La Cámara de Senadores aprobó el permiso solicitado por el presidente de la República, Santiago Peña para cumplir viajes oficiales por 10 días, tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

De acuerdo con la solicitud remitida por el Ejecutivo al Congreso, el jefe de Estado tiene previsto realizar una visita oficial el día sábado 19 de setiembre, primero a Venezuela.

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Posteriormente, el mandatario continuará su viaje trasladándose a Estados Unidos, donde permanecerá hasta el 29 de setiembre para participar de la Asamblea General del 81° periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de otras reuniones y actividades oficiales.

Este viaje a Caracas, previo a su participación en la Asamblea General de la ONU, es un acercamiento de alto nivel tras la ruptura de relaciones diplomáticas que se había dado en enero de 2025, cuando el gobierno paraguayo había denunciado la fraudulenta juramentación de Nicolás Maduro y reconoció a Edmundo González como presidente electo legítimo en los comicios de julio de 2024.

En cuanto a la Asamblea General de la ONU, el debate está previsto del 22 al 26 y el 28 de setiembre, con la participación de representantes de los 193 países miembros de las Naciones Unidas. El lema propuesto para este periodo es “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

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Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de los países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico, tras 20 años de incluirlo en esa “lista negra”, en un nuevo gesto al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La administración de Donald Trump mantuvo además la descertificación de la política antidrogas de Colombia, pero alabó los compromisos del nuevo presidente derechista Abelardo de la Espriella, así como de Bolivia, donde también ha asumido un nuevo gobierno conservador.

Cada año la Casa Blanca emite una evaluación de la lucha antidrogas en todo el mundo, y como en 2025, 23 países son considerados “importantes productores” o “de tránsito de drogas”.

De esa lista, la Casa Blanca señala particularmente a los que han “fallado demostrablemente” en sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico.

Este año son cuatro: Afganistán, Birmania, Bolivia y Colombia.

En cambio, Venezuela, fuera de lista por primera vez desde 2005, “ha emprendido un cambio de rumbo drástico tras la detención y remoción (...) del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro”, explica el texto oficial.

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“Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles”, se congratula Trump en esta evaluación.

A su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump tomó la decisión de equiparar legalmente la lucha contra los carteles con el combate al terrorismo, una decisión cuestionada por organismos internacionales.

Sobre Colombia, el informe anual señala que aún no ha tenido tiempo de volver a la senda previa al gobierno izquierdista de Gustavo Petro.

Pero “si, como se espera, avanza en la erradicación agresiva de la coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la condición de país que ha incumplido de manera demostrable” explica el texto.

“La cooperación entre Bolivia y Estados Unidos se ha ampliado significativamente durante el último año” explica luego el texto, en referencia al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Pero, “el nuevo gobierno aún no ha tenido tiempo suficiente para reducir el cultivo de coca, que aumentó bajo el gobierno anterior” de izquierdas, asegura. El informe es un mensaje de aliento a los aliados de Washington en la región.

“Los cambios políticos dramáticos en Sudamérica durante el último año han generado oportunidades históricas para la cooperación de Estados Unidos con los gobiernos de la región” explica.

El gobierno de Trump emprendió hace un año una campaña de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico sin precedentes en la historia de la región, con un resultado de al menos 215 muertos.

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Esa campaña ha sido denunciada como ejecuciones extrajudiciales por organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales.

Además, Trump ha construido una alianza anticarteles, el Escudo de las Américas, a la que se han ido sumando países a medida que cambiaban de rumbo político.

Perú fue el último en sumarse a esta asociación, en la que los países de la región se comprometen a aumentar la cooperación, e incluso a campañas militares conjuntas, como Colombia y Ecuador.

“El pueblo de Colombia hizo la valiente elección de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente”, recuerda el texto presidencial.

“Colombia está en condiciones de retomar su lugar como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio”, añade.

La nueva embajadora colombiana en Washington, María Consuelo Araújo, que presentó el martes sus credenciales a Trump, saludó el informe.

Aunque la descertificación se mantiene, “traza una clara distinción entre el deterioro de los últimos años y la nueva etapa que se abre”, explicó en un comunicado.

El gobierno Trump recuerda que a pesar de que Bolivia, Birmania y Colombia han “fallado demostrablemente”, la provisión de asistencia sigue siendo “vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”.

Trump saluda por otro lado la colaboración del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero advierte que “México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan amplias zonas de su territorio y siguen representando una amenaza para el pueblo estadounidense”.

• Fuente: AFP

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El exministro de Industria venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró el martes culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, informó un tribunal de Miami. Extraditado en mayo de este año, Saab se había declarado inicialmente “no culpable” ante el juez el pasado 24 de julio, pero ahora modificó a “culpable” a cambio de cooperar para reducir su condena, según un auto judicial.

“El acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de Conspiración para Blanquear Instrumentos Monetarios”, explica el auto de la corte del Distrito Sur de Florida. El acuerdo establece un monto de confiscación de 195 millones de dólares, valor que la Fiscalía vincula a una presunta trama de corrupción y desvío de dinero durante años del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.

Saab podría ser condenado a unos 20 años de cárcel por ese cargo de lavado de dinero, pero tanto el monto de confiscación como la condena firme dependen del grado de colaboración con las autoridades. Su caso está estrechamente ligado al del expresidente Maduro y su esposa Cilia Flores, que se litiga ante una corte en Nueva York, tras su captura en Caracas el 3 de enero por fuerzas armadas estadounidenses.

Nacido en Colombia, este exempresario fue una figura muy activa de la política venezolana durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Fue supuestamente gracias a sus actividades de testaferro de Maduro y lavador de dinero que recibió la ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático.

“El acusado acuerda que cooperará plenamente con esta Oficina”, explica el documento firmado por Saab y los fiscales encargados de su caso. “Además, el acusado acepta que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, y que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad”, añadió el texto.

Tras ser objeto por primera vez de sanciones estadounidenses en 2019, Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente.

Fue liberado luego en 2023 por el gobierno de Joe Biden como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela.

Maduro nombró a Saab ministro de Industria tras su regreso a Caracas, en 2024.

Poco después de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero pasado a Maduro en Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab de todos sus cargos, y fue extraditado el 16 de mayo.

Tras el terremoto político que supuso la salida del país de Maduro y el nombramiento de Rodríguez, Washington y Caracas han emprendido una singular colaboración económica y política que ha generado sorpresa dentro y fuera de Venezuela.

Delcy Rodríguez, que era también una estrecha colaboradora de Maduro, salió el 1 de abril de la lista de responsables políticos extranjeros sancionados por el gobierno estadounidense, y ha sido elogiada repetidamente por el presidente Donald Trump.

Venezuela ha accedido a cambiar profundamente el marco legislativo de la explotación de hidrocarburos para abrir el mercado a las multinacionales extranjeras.

Esa apertura culminó en un acuerdo por el que Washington controlará parte de la producción de crudo, a través de una empresa concesionaria, North American Blue Partners.

Fuente: AFP.

Estados Unidos y Venezuela respaldaron el miércoles el papel clave que jugará en el inédito acuerdo energético la petrolera NABEP, encabezada por un polémico empresario venezolano vinculado con el chavismo. North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda compañía petrolera privada de Venezuela, operará concesiones por 100 años para 17 yacimientos de crudo con reservas de 65.000 millones de barriles de petróleo en Venezuela, según un informe de la Casa Blanca.

Ello en el marco del acuerdo “histórico” anunciado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Alejandro Betancourt, principal accionista de NABEP, se enriqueció con opacos negocios durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026). Pero ¿por qué las autoridades eligieron esta empresa? ¿Quién es Betancourt? y ¿Qué es NABEP?

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, defendieron durante un encuentro el miércoles en Caracas la designación de esta empresa por ser la segunda productora privada de petróleo en el país caribeño.

NABEP “es una compañía con escala, tecnología y un historial comprobado, y es venezolana”, dijo Wright en una conferencia de prensa conjunta con Rodríguez.

“NABEP ha demostrado un historial sumamente exitoso en la producción de grandes volúmenes de petróleo en Venezuela. Ese es un socio comercial en el que usted puede confiar”, agregó Wright.

Rodríguez afirmó por su parte que Betancourt fue “sobreseído hace años” de casos de corrupción por los que fue investigado en Venezuela.

“No tiene causa en Estados Unidos (...) muchas veces una persona es juzgada antes en los medios que en los tribunales”, recalcó Rodríguez.

Un informe difundido el lunes por la Casa Blanca explicó el complejo convenio para controlar indirectamente los recursos petroleros venezolanos.

El informe precisó que el gobierno de Rodríguez otorgó a NABEP “concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles”.

Añadió que “sin costo alguno para el contribuyente estadounidense, NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35 % en su empresa matriz”.

Además, la empresa otorgará a Estados Unidos el derecho a comprar “a costo de producción” un 20 % garantizado del petróleo extraído y asegurará “un suministro estable de petróleo de bajo costo” para la reposición de la reserva de petróleo estadounidense.

También le da el derecho opcional de adquirir el 80 % restante de su producción.

El reporte dice que el gobierno estadounidense tiene derecho de veto sobre el consejo de administración y que la mayoría de sus integrantes deberá tener nacionalidad estadounidense.

La empresa, fundada en 2024 y con sede en Barbados, produce entre 150.000 y 180.000 barriles diarios, según especialistas.

Por delante solo se ubica la estadounidense Chevron, con una producción entre 230.000 y 250.000 b/d.

Está previsto que NABEP pague a Venezuela 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años.

Alejandro Betancourt, de 46 años y perfil bajo, forma parte de un grupo de empresarios venezolanos conocidos como “bolichicos” que se enriquecieron durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

La justicia venezolana lo vinculó en 2017 a una trama de corrupción en la estatal petrolera PDVSA.

Según Transparencia Venezuela, Betancourt firmó en 2009 a través de su empresa Derwick Associates contratos por 5.000 millones de dólares para importar plantas generadoras de electricidad, cuando el país comenzó a enfrentar una crisis energética, agravada con los años.

El gobierno pagó un sobreprecio de 138 % por equipos que solo produjeron el 20 % de los megavatios prometidos. En 2025 Betancourt fue detenido en Reino Unido, y Suiza abrió un proceso judicial penal en su contra por lavado de dinero. Medios de prensa aseguran que Betancourt regresó a Venezuela en junio procedente de Miami, Florida.

Fuente: AFP.