Al menos 14 niños que asistían a una guardería en Medellín, segunda ciudad de Colombia, fueron agredidos sexualmente por un trabajador de la institución, según denunciaron autoridades este jueves.
“El presunto agresor está ya identificado y fue suspendido”, aseguró Liliana Pulido, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la autoridad encargada en el país de la protección de la infancia y adolescencia.
En entrevista con RCN Radio, precisó que las primeras denuncias fueron conocidas por la Fiscalía el 19 de junio gracias a los familiares de dos menores agredidos. Desde entonces, otras familias se han sumado.
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A la fecha, “son 14 casos en una denuncia criminal”, detalló el encargado del programa de educación infantil de Medellín, José Wilmar Sánchez.
En un mensaje de Twitter, el presidente Iván Duque condenó cualquier “abuso contra los derechos de nuestra niñez” y anticipó duros castigos para los responsables.
“Iremos con firmeza y celeridad tras los miserables que vulneran” la integridad de los niños, enfatizó el mandatario, quien el año pasado promulgó una ley que castiga con cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores.
Ubicada en un sector popular de la ciudad, la guardería recibía a 72 niños de entre cero y cinco años y fue cerrada temporalmente.
“Esperaríamos que (el número de víctimas) pueda aumentar más, porque todos los padres tienen derecho también a verificar que su niño o niña no haya sido violentado sexualmente”, agregó Sánchez.
Según el funcionario, el presunto agresor trabajaba en el jardín desde 2018. Estaba encargado de “verificar” el estado de los alimentos que recibían los menores y no debía haber tenido contacto con ellos. “Estamos en el proceso de investigación”, adelantó Sánchez.
Medio centenar de menores que se encontraban “bajo la protección del ICBF” fueron víctimas de violencia sexual entre enero y mayo de 2021, denunció un informe reciente del estatal Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Fuente: AFP.
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Cúpula de las FARC recibe primera sentencia por secuestros tras firmar la paz en Colombia
Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este martes a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.
Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz de 2016.
En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.
Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró responsables a los excomandantantes del llamado Secretariado del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.
Las investigaciones “mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”, dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.
Los excomandantes aseguraron en un comunicado estar dispuestos a “cumplir” con “el propósito de reparar a la sociedad colombiana”. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años”, dijeron.
“Burlada”
El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.
Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.
- Fuente: AFP
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Tribunal colombiano investigará a Rodrigo Granda por crimen de Cecilia Cubas
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia admitió ayer lunes su competencia para investigar la eventual responsabilidad de Rodrigo Granda Escobar, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, registrado el 21 de septiembre de 2004.
Tras revisar un recurso de apelación en contra de una decisión emitida en abril de 2024, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad admitió la competencia frente a los hechos que se presentaron en territorio paraguayo. En diciembre pasado, Granda fue beneficiado con la amnistía por el delito de rebelión en cinco procesos relacionados con su pertenencia al extinto grupo armado, entre ellos, la “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC”.
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A través de una nota diplomática, el Ministerio Público paraguayo había reiterado la solicitud al Ministerio de Justicia colombiano para que coopere y cumpla con el tratado internacional de extradición para que Granda sea enjuiciado por el secuestro de Cecilia Cubas, que culminó con el hallazgo de su cadáver en 2005. El exguerrillero habría colaborado con la planificación y ejecución del delito en coordinación con el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La providencia también instruyó una serie de comunicaciones y notificaciones oficiales, pues ordenó a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho informar a las autoridades del Paraguay sobre el avance de la causa. En ejecución de lo dispuesto por el tribunal de paz, la decisión será notificada “al señor Rodrigo Granda Escobar, a su apoderado judicial y al delegado del Ministerio Público ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.
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Estados Unidos retiró la certificación de aliado antidrogas a Colombia
Estados Unidos retiró ayer lunes la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos. La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.
“Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína“, dijo el presidente Gustavo Petro en Bogotá. Colombia se une a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial, han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” según la legislación estadounidense.
Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por los gobiernos tanto demócratas como republicanos. “El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis” considera la determinación presidencial firmada por el presidente Donald Trump.
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“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”, añade. En el texto, Trump asegura que considerará cambiar la designación si el gobierno de izquierda de Petro toma medidas “más agresivas”.
“Colombia ha sido un gran socio a lo largo de la historia. Lamentablemente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentarse a los carteles de la droga”, añadió el secretario de Estado, Marco Rubio, crítico acérrimo de los líderes izquierdistas de América Latina, durante una visita a Israel. “Creo que tenemos aliados dispuestos, si dependiera del ejército, de la policía. Llevamos décadas trabajando”, dijo Rubio a los periodistas, al expresar su esperanza de que Colombia pueda volver a ser acreditada en el futuro.
Un desaire
La descertificación de Washington es un desaire para el gobierno Petro en plena lucha contra carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN, y las disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Bogotá considera que sigue haciendo lo suficiente. En lo que va del año 2025 Colombia ha decomisado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos del ministerio de Defensa.
La descertificación no implica la cancelación de toda la ayuda, sino que Trump tiene ante sí todo un abanico de medidas. Parte importante de la cooperación militar es por ejemplo la entrega y mantenimiento de helicópteros como los Blackhawks, valiosos para la lucha antinarcóticos.
“Se acaba la dependencia de las fuerzas militares colombianas de Estados Unidos (...). Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus propias armas”, declaró Petro. Fuentes oficiales destacan igualmente que Colombia ya había sufrido un importante recorte con el fin de los fondos de la agencia de ayuda Usaid, decidida por Trump al principio de su mandato.
El caso Samper
Colombia fue descertificada una primera vez en 1996. En ese año gobernaba Ernesto Samper, que enfrentó un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, que nunca fue comprobada. Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Washington es el principal socio comercial y militar de Bogotá.
Desde que llegó al poder en 2022, Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína. Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco.
En su territorio hay unas 253.000 hectáreas de narcocultivos y se elaboran por lo menos 2.600 toneladas anuales de cocaína, de acuerdo con el último balance de 2023 de la ONU. Las relaciones diplomáticas entre Trump y Petro son malas, especialmente debido a las críticas del mandatario colombiano a su política de deportación de migrantes.
Fuente: AFP.
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Día Internacional de la Identidad: Grupo Thales contribuye a un futuro digital seguro e inclusivo
No muchas personas dimensionan que cada día nacen unos 370.000 niños en todo el mundo, lo que al año da una media de 135 millones. A la par que la población crece, sin embargo, también aparece una oscura estadística que deja invisible para los sistemas gubernamentales.
Cuando en la actualidad cada 16 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Identidad, la UNICEF denuncia que unos 150 millones de niños no tienen registro de nacimiento, lo que genera serios inconvenientes en diversos ámbitos.
“El 16 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Identidad, una fecha que refuerza la importancia de garantizar que todas las personas tengan acceso a una identidad confiable, segura y reconocida globalmente”, refiere Wellington Rodrigues, vicepresidente de Ventas de Soluciones de Identidad y Biometría de Thales para América Latina.
Rodrigues explica que en la mayoría de los países, no tener un documento de identidad no es solo un obstáculo burocrático, sino que limita derechos básicos como la vacunación infantil o la matrícula escolar.
“La identidad legal es mucho más que un pedazo de papel o una tarjeta: es la llave que abre las puertas de la ciudadanía, garantiza derechos fundamentales y posibilita el acceso a servicios esenciales como salud, educación, finanzas y movilidad. En el mundo digital de hoy, también representa seguridad, confianza e inclusión”, recuerda.
Garantizar que cada persona tenga una identidad reconocida es, por lo tanto, un desafío colectivo y global. Por eso, organizaciones internacionales y gobiernos vienen uniendo esfuerzos para transformar este derecho en realidad. La ONU, por ejemplo, exige el suministro de identidad legal para todos, incluyendo el registro de nacimiento, hasta 2030 como uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Invisibles
Aunque para quienes ya poseen documentación la identidad pueda parecer un derecho garantizado, en muchas partes del mundo factores geográficos, sociales y políticos continúan privando a millones de personas de este acceso. El informe más reciente de UNICEF revela que, aunque el 77 % de los niños nacidos en los últimos cinco años han logrado obtener identificación legal, aún existen 150 millones de menores de cinco años no registrados, 50 millones de los cuales ni siquiera poseen certificado de nacimiento. Para los sistemas gubernamentales, son prácticamente invisibles.
La disparidad regional en los países en desarrollo es evidente: América Latina y el Caribe presentan la mayor tasa de nacimientos registrados (95 %), mientras que, en el otro extremo, África Subsahariana representa más de la mitad de los niños no registrados (51 %) en el mundo, alrededor de 90 millones de niños y niñas.
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alerta que la falta de documentación en algunos países latinoamericanos tiene consecuencias para toda la vida. En algunas regiones, los niños sin identidad legal reciben, en promedio, 13,9 % menos vacunas contra enfermedades mortales y tienen 17,7 % menos probabilidad de matricularse en la escuela que aquellos con documentos oficiales.
Nivel de seguridad
Además, en un mundo donde la identidad es cada vez más digitalizada, la cuestión ya no es solo quién posee un documento, sino el nivel de seguridad y confianza que ese documento ofrece en entornos digitales. Uno de los desafíos de los próximos años será garantizar que la tecnología no solo simplifique procedimientos, sino que también proteja derechos y cree confianza en los sistemas de identidad digital.
Una de las medidas necesarias para individuos, gobiernos y empresas es la protección de los documentos de identidad en entornos digitales, dada la velocidad de la transformación tecnológica. Tener un documento en el celular o ser reconocido por biometría también forma parte del universo de acceso y democratización del derecho a la identidad, analiza Rodrigues.
“Sin medidas sólidas de seguridad cibernética, estos sistemas pueden quedar vulnerables a fraudes, robo de identidad y accesos no autorizados. La protección de la identidad digital promueve la confianza de los ciudadanos en gobiernos e instituciones, pero también fortalece la transparencia en la prestación de servicios públicos y privados”, recuerda.
Así, todas las camadas del sistema de identificación pueden ser atendidas, garantizando el derecho a la identidad de todos los ciudadanos.
En este Día Internacional de la Identidad, reforzamos nuestro compromiso de utilizar la tecnología para promover un mundo cada vez más seguro e inclusivo, finaliza Wellington Rodrigues.