Ocho militares venezolanos han muerto desde que comenzaron hace dos semanas las operaciones de la Fuerza Armada de ese país contra grupos armados irregulares en la frontera con Colombia, informó este lunes el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
“Hasta el presente (día) se han dado nueve bajas de estos grupos terroristas y, lamentablemente, hemos sufrido la pérdida de ocho compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también 34 heridos, que han recibido asistencia médica”, dijo Padrino en una alocución transmitida por la televisora estatal VTV.
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Las fuerzas armadas venezolanas reportan enfrentamientos con grupos irregulares colombianos en el estado fronterizo de Apure (oeste) desde el 21 de marzo, forzando además el desplazamiento de miles de civiles hacia Colombia.
El presidente Nicolás Maduro denunció el domingo que estos grupos, que vincula a su par colombiano Iván Duque, plantaron además minas antipersonales en territorio venezolano, que han contribuido a las bajas militares.
Anunció incluso el domingo que su gobierno pediría a Naciones Unidas “inmediata ayuda” para “desactivar los campos minados”. Según Padrino, se han “desactivado 16 dispositivos explosivos” en las cercanías de la población de La Victoria, en Apure, epicentro del conflicto.
Las autoridades venezolanas evitan normalmente identificar a los grupos irregulares, más allá de llamarlos terroristas o vincularlos al narcotráfico y a Duque. Aunque el mandatario socialista reconoció la posibilidad de que disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC puedan estar detrás de estos enfrentamientos.
Ambos países, con una frontera común de 2.200 km, rompieron relaciones después de que el gobierno de Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero del 2019. Aunque Guaidó es reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, con Estados Unidos a la cabeza, Maduro mantiene el control del poder con apoyo de la Fuerza Armada Nacional.
Fuente: AFP.
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EE. UU. eliminó tres embarcaciones venezolanas por presunto narcotráfico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su país “eliminó” tres embarcaciones en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra lanchas que presuntamente traficaban droga en el Caribe. “De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero [ustedes] vieron dos”, señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Reino Unido para una visita de Estado.
“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. El gobierno estadounidense no proporcionó de inmediato más detalles sobre el lugar o la fecha exacta de este tercer ataque.
Un primer ataque estadounidense contra una lancha presuntamente de narcotraficantes había causado, según Trump, 11 muertos el 2 de septiembre en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado ocho buques. Trump mencionó luego el lunes en su plataforma Truth Social otro ataque “en la zona de responsabilidad del Southcom”, el comando militar de Estados Unidos para América del Sur y el Caribe.
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Este ataque mató a tres “narcoterroristas” venezolanos, afirmó en un mensaje acompañado de un video que muestra una lancha inmóvil, con gente a bordo, que explota en alta mar. Los buques estadounidenses en el Caribe también detuvieron y registraron un barco atunero venezolano el domingo, como parte de ese despliegue.
Maduro, por su parte, dijo la noche del martes que Estados Unidos amenaza con una “guerra en el Caribe contra Venezuela”, pero evitó referirse a las declaraciones de Trump. El mandatario venezolano llamó a la “unión nacional” durante un acto transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.
Críticas de expertos
Estos ataques han provocado una movilización militar en Venezuela y la alarma de otros países en la región, como Colombia o Brasil. Cazas venezolanos sobrevolaron buques estadounidenses, y Washington replicó con el despliegue de cazas F-35 en Puerto Rico. Estados Unidos acusa a Maduro de estar al frente de una red de tráfico de drogas, el Cartel de los Soles, cuya existencia está sujeta a debate.
“Hay una agresión en curso de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le)frente”, declaró Maduro durante una conferencia de prensa el lunes. El país ejercerá su “derecho legítimo a defenderse”, advirtió Maduro, que calificó las acusaciones estadounidenses de “mentiras”, afirmando que la cocaína exportada a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, transita principalmente por el Pacífico y los puertos de Ecuador.
“El derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas”, dijeron expertos en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. “Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional”, añadió este comunicado de tres expertos que colaboran regularmente con el organismo. El texto es firmado por Ben Saul, relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, y George Katrougalos, experto independiente.
El gobierno Trump invoca la legislación que Estados Unidos desplegó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, y que a su juicio permite esos ataques que, además, según insisten las fuentes oficiales, se están produciendo en aguas internacionales. Los ataques letales fuera de Estados Unidos han sido utilizados regularmente por gobiernos republicanos y demócratas en las últimas décadas, y también por otros países, como por ejemplo en la lucha contra la piratería en el Golfo de Adén.
Fuente: AFP.
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Cúpula de las FARC recibe primera sentencia por secuestros tras firmar la paz en Colombia
Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este martes a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.
Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz de 2016.
En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.
Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró responsables a los excomandantantes del llamado Secretariado del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.
Las investigaciones “mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”, dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.
Los excomandantes aseguraron en un comunicado estar dispuestos a “cumplir” con “el propósito de reparar a la sociedad colombiana”. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años”, dijeron.
“Burlada”
El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.
Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.
- Fuente: AFP
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Tribunal colombiano investigará a Rodrigo Granda por crimen de Cecilia Cubas
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia admitió ayer lunes su competencia para investigar la eventual responsabilidad de Rodrigo Granda Escobar, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, registrado el 21 de septiembre de 2004.
Tras revisar un recurso de apelación en contra de una decisión emitida en abril de 2024, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad admitió la competencia frente a los hechos que se presentaron en territorio paraguayo. En diciembre pasado, Granda fue beneficiado con la amnistía por el delito de rebelión en cinco procesos relacionados con su pertenencia al extinto grupo armado, entre ellos, la “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC”.
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A través de una nota diplomática, el Ministerio Público paraguayo había reiterado la solicitud al Ministerio de Justicia colombiano para que coopere y cumpla con el tratado internacional de extradición para que Granda sea enjuiciado por el secuestro de Cecilia Cubas, que culminó con el hallazgo de su cadáver en 2005. El exguerrillero habría colaborado con la planificación y ejecución del delito en coordinación con el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La providencia también instruyó una serie de comunicaciones y notificaciones oficiales, pues ordenó a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho informar a las autoridades del Paraguay sobre el avance de la causa. En ejecución de lo dispuesto por el tribunal de paz, la decisión será notificada “al señor Rodrigo Granda Escobar, a su apoderado judicial y al delegado del Ministerio Público ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.
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Estados Unidos retiró la certificación de aliado antidrogas a Colombia
Estados Unidos retiró ayer lunes la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos. La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.
“Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína“, dijo el presidente Gustavo Petro en Bogotá. Colombia se une a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial, han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” según la legislación estadounidense.
Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por los gobiernos tanto demócratas como republicanos. “El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis” considera la determinación presidencial firmada por el presidente Donald Trump.
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“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”, añade. En el texto, Trump asegura que considerará cambiar la designación si el gobierno de izquierda de Petro toma medidas “más agresivas”.
“Colombia ha sido un gran socio a lo largo de la historia. Lamentablemente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentarse a los carteles de la droga”, añadió el secretario de Estado, Marco Rubio, crítico acérrimo de los líderes izquierdistas de América Latina, durante una visita a Israel. “Creo que tenemos aliados dispuestos, si dependiera del ejército, de la policía. Llevamos décadas trabajando”, dijo Rubio a los periodistas, al expresar su esperanza de que Colombia pueda volver a ser acreditada en el futuro.
Un desaire
La descertificación de Washington es un desaire para el gobierno Petro en plena lucha contra carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN, y las disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Bogotá considera que sigue haciendo lo suficiente. En lo que va del año 2025 Colombia ha decomisado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos del ministerio de Defensa.
La descertificación no implica la cancelación de toda la ayuda, sino que Trump tiene ante sí todo un abanico de medidas. Parte importante de la cooperación militar es por ejemplo la entrega y mantenimiento de helicópteros como los Blackhawks, valiosos para la lucha antinarcóticos.
“Se acaba la dependencia de las fuerzas militares colombianas de Estados Unidos (...). Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus propias armas”, declaró Petro. Fuentes oficiales destacan igualmente que Colombia ya había sufrido un importante recorte con el fin de los fondos de la agencia de ayuda Usaid, decidida por Trump al principio de su mandato.
El caso Samper
Colombia fue descertificada una primera vez en 1996. En ese año gobernaba Ernesto Samper, que enfrentó un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, que nunca fue comprobada. Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Washington es el principal socio comercial y militar de Bogotá.
Desde que llegó al poder en 2022, Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína. Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco.
En su territorio hay unas 253.000 hectáreas de narcocultivos y se elaboran por lo menos 2.600 toneladas anuales de cocaína, de acuerdo con el último balance de 2023 de la ONU. Las relaciones diplomáticas entre Trump y Petro son malas, especialmente debido a las críticas del mandatario colombiano a su política de deportación de migrantes.
Fuente: AFP.