Perú cerrará comercios y suspenderá el transporte aéreo y terrestre durante la Semana Santa como parte de un nuevo confinamiento nacional para prevenir la propagación del coronavirus, anunció el gobierno este miércoles. “Durante los cuatro días de Semana Santa rige una cuarentena. El objetivo es evitar la movilización de las personas”, dijo la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, en conferencia de prensa.
La movilidad de personas estará permitida sólo a pie o en bicicleta, y exclusivamente para realizar compras de bienes esenciales, indicaron las autoridades. Los comercios como mercados, farmacias o bancos son los únicos que podrán funcionar, entre el 1 y 4 de abril.
La suspensión del transporte nacional por vía terrestre y aérea regirá del 1 al 3 de abril, se indicó. “Es un sacrificio para poder consolidar esta curva (de casos) que empieza poco a poco a descender y prepararnos para evitar contagios luego de un fin de semana largo, teniendo en cuenta los contactos masivos que pueden haber” en Semana Santa, dijo el ministro de Educación, Ricardo Cuenca.
El toque de queda nocturno se mantendrá vigente esos días también, así como la prohibición de reuniones para evitar aglomeraciones. El confinamiento de Semana Santa se anuncia en momentos que Perú lleva cinco semanas vacunando contra el COVID-19 a personal sanitario, militar y ancianos entre los 80 y 100 años.
La vacunación transcurre a ritmo lento y comprende, hasta ahora, al menos a 395.000 personas con una de las dos dosis que deben recibir para estar inmunizados. El país ya vivió dos confinamientos o cuarentenas, desde que irrumpió la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020. Perú acumula 49.500 fallecidos por COVID-19, con 1,4 millones de casos confirmados.
La cancillería peruana informó que la víctima es Zetro Leonardo Purba, de 40 años, quien había llegado a Perú el pasado mes de abril en compañía de su familia. Foto: Red social X
Un funcionario diplomático de la embajada de Indonesia en Lima murió asesinado a balazos por sicarios la noche del lunes, un crimen que la policía ya investiga en medio de una ola de violencia urbana en la capital peruana.
La cancillería peruana informó el martes que la víctima es Zetro Leonardo Purba, de 40 años, quien había llegado a Perú el pasado mes de abril en compañía de su familia.
El diplomático fue ultimado de varios balazos por un sicario en motocicleta cuando llegaba a su apartamento en el distrito residencial de Lince a bordo de su bicicleta, según imágenes de cámaras de seguridad de la municipalidad difundidas por la prensa local y redes sociales.
La fiscalía anunció el martes en un comunicado que agentes de la división de homicidios de la policía interrogan a la familia del diplomático en busca de sospechosos “para esclarecer lo ocurrido”.
La cancillería peruana aseguró en un comunicado “que este crimen será investigado a fondo”. “No se descarta un ajuste de cuentas”, indicó el comandante de la policía, David Guivar, a la televisora estatal TV Perú.
Las autoridades peruanas anunciaron también que reforzarán la vigilancia policial a la sede diplomática y brindarán “toda la asistencia y protección necesaria” al embajador de Indonesia en Lima. Según la policía, no existen registros recientes de asesinatos de diplomáticos extranjeros en el país.
Paraguay designa nuevos embajadores en Perú, Bolivia y Ecuador
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El Gobierno del Paraguay oficializó la designación de tres nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios en países de la región. En una ceremonia desarrollada en el Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Santiago Peña, tomó juramento a los diplomáticos que representarán a nuestro país en el extranjero.
De esta forma, Octavio Odilión Ferreira Gini, asumirá funciones ante la República del Perú; Enrique José Guerrero Clari, fue nombrado representante ante el Estado Plurinacional de Bolivia y Roberto Hugo Benítez Fernández, ejercerá como embajador en la República del Ecuador.
A través de las resoluciones n.° 1.368, 1.369 y 1.370 respectivamente del 6 de agosto, la Cámara de Senadores prestó el acuerdo constitucional para la designación de los embajadores. “El artículo n.° 238 de la Constitución faculta a quien ejerce la presidencia de la República a designar embajadores con acuerdos del Senado", dice el documento del nombramiento
La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Gobierno. Foto: Gentileza
A través de este acto también se otorgó las cartas credenciales para ejercer el cargo ante las mencionadas naciones.
“Juran ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Paraguay ante la República del Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Ecuador“, expresó el mandatario, a lo al unísono respondieron, “Sí juro”.
La lectura del acta de juramento estuvo a cargo de Ana María Zubizarreta, escribana mayor de Gobierno, documento quefue firmado por el jefe de Estado, los embajadores, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez y los testigos de honor.
El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, volverá a la pequeña prisión en una base policial, donde están encarcelados los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Foto: Archivo
Trasladan de nuevo a expresidente peruano Vizcarra a cárcel para exmandatarios
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El gobierno de Perú dispuso este miércoles el traslado del expresidente Martín Vizcarra a una cárcel para exmandatarios, al revertir una orden penitenciaria que lo había enviado a una prisión común por un caso de presunta corrupción.
Vizcarra, que fue jefe de Estado entre 2018 y 2020, cumple prisión preventiva por un proceso que se le sigue por supuestos sobornos cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años.
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, informó que el político de 62 años volverá a la pequeña prisión en una base policial al este de Lima, donde también están encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
“Está retornando el día de hoy” a la prisión de Barbadillo, anunció Santiváñez en conferencia de prensa.
Señaló que la medida se tomó luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que había trasladado a Vizcarra el viernes a una cárcel común, reevaluó el hecho que “esa persona había ejercido el cargo de presidente de la República”.
Un juez ordenó el 14 de agosto prisión preventiva por cinco meses para Vizcarra, alegando riesgo de fuga.
La fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (alrededor de 640.000 dólares) de empresas constructoras, a cambio de la concesión de obras públicas. Vizcarra, que siempre ha defendido su inocencia, respondía en libertad en el juicio por el caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).
Vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
En 2019 disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado Parlamento lo destituyó en noviembre 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos.
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Foto: Gentileza
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.