El avión de Kamala Harris tuvo que regresar el domingo tras un problema técnico cuando la vicepresidenta de Estados Unidos despegó hacia Guatemala en su primer viaje internacional. “Estoy bien, estoy bien”, aseguró Harris mientras hacía un gesto con los dos pulgares hacia arriba tras el aterrizaje, añadiendo, no obstante, que “todos rezamos un poco, pero estamos bien”. Tras hora y media de espera, la vicepresidenta partió finalmente a bordo de un nuevo aparato.

“Se trata de un problema técnico. No hay grandes problemas de seguridad” para la exsenadora de California, dijo su portavoz Symone Sanders. Una reportera a bordo del avión, el Air Force Two, describió un “ruido inusual del tren de aterrizaje durante el despegue”. “Pero el aterrizaje (...) fue completamente normal”, dijo.

Agenda en Guatemala

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tenía previsto arribar este domingo a una Guatemala en la mira de Washington por nombramientos de jueces cuestionados avalados por un Congreso aliado del presidente Alejandro Giammattei, y trabas en la lucha anticorrupción.

Tanto la Casa Blanca como organizaciones sociales y de oposición han alertado de acciones desde el Parlamento para favorecer la impunidad, principalmente en la selección de magistrados y el acoso a jueces y fiscales independientes.

El viernes, en una llamada telefónica con el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, “expresó su profunda preocupación por cualquier esfuerzo para abolir las oficinas anticorrupción, como la FECI [Fiscalía Especial contra la Impunidad]”.

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“La preservación de instituciones independientes que luchan contra la corrupción y la impunidad es fundamental para abordar los desafíos a la seguridad, la prosperidad y la gobernabilidad en Guatemala”, señaló Blinken. Para la coordinadora de la organización Alianza Américas, Hazel Contreras, Guatemala llegó a un punto preocupante por el “debilitamiento de la institucionalidad” orquestado por un “Pacto de Corruptos”.

De no corregirse el rumbo, dice Contreras, Guatemala podría enfrentar una situación similar a El Salvador, donde el Congreso aliado del presidente Nayib Bukele destituyó a magistrados y al fiscal general, provocando una condena internacional y de sectores de la oposición, que denunciaron un atropello a la separación de poderes. Tras esa decisión, Washington reorientó los fondos de cooperación destinados al Estado a la sociedad civil.

Jueces amigos

El diputado Samuel Pérez, del partido de centro-izquierda Semilla, acusa directamente a Giammattei de las recientes acciones contra el sistema judicial. “Lo que hicieron fue cooptar absolutamente todas las instituciones” de justicia “con objetivos de impunidad”, declaró Pérez a la AFP. Recientemente, el Parlamento tomó juramento a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), de cinco miembros, la máxima instancia judicial del país. Según los críticos, fueron seleccionadas personas afines al gobierno y partidos aliados.

El último en ser juramentado fue el juez Néster Vásquez, señalado de un caso de corrupción en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y pese a existir impugnaciones pendientes de resolver contra su designación. Sin embargo, en abril, bajo el argumento de que existían recursos pendientes, el Congreso dejó fuera de la CC a la magistrada Gloria Porras, reconocida por su lucha contra la corrupción y reelecta para el cargo por la estatal Universidad de San Carlos. En su lugar asumió un suplente.

La exclusión de Porras provocó el reclamo de Washington, que la consideró un debilitamiento a la independencia judicial de Guatemala. “Los mensajes que ha dado el presidente y sus diputados han sido de un retroceso absoluto”, sostuvo Pérez.

Fiscalía contra la impunidad

Para el centro de análisis Oficina en Washington para América Latina (WOLA), el Estado de derecho en Guatemala “se ha deteriorado rápidamente” tras el cierre en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente antimafias de la ONU que funcionó por 12 años y destapó junto con la Fiscalía varios casos de corrupción.

Uno de los principales casos apoyados fue la revelación de una estafa en las aduanas que provocó en 2015 la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de liderar el fraude. El sucesor de Pérez, Jimmy Morales (2016-2020), que antes elogiaba el trabajo de la CICIG, se negó a pedir una nueva ampliación al mandato de la comisión después de que la instancia pidió investigarlo por presunta corrupción electoral y procesar a importantes empresarios.

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El trabajo de la CICIG lo continúo la FECI, cuyo titular Juan Francisco Sandoval es blanco de crítica permanente de quienes son investigados para tratar de desacreditar su trabajo.

“La lucha contra la corrupción no será efectiva si debilitamos o suprimimos unidades de trabajo. Lejos de desmantelar a la FECI debemos dotarle más capacidades y recursos”, escribió en Twitter la semana pasada el vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo, quien ha tenido abiertas discrepancias con Giammattei.

Frente a los ataques, Sandoval ha recibido el respaldo constante de la comunidad internacional y en febrero pasado fue reconocido por el Departamento de Estado estadounidense como “Campeón Anticorrupción”.

Redes criminales

WOLA añadió que Kamala debe poner atención en los “ataques alarmantes contra la independencia judicial por parte de élites corruptas y redes criminales” ocurridos en los últimos meses en Guatemala. Estos grupos, indicó WOLA, “buscan garantizar la impunidad de sus propios crímenes y revertir los avances logrados en la consolidación del Estado de derecho”.

Entre las causas que también generan alarma está el retraso en el Congreso por renovar la cúpula de la CSJ, un proceso que ha sido dilatado por casi dos años luego de que un fallo de la corte constitucional les ordenó excluir del listado de aspirantes a sospechosos de corrupción.

Fuente: AFP.

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