Un camión con explosivos estalló el sábado junto a una estación de policía en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, constataron periodistas de la AFP. Los reporteros registraron el vehículo en llamas, fachadas destruidas y los alrededores con policías, militares y pobladores que se acercaban a la escena del atentado, del que aún no hay reporte oficial de víctimas.

El utraderechista De la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

La posesión presidencial se realiza tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.

La campaña electoral estuvo marcada por la violencia política. En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció. De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones un plan para matarlo.

Fuente: AFP.

Venezuela negociará desde este sábado 1 de agosto una transición política con dos invitados en la mesa: el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición respaldado por Washington. Pero la gran ausente será la mayor líder opositora, María Corina Machado. El ambiente político empezó a calentarse con manifestaciones en diferentes puntos de Caracas. Los opositores piden “elecciones ya”, mientras los chavistas cuestionan este diálogo.

Desde la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero, Washington mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Delcy Rodríguez e impulsa este diálogo que puede derivar en futuras elecciones. “El pueblo está esperanzado que definitivamente, producto de todo este proceso, nosotros lleguemos a unas elecciones libres y democráticas”, dijo a la AFP Williams Dávila, un expreso político de 74 años y exparlamentario que acudió a una marcha el martes en favor de Machado.

Unos 300 seguidores de Machado, la principal líder opositora del país y premio Nobel de la Paz, se concentraron en una acomodada zona del este de Caracas para reclamar elecciones. La oposición denuncia un fraude electoral de Maduro en las últimas presidenciales de julio de 2024, y reivindica la victoria de Edmundo González, candidato apadrinado por Machado. La líder opositora fue impedida de presentarse a los comicios.

Machado promete desde el exilio que volverá a Venezuela, pero no fue convidada a participar en el diálogo político. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado en reiteradas oportunidades su satisfacción con el trabajo de Rodríguez, que hasta el 3 de enero fue vicepresidenta de Maduro.

Machado vive actualmente en Panamá y anunció recientemente desde allí que no participará en el diálogo, aunque aseguró que no se opondrá al proceso. Varios observadores aseguran que Washington veta su retorno a Venezuela, aunque el gobierno estadounidense lo niega.

“No pueden estar excluyendo a María Corina Machado, porque ella es una líder fundamental de todos nosotros”, afirmó Dávila entre banderas azules, carteles que piden comicios y playeras blancas, como las que tantas veces usó Machado en su frustrada campaña electoral de 2024.

El diálogo estará encabezado de un lado por Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, y del otro por Dinorah Figuera, una opositora que ha estado en exilio.

Figuera encabeza la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional de 2015, pero fue desconocida por Maduro. Washington, sin embargo, considera que fue elegida de manera legítima.

Las partes no dieron detalles sobre el lugar, el calendario o la dinámica del proceso.

Figuera y Jorge Rodríguez sostuvieron su primer encuentro público unos días antes del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio y que ya deja más de 5.500 muertos.

En esa ocasión, el Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó la iniciativa de diálogo e indicó que la agenda incluirá “temas clave” como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y las garantías para la participación política.

Pedro Benítez, analista político y académico de la Universidad Central de Venezuela, considera que se trata de un diálogo impuesto por Washington para habilitar “unos acuerdos básicos que permitan que el país se reinstitucionalice”.

Los poderes públicos “son ilegítimos”, dijo. “No son fruto de la voluntad libre de los venezolanos, sino de un fraude electoral”.

A las presiones de la oposición sobre el gobierno interino de Rodríguez se suma una militancia chavista inconforme con este diálogo.

Francisco Arias, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pidió en un mensaje en Instagram que no sea una negociación “solo aprobada por quienes dirigen el gobierno de USA”.

“Debe ser una negociación que sea luego sometida al país, al pueblo de Venezuela”, indicó.

Centenares de chavistas se reunieron el martes en el populoso barrio 23 de Enero, en el oeste de Caracas. Ahí el empleado público Noel Urbina dijo a la AFP que sentía “una indignación muy fuerte” porque el gobierno ha recibido a los estadounidenses “con bombos y platillos, con abrazos”.

Son “quienes asesinaron venezolanos, quienes nos invadieron”, agregó este hombre que se definió como un “chavista radical”, al recordar los bombardeos que dejaron un centenar de muertos durante la captura de Maduro.

En caso de llegar a una elección, el chavismo radical no tiene candidato, advirtió. Y se aventuró a afirmar que muchos chavistas no apoyan a Rodríguez.

Carmen Montes, una jubilada de 70 años, defendió sin embargo a la presidenta interina. Delcy Rodríguez “anda con una pistola aquí en la sien, eso no se debe de ignorar (...) Estamos maniatados”, señaló esta mujer que llego a la manifestación con un pañuelo rojo en el cuello y que tiene el rostro de John Lennon tatuado en un brazo.

Fuente: AFP.

La defensa del venezolano Illich Ramírez Sánchez, alias “Carlos”, figura del terrorismo internacional en los años 1970 y 1980 y condenado a cadena perpetua en Francia, pidió su libertad condicional para ser expulsado luego a Venezuela, informaron a la AFP ayer jueves fuentes de la fiscalía antiterrorista.

Carlos, de 76 años, ha recibido varias cadenas perpetuas en Francia por un atentado cometido en 1974 en París, que dejó dos muertos y 34 heridos y el asesinato de tres hombres, entre ellos dos policías, en 1975. También fue condenado por cuatro atentados en Francia en 1982 y 1983, que causaron 11 muertos y cerca de 150 heridos.

Su abogado presentó la solicitud de libertad en marzo ante la justicia antiterrorista, acompañada de un pedido “de suspensión de la ejecución de la pena que cumple actualmente por motivos médicos”, precisó la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat), al confirmar una información de la emisora pública regional Ici Isère. El pedido se encuentra actualmente en “curso de instrucción” o análisis por parte del juez competente, añadió el Pnat.

La AFP no logró contactar a su abogado, Bernard Ripert. En declaraciones a Ici Isère, Ripert dijo que visitó a Carlos y se encontró “a un hombre muy debilitado, que ya no tenía memoria, que prácticamente ya no sabía quién era ni lo que había hecho”. “Sabrá usted, la prisión o la muerte no asustan a los revolucionarios como él. Asumía plenamente su situación. En cambio, la enfermedad lo ha destruido, ha sido vencido por el Alzheimer”, aseguró el abogado.

Fuente: AFP.

Venezuela comenzó el jueves a dinamitar edificios colapsados por el doble sismo del mes pasado que dejó más de 5.500 muertos y cientos de estructuras destruidas, en medio del desconcierto de la población, constató un equipo de la AFP. Según las autoridades, 190 edificios se derrumbaron mientras que 856 quedaron afectados por el movimiento sísmico. “Ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar”, dijo hace dos días en conferencia de prensa el ministro de Transporte y responsable de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés.

Por la tarde se escuchó un estruendo seguido de una nube de humo en la zona de Catia La Mar, en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el 24 de junio. Desde temprano, militares bloquearon el paso en varias manzanas cercanas a la zona donde se inició la detonación controlada de un edificio, mientras que una bandera roja fue anclada para alertar el peligro de las maniobras y la orden de mantener distancia.

“En el momento de la explosión nos encontramos terminando una santa eucaristía para darle descanso eterno a unos familiares que partieron de este plano. Y escuchamos la explosión y bueno, la gente se alteró porque fue algo, un estruendo bastante fuerte”, dijo a AFP Jesús Díaz, un abogado de 36 años, residente de La Guaira, que señaló que después la gente se tranquilizó.

A poco más de un mes de los terremotos, el escenario en este destino turístico favorito de los caraqueños sigue siendo desolador, con montañas de escombros y edificios que quedaron en pie, pero sin muros y ventanas. Otras estructuras se ven inclinadas, como si estuvieran a punto de caer.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que la implosión ocurrió “tal cual fue planificada”.

“Fue un trabajo hecho con los familiares, hecho con los que tienen dolientes (...) No se podía seguir buscando (cuerpos) por la inclinación peligrosa que tenía el edificio”, dijo en declaraciones al canal estatal. “Una vez que cae el edificio, se reanudan estas tareas” de recuperación de cuerpos para entregarlos a sus familiares, agregó.

“Me sentí horrible. Estaba todavía dentro de mi casa. Fue una sensación demasiado fuerte”, dijo de su lado Yenith Salcedo, un ama de casa de 66 años, que vive cerca y dice que les habían informado sobre la detonación controlada. “Agarré mi bolsito para poder salir aquí a la playa a esperar si hay otra explosión más”, señaló.

El último balance oficial divulgado el 24 de julio cifraba en 5.546 los muertos, sin embargo, cada día son recuperados cadáveres entre las ruinas. El gobierno ha evitado desde el principio hablar de desaparecidos, pero según una fuente diplomática y cálculos de otros expertos podrían rondar los 10.000.

La primera en ser dinamitada fue una torre de 12 pisos que sucumbió parcialmente con los sismos y quedó inclinada hacia la calle, como parte del conjunto residencial Luisa Cáceres de Arismendi de seis edificios construidos por el gobierno.

“Mientras que se hagan las implosiones con el debido respeto (...) y las autoridades sepan siempre lo que están haciendo, son importantes”, dice de su lado Manuel Castilla, un comerciante de 60 años, que vive desde hace más de cuatro décadas en la zona. Cuenta que hay gente que se mete a estos edificios bajo el riesgo de que se caigan. “Ya basta ya de tragedias y de muertos”, enfatiza. El Banco Mundial estima que solo los daños materiales ascienden a unos 19.500 millones de dólares.

Fuente: AFP.