• México. AFP.

Tres personas fueron detenidas en el norteño estado mexicano de Tamaulipas como sospechosos por la muerte de cinco hombres pertenecientes a un grupo musical, informaron autoridades este lunes pasado. Tamaulipas, limítrofe con Estados Unidos, es una región azotada por la violencia ligada a bandas del crimen organizado, que se disputan lucrativas rutas de tráfico de drogas.

Según la fiscalía, los cinco hombres del grupo de música Fugitivo fueron secuestrados la noche del domingo 25 de mayo cuando se dirigían a un concierto en una camioneta. Sus cadáveres fueron hallados en un predio de la ciudad de Reynosa el pasado jueves. “Se realizó un despliegue en tres predios en el municipio de Reynosa, donde se detuvo a Santos ‘N’, Raúl ‘N’ y Jesús Alejandro ‘N’”, quienes estarían relacionados con el crimen, dijo en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública.

La dependencia añadió que a estas personas les hallaron además armas largas, cartuchos, así como cocaína, metanfetamina y marihuana. Por años, músicos mexicanos del género regional han sido blanco de amenazas y agresiones por grupos del crimen organizado, que les pagan por componer e interpretar “narcocorridos” que exalten a sus líderes.

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Esas composiciones establecen una forzada lealtad con las mafias que las solicitan y detonan la ojeriza de los cárteles rivales. En Tamaulipas opera el Cártel del Golfo, al que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump nombró “organización terrorista”. Nueve presuntos miembros de ese grupo ya habían sido detenidos como presuntos responsables del crimen.

En 2013, en el estado de Nuevo León (noreste), 17 músicos del grupo Kombo Kolombia fueron ejecutados por miembros del cártel de Sinaloa, quienes habrían castigado así su supuesto vínculo con una banda rival. En 2008, cuatro integrantes del grupo Herederos de Sinaloa fueron asesinados en Culiacán.

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Otros casos sonados fueron los del cantante Valentín Elizalde, asesinado también en Reynosa cuando salía de una presentación en 2006, y el de Sergio Gómez, vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, abatido en Michoacán (oeste) en 2007.

Entre 2006 y 2013, unos cincuenta músicos de narcocorridos habían sido ultimados en México. Pese a estos crímenes, el género mantiene gran popularidad, lo que impulsó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a lanzar en abril un concurso binacional de música “por la paz y contra las adicciones”, que busca contrarrestar su auge entre jóvenes de México y Estados Unidos.

• México. AFP.

Hugo Aguilar, quien se perfila como primer presidente de la Suprema Corte de México elegido por voto popular, es un indígena mixteco y exasesor de la antigua guerrilla zapatista que promete saldar la “deuda” de la justicia con los pueblos originarios. Nacido en 1973 en el estado de Oaxaca (sur), Aguilar está cerca de encabezar el Supremo al lograr la más alta votación para magistrado del tribunal con 87% de votos escrutados de las inéditas elecciones de jueces del domingo pasado.

Sigue así los pasos del más célebre de sus coterráneos, Benito Juárez, también indígena, considerado padre del México moderno. Benito Juárez lideró la máxima corte (1857-1858) antes de convertirse en presidente del país (1858-1872), un hito en Latinoamérica. “Hay una deuda importante” con los pueblos ancestrales, asegura Aguilar, que fue funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Abogado con maestría en derecho constitucional, su nombre fue propuesto por el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, según el reglamento de selección de candidatos que delegó esa tarea a los tres poderes del Estado.

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“La ciudadanía está harta de este sistema de justicia”, repitió Aguilar en campaña, haciendo propia la denuncia de López Obrador y Sheinbaum de que el actual poder judicial está al servicio de las élites y la corrupción.

La Suprema Corte fue la manzana de la discordia que llevó a López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de todos los jueces mediante una reforma constitucional, que ahora ejecuta Sheinbaum. El tribunal bloqueó varios proyectos del popular mandatario.

La llegada de Aguilar al púlpito de la justicia supondría un giro radical en un organismo que tradicionalmente estuvo reservado a juristas de élite.

“Ya nos toca”, proclamó en campaña para denunciar “la negación, exclusión y abandono” de los indígenas en México, donde cerca de 20% de la población (de casi 130 millones) se identifica con alguna etnia.

Bautizado por un diario como “el enviado de Benito Juárez”, Aguilar, que habitualmente viste camisas con coloridos bordados autóctonos, no ha militado en ningún partido y tampoco tiene experiencia como juez.

Pero sí 30 años de trabajo a favor de “sectores tradicionalmente excluidos”, destaca, incluido el impulso a una reforma constitucional de 2024 que reconoce los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.

Durante la campaña hizo gala de sus habilidades para comunicar en redes sociales, el espacio en el que se promocionaron los aspirantes debido a las restricciones de esta elección apartidista.

“Hermanas y hermanos”, saludaba en castellano o mixteco antes de lanzarse a explicar sus propuestas para una “justicia pluricultural, cercana a la gente, que contribuya a la igualdad y que sea amigable con el medio ambiente”. También dedicó tiempo a enseñar cómo votar a las personas que no saben leer ni escribir.

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Aguilar fue además asesor jurídico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante una negociación con el gobierno en 1996.

La guerrilla del EZLN, encabezada por el subcomandante Marcos, se levantó en armas en Chiapas (sur) en 1994 para reivindicar los derechos indígenas, y aunque siempre fue afín a la izquierda, rompió con López Obrador.

Los vínculos de Aguilar con el zapatismo apenas figuraron en su campaña, que se enfocó en captar el voto oficialista.

El abogado ha sido blanco de acusaciones en redes sociales por supuestamente negarse a pagar la pensión alimenticia de un hijo. Pero una defensora de los derechos de las mujeres de Oaxaca dijo a AFP, bajo anonimato, que justo antes de la campaña “todas esas publicaciones desaparecieron” y no ha podido corroborar la denuncia.

• México. AFP.

Doce personas murieron y cinco resultaron lesionadas por un incendio en una clínica de rehabilitación contra las drogas en el violento estado mexicano de Guanajuato (centro), informó este domingo la fiscalía estatal. Los ataques a centros de atención de personas con adicciones en México suelen ser perpetrados por cárteles del narcotráfico que buscan reclutar a los pacientes que, en caso de resistirse, son ejecutados por los sicarios.

El incendio en la clínica, localizada en el municipio de San José Iturbide, ocurrió la madrugada de este domingo, según información de medios mexicanos. Agentes de investigación criminal y peritos de la fiscalía estatal determinaron que el incendio se inició al interior de un dormitorio que estaba cerrado por fuera, indicó la dependencia en un comunicado.

Señaló asimismo que 23 personas se encontraban en la clínica al momento del incendio, de los cuales tres internos que resultaron ilesos se reportan como “no localizados”. “La identidad del responsable aún no ha sido determinada. Se investiga si se encuentra entre los fallecidos, lesionados o personas ilesas”, señaló la fiscalía.

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En abril, un ataque armado contra una clínica de rehabilitación en el estado de Sinaloa (noroeste) dejó nueve personas fallecidas y cinco heridas. Otro incendio en un establecimiento similar en Ciudad de México en febrero provocó la muerte de cinco internos y forzó la evacuación de decenas de pacientes. El estado de Guanajuato es un importante centro industrial, con plantas de ensamblaje de autos como Mazda y Toyota, y alberga además populares destinos turísticos.

La región, sin embargo, es sacudida por la violencia debido a cruentos enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México, y el grupo Santa Rosa de Lima. En 2024 fue el estado con mayor número de homicidios (3.151), según cifras oficiales, poco más del 10 % de los registrados el año pasado en todo México.

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• México, México. AFP.

La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

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Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

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Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.

“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.

“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.