El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este miércoles pasado que extenderá hasta fines de abril las medidas vigentes contra el COVID-19, como la suspensión de clases presenciales y espectáculos públicos, resistiendo las presiones de varios sectores de imponer restricciones más severas.
Las medidas anunciadas el 23 de marzo, inicialmente en vigor hasta el 12 de este mes, “se van a continuar hasta el 30 de abril”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa en la sede presidencial en Montevideo, tras reunirse con el comité de expertos que asesora al gobierno en la pandemia.
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El paquete de restricciones para frenar el alza de contagios y fallecimientos incluye el cierre de todas las oficinas públicas (salvo los servicios imprescindibles), la suspensión de espectáculos públicos, el cierre de gimnasios y free-shops de la frontera, así como la suspensión de las fiestas y eventos sociales.
Establecer esa fecha, para “blindar abril”, como recomendaron los expertos, “no es caprichoso”, dijo Lacalle Pou. “Se supone que sobre fin de abril podríamos empezar a ver las consecuencias del plan de vacunación”, señaló. Las inoculaciones alcanzan hasta el momento a alrededor de un 20% de la población con la primera o segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Sinovac.
Según el mandatario, en la última semana de abril habrá 860.000 vacunados con una primera dosis de Sinovac, y a fin de mes, 550.000 completamente inoculados. A eso se suma el personal de salud y otros grupos vacunados con el inmunizante de Pfizer.
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En cuanto a las clases, “se ha aprobado continuar con la no presencialidad hasta por lo menos el lunes 3 de mayo”, dijo Lacalle Pou. La reanudación gradual estaba prevista para después de Semana Santa, aunque sin fecha precisa. Considerado antes un ejemplo de manejo de la emergencia sanitaria en la región, Uruguay se ha convertido ahora en uno de los países con más contagios en proporción a su población de 3,5 millones de personas.
En su peor momento desde el inicio de la pandemia, Uruguay registró el miércoles un récord de 3.935 contagios en 24 horas y 40 muertes. Esta semana había anotado además cifras de fallecimientos sin precedentes el lunes y martes, con 45 muertes cada día.
“Las muertes han aumentado sensiblemente”, lamentó el presidente. Aunque estimó que éste es “el momento en el cual las medidas deberían surtir efecto”. Uruguay acumuló hasta el miércoles 126.987 casos y 1.231 muertes por coronavirus. Buena parte es reciente: mientras que entre marzo de 2020 y diciembre contabilizó apenas 181 decesos, en los primeros tres meses de 2021 sumó más de 800 defunciones.
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Este miércoles, el mandatario llamó a reducir la movilidad, pero sin anunciar medidas severas, como piden en forma creciente algunos científicos, adversarios e incluso socios políticos. Desde el inicio de la pandemia, su gobierno se negó a aplicar una cuarentena obligatoria, apelando a la “libertad responsable” de los ciudadanos.
Fiel a esa idea, se opuso este miércoles a la imposición de un toque de queda, como en otros países, entre ellos Argentina, en horario nocturno. Señaló, en cambio, que ya existen normas para evitar aglomeraciones y fiestas clandestinas, y lo contrastó con un trabajador del campo que sale a trabajar en la madrugada, acorde con su rechazo del “Estado policíaco”, como lo definió en varias oportunidades.
Las voces a favor de la reducción de la movilidad y otras medidas más restrictivas, argumentan un posible colapso del sistema de salud. Según la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), hay una ocupación total del 76% de las camas de CTI, aunque el 48% corresponde a enfermos de COVID-19. Lacalle Pou indicó que aún hay 933 camas disponibles y podrían agregarse 88 más.
Fuente: AFP.