historias de millones de personas desplazadas por las guerras y conflictos de la región.

Un tribunal federal de Miami condenó ayer viernes a cuatro personas por conspirar para matar o secuestrar al presidente haitiano Jovenel Moïse, cuyo asesinato en julio de 2021 en Puerto Príncipe sumió el país caribeño en una gran inestabilidad política que continúa cinco años después. Tras casi nueve semanas de juicio en la ciudad de Florida, el jurado comunicó la condena de los cuatro acusados: el venezolano Antonio Intriago, de 63 años, el colombiano Arcángel Pretel Ortiz, de 53, el estadounidense Walter Veintemilla, de 57, y el haitiano-estadounidense James Solages, de 40.

Además del cargo principal, todos fueron condenados por proporcionar apoyo material a dicha conspiración y participar en una operación armada contra una nación amiga. Los cuatro se enfrentan a cadena perpetua y su sentencia se conocerá en los próximos meses. El asesinato de Moïse agravó el caos que impera en Haití, donde poderosas pandillas controlan casi toda la capital, incluido el aeropuerto, así como las principales carreteras del país.

La nación más pobre de América no ha celebrado elecciones desde 2016 y no tiene presidente desde el magnicidio. El primer ministro interino Alix Didier Fils-Aimé ejerce el poder actualmente con el respaldo de Estados Unidos. Según la investigación, los acusados pusieron en marcha un plan a principios de 2021 para derrocar al presidente Moïse e instalar a un sucesor elegido por ellos, el haitiano-estadounidense Christian Sanon.

Intriago y Ortiz, gestores de la empresa de seguridad CTU en Miami, aspiraban a obtener contratos lucrativos de seguridad con un futuro gobierno presidido por Sanon, cuyo juicio fue aplazado por problemas de salud. Veintemilla se sumó a la trama como financiador y Solages actuó como representante de CTU en Haití, según investigadores.

Para ejecutar el complot, los acusados reclutaron aliados en Estados Unidos, Colombia y Haití, entre ellos 22 exsoldados del ejército colombiano y líderes de pandillas haitianas.

Meses antes del magnicidio, los acusados elaboraron varios planes para secuestrar a Moïse, pero, al no conseguirlo, ordenaron a los mercenarios colombianos que asaltaran la residencia presidencial y lo mataran.

El 7 de julio de 2021, Solages y los mercenarios del país sudamericano tirotearon a Moïse, de 53 años, en su dormitorio y dejaron gravemente herida a su esposa, Martine, sin que sus guardaespaldas intervinieran.

Otros ocho coacusados en este caso, incluidos dos de los mercenarios colombianos y varios de los aliados haitianos y estadounidenses del grupo, ya se habían declarado culpables por su participación en la conspiración. La mayoría de los exsoldados colombianos están encarcelados en Haití, en un caso separado.

Fuente: AFP.

La policía de Haití anunció el lunes el arresto de siete personas por su presunta relación con una mortal estampida el sábado, que dejó 25 muertos en una antigua ciudadela militar en el norte del país.

Los siete capturados el domingo son cinco policías municipales y dos empleados del Instituto de Salvaguardia del Patrimonio Nacional, dijo la policía.

El incidente ocurrió el sábado en la Citadelle Laferrière, en la ciudad de Milot, durante una actividad turística que congregaba a muchos jóvenes.

Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada. “Se produjo un altercado entre las personas que ya estaban dentro y querían salir, y las que intentaban entrar”, dijo la Protección Civil en un informe.

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“Solo había una puerta abierta para la entrada y la salida. Este movimiento de pánico provocó una avalancha masiva, que causó casos de asfixia, pisoteadas y pérdidas de conocimiento entre los visitantes”, añadió.

El Ministerio de Cultura reportó 30 muertes el domingo, pero tanto la policía como el alcalde de Milot, Wesner Joseph, mantienen la cifra de 25 víctimas mortales.

“Recibimos 13 cadáveres en el hospital Sacré-Cœur de Milot y encontramos otros 12”, dijo el alcalde Wesner Joseph a la AFP.

La tragedia ocurrió en una fortaleza del siglo XIX, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El gobierno declaró tres días de duelo nacional.

Fuente: AFP

La violencia perpetrada por bandas y los ataques contra ellas en Haití causaron más de 5.500 muertos entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026, indicó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ayer martes en un informe. Haití, el país más empobrecido de América, está afectado desde hace años por la violencia pandillera, unas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

"Haití sigue enfrentando los niveles alarmantes de violencia pandillera, que afectan al ejercicio de los derechos humanos" recoge el informe, que destaca que en esa violencia están implicadas tanto las fuerzas de seguridad como empresas de seguridad privadas y grupos de autodefensa. Según datos verificados por el alto comisionado, “al menos 5.519 personas murieron y 2.608 resultaron heridas en Haití entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026”.

Pero gran parte de esas muertes se produjeron después de las operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas. Esas operaciones causaron al menos 3.497 muertos y 1.742 heridos en ese periodo, señala el alto comisionado. En tanto, la violencia perpetrada por las bandas causó al menos 1.424 muertos y 790 heridos.

“Es esencial que las autoridades garanticen la seguridad respetando al mismo tiempo plenamente los derechos humanos”, pidió en un comunicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Según el informe, los ataques realizados por grupos de autodefensa contra las bandas causaron al menos 598 muertos y 76 heridos.

Las pandillas, que controlan casi la totalidad del territorio de la capital Puerto Príncipe, “ampliaron su influencia más allá de la capital” en los últimos 12 meses, principalmente en la periferia y hacia el norte, indica el informe. El reporte documenta también casos de uso “excesivo o desproporcionado” de la fuerza por la policía. Según sus registros, se dieron 196 casos de ejecuciones sumarias de personas sospechosas de pertenecer a bandas o apoyarlas.

Desde marzo de 2025, una empresa militar privada, “al parecer contratada por el gobierno haitiano”, participa también en operaciones con ataques con drones y disparos desde helicópteros, agrega el documento. El informe precisa también los actos de violencia perpetrados por grupos de autodefensa y multitudes que aplican la “justicia popular” linchando a personas sospechosas de pertenecer a bandas.

Fuente: AFP.